Laboral
La odisea sindical de los teleoperadores de Concentrix: despidos, sanciones y boicot de elecciones

Despidos disciplinarios injustificados antes de las elecciones sindicales, ERE continuos en los que los empleados pugnan por salir de la empresa y congelación o bajada de sueldos mientras los beneficios de la compañía aumentan. Esas son las principales denuncias que el sindicato Fuerza Independiente y Sindical de Trabajadores (FIST) realiza sobre Concentrix, una empresa con diversas sedes en el país que congrega a unos 5.000 teleoperadores. Ahora, pugnan en los tribunales para revertir estas decisiones que, según advierten, están encaminadas a menoscabar el poder de la plantilla ante las acometidas de la dirección.

Miguel Ángel Bachs llegó a la compañía en septiembre de 2016. Cansado de la inacción, tal y como la denomina, de los sindicatos mayoritarios, junto a varios compañeros decidió fundar la FIST, central formada al completo por teleoperadores. “La represión sindical se materializa en sanciones, despidos, boicot activo de las elecciones sindicales y hasta demandas por huelga ilegal en las que nos piden miles de euros tras acusaciones de daños y perjuicios”, ilustra este gestor telefónico afincado en Barcelona.

De una lista de 17 candidatos, Concentrix despidió finalmente a ocho. Por no tener candidatos suficientes, el sindicato FIST no se pudo presentar a los comicios

Desde su punto de vista, uno de los puntos culminantes a esta represión sindical sucedió a principios de este año, en Málaga, donde se agrupan más de 500 trabajadores. “Allí nunca había habido representación, así que decidimos convocar elecciones. Pocos días después de que Concentrix lo supiera, empezaron los despidos disciplinarios contra nuestros afiliados”, relata Bachs. De una lista de 17 candidatos, Concentrix despidió finalmente a ocho. Por no tener candidatos suficientes no se pudieron presentar a los comicios, que se celebraron con una lista única firmada por Fetico, que ganó. Los despidos de los ocho trabajadores fueron denunciados y todavía no se conoce el fallo de la justicia.

Entretanto, un día de febrero todos las mesas de trabajo de la sede de Málaga aparecieron con una copia de un comunicado que nadie rubricaba. “Nos acusaban de querer cerrar la empresa y de tener en el sindicato a personas despedidas por acoso sexual, unas burradas que son mentira”, añade el fundador de la FIST. Quien llevó a cabo esta acción lo tuvo que hacer con la complacencia de la dirección. “Lo hizo fuera de servicio, antes de que llegara la plantilla al centro de trabajo, además de que tenemos prohibido hacer este tipo de publicidad. Aun tenemos pendiente denunciarlo”, añade el sindicalista.

Despidos continuos de sindicalistas

Joaquim de Jesus fue una de estas ocho personas despedidas. El 19 de febrero de este año fue sancionado con una falta muy grave y despedido por la vía disciplinaria. Le acusaron de una supuesta comisión de fraude que el próximo noviembre se dirimirá en los tribunales, a donde el antiguo empleado acudirá con testigos que corroborarán su versión de los hechos. Él trabajaba para el mercado francés y se encontró con el despido y ninguna prueba que certificara que lo esgrimido por Concentrix era verdad.

“La empresa sabía muy bien que yo era el instigador de las elecciones sindicales en Málaga. Incluso después de ser despedidos, intentaron que no se celebraran”, afirma. La situación era tan tensa que la FIST tuvo que llamar a la policía en una de las reuniones que celebraron con la patronal, ya que Concentrix no dejó que De Jesus participara en las mismas, a pesar de que acudía por parte del sindicato y no como empleado. Desde Concentrix no han respondido a las preguntas planteadas por este medio, ni sobre este asunto en concreto ni sobre cualquier otra denuncia del sindicato.

“He estado fuera de la empresa cuatro años por un despido ilegal que siempre fue improcedente. Yo elegí la reincorporación”, explica Miguel Ángel Bachs

Bachs también fue despedido por realizar su actividad sindical, explica él mismo. Tras acumular varias faltas por intentar contactar con sus compañeros, la empresa prescindió de él después de que enviara un correo electrónico con “un comentario jocoso”, tal y como lo denomina, hacia un representante de otro sindicato con el que guarda una clara animadversión. 

Ese despido de 2020 fue ratificado en primera instancia por los tribunales, aunque anulado después por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. El recurso de casación que Concentrix presentó ante el Tribunal Supremo ha sido rechazado. “He estado fuera de la empresa cuatro años por un despido ilegal que siempre fue improcedente. Yo elegí la reincorporación y el abono de todos los salarios que había dejado de cobrar”, detalla.

Sanciones y despidos injustificados

Raffaele D’Alisa lleva seis años en la compañía trabajando como teleoperador. Vive y trabaja desde Mallorca, aunque depende del centro de trabajo de Valencia. La represión sindical según este empleado se basa en sanciones hacia los delegados que intentan contactar con la plantilla para interesarse por su situación: “No puedo escribir a ninguno de mis compañeros si ellos no me contactan primero. Por hacerlo ya he sido sancionado dos veces. Que la mayoría teletrabajemos también dificulta mucho la organización”.  

De hecho, el despido de D’Alisa está encima de la mesa por haber dicho en una reunión con la empresa que las elecciones de Málaga habían sido falseadas y haber publicado las actas de las negociaciones. Eso le granjeó la apertura de un expediente disciplinario y la imposición de una falta muy grave. 

Desde FIST también impugnaron el último ERE que se cerró este junio con 122 bajas voluntarias. “La gente está tan mal que prefiere irse de la empresa en cuanto puede”, remarca el delegado sindical de Valencia. Entre 2024 y 2025, Concentrix ha realizado cuatro despidos colectivos “sin causas objetivas claras, y afectando incluso a personas de baja médica o con reducción de jornada”, tal y como señalan desde FIST.

“A raíz del despido improcedente entré en depresión y todavía sigo con medicación”, explica la extrabajadora Sara Campos

Sin embargo, los despidos disciplinarios no solo afectan a los delegados sindicales. Sara Campos trabajó para Concentrix hasta febrero de 2024. Sin antecedentes de faltas ni avisos, la compañía la echó a la calle pocas semanas después de anunciarse el primer ERE de ese año. “Dijeron que yo y otros tantos habíamos faltado el respeto a nuestros superiores, pero eso es mentira, lo hizo solo uno de nuestros compañeros y aprovecharon para enviarnos la misma carta a todos”, subraya esta antigua empleada de Concentrix.

Junto a la FIST, Campos denunció el despido y lo ganó en los tribunales. De disciplinario pasó a ser considerado improcedente, con la indemnización económica que eso conlleva. De todas formas, el camino había sido demasiado arduo: “A raíz del despido entré en depresión y todavía sigo con medicación”.

Mayores ganancias, precarización de la plantilla

D’Alisa recuerda los cambios que Concentrix ha sufrido a lo largo de los años, desde que fuera fundada con capital español con el nombre de Sellbytel hasta la actual Concentrix, una marca estadounidense, tras estar en manos de Webhelp, una empresa europea. Concentrix figura en el puesto 426 del ranking Fortune 500. 

Asimismo, expone que, aunque las ganancias de la compañía no han dejado de aumentar, los suelos están congelados o han bajado, han recortado variables y han creado un clima de miedo auspiciado por una precarización sin pausa. Para intentar revertir esta realidad, FIST convocó una huelga a nivel estatal en la empresa a comienzos de 2024 que se prolongó hasta abril. El bajo seguimiento del paro no fue óbice para que Concentrix la denunciara como ilegal y llegara a pedir una reclamación inicial por indemnización de 40.000 euros contra los miembros del comité de huelga por daños y perjuicios. En mayo, la Audiencia Nacional desestimó su demanda.

Bachs, el fundador de la FIST, considera que en muchas ocasiones “los propios trabajadores complican el hacer sindicalismo” en la empresa. Desde su punto de vista, “la clase trabajadora está más atontada que nunca y quiere que el sindicalismo se les haga desde fuera, no implicarse ni siquiera en ir a una asamblea”, cuenta. En este sentido, por estatutos la FIST no recibe subvenciones públicas y se organizan en torno a la autogestión. “Con un caldo de cultivo en el que el trabajador está totalmente alienado de sus propios problemas es muy fácil que la empresa te coma”, finaliza.