Administración Pública
El personal público denuncia ante el Congreso el abuso de temporalidad

Desde profesores, bomberos a sanitarios o administrativos. El personal público lleva años denunciando abuso de temporalidad, es decir, que sus plazas definitivas no llegan y están como interinos hasta décadas sin que salga un concurso público de oposición. Además de la incertidumbre que esto genera, las casi 70 organizaciones, plataformas y sindicatos que hoy se han congregado en el Congreso para denunciar esta realidad, recuerdan que la Unión Europea ya está sancionando a España por no resolver la excesiva temporalidad, según la Directiva 1999/70/CE. 

Una denuncia que parecía que estaba cerca de resolverse hace un año, cuando desde la Administración general, las comunidades autónomas o los ayuntamientos se volcaron en resolver las plazas por determinar y hacer procesos de estabilización antes del 31 de diciembre de 2024, fecha tope impuesta por la Unión Europea. El problema vino cuando, según los sindicatos, estos procesos de estabilización se convirtieron en oposiciones de libre acceso en muchos casos o no se convocaban todas las plazas pendientes que había. 

Por eso, un año después, salen a la calle para exigir al Ejecutivo central que tome medidas.  La plataforma de Afectados por la Función Pública, las asociaciones ANSITI, PILTEX y AICAFP, y los sindicatos FETAP-CGT, Co.bas, STEPA, STEM, y SAP-CGT, han llenado los alrededores de la Cámara Baja con pancartas y manifestantes coincidiendo con una sesión plenaria en el Congreso y con reuniones con representantes de los grupos parlamentarios. Además, estas concentraciones, son dos días antes de el Abogado General de la Unión Europea emita un Informe el próximo día 9 acerca de una cuestión remitida por el Tribunal Supremo español. Este informe será decisivo para la postura que adopte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que puede conllevar nuevas sanciones contra España. 

“La ambivalencia del Gobierno de Pedro Sánchez sobre esta cuestión está llevando a la desesperación a miles de familias”, reivindican los convocantes que recuerdan que “la reivindicación central de esta movilización reclama la tramitación inmediata de la Ley de Función Pública, u otra Ley específica, donde se incluya una solución que sirva tanto para el personal abusado en activo, como para recuperar a las miles de personas cesadas injustamente tras décadas de servicio público”. 

Desde el Área Pública de CCOO aseguran que “ante unas conclusiones muy posiblemente demoledoras para España por parte del Abogado General y por la posterior sentencia para 2026, el Gobierno central parece haber entrado en pánico, publicitando —sin ni siquiera convocar a los sindicatos— una reforma del TREBEP que prácticamente culpa al personal interino, en fraude de ley o no, del fracaso de las distintas administraciones públicas (central, autonómica y local) a la hora de reducir las altas tasas de temporalidad en el empleo público”. 

Seis recursos del sindicato CGT en el tribunal europeo

En esta semana tan decisiva para la estabilización del personal público se ha conocido que el Tribunal General de la Unión Europea ha registrado oficialmente los seis recursos de omisión interpuestos por la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Publicas (FETAP), entidad del sindicato CGT, contra la Comisión Europea. Así, “se consolida una ofensiva judicial inédita en Europa contra la pasividad de la Comisión Europea frente al abuso de temporalidad en el empleo público español”, ha explicado la central sindical. 

FETAP-CGT recuerda que estos recursos se basan en el artículo 265 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y reclama que la Comisión cumpla con su obligación de aplicar la Directiva 1999/70/CE y actúe ante el incumplimiento sistemático del Estado español. “Ambos hechos, la admisión de los recursos europeos y la movilización estatal, forman parte de una misma lucha: poner fin a décadas de precariedad estructural, exigir que se cumpla la normativa europea y que se repare el daño sufrido por miles de personas al servicio de las administraciones públicas”, comentan desde la entidad. 

La falta de estabilización ha generado muchos problemas entre los docentes y otros empleados en la Educación madrileña o entre el profesorado interino de Canarias, entre otros

El problema de la temporalidad en la Administración tiene muchas décadas de historia, provocando la generación de trabajadores públicos “de segunda”, eternos temporales y sin poder mejorar los servicios públicos por la falta de estabilización. Algo que ha generado muchos problemas entre los docentes y otros empleados en la Educación madrileña o entre el profesorado interino de Canarias, donde hay personas que llevan 20 años o más ejerciendo en la Administración pública sin tener opción de afianzar su situación laboral con oposiciones. Lo que ha provocado incluso una convocatoria de huelga en Andalucía. 

“La pasividad del Gobierno, unida al incumplimiento sistemático por parte de los tribunales españoles de la normativa europea, que es de obligado cumplimiento y de aplicación directa al no haberse traspuesto al ordenamiento español la Directiva mencionada, han agravado este problema”, denuncian desde CGT. 

Desde CCOO, exigen al Gobierno central “que recapacite sobre posibles decisiones irreflexivas que solo pueden provocar mayor conflictividad social, que yerran sobre el sujeto culpable del mantenimiento de las altas tasas de temporalidad en el empleo público y que solo provocarán más empleo precario”. A su vez, este sindicato exige a las “administraciones autonómicas y locales que cumplan con la ley para dar estabilidad a las plantillas”. “Hay que acabar con las altas tasas de temporalidad, no esconderlas debajo de la alfombra. Tienen que dar soluciones, no empeorar la situación”, recuerdan.