Migración
Una caravana feminista exige en Ceuta regularizar la situación de las trabajadoras transfronterizas

3.500 trabajadoras y trabajadores transfronterizos se encuentran atrapados a uno y otro lado de la frontera cerrada por Marruecos, desde el 13 de marzo de 2020, debido a la pandemia de covid. La protesta, celebrada el pasado domingo en Ceuta y promovida por APDHA, incluye un manifiesto firmado por más de 200 asociaciones donde exigen medidas urgentes de protección para este colectivo.
Caravana feminista trabajadoras transfronterizas Ceuta 2021 01
Las manifestantes levantaron dos dedos y cantaron consignas en forma de protesta frente a la Delegación del Gobierno en Ceuta Rafa del Barrio
15 nov 2021 17:15

“No es una tarjeta, es una condena”. Con este clamor desesperado, después de casi dos años atrapadas y sin poder visitar a sus familiares, comenzaba la concentración de las trabajadoras y trabajadores transfronterizos, junto a la caravana feminista y otros colectivos ceutíes, en la Plaza de los Reyes de Ceuta, frente a la Delegación del Gobierno. Unas trescientas personas exigían libertad, igualdad y dignidad en una mañana soleada. Se referían a la tarjeta transfronteriza que, antes del cierre de la frontera, les permitía trabajar en Ceuta y volver a Marruecos diariamente y que, en las condiciones actuales, deja al descubierto la precariedad laboral en la que se encuentran. Es el caso de Touria, una trabajadora marroquí que lleva 15 años trabajando en Ceuta y que vivió la muerte de su madre y su marido sin poder despedirse de ellos porque no puede volver a Marruecos. “Mis hijos están ahora en las manos de Dios”, dice Touria, que tiene dos hijos de 17 y 19 años que se han quedado solos. A los cuatro meses de comenzar la pandemia, la despidieron de la casa donde trabajaba en el servicio doméstico: “Tuve que buscarme la vida, trabajando aquí y allá”. 

El permiso transfronterizo les permite trabajar en Ceuta para volver, cada día, a Marruecos y hay que renovarlo anualmente siempre y cuando mantengan sus contratos de trabajo. Sin embargo, en ningún caso genera un permiso de residencia. “Hay personas que llevan trabajando en Ceuta más de 25 años y siguen en las mismas condiciones, sin poder pernoctar”, explica Amin Souissi, representante del Área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). 

Amin Souissi (APDHA): “Hay personas que llevan trabajando más de 25 años en estas condiciones, que se han quedado atrapados en Marruecos sin percibir ninguna ayuda”

La situación excepcional provocada por la pandemia ha dejado al descubierto el laberinto jurídico que rigen sus condiciones laborales y la vulnerabilidad de su situación personal. “Ese permiso anual, que depende de la voluntad del empleador o empleadora de renovar el contrato, genera unos gastos al trabajador de unos 400 euros, entre tasas, certificado de antecedentes penales de Marruecos traducido, certificado de empadronamiento también de Marruecos”, continúa Souissi. Todo ello, además del pago, a la Seguridad Social y del IRPF, que es mucho mayor que cualquier persona trabajadora española en las mismas condiciones. Sin embargo, no tienen derecho a prestación por desempleo, ni a acogerse a los ERTE. “Hay personas que llevan trabajando más de 25 años en estas condiciones, que se han quedado atrapados en Marruecos sin percibir ninguna ayuda”, añade Souissi. Según la Delegación del Gobierno de Ceuta, unas 3.500 personas trabajan en régimen de trabajadores transfronterizos. De ellas, unas 3.000 se han quedado en Marruecos después del cierre de la frontera. El resto se encuentra en Ceuta.

Caravana feminista trabajadoras transfronterizas Ceuta 2021 05
Dos manifestantes sujetan una tarjeta identificativa Rafa del Barrio

La inmensa mayoría de las mujeres trabajan en el servicio doméstico y cuidado de personas dependientes. Los hombres trabajan en el sector de la construcción y hostelería. Según Souissi, estas mujeres llevan trabajando muchos años sin contrato y sin cotizar. Las empleadoras comenzaron a regularizar la situación laboral hace cuatro años, a raíz de los problemas de aglomeraciones en la frontera. “Era más fácil entrar a Ceuta con el permiso de trabajo y llegar puntualmente, por eso nos encontramos a trabajadoras que llevan 15 o 20 años trabajando pero cotizan solo desde hace cuatro”. Es el caso de Rabia Chhab, que lleva trabajando en el servicio doméstico hace 35 años; 21, su hija Amina Sammat. Sin embargo, solo han cotizado los últimos cuatro años desde que sus respectivas empleadoras les hicieron un contrato para que pudieran pasar con más facilidad por la frontera y llegar puntualmente al trabajo.    

Migración
Fronteras Trabajadoras transfronterizas, 19 meses atrapadas en Ceuta
Una caravana feminista se unirá el domingo 14 de noviembre a las trabajadoras y trabajadores fronterizos atrapados en Ceuta para exigir que se cumplan sus derechos y se les permita salir de la ciudad autónoma.

Amin Souissi asegura que la mayoría de las mujeres empleadas en el servicio doméstico son invisibles y trabajan sin contratos. En un artículo publicado en la revista de la Confederación Sindical de CCOO, Rosario Andreu, Secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, explica que el 95% de estas mujeres no cobran el sueldo estipulado por ley, sino que a través de una especie de pacto reciben 20 o 25 euros diarios si van a varias casas a la semana a trabajar. En el peor de los casos, reciben entre 250 o 300 euros al mes por mucho más de 8 horas de trabajo diario. Andreu explica que muchas de ellas trabajan, en la actualidad, por la comida y la cama. 

Para las trabajadoras atrapadas en Ceuta, resulta imposible renovar la tarjeta transfronteriza en Marruecos, necesaria para la renovación de los contratos. Sin embargo, siguen trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Souissi se pregunta cómo es posible que un gobierno permita trabajar sin la autorización correspondiente, requisito indispensable según la ley española. 

No pueden renovar la tarjeta ni sus pasaportes porque no pueden entrar en Marruecos, pero tampoco tienen permiso para trasladarse al consulado de Algeciras porque su condición de transfronterizas no se lo permite

Lo cierto es que las trabajadoras se encuentra en un laberinto jurídico difícil de entender. No pueden renovar la tarjeta ni sus pasaportes porque no pueden entrar en Marruecos, pero tampoco tienen permiso para trasladarse al consulado de Algeciras porque su condición de transfronterizas no se lo permite. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exige desbloquear esta situación y reivindica, como solución, la aplicación de la Ley de Extranjería, en base al arraigo laboral, que exige llevar dos años en España, carecer de antecedentes penales y haber trabajado seis meses; requisitos que, según la asociación, cumplen estas trabajadoras. 

Reivindican también el permiso de residencia. “No estamos pidiendo nada extraordinario, solo que se cumpla lo que dice la ley porque la mayoría cumplen las condiciones, no solo del arraigo laboral, sino también el arraigo social y familiar”, apunta Souissi. Por eso, APDHA está dispuesta a llevar a los tribunales los expedientes de las trabajadoras.   

Las portavoces de las trabajadoras transfronterizas se han reunido varias veces con la delegada del Gobierno en Ceuta para exponer la situación pero, después de tres meses, no han obtenido ninguna respuesta. Desde entonces, cada lunes se manifiestan ante esta Delegación para llamar la atención de las autoridades. Insisten en que seguirán luchando hasta encontrar una solución a la grave situación que están viviendo.  

Rachida Jraifi (movimiento de personas trabajadoras transfronterizas): “Solo pedimos un permiso para poder visitar a nuestros familiares y volver al trabajo”

Pero no se trata solo de una difícil situación laboral. También está provocando un drama humanitario y un grave desgaste emocional debido a la separación de sus seres queridos después de casi dos años. “Estamos destrozados” explica Rachida Jraifi, portavoz del movimiento de personas trabajadoras transfronterizas a los medios de comunicación. “No podemos salir de aquí ni por aire, ni por mar, ni por tierra”, destaca. Se da el caso de Aisha, una trabajadora que murió en Ceuta y su madre no pudo despedirse de ella. O una mujer que dio a luz y su padre no conoce a su hijo después de un año. Rachida llega a la conclusión de que la tarjeta transfronteriza cierra todas las puertas. “Solo pedimos un permiso para poder visitar a nuestros familiares y volver al trabajo”, añade Jraifi. Y entiende que esa solución tiene que venir de los dos países implicados. “Somos gente que colaboramos al desarrollo de esta ciudad con nuestro trabajo y nos ven como si estuviéramos pidiendo algo anormal. Nuestro objetivo no es político ni material, es humanitario”, explica con vehemencia Jraifi. “Somos seres humanos, no esclavos”, se puede leer en las pancartas. Amin Souissi añade que la igualdad y la democracia es para todas las personas que contribuyen al bienestar de la sociedad con su trabajo.  

Caravana feminista trabajadoras transfronterizas Ceuta 2021 03
Rachida, portavoz de las trabajadoras transfronterizas, anima a una compañera

Quedar atrapados en Ceuta significa también no tener donde vivir. Ayachi Elkomsi lleva dos años durmiendo en la cafetería donde trabaja: “Llevo diez años trabajando de forma legal, cotizando y no tengo derecho a viajar a mi país. Me siento abandonado. Ese es el problema que tenemos todos aquí. Tengo cuatro hijos a los que no veo desde hace dos años. Pero si me voy a Marruecos y dejo mi trabajo, me quedo sin nada”. Cada una de las 500 personas trabajadoras atrapadas en Ceuta viven un drama al que no ven un fina, ni a corto ni a largo plazo. Habdu Abdennabi lleva desde 1991 trabajando como mecánico en una cooperativa de taxis, doce años de forma legal. Antes del cierre de la frontera volvía cada tarde a El Rincón, su pueblo de Marruecos. Ahora duerme en el taller donde trabaja. 

Hassan es un trabajador especializado en relojes Rolex y lleva seis años trabajando con un contrato. Ha tenido que alquilar un piso con otro compañero por 850 euros. “No puedo entender las leyes que nos aplican a los transfronterizos, no tenemos ningún derecho porque el derecho básico a la movilidad, no lo tenemos”, se queja Hassan. Añade que ellos están aportando bienestar a esta ciudad con su trabajo y vuelve a incidir en la obligación de las autoridades a reconocer la presencia y la contribución de todos ellos: “Estamos viviendo con el sufrimiento y el temor de que algo pueda ocurrir a nuestras familias y no podamos salir de aquí para socorrerlas”. Y da las gracias a todos los colectivos y asociaciones que los apoyan. Pero alquilar no es fácil tampoco. Por ser transfronterizos no pueden empadronarse en la ciudad aunque llevan dos años viviendo de forma permanente. Tampoco pueden abrir una cuenta bancaria.       

El limbo jurídico en el que viven les lleva no solo a no poder renovar sus pasaportes y su tarjeta transfronteriza sino que, como consecuencia de ello, tampoco pueden renovar la tarjeta sanitaria. “Solamente nos atienden cuando entramos por urgencias, estamos sin salida”, explica Rachida Jraif. APDHA denuncia que esta situación resulta intolerable en un momento de emergencia sanitaria provocada por la pandemia y también una vulneración de sus derechos a una vida digna y a la intimidad familiar, principio básico de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. 

Caravana feminista trabajadoras transfronterizas Ceuta 2021 04
La valla de Ceuta en el tramo cercano al puesto de El Tarajal Rafa del Barrio

La concentración se cerró con la lectura de un manifiesto, por parte de la Caravana Feminista, firmado y apoyado por más de doscientos colectivos y organizaciones de diferentes ámbitos sociales y en el que se exigen medidas urgentes para regularizar la situación de estas personas y la apertura de la frontera entre Marruecos y Ceuta para aliviar las circunstancias personales y laborales de las transfronterizas. En este manifiesto denuncian que esta situación estaá vulnerando la dignidad y libertad de las personas. Y será presentado al Ministerio del Interior, a la Delegación del Gobierno en Ceuta, al Defensor del Pueblo Español y a la ministra de Trabajo.  

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