La semana política
Zona de nadie

En un lugar alejado del aplauso a las distintas medidas del Gobierno en la gestión de la crisis y de la impugnación total de esa accidentada sucesión de decisiones, se halla el hecho más trágico acaecido en los enclaves españoles en África en tiempos de paz. Es una zona, la del seguimiento del respeto a los derechos humanos que, si bien tiene su público, parece destinado a aparecer al margen de la actividad rutinaria del Ejecutivo y del día a día de las guerras culturales fomentadas por el ayusismo. Las próximas elecciones no se jugarán en la zona de los derechos en las fronteras, donde los avances en tres años han sido pocos, casi cero.

La visita de una delegación de grupos parlamentarios al paso del Barrio Chino entre Nador (Marruecos) y Melilla, el día 7 de noviembre, ha multiplicado el escándalo. Ya no se trata simplemente de “inacción”, sino que los diputados trasladados a ese paso consideran probado que varias, sino todas, las muertes se produjeron en territorio español —no existe la tierra de nadie en derecho internacional— y que, posiblemente, la gendarmería marroquí recogió los cadáveres del pequeño patio del Barrio Chino en el que se produjo la avalancha principal. 

El hecho de que, casi cinco meses después de la tragedia, no se sepa la cifra total de muertos, que sigue estancada en el recuento oficial en 23 pero que puede llegar hasta a 70 dado el número de desaparecidos, redunda en la vigencia de las protestas: no habrá paz en torno a los hechos de Melilla mientras no se determine cuántas personas fueron asesinadas por la irracionalidad de las políticas migratorias, hasta que no se haya producido la reparación de las víctimas y haya garantías de no repetición.

No ha habido ministros simpáticos en Interior, ninguno ha hecho nada distinto a lo que se esperaba de ellos. E incluso algunos han ido mucho más allá en base a una retorcida “razón de Estado”

Lo que pasó esa jornada no puede ser separado de la experiencia del Gobierno de Coalición, por eso el caso no puede ser cerrado tan fácilmente como quiere archivarlo esa sucursal del Estado que habita dentro del PSOE (si no es el PSOE el que vive como una sucursal dentro del Estado). Visto de otro modo, la resolución de este caso será clave, al menos entre quienes priorizan los derechos humanos a la demoscopia, para evaluar el legado de una época.

Eichmann en la frontera

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Opinión

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Enemigos interiores

Cuando se revise este corto periodo de Gobierno híbrido, la función de Marlaska será segregada en función del cargo que ocupa. Interior y Defensa son entidades al margen del Consejo de Ministros, gerentes de departamentos del Estado que no obedecen completamente a la coyuntura partidista.

Desde antes de la restauración de la democracia, Interior ha sido el despacho en la que se establece cuál es el perímetro que abarca a los enemigos interiores —siempre mayor que el que rodea a quienes cometen delitos en función de sus objetivos políticos— y, de manera más discreta, cómo se mantiene contentos o controlados a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que cumplan su función de mantener el “orden”, también en la vida interna de los distintos cuerpos.

Grande Marlaska fue programado así. No es peor que sus antecesores —los últimos con cierto tiempo en el cargo fueron Juan Ignacio Zoido, Jorge Fernández Díaz y Alfredo Pérez Rubalcaba— y está previsto que quien venga detrás haga exactamente lo mismo. La encomienda del Estado en materia de fronteras o, como ha sucedido esta semana, la extensión de los mecanismos de burorrepresión desde los militantes de organizaciones hasta los periodistas que cubren sus acciones, no son caprichos del exmagistrado Grande Marlaska, son tics de un Estado que se superpondría a cualquier intento del Gobierno por cambiar el rumbo, si es que hubiese sido el caso del Ejecutivo actual. 

No ha habido ministros simpáticos en Interior, ninguno ha hecho nada distinto a lo que se esperaba de ellos. E incluso, como en el caso de Jorge Fernández Díaz, algunos han ido mucho más allá en base a una retorcida “razón de Estado” que parece pegarse como un chicle a cualquier intento de pisar suelo democrático. El libreto estándar, descontado el libreto B o de las cloacas, incluye explorar hasta sus límites la legislación prevista para el recorte de libertades. Incluso cuando, como ayer día 11, un pacto político parece reducir el concentrado represivo del delito de sedición, el poder Ejecutivo introduce una modificación del artículo del Código Penal sobre desórdenes agravados, que abre una pequeña rendija —así al menos aparece en el documento filtrado— para el agravamiento de penas que podrá ser usado, por Interior, claro está, contra quienes participen en las protestas sociales.

La salvedad en este caso es que Grande Marlaska no es considerado por la derecha “uno de los suyos”, como sí pasa en el caso de la otra ministra de Estado, Margarita Robles. Marlaska no es un verso suelto —no ha coqueteado con la traición a Sánchez en ningún momento— pero aparece como un eslabón extraño, detestado por la derecha y por la izquierda. Eso le hace más débil que si solo fuera cuestionado por la población concernida por los recortes de libertades. Pero paradójicamente, estar en esa zona de nadie también le da cierto aire: Sánchez no quiere que su cese se considere una victoria del Partido Popular, que ha visto en Melilla una oportunidad para vengarse de lo que consideran la deslealtad del PSOE en el caso del Tarajal.

Visto desde el prisma de los derechos humanos y, más allá, desde el Estado de derecho, Grande Marlaska debería ser cesado si se confirma, y parece que así ha sido esta semana, que mintió cuando dijo que no se habían producido “hechos trágicos” en territorio soberano español. Porque quizá eso no cambie nada el diseño del sistema (y a buen seguro a Marlaska le seguirá otro igual que él) pero sí puede modificar, aunque sea ligeramente, la percepción de que el Gobierno de coalición se ha mantenido en la total anomia respecto a los derechos humanos y a las libertades civiles.