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Minería
Investigada por delito contra el medioambiente la multinacional a la que la Xunta permitió reabrir una mina
El Juzgado de Instrucción número 2 de Noia ha solicitado que se considere a Tungsten San Finx, SL, la empresa concesionaria de la mina San Finx en Lousame (A Coruña), como investigada por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Esta acción legal surge debido a las preocupaciones sobre los niveles elevados de concentración de metales pesados que la mina está vertiendo en el entorno natural. Unos vertidos que la Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular, autorizó en febrero de 2023.
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Medio ambiente La lucha por la defensa del mayor banco de berberechos de Galicia: “Los vertidos nos van a dejar sin futuro”
La contaminación ha sido respaldada por informes contundentes presentados tanto por el Seprona de la Guardia Civil como por la acusación ambiental popular representada por las cofradías de Noia y Portosín, así como por organizaciones ecologistas. Ecologistas y cofradías han destacado que, según los análisis más recientes realizados en octubre pasado, los niveles de cadmio aguas abajo del punto de vertido superaban en más de 100 veces los límites máximos permitidos por la legislación.
El representante de la empresa, Miguel Cabal Lorenzo, deberá comparecer ante el Juzgado el próximo 1 de febrero a las 10 de la mañana. Este hecho fue aprovechado por grupos ecologistas y marinos para exigir soluciones, protestando contra la negativa de la minera y de la Xunta a tomar las medidas necesarias para prevenir los vertidos, medidas que los colectivos han estado proponiendo.
Joám Evans, portavoz de la comisión regional plataforma y Ecologistas en Acción, anunció una protesta frente al juzgado el 1 de febrero para exigir el sellado de galerías y basureros, así como la retirada de los residuos mineros acumulados en el río, con el objetivo de poner fin a los derrames de metales pesados.
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Extractivismo La ONU da un toque de atención a España por la mina de San Finx y las denuncias contra Ecologistas en Acción
Las cofradías y las organizaciones ecologistas también exigen medidas para evitar que la empresa escape, señalando casos anteriores como el de Sacyr en 2021 y Pivotal Metals el verano pasado. Además de instar a Aguas de Galicia a imponer el cobro del canon por control de vertidos, que asciende a 30 millones de euros, han solicitado al Juzgado de Noia que se adopten medidas cautelares que obliguen a la empresa a emprender acciones urgentes para la restauración y sellado de las minas.
Desde la Plataforma Regional contra los vertidos de la mina San Fins, se advierte sobre la necesidad de proteger eficazmente la ría contra la contaminación por metales pesados, sumándose a otros problemas recurrentes como las deficiencias en el saneamiento, la mala gestión de la central hidroeléctrica del Tambre o la reciente llegada masiva de plásticos. Por lo tanto, instan a la comunidad a asistir a los Juzgados de Noia el 1 de febrero para conocer y defender el futuro de la ría frente a las constantes agresiones medioambientales.
Minería
Investigada por delito contra o medioambiente a multinacional á que a Xunta deixou reabrir a mina de San Finx
O Xulgado de Instrución número 2 de Noia solicitou que se considere a Tungsten San Finx, SL, a empresa concesionaria da mina San Finx en Lousame (A Coruña), como investigada por presuntos delitos contra os recursos naturais e o medio ambiente. Esta acción legal xorde debido ás preocupacións sobre os niveis elevados de concentración de metais pesados que a mina está vertendo na contorna natural. Unhas verteduras que a Xunta de Galiza, gobernada polo Partido Popular, autorizou en febreiro de 2023.
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Medio ambiente A loita polo maior banco de berberechos de Galicia: “As verteduras vannos deixar sen futuro"
A contaminación foi apoiada por informes contundentes presentados tanto polo Seprona da Garda Civil como pola acusación ambiental popular representada polas confrarías de Noia e Portosín, así como por organizacións ecoloxistas. Ecoloxistas e confrarías destacaron que, segundo as análises máis recentes realizados en outubro pasado, os niveis de cadmio augas abaixo do punto de vertedura superaban en máis de 100 veces os límites máximos permitidos pola lexislación.
O representante da empresa, Miguel Cabal Lorenzo, deberá comparecer ante o Xulgado o próximo 1 de febreiro ás 10 da mañá. Este feito foi aproveitado por grupos ecoloxistas e mariños para esixir solucións, protestando contra a negativa da mineira e da Xunta a tomar as medidas necesarias para previr as verteduras, medidas que os colectivos estiveron propondo.
Joám Evans, portavoz da comisión rexional plataforma e Ecoloxistas en Acción, anunciou unha protesta fronte ao xulgado o 1 de febreiro para esixir o selado de galerías e vertedoiros, así como a retirada dos residuos mineiros acumulados no río, co obxectivo de pór fin a derrámelos de metais pesados.
As confrarías e as organizacións ecoloxistas tamén esixen medidas para evitar que a empresa escape, sinalando casos anteriores como o de Sacyr en 2021 e Pivotal Metals o verán pasado. Ademais de instar a Augas de Galicia a impor o cobro do canon por control de verteduras, que ascende a 30 millóns de euros, solicitaron ao Xulgado de Noia que se adopten medidas cautelares que obriguen á empresa a emprender accións urxentes para a restauración e selado das minas.
Desde a Plataforma Rexional contra as verteduras da mina San Fins, advírtese sobre a necesidade de protexer eficazmente a ría contra a contaminación por metais pesados, sumándose a outros problemas recorrentes como as deficiencias no saneamento, a mala xestión da central hidroeléctrica do Tambre ou a recente chegada masiva de plásticos. Por tanto, instan á comunidade a asistir aos Xulgados de Noia o 1 de febreiro para coñecer e defender o futuro da ría fronte ás constantes agresións ambientais.
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