Migración
Empadronamiento sin domicilio fijo, el negocio de un derecho que los ayuntamientos se niegan a reconocer

Las trabas burocráticas que aplican la mayoría de ayuntamientos al proceso especial de empadronamiento incumplen la normativa vigente sobre el acceso al padrón, que debe ser facilitado con independencia de la situación administrativa o habitacional de las personas que residen en cada municipio. Los impedimentos constantes han dado origen a un negocio paralelo donde se debe pagar a terceras personas por los documentos que la administración exige.

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Los ayuntamientos aplican trabas burocráticas a las personas que se quieren empadronar en un municipio e incumplen la normativa vigente. Lucas Guerra
La Directa
28 may 2020 06:00

“Llegué a València hace seis meses, y todavía sigo sin poder empadronarme”, declara Andrés (nombre ficticio), que actualmente vive el bloqueo burocrático del servicio de padrón municipal de habitantes en primera persona. Lejos de ser una excepción, su historia demuestra una dinámica burocrática generalizada que impide la inscripción en el padrón a muchas personas sin domicilio fijo y que ha convertido el procedimiento en un negocio, afectando especialmente a aquellos colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.

“Las dificultades a las que se enfrentan mucha gente, entre ellas las personas migradas, para lograr empadronarse en los municipios valencianos donde residen les impiden el acceso a derechos básicos”, explican desde la plataforma València Acull, que ha presentado hace una semana, junto a otras veinticuatro asociaciones, una queja ante el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo valenciano, para denunciar “los problemas de acceso al empadronamiento”. Aseguran que durante la pandemia del covid-19, “el grado de vulnerabilidad de las personas que recurren al procedimiento especial de empadronamiento se ha visto incrementado y necesitan con urgencia poder acreditar su residencia”.

“El problema es la burocratización que hay en torno al empadronamiento, y eso se debe eliminar”, defiende Emili Sánchez, coordinador de la asociación Jarit, que trabaja con personas migradas en València. Lo mismo denuncian diversas organizaciones como Reus Refugi, Terrassa Sense Murs o Vallès Oriental Volem Acollir, en Catalunya. La ausencia de contrato de alquiler, vivir en régimen de ocupación o en condiciones de infravivienda, en asentamientos, chabolas o espacios ocupados, hacen mucho más difícil el acceso al padrón, que debe facilitarse por parte de la administración local, con el objetivo de tener un registro real de las personas que habitan en cada municipio. Según la normativa, en ningún caso el consistorio entrará a valorar sobre la cantidad de personas ya empadronadas en una vivienda ni las condiciones de la misma para permitir el empadronamiento.

“El padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio. De la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio”, establece la resolución publicada el pasado 2 de mayo en el BOE, que recoge y recuerda las instrucciones técnicas que deben seguir los ayuntamientos en la gestión del padrón municipal. Mecanismos que ya estaban vigentes desde 2015, y que establecen que las infraviviendas, e incluso la ausencia total de techo “pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón”.

Así pues, los documentos necesarios para presentar la solicitud deben servir únicamente para mostrar que, efectivamente, una persona vive en un domicilio concreto. “En ningún caso se debe exigir la firma del propietario en una solicitud de empadronamiento. Mucho menos las escrituras del piso”, denuncian desde el colectivo Reus Refugi. De hecho, en los casos de especial vulnerabilidad, la norma ya prevé las formas de corroborar el domicilio a través de un informe de los servicios sociales o de la Policía Local.

“Hay un procedimiento para empadronarse sin domicilio fijo, en el que la administración debe comprobar que tú vives donde dices que vives, ya sea en un asentamiento, una fábrica abandonada, una chabola o un banco”, explica Fani Barás, trabajadora social en València Acull. Esta comprobación debe realizarse con el único objetivo de confirmar la dirección habitual de la persona que solicita el padrón y, por tanto, nunca podría traducirse en otro tipo de intervenciones. “Nos hemos encontrado con situaciones donde la policía, además de comprobar la dirección, después te denuncia porque estas en situación de irregular o en una vivienda ocupada”, denuncia Barás. En este sentido, dada la criminalización de la migración y de la pobreza, las organizaciones apuntan que los servicios sociales son una figura “mucho más propicia para establecer una relación de cercanía con esa realidad”.

“Nos hemos encontrado con situaciones donde la policía, además de comprobar la dirección, después te denuncia porque estas en situación de irregular o en una vivienda ocupada”, denuncia Barás

Servicios sociales que, según reclaman las organizaciones tanto catalanas como valencianas, están en situación de “colapso” por la falta de recursos y personal, aunque esa sobresaturación nunca debe ser una excusa para no empadronar a través de este procedimiento. “Parece que ninguno quiere respetar el derecho a empadronarse sin domicilio fijo por un hipotético efecto llamada. Es un argumento que nos parece aberrante”, respondía con rotundidad la plataforma Terrassa Sense Murs en un comunicado.

Según afirma Laia Costa Gay, activista jurídica en Fundació Ficat, una entidad de acompañamiento y asesoramiento jurídico; y en Vallès Oriental Volem Acollir, existen resoluciones, instrucciones y sentencias que establecen el procedimiento a seguir “sin ninguna controversia jurídica”, pero en la práctica son muy pocos los ayuntamientos que lo permiten. “Las personas que viven en un municipio están obligadas a inscribirse en el padrón. No se trata de un derecho que puedo ejercer si quiero. Es una obligación que tenemos como ciudadanas y los ayuntamientos están impidiendo realizarla”, añade Costa, haciendo referencia a este impedimento como un mecanismo claro de burorrepresión.

Desde el Ayuntamiento de Terrassa, aseguran que están trabajando para empadronar a todas las personas, aunque inciden en que es necesario disponer de un contrato de alquiler. Por el contrario, desde Terrassa Sense Murs subrayan: “No es cierto que se esté empadronando a todos y todas las vecinas migradas en la ciudad de Terrassa. Hablamos de casos en los que no han podido acreditar con ningún documento su domicilio de residencia, hecho que no ha de ser un impedimento para hacer efectivo el padrón”. Además, junto a otros colectivos, como la PAH, piden al consistorio una rectificación pública por una intervención que se hizo en TV3, afirmando que era necesario aportar el contrato de alquiler, declaraciones “que chocan frontalmente con la normativa vigente”.

En Reus, el pasado 5 de mayo, también se preguntó en el Pleno del Ayuntamiento sobre el procedimiento y los requisitos para poder empadronarse en la ciudad, especialmente en los casos de personas en situación de precariedad. “En nuestro municipio no estamos vulnerando los derechos de las personas que pretenden empadronarse”, respondían desde el Ayuntamiento. Horas después, el colectivo Reus Refugi manifestaba su malestar con la siguiente declaración: “Si se afirma que en Reus no se están vulnerando los derechos de las personas que quieren empadronarse, ¿por qué tenemos testimonios que afirman que sus peticiones han sido rechazadas, por ejemplo, por no poder conseguir la firma del propietario del piso donde viven?”.   

Barcelona es uno de los pocos ayuntamientos que facilita este tipo de trámite. Ya en 2018 se incluía una explicación del procedimiento que se ha de seguir para empadronarse, aunque no se pueda acreditar documentalmente el domicilio o no se tenga domicilio fijo, según establece el documento Seguiment del Circuit d'empadronament a Barcelona. “En este caso, la persona hace una solicitud para que el Ayuntamiento realice las gestiones que considere necesarias con tal de comprobar la residencia declarada”, añade el documento. En el caso de València, tan solo unos meses antes del inicio del estado de alarma, se había conformado una mesa de trabajo para coordinar a todos los servicios municipales implicados en el trámite del padrón. Trabajo que quedó paralizado por la irrupción del covid-19, aunque los colectivos sociales esperan que se retomen con urgencia y recuerdan que son medidas que se deberán hacer efectivas en todos los municipios, según lo establece la normativa vigente.

EL negocio del empadronamiento

Los colectivos y organizaciones que defienden el derecho al empadronamiento y trabajan con personas migradas coinciden en denunciar que, a causa de los impedimentos administrativos, se ha ido generando, desde hace años, un negocio fraudulento, en el que se paga dinero a terceras personas para poder empadronarse. “Nos han llegado muchos casos de personas a las que les han cobrado para firmarle o permitirle empadronarse en una municipio”, denuncia Barás. “Se les pide pagar más por el alquiler o se les cobra desde un principio para facilitarles la documentación, presionando y explotando a las personas”, añade Sánchez.

Solo hace falta buscar en los portales más conocidos de alquiler de habitaciones o viviendas para encontrarse con esta realidad paralela en el mercado del empadronamiento. “Hemos conocido casos de personas que se ven obligas a pagar hasta 400 euros para que alguien les empadrone”, señalan desde València Acull. Así, la necesidad del padrón termina siendo objeto de negocio y fraude, por las trabas y la falta de información por parte de los funcionarios y de las administraciones.

El derecho a empadronarse en una vivienda se paga, incluso, mes a mes. “Me llegaron a pedir que pagara 50 euros más cada mes para tener acceso a empadronarme”

Famara, que también prefiere utilizar un nombre ficticio, tuvo que pagar para poder empadronarse. “Le tuve que pagar 250 euros a un chico que me hizo el contrato de alquiler para empadronarme. He comprado mi empadronamiento”, narra. Vive desde 2017 en Catalunya, pero solo hace un año que consiguió empadronarse. En algunos casos, se trata de un pago único para obtener la documentación que el ayuntamiento exige. En otros, el derecho a empadronarse en una vivienda se paga, incluso, mes a mes. “Me llegaron a pedir que pagara 50 euros más cada mes para tener acceso a empadronarme”, explica Andrés, que sigue sin poder empadronase en València.

El caso de Serigne es similar. Las trabas para empadronarse en Mataró (Maresme), el municipio en el que vive desde 2018, le siguen impidiendo el acceso al padrón. “El Ayuntamiento me rechaza la solicitud, me pide documentos que no tengo. Desde que llegué estoy diciendo que necesito el empadronamiento, pero me dicen que sí y luego que no. Nunca me responden por escrito”, reclama.

El empadronamiento como puerta de derechos

Más allá del valor intrínseco del empadronamiento, como documento de entrada en el registro de vecinos y vecinas que viven en un territorio, la inscripción es un paso esencial para que se vean reconocidos en la práctica otros derechos fundamentales, como son el acceso a la educación, al sistema de salud o a las medidas actuales para hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia, ya que la gran mayoría de estas personas se encuentran en situaciones de extrema precariedad.

“Si la persona no está inscrita en el padrón, no puede solicitar ayudas a las distintas administraciones ni participar en programas de inserción laboral o formación. Pero, además, no se beneficia de los derechos básicos del sistema de protección social, como la sanidad y la educación públicas”, denuncia el escrito presentado al Síndic de Greuges por València Acull. Sin empadronamiento, estas personas tampoco pueden acceder a ingresos mínimos como a la Renta Valenciana de Inclusión, que exige demostrar un empadronamiento de al menos un año. Además, “estar registrado en el padrón es clave para obtener el permiso de residencia por arraigo social”, añade el documento.

El empadronamiento es esencial para otros derechos fundamentales, como son el acceso a la educación, al sistema de salud o a las medidas actuales para hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia

Al contrario de lo que muestra la realidad, el empadronamiento debería funcionar como “un mecanismo de inclusión y convivencia, es decir, un instrumento para garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas de un municipio, facilitando los derechos universales fundamentales. Y en el caso de personas migradas sin permiso de residencia, para poder acreditar el tiempo de residencia en el Estado y regularizar su situación”, explican desde la plataforma Vallès Oriental Volem Acollir en un escrito dirigido en todos los ayuntamientos de la comarca.

Terrassa sense Murs pide al gobierno que informe “claramente” sobre el procedimiento que se ha de seguir para empadronarse cuando no se dispone de un domicilio fijo, con el objetivo de evitar retrasos y poder identificar las malas prácticas. A través de un comunicado, también exigen que el empadronamiento debe funcionar como una radiografía de las desigualdades existentes, “a las que contribuye el sistema económico, político y social, del cual los ayuntamientos forman parte”. Esta radiografía “debería servir a las instituciones y a los gobernantes para que prioricen con sus políticas a las personas y pongan la vida en el centro de una vez por todas”, concluyen.

La directa
Artículo publicado originalmente en català en La Directa

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1 Comentario
#61925 16:41 28/5/2020

muy bien, muchas gracias por denunciar esta situación, y de fácil solución = aplicar la ley

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