Desahucios
Mariano se queda en su casa: la presión sindical logra frenar otro intento de desahucio a manos de la Iglesia

Tras meses de intentos infructuosos de negociación, el Sindicato de Inquilinas ha celebrado en la mañana de este viernes la mejor de las noticias: Mariano Ordaz, vecino de la calle Carnero nº1 (Embajadores), se queda finalmente en la vivienda donde lleva residiendo desde hace 67 años tras paralizarse el que constituye su cuarto intento de desahucio. El pulso librado entre las activistas por la vivienda y la Venerable Orden Tercera (VOT), propietaria del inmueble, para defender el derecho del inquilino ha sido arduo. Desde el primer momento mostraron su negativa a ofrecerle un contrato estable de alquiler asequible que resultara compatible con la pensión que actualmente cobra.

Tampoco dieron su brazo a torcer, pese a su imagen de entidad caritativa y solidaria, ante su situación de vulnerabilidad certificada y reconocida incluso por instancias judiciales. “El juez mismo ha reconocido la vulnerabilidad de Mariano en su auto, pero opina que ya han sido demasiados años en los que se ha sostenido esta moratoria. Es decir, se posiciona con la VOT”, deslizan desde el Sindicato. El último intento de lanzamiento se había producido dos semanas atrás, cuando la movilización vecinal y la abultada presencia mediática permitió ganar una tímida prórroga.

Tiempo atrás, concretamente durante la pandemia, comenzó el periplo que se ha ido dilatando hasta el día de hoy debido a que entró en situación de impago forzoso. Al perder su empleo y a raíz de continuadas subidas abusivas de la renta mensual, incurrió en una deuda elevada con la VOT, aunque trató por todos los medios posibles pactar una devolución de la misma. Ello condujo a varios intentos de desahucio, el primero –por extinción de contrato– en 2022, y posteriormente otro en 2024, hasta que hoy finalmente la paralización se produce sin nueva fecha anunciada.

“El desahucio parado de Mariano demuestra que la organización sindical y vecinal funciona. Que los hogares en riesgo, ya sea por desahucio o por la finalización de contratos, no están solas, sino que hay un sindicato de inquilinas y un tejido social fuerte y engranado que va a seguir luchando contra el rentismo y su avaricia”, han festejado esta mañana. Quedan todavía, no obstante, muchas incógnitas sobre el porvenir del caso, como la resolución en torno al contrato social que pretende firmar o si la orden accederá a reparar los graves problemas de infraestructura que aquejan al piso, fruto de la dejación sistemática de funciones por parte de la propiedad en los últimos años. Ahora que la paralización se ha realizado sin fecha la orden dispone de tiempo para solventar estas reformas urgentes.

Al negarse a reparar los desperfectos, la orden religiosa pretendía forzar la expulsión “voluntaria” de Mariano y vaciar así el piso, una habitual técnica de acoso inmobiliario para ejecutar desahucios invisibles

“Esos mismos desperfectos son consecuencia directa de la negligencia de la orden al negarse a reparar ni renovar las estructuras, el deterioro del inmueble es consecuencia directa de años de abandono y dejadez”, indican los miembros del Sindicato de Inquilinas. El inmueble presenta, aseguran las activistas, importantes humedades y un deterioro progresivo que ha dejado inutilizables tanto el baño como la cocina hasta poner en peligro la propia vida del inquilino tras un derrumbe. Al negarse a reparar los desperfectos, la orden religiosa pretendía forzar la expulsión “voluntaria” de Mariano y vaciar así el piso, una habitual técnica de acoso inmobiliario para ejecutar desahucios invisibles que en este caso se ha topado con su firme voluntad de resistencia.

El troceo del escudo social pone en riesgo a miles de familias

El de Mariano es un caso de miles en los que vecinos trabajadores con economías precarias tratan de resistir en un sistema que prioriza la rentabilidad frente a la vida, donde los barrios sufren un proceso creciente de sustitución poblacional que sigue sin regularse. Frente al relato enarbolado por la ultraderecha sobre los “inquiokupas” que deciden “vivir a costa de los caseros” lo que prolifera son historias como la suya, las de personas vulnerables que insisten para pagar rentas justas, firmar contratos y permanecer en los hogares que les han visto nacer.

Sin embargo, las últimas medidas del Gobierno estatal en materia de vivienda reman en sentido opuesto a esto último. Sin ir más lejos, el reciente troceo del escudo social para su aprobación parcial en el Congreso y el fin de la moratoria antidesahucios ponen en riesgo inminente de desahucio a más de 66.000 inquilinos cuyos contratos finalizan este 2026, en su mayoría familias con escasos recursos. Todo ello sin contar los miles de desahucios invisibles que se producen a diario cuando los caseros rechazan renovar contratos o imponen subidas tan abusivas que fuerzan la salida de los inquilinos, expulsados en muchos casos también de sus barrios debido al auge descontrolado de los precios.

“Una de las medidas de choque que se podrían tomar ya mismo y que estamos reclamando sería tanto restaurar la moratoria que se tumbó como la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler”

La moratoria ya durante su tiempo de vida tan solo había logrado evitar uno de cada cuatro desahucios de hogares vulnerables (entre 2020 y 2025), pero ahora el Sindicato de Inquilinas alerta de la enorme desprotección que asola a miles de vecinas. Por eso, desde esta organización que ha acuerpado a Mariano desde los inicios de su odisea con la VOT, tienen claras sus demandas: “Una de las medidas de choque que se podrían tomar ya mismo y que estamos reclamando sería tanto restaurar la moratoria que se tumbó como la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler. Los contratos de alquiler que actualmente duran entre 5 y 7 años, pero se estima una prórroga de 3 años que se contempla según la LAU. Esto no debería quedar en manos de la solidaridad de los caseros, que ya hemos visto que no funciona, sino que deberían ahora mismo de prorrogarse automáticamente”, ha declarado en las puertas de la vivienda este viernes Alicia del Río, portavoz del Sindicato.

El movimiento de vivienda demanda intervención estatal y contratos dignos

Tal y como ha insistido Del Río, poco antes de conocerse la resolución judicial, es preciso intervenir el mercado de los alquileres para evitar la multiplicación de las compras con fines especulativos. “Se pueden recuperar también todas las viviendas en manos de los fondos buitre que están vendiendo vivienda que fue pública, que la hemos pagado todos. Por ejemplo, Néstor y Blackstone que están vendiendo ahora vivienda pública. Este sistema rentista está destrozando la vida. Nos impide tener vidas estables, tener arraigo y tener dignidad”, alega en relación a otras luchas contra grandes propietarios que están librándose actualmente en la organización contra estos grandes fondos de inversión.

La Venerable Orden Tercera, vinculada a la Iglesia Católica atesora un parque inmobiliario compuesto por más de 100 inmuebles “y en todos intenta activar este ciclo de especulación”, advierten desde el Sindicato de Inquilinas

En la práctica, y como se ha evidenciado en los últimos años, la VOT ha actuado siguiendo los mismos procedimientos que emplean estos tenedores inmobiliarios de vivienda. En Madrid, esta entidad vinculada a la Iglesia Católica atesora un parque inmobiliario compuesto por más de 100 inmuebles “y en todos intenta activar este ciclo de especulación”. Su patrimonio lo constituyen tanto viviendas como varios centros sanitarios de carácter privado, entre ellos el Hospital VOT San Francisco de Asís, que administra en el centro de la ciudad.

“Hacen básicamente todo lo contrario a lo que uno podría esperar de San Francisco de Asís, que es supuestamente su referente”, añade del Río. “No estamos hablando de una pequeña propietaria vulnerable, la VOT tiene recursos de sobra para garantizar alquileres asequibles y mantener sus edificios en condiciones dignas. Lo que falta es voluntad política y social”, deslizan desde el portal web del Sindicato.