Migración
Multas para los acusados de pasar a migrantes durante la Korrika

Eran siete los activistas encausados por, según la acusación, ayudar a cruzar de Estado (entre Irun y Hendaia) a 36 migrantes que corrían, con el resto de los participantes, una etapa de la Korrika. El caso está visto para sentencia. Piden multas de un máximo de 1.500 euros para seis de ellos, exculpando a un séptimo. Se ha rebajado desde la primera petición, que llegaba hasta los 10 años de cárcel y 750.000 euros en un intento denunciado por las organizaciones como “mediatización” del castigo y “ejemplificación”.

La propuesta es la siguiente: 1.500 euros para Eñaut Aramendi, y 1.000 euros para Jakes Bortairu y Dominika Dagerre (de EH Bai y Etorkinekin), para Aintzane Lasarte (Bidasoa Etorkinekin), Argitxu Dufau (LAB) y Thomas Dubois (de La France Insoumise, partido liderado por Jean-Luc Mélénchon). El juez no ha estimado pena para Fernand Perret.

El juicio ya fue aplazado en la primera vista en enero de este año, para que el tribunal tuviera tiempo para responder a las preguntas prejudiciales planteadas por los abogados de los activistas. Las cuestiones debían pasar por la Corte Europea de Derechos Humanos para resolver dudas constitucionales.

Decenas de personas se agolpaban a las puertas del Juzgado de Baiona antes de las 13:00 horas del martes 7 de octubre, cuando se había convocado una concentración de apoyo a los encausados. Miembros de LAB, Irungo Harrera Sarea, Bidasoa Etorkinekin, La France Insoumise o Diakite entre otras organizaciones dejaron sentir su apoyo. Víctor, de Ongi Etorri Errefuxiatuak había venido desde Bizkaia junto con varios compañeros más para ello, concretamente por su relación con Diakite y con Eñaut Aramendi, uno de los enjuiciados: “Hemos venido a mostrar nuestro apoyo y decir que esto es impresentable y que lo que han hecho no es delito”, decía a las puertas del juzgado.

Los miembros de las diversas organizaciones desplegaron una pancarta donde se leía “J’accuse”, el lema de la campaña de solidaridad que se ha utilizado durante estos últimos meses. Tras la concentración, el propio Eñaut Aramendi agarró el micrófono y agradeció a la gente que se había reunido para arroparles. 

Los acusados entraron entre aplausos al interior del palacio de justicia. Dejaban atrás gritos de “Elkartasuna ez da delitoa” (la solidaridad no es un delito)

Los encausados mostraron más de 5.000 autoinculpaciones recogidas durante los últimos meses almacenadas en varias capetas de archivo en una mesa en el exterior del juzgado.

Minutos antes de las 14:00 horas, los acusados entraron entre aplausos al interior del palacio de justicia. Dejaban atrás gritos de “Elkartasuna ez da delitoa” (la solidaridad no es un delito). Allí decenas de personas han aguantado que llegaran buenas noticias del interior, mientras la policía protegía la puerta. Un altavoz instalado en las inmediaciones actualizaba lo que ocurría en euskera y francés.

Algunos de los acusados decidieron declarar en euskera, lo que no fue aceptado por el juez, obligándoles a sentarse de nuevo. Jakes Bortairu decidió, entonces, no declarar. Antes de las 18:00 de la tarde, lo acusados por fin salían, ahora recibiéndoles los aplausos de sus compañeros.

Declaraciones populistas frente a los datos de las llegadas

El empeño de las autoridades francesas de acusar y señalar la muga del Bidasoa con una de las rutas de entrada a Francia de personas en situación irregular choca con las cifras reales, a la baja desde hace tiempo.

“En los últimos meses estamos viendo un descenso de las personas que llegan a Irun y transitan la frontera. Incluso durante el verano donde la climatología es favorable. Por aquí está pasando mucha menos gente”, afirma Oihana Galardi, portavoz de la Harrera Sarea de Irun.“Esto lo hemos constatado tanto en el Gautxori (los voluntarios que esperan durante la noche en la estación a la llegada de personas migrantes), como en la Plaza, donde se les atiende y explica. Sin embargo, observamos que la radicalización del discurso político ha aumentado”, añade.

“Se ha buscado ser ejemplar y una mediatización de las penas, comenzar pidiendo penas de hasta 10 años y 750.000 euros de multa para llegar a las multas propuestas dada la poca consistencia de las pruebas”

Al igual que sucede en el Estado español con la ultraderechización del discurso del PP respecto a los temas migratorios, donde acaba compitiendo con Vox, algo similar sucede en el Estado francés. El conservador Bruno Retailleau, ministro de Interior de Francia, ha tomado la política migratoria como un campo de batalla contra Rassemblement National, el partido de la inhabilitada Marie Le Pen, en una lucha por aparecer como el más firme defensor de Francia contra la migración, llevándole a hacer declaraciones grandilocuentes o a dar golpes de efecto mediáticos.

“En 2018 o 2019 había mucho más tránsito en la frontera, pero el discurso no era tan alarmante, tan solo el que venía de la extrema derecha. Sin embargo, ese discurso ha ido permeando en los partidos de la derecha, hasta llegar a la situación actual, haciendo suyo ese discurso”, observa Galardi.

Como ejemplo, en el mes de abril en su visita a Euskal Herria, visitando la frontera en Biriatou, el ministro de Interior anunció la creación de una unidad de inteligencia sobre la inmigración ilegal, afirmando que “Francia no es una estación de tren”.

Esa radicalización del discurso también afecta a otros políticos, como François Bayrou, que mientras era primer ministro llegó a definir la situación como una “avalancha” o una “inundación migratoria”.

“En el caso del juicio se ha buscado ser ejemplar y una mediatización de las penas, comenzar pidiendo penas de hasta 10 años y 750.000 euros de multa para llegar a las multas propuestas dada la poca consistencia de las pruebas, buscando una criminalización de la sociedad”, explican las organizaciones.