Antiespecismo
“La sociedad debe conocer lo que pasa en los mataderos”

El próximo 5 de octubre se celebrarán manifestaciones en varias ciudades españolas para protestar "contra el macromatadero de Binéfar (Huesca) y contra todos los mataderos". Estas marchas han sido convocadas desde las plataformas Ni un matadero más (Barcelona), Ni mataderos ni matadores (Madrid), Liberación Animal (Gran Canaria), Feministes Antiespecistes (Valencia) y Estudiantes por la Justicia Animal (Valencia), que afirman en una nota de prensa que pretenden mostrar "la realidad de violencia y opresión que se da en lugares como las granjas y los mataderos, para que la sociedad pueda decidir si quiere apoyar estos negocios que devastan la vida de los animales no humanos y tienen graves consecuencias para el medioambiente".

"Matar 7 millones de cabezas por año, 160.000 a la semana y 32.000 al día". Este es el objetivo del macromatadero de Binéfar, según proclama en su web la empresa promotora del mismo, Litera Meat, filial perteneciente al holding del Grupo Pini. Por estos 32.000 individuos a los que se dará muerte cada día y por el coste medioambiental que conlleva, el 5 de octubre se oirán voces contrarias a este proyecto, pero no será la primera vez que parte de la ciudadanía exprese esta desaprobación.

A principios de este año comenzó a aparecer en prensa la noticia de la construcción del matadero, sobre todo a través de noticias relacionadas con la opacidad del proyecto. Desde entonces, activistas por la liberación animal de todo el país comenzaron a organizarse para protestar por su apertura, y con el paso de los meses, las críticas se han ido sucediendo en un goteo ceñido pero constante.

El 9 de marzo, unas decenas de activistas plantaron un campamento protesta en el parque situado frente a las instalaciones del macromatadero, acampada que complementaron con la organización de unas jornadas informativas. Dos meses después, el 25 de mayo, activistas provenientes de todos los puntos del estado se concentraron en una marcha que terminaría a las puertas del desolladero. Tan solo unos días antes del inicio del campamento, el 6 de marzo, Piero Pini, el empresario italiano impulsor del macromatadero y propietario también de la empresa Hungary Meat, había sido arrestado en Hungría por fraude contable. Pini ya había sido detenido anteriormente en Polonia bajo las mismas acusaciones.

El 1 de julio se llevaron a cabo concentraciones en varios puntos de la península ante la apertura de las instalaciones, y el 24 de agosto se activó una convocatoria estatal de movilizaciones descentralizadas, que obtuvo concentraciones en más de veinte localidades españolas además de tener réplica en París y Roma.

Según las organizadoras de la próxima protesta del 5 de octubre, "los mataderos suponen el hacinamiento, tortura y muerte premeditada de miles de individuos de varias especies bajo la idea de que únicamente existen para intereses humanos". A esta creencia, según las convocantes, "se le conoce con el nombre de especismo, que se define como el sistema de opresión que favorece a los humanos sobre el resto de animales por razones de pertenencia de especie".

La matanza de estos individuos, para la asamblea de Ni un matadero más, supone también un gran coste medioambiental, proveniente de la elevada producción de aguas residuales contaminantes. De hecho, tal y como indica el informe técnico del Ayuntamiento de Binéfar, el macromatadero emitirá 126 toneladas de CO2 cada día y 1,3 millones de metros cúbicos de basura contaminante cada año. Pero también relacionada con su actividad, según las plataformas de activistas, estaría la "deforestación como la que está sufriendo el Amazonas, que se debe en alrededor de un 80% a las industrias ganaderas que plantan soja para alimentar a aquellos animales que son considerados comida".

Los cinco colectivos declaran que la sociedad debe conocer "lo que pasa dentro de estos lugares y decidir si quiere seguir financiando esas violencias", mencionando también la represión que "recae sobre las personas que realizan labores de fotoperiodismo e investigación dentro de granjas y mataderos". En su nota de prensa hacen referencia a las medidas legales anunciadas por el Departament de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Catalunya ante incursiones en granjas que buscaban mostrar la realidad de este tipo de actividad, asegurando que "la ola represiva amenaza la labor de transparencia que las industrias dificultan poniendo barreras y construyendo muros, físicos y mediáticos, cada vez más altos".

Sobre la "ola represiva" que mencionan las asociaciones antiespecistas hemos hablado con Aitor Garmendia, responsable del proyecto audiovisual Tras los Muros, que explica que este tipo de medidas legales "se articulan bajo la lógica de la represión". Garmendia afirma que "en el documento publicado por la Generalitat se presentan las explotaciones ganaderas como lugares idílicos donde los animales pastan en campos verdes y se representa a los activistas con antifaces negros, como ladrones de los tebeos. Suena a chiste, pero es parte de la construcción de un relato que solo persigue la criminalización del movimiento de derechos animales y el blindaje de la industria cárnica".

Garmendia explica también lo que parece un contrasentido: "La Generalitat acusa a los activistas de incumplir la ley de bienestar animal y así, bajo este absurdo, pretende justificar estas medidas represivas. Sin embargo, si atendemos a las cifras presentadas en sus propios informes oficiales, nos encontramos con una total ausencia de control. En el año 2013, de 22.616 explotaciones ganaderas, solo se inspeccionaron 1.825. Además, en algunas de las imágenes difundidas por estos grupos durante sus incursiones, se observan varios incumplimientos claros a la ley".

El responsable del proyecto de fotoperiodismo Tras los Muros destaca el papel informativo que llevan a cabo las personas activistas que se dedican a documentar lo que sucede en estas instalaciones: "los abusos sistemáticos que padecen los animales en granjas y mataderos los hemos podido conocer gracias a activistas e investigadores que acceden a estos lugares de forma clandestina. Muchas de estas imágenes han sido ampliamente difundidas por medios de comunicación y la sociedad ha podido conocer lo que sucede tras los muros de la industria ganadera. La administración, con estas medidas, impide el derecho a la información, protege a la industria y amordaza a quienes, ante la ausencia de control, ejercen su legítimo derecho a la desobediencia".

De momento, el macromatadero de Binéfar está ya finalizado y funcionando en fase de pruebas. Mientras tanto, a 7 km de este emplazamiento, avanzan las obras de otras dos instalaciones del mismo proyecto, entre ellas un "matadero de madres" ubicado en San Esteban de Litera, con capacidad para 1.500 cerdas.