Ley de Memoria Histórica
La Ley de Memoria Democrática que llega al Congreso para su aprobación y que no termina de convencer

Después de la aprobación del proyecto de ley por la comisión constitucional, las claves del texto entran a debate en el Congreso y en la calle. Con 19 votos a favor, la abstención de ERC y los votos en contra del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, la Ley de Memoria Democrática prevé hoy su llegada al Pleno del Congreso tras la inclusión de las enmiendas del PNV, PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

Las claves del texto

Entre los principales avances de la ley destacan la creación de un censo de víctimas, la elaboración de un mapa de fosas o la creación de un banco estatal de ADN. También la inclusión de la figura de la mujer en su lucha contra el franquismo para reconocer “el papel activo de las mujeres en la vida intelectual y política, en la promoción, avance y defensa de los valores democráticos y los derechos fundamentales”. Las grandes olvidadas de la historia que fueron triplemente castigadas por ser mujeres, republicanas y políticamente activas.

Otro progreso de la norma es la modificación de la ley franquista 9/1968 sobre Secretos Oficiales que tiene por objeto “garantizar el derecho de acceso a la información pública de todos los archivos pertenecientes a la Administración General del Estado, y especialmente los referidos a la Guerra de España y la dictadura”. Aunque en este punto, como en tantos otros, la ley continúa sin hacer mención a la Iglesia, institución que custodia documentos que podrían ser clave para la investigación de muchos de los crímenes cometidos, así como para la trama de bebés robados iniciada durante el franquismo y de la que este órgano fue cómplice.

El ámbito de su aplicación además se extenderá hasta 1983, un período democrático y constitucional con Felipe González en la presidencia del primer gobierno socialista

La norma resignificará el Valle de los Caídos y condenará el golpe de Estado de 1936, así como la dictadura de Franco. El ámbito de su aplicación además se extenderá hasta 1983, un período democrático y constitucional con Felipe González en la presidencia del primer gobierno socialista. Para ello se creará una “comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos” que deberá examinar el proceso que va desde “la entrada en vigor de la Constitución del 1978 y el 31 de diciembre de 1983”. Si bien, las víctimas de este nuevo periodo no serán consideradas como víctimas del franquismo y sus denuncias por tortura, asesinato y desaparición forzada tras la muerte del dictador no serán investigadas sino “estudiadas”.

La enmienda en cuestión ha sido polémica, especialmente entre los grupos de la derecha, desde el Partido Popular a Ciudadanos pasando por Vox, quienes la consideran como una “revisión de la historia”. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha declarado que la ampliación de la ley hasta 1983 “traspasa cualquier límite moral”, lo cual le parece “repugnante” y “asqueroso”. El representante del grupo naranja considera que los crímenes cometidos tras la dictadura franquista no deberían contemplarse, aun teniendo en cuenta que las raíces de la democracia se construyeron sobre el aparato represor del franquismo y que miembros de la Brigada Político Social ocuparon altos cargos policiales durante el periodo de transición y la entrada en democracia, así como durante el mandato de Felipe González.

La ley nace rodeada de polémica tras las negativas del gobierno a la derogación de la Ley de Amnistía

La investigación de los crímenes del franquismo

La ley, que sustituirá a la actual de Memoria Histórica de 2007, nace rodeada de polémica tras las negativas del gobierno en coalición de PSOE y Unidas Podemos a la derogación de la Ley de Amnistía, aprobada en 1977 y que, según la jurisprudencia española, impide investigar los crímenes del franquismo.

En el año 2008, el Juez Baltasar Garzón se enfrentó a una posible inhabilitación cuando, en el ejercicio de sus funciones, aceptó investigar las más de 110.000 desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. El Supremo entonces consideró las denuncias de víctimas y familiares, investigadas por Garzón, como hechos “ya prescritos”, por lo que estimó que la labor del, ahora ex- juez, era “inadmisible”. Una decisión judicial en la línea de la negativa de España a ratificar la convención de la ONU sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad de 1968.

Emilio Silva apela a la sensibilidad por los derechos humanos ante la “insuficiente” Ley de Memoria Democrática

Ainoha J. Vilató

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Memoria histórica

Anteproyecto de Ley Emilio Silva apela a la sensibilidad por los derechos humanos ante la “insuficiente” Ley de Memoria Democrática

Ainoha J. Vilató

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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado en el Congreso de los Diputados diez enmiendas a la Ley de Memoria Democrática “acordes al dolor que sufrió este país desde el golpe de Estado de 1936”.

Memoria histórica Exposición efímera sobre las fosas del franquismo frente al Congreso

Aunque la Ley de Amnistía no impide investigar los crímenes del franquismo, la no ratificación de la convención de la ONU sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad supone una traba en el curso de las posibles pesquisas judiciales, como ya ratificó un juzgado de Valencia al archivar la querella por torturas contra el policía de la Brigada Político Social, Benjamín Solsona.

Es así como la única causa abierta en el mundo contra estas desapariciones forzadas, entre otros crímenes, se encuentra a 11.000 kilómetros de su origen. La querella argentina, impulsada en 2010 por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), llevó a familiares y víctimas ante la jurisdicción internacional en busca de justicia.

Hasta el momento, María Servini de Cubría, la jueza que trabaja en la causa, ha conseguido, entre otros, procesar al exministro de gobernación Martín Villa por crímenes de lesa humanidad. También pidió la extradición a Argentina del expolicía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, acusado de un delito continuado de torturas, pero España se la denegó.

La justicia argentina mantiene imputado a Martín Villa y reclama información sobre la policía y extrema derecha en la transición

Ter García

Crímenes del franquismo

Crímenes del franquismo La justicia argentina mantiene imputado a Martín Villa y reclama información sobre la policía y extrema derecha en la transición

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La juez María Servini ordena nuevas diligencias de investigación para probar la responsabilidad del exministro franquista el mismo día que el Congreso rechaza la toma en consideración de una reforma del Código Penal que facilite la investigación de los crímenes del franquismo.

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Ahora, el mismo sistema que apreció un posible delito de torturas en las actuaciones policiales de Billy el Niño, pero se negó a su extradición, investigará estos casos. Para los colectivos de familiares y víctimas es “insuficiente”. El presidente de la ARMH, Emilio Silva, tiene la certeza de que el Fiscal de Sala que la ley contempla para la investigación de estos crímenes está pensado para depurar responsabilidades y obligar a la justicia argentina a archivar la querella al considerar que los crímenes del franquismo ya están siendo juzgados en España. “Hay que tener en cuenta que la querella argentina se sostiene sobre el hecho de que estos crímenes no se investigan en España”, ha resaltado Silva.

Para el presidente de la ARMH, si hubiera una verdadera intención en juzgar los crímenes del franquismo, se harían tres cosas: la derogación total o parcial de la Ley de Amnistía, la ratificación de España sobre la convención de la ONU para la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la judicialización de las fosas.

En la misma línea se expresan los colectivos de Memoria Histórica y de víctimas del franquismo que, tras el encuentro estatal de la semana pasada, han emitido un comunicado. En el escrito indican que sin la derogación parcial o total de la Ley de Amnistía o la aplicación de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad antes del 2004, “no se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva a las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura y la Transición”.

En el año 2004 España introdujo la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad en el Código Penal. Desde entonces, en su intento por blindar los crímenes de la dictadura, la transición y los primeros años de democracia, la interpretación de la ley en el Tribunal Supremo y el Constitucional ha determinado que en España no hay crímenes contra la humanidad anteriores a esa fecha. Según el principio de seguridad jurídica, las leyes no son retroactivas y, por tanto, únicamente pueden regular hechos posteriores. Los crímenes contra la humanidad, por el contrario, no entienden de temporalidad y, según el derecho internacional humanitario, el derecho internacional sobre derechos humanos y tratados internacionales, algunos ratificados por España, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Para Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, el aparato judicial “continúa incumpliendo el derecho internacional”.

Asimismo, y ante la interpretación que la justicia española hace de la justicia internacional, los colectivos de Memoria Histórica y de víctimas del franquismo se preguntan ahora si las denuncias y querellas presentadas por las víctimas tendrán viabilidad procesal o si se podrá investigar y enjuiciar los crímenes de la dictadura.

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ya advirtió, tras conocer el proyecto de ley en noviembre de 2021, que la revisión de la Ley de Amnistía era “humo”, y que no se iba a hacer nada por investigar los crímenes

Esquerra Republicana, muy crítico al respecto, ya advirtió en 2007 sobre la debilidad de las políticas públicas de memoria. Con la nueva Ley de Memoria Democrática sobre la mesa el partido de izquierdas vuelve a cuestionarla. Entre las enmiendas presentadas por el grupo independentista catalán, regresa la petición sobre la derogación de la Ley de Amnistía para “acabar con la impunidad del franquismo”. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ya advirtió, tras conocer el proyecto de ley en noviembre de 2021, que la revisión de la Ley de Amnistía era “humo”, y que no se iba a hacer nada por investigar los crímenes. Entre las actuales propuestas del partido también incluyen una mención a las empresas públicas y privadas que se beneficiaron del trabajo forzado de las republicanas y republicanos, para las que ERC pide reconocimiento y reparación. 

Reparación económica

El proyecto actual de ley declarará ilegal los tribunales franquistas y anulará las sentencias represivas. “Aunque sin consecuencias jurídicas”, advierten desde la Coordinadora d´Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià (CAMDE-PV), cuyo presidente, Ángel González, ha destacado que “la anulación de una sentencia represiva no puede dejar de tener consecuencias jurídicas, así como su derecho a una reparación íntegra, también a nivel económico”. Sin embargo, la nulidad de las sentencias no conllevará la responsabilidad patrimonial del Estado, como refleja el artículo 5.4 de la ley. “Lo cual indica que se pretende una anulación técnica y relativa”, han apuntado al respecto en el comunicado emitido tras el encuentro estatal de colectivos memorialistas.

En tal sentido se ha pronunciado también la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, quien exige una actuación de oficio por parte del Estado tras la nulidad de las sentencias para que las familias recuperen los bienes incautados, así como la devolución del importe actualizado de las sanciones, seguida de una rehabilitación pública.

La nueva Ley de Memoria Democrática continuará sin judicializar las fosas comunes y la responsabilidad del Estado quedará reducida al ámbito económico

Fosas de la Guerra Civil y el franquismo

Por primera vez se asumirá “como política de Estado la legítima demanda de los ciudadanos y ciudadanas que ignoran el paradero de sus familiares, la mayoría en fosas comunes, para que puedan darles digna sepultura, poniendo fin a la existencia de miles de desaparecidos en España”. De esta forma, “el Estado asume la responsabilidad en los procesos de exhumaciones”, a través del cual, aseguran, conseguirán resolver los problemas derivados en materia de “coordinación y metodología”. Este apartado de la ley, aclaran, se basa en las recomendaciones reflejadas en los informes derivados de las dos visitas que distintas comisiones de las Naciones Unidas hicieron a España en el año 2014. Las visitas estuvieron compuestas por el Grupo de Trabajo en Desapariciones Forzadas y el Relator especial para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Este último indicó en la memoria de su visita que en los casos de desaparición forzada “los plazos de prescripción deben contar a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida o se encuentran sus restos”. Esta y otras observaciones hacen referencia a la importancia de una “verdad oficial”, así como al reclamo de las autoridades judiciales ante el descubrimiento de una fosa. Sin embargo, y a pesar de las distintas observaciones, la nueva Ley de Memoria Democrática continuará sin judicializar las fosas comunes y la responsabilidad del Estado quedará reducida al ámbito económico.

Por un lado, desde la ARMH se ha instado a la creación de un organismo público que “atienda a los familiares de los desaparecidos, los cuide, investigue, busque a los desaparecidos, los identifique y recoja pruebas que se conviertan en denuncias ante los órganos judiciales”.  Por otro, la Federación Estatal de Foros por la Memoria, no entienden la dejadez de la justicia frente a la obligación de un procedimiento judicial ante la aparición de restos óseos con signos de violencia. Su presidente, Arturo Peinado, opina que el Estado además de reconocer su responsabilidad económica, debe reconocer también la judicial, “porque estamos hablando de crímenes contra la humanidad, de asesinatos”.

El conjunto de la ley no ha terminado de convencer a los colectivos, aunque todavía se desconoce el contenido final del texto. Sin embargo, es poco probable que la norma mejore en los aspectos judiciales, de responsabilidad y reparación efectiva, más allá de lo conocido hasta ahora a pesar de que estas cuestiones son algunas de las más exigidas por las agrupaciones para la recuperación de la Memoria Histórica, así como por las asociaciones de familiares y víctimas a lo largo de muchos años.

Arturo Peinado ha repasado algunos aspectos del texto sobre los que sorprende la indeterminación con la que se recogen en la ley, como la investigación de los crímenes, el censo de víctimas, el banco de ADN o la exhumación de fosas comunes. Determina que, a pesar de que en esta ocasión la norma sí cuenta con un régimen sancionador y, como consecuencia, existe una mayor obligación de cumplimiento hacia ciertos aspectos, como la eliminación de simbología franquista y calles, hay otros tantos que carecen de “concreción y aplicación”. “Se abre un amplio desarrollo a futuras políticas de memoria, pero que sin presupuesto quedarían anuladas”.

En una primera valoración, en dependencia de lo que se acabe votando en el Senado, la CAMDE-PV, ha hecho una evaluación “positiva” aunque crítica. “Apoyamos la ley, pero con un soporte crítico, especialmente en materia judicial”, ha concluido su presidente, Ángel González.

Mientras tanto, la Asociación 11M Afectados Terrorismo ha pedido que cese el uso partidario de las víctimas. En un comunicado emitido hace dos días la agrupación ha mostrado su disconformidad con el uso que se ha hecho de su condición de víctima para criticar y desproteger a las, también víctimas, del franquismo. El escrito deja clara su postura y apuntan a que “las víctimas de las que se ocupa el Proyecto de Ley de Memoria Democrática tienen derecho, como cualquier otra víctima, a ser reconocidas, reparadas, y ver satisfechos sus anhelos de justicia en el Estado de Derecho”. Por tanto, piden que “no utilicen a las víctimas del terrorismo para poner freno a los derechos de otras víctimas. Opónganse a ese Proyecto de Ley con argumentos políticos distintos, si los tienen. No conviertan a las víctimas del terrorismo una vez más en herramienta partidista porque no solo no las beneficia, sino que las debilita”, ha concluido el mensaje.