Laboral
La sentencia del Supremo sobre la fijeza de los interinos deja a miles de trabajadores sin respuesta

Miles de interinos esperaban la resolución del Tribunal Supremo que fija doctrina en los casos de exceso de temporalidad, un tema que desde Europa ya han sancionado a España por no estar tomando las medidas necesarias para acabar con este problema. En concreto, el dictamen del Alto Tribunal consolida que la fijeza automática solo deben alcanzarla las personas que hayan aprobado una oposición pero no hayan logrado la plaza fija. Esto ocurre en procesos de la administración pública (estatal, autonómica o local) de plazas públicas donde los que aprueban son muchos más que las plazas que se ofertan y pasan a la bolsa de empleo para cubrir temporalmente estos puestos. 

Muchas de estas personas ya habían abierto procesos legales de demanda, ya sea exigiendo la plaza fija o una indemnización a la que también tendrían derecho según Europa y según la sentencia del Supremo, que se ha conocido esta semana. Aunque no existen datos concretos de personas en esta situación, se sabe que hay en torno a unas 40.000 demandas según los sindicatos. Esta sentencia afectaría a muchas más pero dejaría fuera a otras miles, ya que se daba por hecho que en los procesos de consolidación se incluían a personas que llevaban trabajando en estas plazas sin haber pasado por el proceso de la oposición. Muchas de ellas ejerciendo en Educación o Sanidad durante más de 25 años. 

En concreto, la sentencia del Supremo firmada a día de l 11 de mayo responde a la petición de una trabajadora del Ayuntamiento de Madrid que estaba justo en esta situación: oposición aprobada pero sin plaza y con numerosos contratos de interinidad en su haber. La sentencia dice que solo en el caso de haber aprobado una oposición tendría derecho a plaza fija ya que si se hiciera sin superar esta prueba iría en contra del principio de igualación de la Constitución pero acepta que hay abuso de temporalidad si se encadenan contratos temporales después. “No resulta contra legem [contra ley] la conversión de ese contrato en una relación laboral fija porque esa persona ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad y la ulterior vulneración de la Cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, que evidencia una necesidad estructural de trabajadores, obliga a dicha conversión”, dice la sentencia. 

Esto va en linea del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, llamado caso ‘Obadal’, asunto C-418/24, que respondía a la petición de amparo de tres trabajadoras de empresas públicas en Madrid que acumulaban hasta 30 años de contratos temporales. En este caso, la sentencia del TJUE no tenía obligación de aplicarse en España, pero sí la del Supremo que se acaba de conocer. Aún así, deja en duda el futuro de miles de profesionales que estarían en ese abuso de temporalidad: un 32% de las plazas públicas de media en España, que corresponden, según el ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, mayormente a la Sanidad o Educación (superior al 40% y de competencias de las comunidades autónomas), frente al 4% de la administración central. 

El sindicato UGT aseguran que “supone un significativo cambio jurisprudencial frente a la temporalidad estructural”

Desde UGT, sindicato que presentó el caso en el TJUE, aseguran que “supone un significativo cambio jurisprudencial frente a la temporalidad estructural” y aplauden que la sentencia del Supremo “confirme la necesidad de abordar reformas en el empleo público para evitar que estas situaciones vuelvan a reproducirse”. Destacan también que el dictamen del Alto Tribunal español introduce novedades en las indemnizaciones: “Diferencia entre la indemnización derivada de la extinción de la relación laboral, la indemnización específica por abuso de temporalidad y la posible sanción administrativa, todas ellas compatibles entre sí”, lo que deja la puerta abierta a un aumento de las demandas contra la administración por abuso de temporalidad. 

Por su parte, CCOO se muestra más cauto al no conocer la totalidad de la sentencia. Pese a eso, explica los casos a los que afecta pero recuerda que “la sentencia no afecta al personal funcionario interino, cuyo régimen jurídico es distinto y queda al margen de lo aquí expuesto”, generando más dudas aún sobre el futuro de miles de personas. “CCOO seguirá reivindicando estabilidad en el empleo, compensación al abuso o fraude en la contratación, y responsabilidad y sanciones ejemplares a las Administraciones Públicas que incumplan”, insisten al preguntar desde este medio. 

Para acabar con esta incertidumbre, UGT Servicios Públicos fija en cuatro puntos los pasos que deberían dar los distintos gobiernos para acabar con el abuso de temporalidad: la eliminación de la tasa de reposición de efectivos, que se viene arrastrando desde la crisis de 2008 y el ajuste de presupuestos; la agilización de las convocatorias para cubrir las plazas fijas, cuyos plazos se pueden alargar años; una mejor planificación de las necesidades estructurales de los diferentes servicios públicos; y optimizar los procesos de selección “que garanticen plenamente los principios de igualdad, mérito y capacidad, y permitan una cobertura más eficiente de las necesidades permanentes de personal”. 

La experiencia en comunidades como Madrid o Andalucía de los procesos de estabilización de estos interinos que llevan años en abuso de temporalidad han recibido numerosas quejas por parte de los trabajadores y trabajadoras. En el caso de los no docentes en la educación madrileña, el pasado año hubo decenas de denuncias por irregularidades en el proceso, confirmación de plaza a personas con cero puntos o por dejar fuera a figuras como enfermeras escolares u otros perfiles con más de 25 años de experiencia. Algo que también ha pasado en Canarias y que en Andalucía denuncian por faltar, precisamente, a ese proceso de estabilización para más de 28.000 docentes.