Memoria histórica
Andalucía, tierra de fosas (y de memoria)

Andalucía está sembrada de fosas comunes. Un total de 708 agujeros donde yacen arrojados como perros más de un tercio de los desaparecidos forzados por el franquismo en España. La comunidad autónoma está llena de cunetas vestidas de ignominia, de familias rotas por la barbarie fascista. Andalucía es tierra de fosas. Y también de memoria.

El movimiento ciudadano atado a la memoria histórica es el soporte vital básico de una región que está a la vanguardia de las políticas públicas en la materia. Porque en Andalucía la “conciencia” memorialista está unida a la enorme represión sufrida, apuntan las asociaciones de represaliados por el dictador Francisco Franco. Pero “queda mucho trabajo” por hacer, como en el resto del país. Una “dejadez” que contamina España y que tiene como elemento principal las fosas y cunetas.

Las cifras son rotundas. Andalucía, solo Andalucía, tiene más desaparecidos que los en torno a 30.000 que sufrió Argentina tras la dictadura cívico-militar de Jorge Rafael Videla

La proximidad de las elecciones autonómicas revuelve el paño de los temas candentes dejando la reparación memorialista en un discreto segundo plano. La cita con las urnas del próximo día 2 de diciembre convocada por la presidenta andaluza, Susana Díaz (PSOE), pondrá en litigio dos líneas principales que coinciden con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en el Parlamento andaluz: socialistas y Adelante Andalucía (Podemos e Izquierda Unida) a favor, frente a la negativa de las derechas de PP y Ciudadanos, que se abstuvieron en la votación del marco legal.

Cartografía de la barbarie fascista

Las cifras son concluyentes. En suelo andaluz quedaron sepultadas al menos 45.556 víctimas de los golpistas, como reconoce de forma oficial el Mapa de Fosas regional. Bien pudieran ser un pellizco más, según diversas investigaciones históricas. En toda España, el único intento por poner números a la barbarie fascista llegó con el proceso judicial abierto por el juez Baltasar Garzón que alcanzó 114.226 nombres y apellidos de asesinados.

Las cifras son rotundas. Andalucía, solo Andalucía, tiene más desaparecidos que los en torno a 30.000 que sufrió Argentina tras la dictadura cívico-militar de Jorge Rafael Videla. Sevilla, Granada, Huelva, Málaga o Córdoba, cada una por sí solas, suman más víctimas ejecutadas por el terrorismo de Estado que las causadas por el régimen de Augusto Pinochet en Chile.

Y las cifras son también una muestra del paradigma andaluz. De cómo la tierra de fosas es además tierra de Memoria. Andalucía es la región de España que ha exhumado más víctimas del franquismo. Va camino de cuatro millares de cuerpos en casi un centenar de tumbas colectivas ilegales. Aunque ahí va incluida la mayor fosa abierta en el país: el cementerio de San Rafael en Málaga, donde fueron recuperadas 2.840 personas.

En los últimos años la apuesta por la memoria histórica ha crecido. Desde el año 2015 la Junta de Andalucía ha programado más de un centenar de intervenciones arqueológicas en fosas y cunetas. Más que nunca. Solo en 2016 sacó de la tierra a más de 300 víctimas y en el bienio siguiente suma casi otras dos centenas. Antes de fin de año está previsto que arranque otro paquete de exhumaciones que incluye una de gran calibre en el camposanto de Córdoba o la de Sevilla, en este caso sufragada por el Ayuntamiento local.

Las políticas públicas memorialistas han sacado adelante la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, un texto que supera al estatal y que ha servido de guía para otras comunidades autónomas. Hace escasa fechas se ha creado el Consejo de Memoria que activará una suerte de ‘Comisión de la Verdad’. Y la gran apuesta, el Plan Andaluz de Memoria Democrática, que activa casi casi 9,5 millones de euros y multiplica el presupuesto para abrir fosas, desde los 238.000 euros de 2017 y los 413.000 de 2018 a más de 5 millones de euros en el periodo 2019-2022.

El “musculo asociativo” de Andalucía

“El movimiento memorialista es muy fuerte, y este músculo asociativo aparece en el gran nivel de participación desde que nace en el año 2003 convirtiéndonos en la punta de lanza de todo lo que se está haciendo en Andalucía”, resume la presidenta de la Asociación Nuestra Memoria, Paqui Maqueda.

Una fortaleza social que parte “de la base de que el territorio andaluz es de los más castigados” por Franco. Porque el cordón umbilical entre memoria y represión encarnizada “no es casual”, dice Maqueda. “Aquí tenemos presentes todas las patas de la represión” y los avances en ‘verdad, justicia y reparación’ saltan “por el empeño y el trabajo de las asociaciones”.

“Los pasos los hemos marcado nosotras, siempre vamos por delante de la Junta”, dice Paqui Maqueda, de la Asociación Nuestra Memoria

“Es importante que seamos capaces de valorar esto porque es una fuente de energía para nosotras”, apunta. “Los pasos los hemos marcado nosotras, siempre vamos por delante de la Junta, aunque sí es verdad y reconocemos el trabajo de las instituciones, por ejemplo en Andalucía con la creación de la Ley de Memoria Histórica que es una de las más avanzadas del Estado y donde valoramos mucho el concepto de víctima que se asume y cómo se han sabido unir los derechos humanos con la justicia universal”, en palabras de Paqui Maqueda.

Pero el camino andado “nos parece escaso”, y el ritmo “lento”. Las fosas, dice, “hay que abrirlas como una prioridad”. Porque mientras “se están muriendo las víctimas directas y a este paso a las nietas que llevamos ahora las riendas nos quedan otros 30 años para que se abran todas las fosas comunes de Andalucía”. Esta “lentitud” sale a veces de “problemas burocráticos”, como este año, donde hay previsto un paquete de exhumaciones que espera luz verde. “Cuando salgan ahora habrá quien lo achaque a que tiene que ver con el periodo electoral aunque no sea así, pero es lo que toca”, admite Maqueda.

La memoria como “derecho ciudadano”

“La memoria es un derecho ciudadano”, define el director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Javier Giráldez. “Siempre hemos trabajado con la memoria como un espacio de convivencia donde caben los derechos humanos, el feminismo, la educación, la cultura… y la clave de todo esto es la reparación de la víctima”, describe.

“En Andalucía se están dando estos pasos, pero entiendo a quien dice que se deben acelerar”, dice Giráldez. Para esto, alude, llega el Plan Andaluz de Memoria Democrática, una apuesta “fundamental porque marca la política a cuatro años”. La administración “no para” aunque en los últimos meses se hayan atascado las exhumaciones. “Llevamos haciendo estos procesos todo el año, están en marcha”, trabajando por resolver “procedimientos” y “dos grandes fosas”: Córdoba y Sevilla.

El camino andado “nos parece escaso”, y el ritmo “lento”. Las fosas, dicen desde los colectivos de memoria, “hay que abrirlas como una prioridad”

La memoria como una apuesta “transversal” que quede “fuera del ámbito del debate político partidista”. “Trabajar en memoria es hacerlo por las víctimas y esto hace más fuerte a la democracia”, manifiesta. “Si entendemos esto, el debate político deja de ser estridente”.

Y la memoria es entonces un lugar definido por el “consenso”, el empuje de todos. No siempre es así, caso de la etapa bajo Gobierno de Mariano Rajoy. En los últimos años “la ausencia del PP en el desarrollo de políticas públicas de memoria” ha empujado este paso “del deber de memoria a la memoria como derecho ciudadano”, afina Giráldez.

“Las comunidades autónomas han tenido que dar un paso al frente, tomando iniciativas al margen del Estado, incluso con gobiernos del PP como en Castilla y León”, refiere. Ahora queda abierto un nuevo periodo con “la ilusión” porque el Gobierno de España encabezado por Pedro Sánchez “haya iniciado un camino en el que nos va a acompañar al que ya hacemos desde Andalucía”.

¿Andalucía como “vanguardia” memorialista?

La comunidad autónoma es “vanguardia” a nivel nacional en estas tareas, repite el Gobierno andaluz. Aunque no todos lo ven así. “A los partidos en el poder se les llena la boca con la Memoria Histórica, pero falta mucho de coherencia y de sinceridad”, apunta Cecilio Gordillo, coordinador de la base de datos Todos (…) los Nombres y del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, del sindicato CGT.

“Mientras que sigan apareciendo tantos números en rojo al decir lo de ‘vanguardia’ se me caen los palos del sombrajo”, dice. El número de intervenciones en tumbas ilegales del franquismo “es escaso con respecto al total, queda tantísimo… aunque en el resto del país es peor, pero falta algo más que ese tipo de afirmaciones, queda mucho trabajo”, explica.

“A los partidos en el poder se les llena la boca con la Memoria Histórica, pero falta mucho de coherencia y de sinceridad”, apunta Cecilio Gordillo, coordinador de la base de datos Todos (…) los Nombres

A pesar de la visión crítica Cecilio Gordillo valora los pasos andados. “En los últimos años se ha pasado del negro al gris claro”, describe. Un “avance sustantivo” que afecta sobre todo a la “cuestión principal”: las fosas comunes. El militante memorialista pone el aviso en un atasco burocrático que ha impedido poner en marcha intervenciones arqueológicas. “Casi hemos perdido el año 2018”, lamenta.

“Andalucía en memoria histórica siempre ha estado por delante del resto de las comunidades autónomas, es de justicia ponerlo en valor. Sí es vanguardia, pero desde el Gobierno de la Junta de Andalucía todavía no se toma en serio la cuestión”, explica Andrés Rebolledo, presidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar (Cádiz) y de la Asociación de Represaliados por el Franquismo en la Sauceda y el Marrufo.

Y pone varias cuestiones como ejemplo: “Las fosas, la Comisión de la Verdad, la anulación de condenas o la apertura de archivos”. De esta “dejadez” que denuncia está contaminado el resto del país. “Ningún Estado se puede permitir tener más de 100.000 personas en fosas comunes, es denigrante”, expone. Y debería ser “una prioridad”, dice. Pero “España no ha resuelto ese trauma y prevalece el discurso de los vencedores”.

Y en las citas con las urnas, ¿qué importancia adquiere la reparación memorialista? “Para mí las elecciones y la memoria histórica tienen que ser un elemento igual a cualquier otro, tiene mucho que ver, porque todas las personas que cayeron torturadas y asesinadas en esta tierra lo fueron por defender la libertad y la democracia”, argumenta.

“Ningún Estado se puede permitir tener más de 100.000 personas en fosas comunes, es denigrante”, expone Andrés Rebolledo.  “España no ha resuelto ese trauma y prevalece el discurso de los vencedores”

La deuda con las víctimas del franquismo debe ser un elemento cardinal y asumido por todos los partidos, entiende. “Seguimos con una mochila muy pesada por no resolver estas cuestiones y por una derecha que sigue con unos discursos, como los de Pablo Casado, que sí los usa políticamente y les rinde”, especifica Andrés Rebolledo.

Del impulso a la Memoria al condicionante electoral

Los propios voluntarios de la asociación gaditana vivieron en carne propia “cómo se cerraban todas las puertas”. Sucedió en la exhumación de las fosas comunes en el Marrufo y el Valle de la Sauceda. Corría el año 2007 cuando arranca la investigación y catas arqueológicas sobre el terreno, sufragadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al hilo de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Pero años después el Ejecutivo de Mariano Rajoy enarbola los “cero euros” y cierra el grifo.

En 2012, con la certeza “de que allí había víctimas”, no tienen cómo seguir, recuerda. Y aparece “un mecenas” que tiene a su abuelo entre los asesinados por el fascismo en el Marrufo: Miguel Rodríguez, dueño de la empresa Lotus Festina, que oía la historia familiar de boca de su madre y aporta “una cantidad bastante razonable” que Rebolledo no especifica “para evitar suspicacias”.

Aquel proceso logró rescatar 28 cuerpos de las fosas más cercanas al cortijo. Con el dinero privado se financió también la creación de la Casa de la Memoria en Jimena de la Frontera (Cádiz) y la rehabilitación del cementerio de la Sauceda, hoy Lugar de Memoria de Andalucía, donde reposan las víctimas del franquismo exhumadas en el valle.

“Hay que seguir empujando, dando palos, porque si no es muy fácil acomodarse a las circunstancias”, dice Cecilio Gordillo mirando de reojo a los responsables institucionales

Las asociaciones de víctimas coinciden en el impulso dado en los últimos años. Del “negro al gris”, aluden. La relajación, en todo caso, no cabe. “Hay que seguir empujando, dando palos, porque si no es muy fácil acomodarse a las circunstancias”, dice Cecilio Gordillo mirando de reojo a los responsables institucionales.

“Con un proceso electoral a dos meses vista los partidos pueden hacer movimientos pero para mí no tienen importancia porque están condicionados”, matiza. Eso sí, apunta que abrir las tumbas ilegales debe estar unido a contar, difundir, comunicar estos procesos. Y añade un ejemplo: la visita de alumnos de un instituto de Suecia al cementerio hispalense donde hay unas 4.500 víctimas de Franco enterradas en un puñado de fosas comunes.

“Es inaudito que un grupo de escolares suecos se interesen en una ruta por Andalucía en conocer esta realidad porque habían visto en una película documental la intervención en la Puebla de Cazalla.” Los alumnos conocieron un caso peculiar, el de Torsten Jovinge, un pintor de su país que fue asesinado por los golpistas en el verano del 36 y enterrado en la fosa de Pico Reja. “¿Y cómo es posible que no vayan institutos de la ciudad?”, cuestionan. Porque, como coinciden asociaciones, partidos políticos y administraciones, queda “mucho trabajo” por hacer.