Madrid
La Sareb amenaza con el desahucio a dos jóvenes activistas en Carabanchel

Dos jóvenes de 26 años están a punto de ser desalojados de su piso de la Sareb en Cadete Julio Llompart, 7 (conocido como Cadete 7) en Carabanchel este jueves 27 de marzo. Una ejecución que llega tras meses de homéricos intentos por regularizar un contrato de arrendamiento. “Hemos intentado contribuir a la regularización, les hemos mandado todos los papeles de trabajo y el certificado de empadronamiento pero nos han dicho que no colaboramos, algo que es totalmente incierto”, declara a este medio el inquilino a escasos días del desenlace. Desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, organización a la que pertenece el inquilino, reclaman desde largo la formalización de contratos dignos para las personas residentes en los bloques. Al no disponer del mismo y dado que entraron en la vivienda cuando ésta se encontraba totalmente vacía, hace cinco meses recibieron una sentencia por usurpación por haber entrado supuestamente de manera forzosa en una vivienda ajena.

“Hemos intentado contribuir a la regularización, les hemos mandado todos los papeles, pero nos han dicho que no colaboramos, algo que es totalmente incierto”

Los inquilinos fueron finalmente absueltos por falta de pruebas y el procedimiento se archivó ya que nada de lo que se les acusaba era cierto, aunque tiempo después recibieron la comunicación por la que esta semana se les desahucia. Hoy, el diálogo con la Sareb, tal y como reiteran, está más que bloqueado. La propiedad se niega en rotundo a responder a sus llamadas ni a negociar un posible contrato, ya que su objetivo último es expulsar a todas las familias aunque éstas no dispongan de alternativa residencial.

Su bloque, catalogado de “histórico” por parte de las vecinas en lucha, pertenece al conjunto de viviendas que el banco malo adquirió en 2008, en plena crisis de la burbuja inmobiliaria, cuando las constructoras comenzaron a quebrar descontroladamente. El inmueble permaneció deshabitado y sin utilidad social alguna hasta 2013, año en el que la antigua Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Carabanchel consiguió que lo pudieran ocupar hasta seis familias precarias y víctimas de desahucios previos. De hecho, fue el primer bloque recuperado por el movimiento de vivienda de Madrid en 2013. En estos últimos años, la resistencia de las vecinas de Cadete es motivo de orgullo para el movimiento vecinal madrileño: “Es un edificio de memoria, de la lucha por la vivienda en Madrid”, proclaman desde el SV de Carabanchel.

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Asociaciones vecinales de larga trayectoria y movimientos en defensa de la vivienda y los derechos laborales surgidos a raíz del 15M plantan cara en Carabanchel a las realidades de un distrito enorme que se sitúa entre los más vulnerables de la ciudad. La implantación de numerosos talleres de artistas en los últimos años en el polígono ISO es el primer capítulo en la transformación urbana que, se intuye, llama a las puertas del distrito.

El proceso de desahucio de Miguel y su compañero está directamente vinculado con la promesa de Pedro Sánchez de cara a trasvasar todos los pisos del ‘banco malo’ a una empresa pública para aumentar así el parque de vivienda social. En enero, como parte de su paquete de 12 medidas contra la crisis inmobiliaria, el presidente del gobierno anunció que 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial serían transferidos a la nueva Empresa Pública de Vivienda estatal. Serían incorporadas, declaró, más de 30.000 viviendas procedentes de la Sareb. Según estableció, el trasvase debía efectuarse durante el primer semestre de 2025.

Este mes de marzo, el Ministerio de Economía ha a instado al banco malo a iniciar una negociación con la entidad estatal de suelo Sepes cuanto antes, para que este trasvase se lleve a cabo antes de 2027. Para entonces, la Sareb deberá disolverse definitivamente. Como señala Andrea Cesaroni, integrante del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, “con todo esto lo que pretenden es tirar abajo los pisos actuales y construir vivienda nueva para ciertos estratos con más renta.

Esto estuvo bastante parado bastante tiempo hasta que se anunció que los pisos de la Sareb tendrían que incorporarse en esta nueva empresa pública, lo cual ha reactivado todos esos procesos de desahucio”. Ante esto, subraya, “desde los inicios de este año, la Sareb ha acelerado la ejecución de desahucios de aquellas viviendas que todavía puede colocar en el mercado antes de que toque la campana”. Esto explica el trasfondo de muchos de los desalojos por parte del banco malo que tendrán lugar en las próximas dos semanas, entre ellos los previstos en Azucenas, 22 (Tetuán) y Calle Inmaculada, 13 (Casarrubuelos).

Criterios de realojo excluyentes y subjetivos

Si posteriormente se demuele Cadete, 7 y se reedifica, el activista vaticina que la nueva vivienda podría acabar destinada al alquiler temporal o de lujo, “porque estamos hablando de una zona como es San Isidro con ciertas dinámicas de turistificación, gentrificación, que se está revalorizando a nivel económico”. A Miguel y a su compañero les han denegado en varias ocasiones la posibilidad de realojo dado que no cuentan con un informe de vulnerabilidad y se les considera menos afectados por la crisis habitacional que otras vecinas de su bloque. Los criterios excluyentes y a menudo subjetivos a la hora de determinar “quien merece o no un realojo en condiciones” impiden que muchos jóvenes precarios puedan acceder a un techo digno.

Les han denegado en varias ocasiones la posibilidad de realojo dado que no cuentan con un informe de vulnerabilidad y se les considera menos afectados por la crisis habitacional que otras vecinas de su bloque

En un vídeo reciente lanzado por el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, las activistas denuncian públicamente los requisitos requeridos para optar a un realojo: “Sareb lleva mucho tiempo estableciendo criterios de vulnerabilidad para decidir quien “merece” un realojo y quien no”, inciden. Este 11 de marzo, siete familias del bloque El Yesero 10, situado en Puente de Vallecas, fueron desahuciadas de sus pisos de la Sareb sin alternativa habitacional ni posibilidad de reubicación ya que no cumplían con informes de vulnerabilidad.

Por eso, desde el Sindicato luchan incesantemente para conseguir realojos para todas las vecinas de la Sareb que sean expulsadas de sus pisos. Se trata, en última instancia, de que el Estado garantice el derecho constitucional a la vivienda independientemente de que el inquilino se encuentre en una situación de gravedad o precariedad laboral extrema. “No es una cuestión que deba ser reservada a unos criterios locos y que no tenemos que hacer una competición entre quienes somos más pobres. Actualmente existe la riqueza global o la riqueza material para que sean satisfechas las necesidades de vivienda de toda la población. Y si no se hace, es por cómo se organiza el sistema”, establece el inquilino.

En aquellos casos en los que las vecinas del bloque sí han conseguido la reubicación residencial, lo que han encontrado han sido emplazamientos “en condiciones inhabitables”. Como denuncian desde hace meses los miembros de la campaña Plan Sareb, en muchos de estos pisos proliferan las goteras, grietas, fugas de agua, humedades, zonas en mal estado y todo ello sin que la propiedad se haga cargo de las reparaciones pertinentes.

Cesaroni cuenta cómo funciona el proceso de adjudicación de una vivienda alternativa en los pisos de la Sareb en su bloque: “Llegan y te dicen, mañana te realojamos, el lugar ni lo dicen, no te pueden enseñar las fotos y lo que suelen hacer es ir a tu casa, te hacen firmar un contrato para irte a otro piso que no te han enseñado, cierran la puerta, te echan de tu casa, ponen ladrillos y te reubican de manera que difícilmente puedes rechazarlo”. Todo ello a través de presiones y amenazas, ni tan siquiera la posibilidad de acceder al contrato del piso donde van a ser destinadas.

Sareb trata de enfrenar a las vecinas organizadas

Estas viviendas, además de no disponer muchas de ellas de cédula de habitabilidad, están en lugares remotos respecto a donde residían anteriormente las vecinas. Este hecho no es, a juicio del Sindicato, ni baladí ni casual. Forma parte de la estrategia de las gestoras de la Sareb para “desarraigar a las inquilinas de su entorno y de su gente, de manera que les alejan de las organizaciones y los sindicatos”, confiesan. Un ejemplo paradigmático de esta maniobra tan recurrente por parte del “banco malo” fue el realojo de seis familias de Carabanchel, reubicadas al pueblo sureño de Casarrubuelos, a 30 km de su antigua residencia.

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El movimiento por el derecho a la vivienda ha parado 12 desalojos de Alcobendas, Casarrubuelos y Vallecas. Quedan pendientes dos en Els Pallaresos (Tarragona) y los diez de la calle Yeseros, de Vallecas.

En ese momento, las inquilinas ya manifestaron su descontento a causa de las deplorables condiciones de salubridad en las que se encontraba su nueva vivienda. En el mismo bloque de Miguel, a una exinquilina llegaron a ofrecerle “casi a punta de pistola” como alternativa una vivienda en Aranjuez, aunque tuvo que rechazarla por la lejanía de esta ubicación respecto a su médico de cabecera y otros servicios esenciales para su día a día. Con este tipo de acciones, como los realojos selectivos o la imposibilidad de establecer negociaciones colectivas con las comunidades de vecinas o los sindicatos de inquilinas, la Sareb busca igualmente dividir y enfrentar a las afectadas.

Las técnicas que el ‘banco malo’ lleva años usando en los bloques organizados para tensionar la convivencia son múltiples. Por ejemplo, a través de la subcontratación de empresas gestoras intermediarias entre las vecinas y la Sareb, la propiedad se cierra en banda a negociar contratos de forma colectiva y solo acceden a pactar si es de forma individual.

Las empresas mediadoras de Sareb “juegan continuamente a esta manipulación para crear conflicto en los edificios”, señala Miguel

Para ahondar todavía más en la crispación entre vecinas, estas entidades mediadoras algunas veces ofrecen garantías de permanencia a unas familias mientras que a otras las precipitan al desalojo. Otras veces recurren directamente a mentiras para propiciar enfrentamientos: Te dicen que tu vecina ya ha firmado cuando no lo ha firmado, dicen que tu vecina se va a ir este día y tú te vas a quedar sola cuando eso no es verdad, o incluso te amenazan si no aceptas el realojo”, sostiene Miguel. Como señala el activista, “juegan continuamente a esta manipulación para crear conflicto en los edificios”.

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Las modificaciones propuestas restarían derechos y garantías a familias forzadas a ocupar, que podrían ser desalojadas antes de que los servicios sociales puedan revisar sus casos y certificar su vulnerabilidad.

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Mientras las gestoras impiden a las vecinas de estos bloques regularizar su situación, el Gobierno ha aprobado esta última semana -tras el acuerdo alcanzado entre PSOE, PP y Junts- una nueva proposición de ley para suspender los desahucios cautelares. Esto podría, previsiblemente, acelerar y multiplicar los procesos de desalojo ya que la medida pretende agilizar los desahucios por ocupación y debilitar la moratoria del escudo social. La propuesta legislativa responde a la creciente criminalización de las personas que se ven obligadas a ocupar viviendas -muchas de ellas vacías con anterioridad- debido a los precios inasumibles de los alquileres.

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Desde Plan Sareb, sabedores de esta información y del trasvase urgente de viviendas del ‘banco malo’, han solicitado esta semana una reunión “inmediata” con los representantes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y de la Sareb para “decidir sobre el futuro de nuestras casas”. En una carta dirigida al ministro Carlos Cuerpo y a Javier Torres Riesco, presidente de la Sareb, las sindicalistas reclaman la regularización de todos los casos organizados, el fin de las intermediaciones a través de gestoras, la paralización de los realojos forzosos sin condiciones adecuadas de habitabilidad y el archivo de todos sus procedimientos de desahucio.