Madrid
El Sindicato de Inquilinas paraliza el desahucio de Mariano, cuyo piso pertenece a una orden religiosa

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha logrado una pequeña victoria colectiva tras paralizarse este jueves el desalojo de Mariano Ordaz, en Calle del Carnero, 1, en el barrio de Embajadores. Tras un arduo proceso de negociación con la comitiva judicial, las activistas han conseguido una prórroga de 15 días hasta el siguiente intento de desalojo. Un respiro momentáneo que brinda tiempo extra al movimiento de vivienda para llegar a un acuerdo deseable con la propiedad que garantice la permanencia de Mariano en su “casa de toda la vida”.

El propietario, la entidad religiosa conocida como Venerable Orden Tercera (VOT), lleva años maniobrando para que abandone la que lleva siendo su casa y la de su familia desde que nació. Pese a los reiterados intentos de alcanzar un acuerdo tácito que le permita habitar dignamente su lugar de arraigo a un precio asequible -ya que no dispone de alternativas habitacionales-, la orden de San Francisco de Asís se ha mostrado inflexible desde el minuto uno.

Se trata del primer intento de desahucio desde que el pasado martes el Congreso -con los votos en contra del PP, Junts y Vox- tumbara la moratoria antidesahucios que hasta la fecha había evitado que 60.000 familias vulnerables se vieran abocadas a la calle. La misma moratoria que en su momento salvó a Mariano de ser expulsado de su casa hasta dos veces: El pensionista y ex hostelero de 67 años empezó alquilando su piso con un contrato de renta antigua pero años después la VOT le impuso una subida desproporcionada del alquiler que supondría el principio de una pesadilla que dura hasta el día de hoy. Este aumento fue escalando con aumentos progresivos de la renta hasta los 600 euros actuales.

Llegada la pandemia, debido a que la cuantía requerida resultaba del todo inasumible para una economía precaria como la suya se vio incapaz de asumir definitivamente los pagos y acabó incurriendo en una deuda de gran calado con la VOT. Trató en todo momento de conciliar con la propiedad una forma de solventar la irregularidad ofreciéndose a pagar a plazos o bien realizando servicios en el edificio como conserje, ya que con la crisis del Covid-19 perdió el empleo. No obstante, sus intentos de negociar un alquiler social fueron en balde. “Él siempre ha pagado la parte que podía pagar para tener luego un mínimo para sobrevivir porque la prestación por desempleo que recibe (de 480 euros) es muy pequeña, pero no han tenido nunca piedad con él”, destacan desde el Sindicato de Inquilinas.

“Mariano siempre ha pagado la parte que podía pagar para tener luego un mínimo para sobrevivir porque la prestación por desempleo que recibe (de 480 euros) es muy pequeña, pero no han tenido nunca piedad con él”

A raíz de su contexto de impago continuado causado por su coyuntura socioeconómica, fue demandado por la VOT y recibió varios intentos de desahucios que pudieron frenarse debido a que entonces podía acreditar su vulnerabilidad y acogerse a la prórroga de paralización de lanzamientos sin alternativa habitacional. El primer intento de desahucio y extinción del contrato tuvo lugar en 2022 y el siguiente en 2024, cuando ya el Sindicato de Inquilinas denunció públicamente las prácticas especulativas de la orden religiosa a la hora de actuar “como cualquier fondo buitre” aplicando subidas de hasta 200 euros en los contratos para forzar los desalojos. Casi dos años después, los movimientos de vivienda siguen luchando para obtener una renovación contractual en condiciones dignas y asequibles.

Una orden religiosa con un patrimonio de más de 100 inmuebles

Los activistas que se personaron desde las 11 de la mañana del jueves en la puerta de la casa de Mariano apuntan al inmenso patrimonio que actualmente atesora esta orden, a pesar de ofrecer una imagen de caritativa y solidaria. Esta entidad católica acumula un parque inmobiliario de más de 100 pisos -por los que no paga impuestos- y administra un hospital VOT Francisco de Asís en Madrid, así como otros centros sanitarios. Pese a no necesitar de forma inmediata el inmueble para ningún uso más allá que rentabilizarlo económicamente, la orden no ha tenido clemencia con Mariano en todos estos años. Tradicionalmente, las órdenes terceras están formadas por laicos asociados a una orden religiosa que desarrollan actividades de carácter espiritual, social y asistencial. Sin embargo, protestan las vecinas que han acudido a acuerpar a Mariano, “en la actualidad se dedica a jugar con la vida de una persona mayor”.

“En todo momento han abandonado el edificio, lo han hecho inhabitable para así poder justificar la expulsión de Mariano. En noviembre se cayó el techo de la cocina, Mariano por suerte no estaba...”

El pretexto que emplea la entidad para justificar el desalojo es la supuesta inhabitabilidad de la vivienda por problemas estructurales en el edificio. No obstante, esos mismos desperfectos son consecuencia directa de la negligencia de la orden al negarse a reparar ni renovar las estructuras. “En todo momento han abandonado el edificio, lo han hecho inhabitable para así poder justificar la expulsión de Mariano. El 8 de noviembre se cayó el techo de la cocina, Mariano por suerte no estaba ahí en ese momento pero de lo contrario podría haber muerto y desde entonces los arreglos que ha realizado la VOT han sido precarios e insuficientes para garantizar la mínima salubridad y habitabilidad de la vivienda”, infiere Lucas Vaquero, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Por ende, la falta de mantenimiento hunde sus raíces en la política deliberada de abandono por parte de la propiedad. Se trata de una estrategia de desgaste que suele reproducirse con cierta frecuencia, tanto en el centro como en la periferia de Madrid, cuando un fondo de inversión o gran tenedor adquiere la propiedad y busca desalojarla rápidamente. Los vecinos de San Ildefonso, 20, por ejemplo, llevan más de un año sufriendo acoso inmobiliario a través de obras sucesivas que han puesto en peligro reiteradas veces la salud de las vecinas. “Lo de las obras es una constante que hemos visto, es una estrategia de acoso, derribo y hostigamiento en todo tipo de conflictos, tanto individuales como colectivos. En este caso una orden religiosa que a sí misma se autodenomina de carácter social, se supone que tiene un fin social, por lo que resulta cuanto menos llamativo que se niegue a garantizar las mismas condiciones de habitabilidad de la vida”, subraya Vaquero.

“Mariano es el primero de una lista de 60.000 personas que pueden verse expulsadas de sus casas si no se adoptan medidas urgentes”

Por ello, desde el Sindicato de Inquilinas alertan de que “el caso de Mariano Ordaz no será un hecho aislado, sino el primer ejemplo concreto de las consecuencias inmediatas del rechazo parlamentario a la moratoria antidesahucios que prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de desahucios de personas vulnerables. Mariano es el primero de una lista de 60.000 personas que pueden verse expulsadas de sus casas si no se adoptan medidas urgentes. Este caso abre la puerta a una oleada de hasta desahucios en todo el Estado”.

Las inquilinas en lucha reclaman una respuesta institucional contundente ante la derogación del Real Decreto y hacen un llamamiento “a todas las inquilinas a quienes se les acaba el contrato este año, más de un millón y medio de personas, que se organicen a través de los sindicatos de vivienda, que no están solas, que sepan que las vamos a ayudar con nuestras herramientas de los que damos y se van a quedar”. Acusan al Gobierno y la derecha parlamentaria de legislar en connivencia con los mismos fondos “que se dedican a desahuciar para seguir acumulando riqueza a costa de las vecinas” otorgando protecciones mínimas y eliminando el escudo social.

Mariano no es, indican, el único inquilino que podría ser expulsado definitivamente de su casa en las próximas semanas o meses debido a la vorágine especulativa que se cierne sobre los barrios del centro. “Estamos viviendo un proceso de gentrificación y de expulsión de muchísimas vecinas del barrio, esto lo estamos viendo con los bloques en lucha organizados con el sindicato, lo estamos viendo en nuestras masivas asambleas de nuevo centro en las que cada dos lunes se concentran más de 80 personas con distintos problemas o conflictos con su casero”, inciden desde el Sindicato.