Migración
El Ayuntamiento de Iruñea desaloja a unos 140 trabajadores migrantes del Convento de Aranzadi

El Ayuntamiento de Pamplona ha ejecutado este lunes 13 de abril, a las seis y media de la mañana, el desalojo del Convento de Aranzadi, donde residían de manera estable unos 140 trabajadores migrantes, en su mayoría jóvenes de origen magrebí excluidos del mercado laboral por la Ley de Extranjería. El operativo desplegado por la Policía Municipal no ha ido acompañado de ninguna alternativa habitacional clara, a pesar de que en la rueda de prensa ofrecida por el equipo de gobierno municipal se han mencionado “soluciones individualizadas” para estas personas. En concreto, el Concejal Delegado del Área de Acción Social, Txema Mauleón (Contigo/Zurekin, coalición que incluye a Podemos/Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra) ha explicado que “a todas las personas desalojadas que lo han requerido se les ha garantizado una alternativa habitacional para que nadie se quede en la calle, utilizando la red de recursos de emergencia municipal”. Con estas palabras se refería el edil a las dos noches de hotel ofrecidas a la mayoría de los desalojados en un establecimiento de Burlada, un municipio de la comarca de Pamplona.

Concentración frente al ayuntamiento

Sesenta de las personas desalojadas, acompañadas por activistas de Negu Gorriak, se han concentrado de forma espontánea frente al ayuntamiento, arrastrando maletas y enseres. Alba Schiaffino (Negu Gorriak / Derecho a techo) ha señalado que “tal y como ha dicho el propio concejal en la rueda de prensa, estos recursos —en caso de que se movilicen realmente, cosa que está por verificarse— solo van a estar a disposición de las personas empadronadas en el municipio y que hayan sido identificadas por la policía municipal. “Muchas de las personas que viven en Aranzadi” continúa Schiaffino “están siendo excluidas del padrón de forma arbitraria por el ayuntamiento”, cosa que ya denunciaron en una acción llevada a cabo en las oficinas del padrón municipal de Iruñea el pasado jueves. El consistorio rechazó el empadronamiento social de unas 30 personas en locales de colectivos de la ciudad.

Los recursos solo van a estar a disposición de las personas empadronadas en el municipio y que hayan sido identificadas por la policía municipal

Un despliegue policial de unos 30 agentes ha desalojado el edificio, dificultando recoger las pertenencias y documentación a los residentes. En muchos casos, se trata de documentación necesaria para los procesos de regularización administrativa: pasaportes, certificados, expedientes. La campaña Negu Gorriak / Derecho a Techo ha denunciado, además, la realización de cinco detenciones arbitrarias de migrantes durante el sábado pasado, y ha exigido al consistorio que informe sobre su situación. Dos jóvenes se autolesionaron en las inmediaciones del edificio como forma de protesta ante el desalojo.

Billetes de autobús como solución a la crisis habitacional

Varios jóvenes residentes en Aranzadi consultados por Hordago / El Salto confirman que los servicios sociales del ayuntamiento les han ofrecido billetes de autobús como primera opción. Esto demuestra, según la portavoz de Negu Gorriak, Alba Schiaffino que “este ayuntamiento no actúa de forma muy distinta al de Donostia, Bilbao o Badalona; el objetivo prioritario es quitarse de encima a una población que consideran excedentaria e inintegrable por su origen magrebí y por su situación de sinhogarismo”.

La seguridad de los ocupantes como excusa para un desalojo ya previsto

El concejal del Área de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea (EH Bildu), ha desgranado las causas que han movido al consistorio a “actuar de oficio” y ejecutar el desalojo. “Nuestra prioridad absoluta es evitar una desgracia. Como administración, no podemos permitir que haya personas pernoctando en un edificio que los técnicos han señalado como peligroso por riesgo de derrumbe” ha explicado el edil en la rueda de prensa convocada esta mañana en sede municipal.

“Nuestra prioridad absoluta es evitar una desgracia” afirma el concejal del Área de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030

Este desalojo-exprés coincide con el llamamiento a un auzolan de limpieza y acondicionamiento previsto para este sábado, 18 de abril, en el que “se pretendía adecentar el espacio, limpiar y retirar basura y escombro y asegurar las escaleras, por donde se han despeñado ya varias personas” señala Schiaffino. “Es increíble que el ayuntamiento se haya negado reiteradas veces a limpiar y adecentar el espacio y que ahora aduzca una supuesta situación de inseguridad como excusa para desalojar” insiste la portavoz de Negu Gorriak / Derecho a techo. “No ha sido una coincidencia; han querido actuar antes de que el edificio se convirtiera en un espacio autogestionado por migrantes” concluye.

Durante los más de tres años en los que el edificio ha estado ocupado, diversas asociaciones como Apoyo Mutuo y Negu Gorriak / Derecho a techo han realizado auzolanes de limpieza y han solicitado al ayuntamiento y a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) la instalación de contenedores y la conexión de luz y agua. La respuesta de las dos instituciones navarras ha sido siempre el silencio administrativo.

No ha sido una coincidencia; han querido actuar antes de que el edificio se convirtiera en un espacio autogestionado por migrantes

Una ola de desalojos recorre Euskal Herria

Lo ocurrido en Iruñea se inscribe en una serie de desalojos masivos de asentamientos de trabajadores migrantes empobrecidos que en los últimos meses ha sacudido varias capitales de Euskal Herria y el Estado. El PNV de Jon Insausti ejecutó operativos similares en Martutene y Herrera, en Donostia; el PNV de Juan Mari Aburto hizo lo propio en Zorrotzaure, en Bilbao. Antes, el PP de Xavier García Albiol desalojó el edificio B9 de Badalona en una operación que fue ampliamente criticada y condenada en su momento por varios de los partidos que hoy conforman el gobierno municipal de Iruñea. Schiaffino traza la comparación sin rodeos: “El modus operandi es idéntico en todas las capitales, con independencia del partido que gobierne. Primero el señalamiento mediático, luego las intervenciones policiales, finalmente el desalojo. Lo que está haciendo el equipo de Asiron es exactamente lo mismo que hicieron el PNV en Donosti y Bilbao, y el PP en Badalona. La agenda política de la extrema derecha en materia de vivienda y migración se va consolidando poco a poco en Euskal Herria”.

Al igual que en Donostia, Bilbao y Badalona, el ejecutivo ha aducido motivos de seguridad para justificar el desalojo y ha ofrecido “itinerarios personalizados” desde los servicios sociales. En los tres casos anteriores, los colectivos sociales denuncian que las personas no han sido realojadas y que la única respuesta concreta ha sido ofrecida por actores ajenos a las instituciones, tal y como sucedió en Badalona, donde la Iglesia, CCOO y las CUP cedieron varios espacios como alternativa habitacional. Desde Negu Gorriak / Derecho a techo hacen un llamamiento a “los colectivos sociales de la ciudad, pero también a la mayoría sindical vasca y al resto de sindicatos” a que movilicen sus espacios para hacer frente a esta crisis y recuerdan que “CGT ofreció el año pasado su local para pernoctas y que este año ha hecho una aportación económica notable a la campaña, mientras que STEILAS se ha ofrecido para realizar empadronamientos sociales en su local”. Por el momento, solamente Katakrak y Bakearen Etxea han ofrecido su espacio para pernoctar aunque Schiaffino es optimista y espera que “la violenta respuesta del ayuntamiento genere alguna reacción entre los colectivos sociales y la ciudadanía que se considera progresista”.

El modus operandi es idéntico en todas las capitales vascas, con independencia del partido que gobierne

Próximos pasos

Negu Gorriak / Derecho a techo ha convocado una concentración en repulsa por el desalojo para la tarde del martes, 14 de abril, a las 19:00 en Carlos III, frente a Diputación.

Desde la campaña solicitan, además, apoyo económico urgente para dar respuesta a las necesidades inmediatas de las personas desalojadas: alojamiento de emergencia, alimentación, un espacio de almacenamiento temporal, gestiones administrativas y acompañamiento jurídico, para lo que facilitan el contacto derechoatechong@gmail.com.