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Migración
Las administraciones dejan en desamparo a un grupo de migrantes argelinos
Las 16 personas argelinas que tras llegar a la costa de Motril, y pasar por el Centro de atención temporal de extranjeros, fueron abandonados ante la subdelegación del gobierno y después retenidas en instalaciones no aptas están siendo ya derivadas con el apoyo de APDHA.
Unas 65 personas de origen argelino llegaron el pasado 21 de mayo a Motril donde fueron trasladadas al Centro de Atención temporal de extranjeros, CATE, situado en el puerto de la ciudad granadina para la recepción de personas llegadas en patera. Allí, una vez pasadas 72 horas, comenzaron a realizarse los traslados. En un primer momento se trasladó a 49 personas que podrían haber sido llevadas a algún recurso de una organización humanitaria, pero sin que ello haya podido ser confirmado por las organizaciones que estaban realizando su seguimiento. Sin embargo, 16 personas fueron trasladadas a Granada donde fueron abandonadas frente a la puerta de la Subdelegación de Gobierno, sin que se les brindara ninguna ayuda o solución habitacional en la que pasar las noche.
Tal y como recoge el escrito presentado ante el Defensor del Pueblo andaluz y español por parte de la APDHA, un grupo de voluntarios de dicha asociación se personó junto a personal de Médicos del Mundo y una representante de la Corporación local consiguiendo que estas personas fueran trasladadas al Pabellón Paquillo Fernández sobre las 03:00 de la mañana.
Las instalaciones no reunían condiciones mínimas de habitabilidad o higiene. Hecho que motivó además de las ya citadas denuncias ante las distintas defensorías del pueblo así como a Subdelegación del Gobierno, que desde la APDHA se señalara lo que podría constituir una detención ilegal, llegando a valorar la presentación de un habeas corpus ante el Juzgado de guardia de Granada.
La APDHA había denunciado lo que podría constituir una detención ilegal, llegando por tanto a valorar la presentación de un habeas corpus ante el Juzgado de guardia de Granada
La presión de la organización ha conseguido la tarde del lunes que las personas migrantes fueran derivadas desde el polideportivo a centros repartidos entre Madrid, Sevilla y Barcelona, la mayoría de ellos gestionados por Cruz Roja. En su estancia en el polideportivo, según denunciaba APHDA, las personas retenidas no contaban con recuros adecuados en la situación de crisis sanitaria, dejándoles encerrados en el pabellón sin medidas de higiene o equipos de protección mínimos, como podrían ser mascarillas, que en todo caso han sido proporcionadas por los voluntarios de la organización que se han acercado hasta el pabellón.
Además, como afirman fuentes de la organización a este medio, “aunque tanto los Ayuntamientos de Motril y Granada como la Subdelegación del Gobierno se echan la culpa unos a otros, esta situación de descoordinación es compartida por todas las Administraciones”.
Ante la posibilidad de que se efectuase una deportación de estas personas, recuerdan desde la APDHA que tanto el Consejo de Europa como la propia Unión Europea han instado a los Estados a que “respeten al mismo tiempo el derecho de asilo y la protección contra la devolución y proporcionen la asistencia sanitaria necesaria a quienes la necesiten”.
Ya en el mes de marzo, era el propio Defensor del Pueblo español el que pedía al Gobierno la liberación de las personas encerradas en los Centros de Internamiento (CIE) ante la imposibilidad de efectuar su deportación por las restricciones de movimiento impuestas, así como su traslado a sus hogares u otros recursos habitacionales. En el contexto de crisis sanitaria provocado por el covid-19 y con las restricciones establecidas a la población general, no parece ser oportuno priorizar este tipo de movimientos.
Aunque la situación se haya encaminado al conseguir uno de los principales reclamos de la organización: el traslado a una alternativa habitacional inmediata que reúna unas condiciones de salubridad y habitabilidad dignas, esta no es su única demanda. Exigen también que se paralice cualquier posible expulsión en el contexto de la crisis sanitaria. Así mismo han solicitado que, una vez cumplimentado el periodo de cuarentena que establece la Orden SND/403/2020 “se dispense una autorización a cada una de estas personas que les permita continuar sus trayectos hasta las localidades de destino sin riesgo de ser sancionadas” ya que muchas de ellas cuentan con familiares que les están esperando.
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Esta gente y otros parecidos son víctimas de sistemas muy corruptos apoyados por potencias por intereses, sistemas bien armados y abastecidos de aparatos represivos muy férreos que mantienen a sus pueblos a raya.