Infancia
María, siete años: historia de una vida destrozada por el supuesto síndrome de alienación parental

Conocí a Irene después de que le quitaran a su hija, una niña maravillosa llena de vida, pero, lamentablemente, también con experiencias que nunca debería haber vivido. Me emocionó su voz, respetuosa, temblorosa, dolida, quebrada. María fue arrancada por primera vez con veinte meses por su padre y sus abuelos paternos de los brazos de sus abuelos maternos mientras paseaban.

Cada vez que una madre contacta con la Plataforma Luna contra el Síndrome de Alienación Parental (SAP) por un caso así, el corazón se nos hace pedazos. En el caso de Irene, otra vez más, el supuesto síndrome del alienación parental, esta vez disfrazado de “interferencias parentales”, irrumpe arrasándolo todo. Un supuesto síndrome que describe un conjunto de comportamientos mostrados por niños que supuestamente habrían sido manipulados para posicionarse en contra de uno de los progenitores en disputa por la custodia y ha sido repetidamente rechazado de las instituciones científicas.

Irene recuerda cómo fue aquel “arrancamiento”. “Recuerdo la llamada de mi aita; no me lo dijo por teléfono, pero presentí que algo no iba bien, su voz estaba desencajada. Cuando llegué a casa y me lo contaron me caí al suelo, no paraba de llorar”, explica.  

Un policía convenció a su expareja para que contestase a sus llamadas: “Yo, llorando, le supliqué que no la alejase de su madre, que nunca había estado lejos de mí, no sabía ni la leche que tomaba la cría, a ella le gustaba dormirse tocándome el pelo… él me dijo que, si quería algo, que hablase con su padre y me colgó. Nunca más me volvió a coger el teléfono, todavía me tiene bloqueada. Solo un par de mensajes de WhatsApp diciéndome que la cría estaba perfectamente y que estaba viajando con él”. El progenitor de su hija no contó absolutamente nada, a pesar de que Irene suplicaba una señal de vida. 

Como premio a semejante atropello, el Juzgado de Bilbao otorgó la custodia compartida semanal con intercambios en un Punto de Encuentro Familiar (PEF), olvidando por supuesto el interés de María, de tan solo dos años de edad y separada brutalmente de su madre, para complacer los deseos personales de quien la arrancó de los brazos de sus abuelos maternos. A partir de ahí, la infancia de esta niña que hoy tiene siete años ha sido como un tren sin destino.

Según Irene, cuando aun convivía con su expareja, éste ya daba signos de comportamiento violento. “Cuando me incorporé al trabajo tras la baja de maternidad, cerca de año después, le dejaba todo preparado. Era habitual que llegase a casa a mediodía y él estuviese en la cama y la cría sin comer. Un día llegué antes del trabajo, estaba dándole las frutas, nunca se me olvidará ese día: la cría estaba en la trona y él la sujetaba con fuerza las dos manos mientras ella lloraba y devolvía. Cuando ella abría la boca el metía la cuchara provocando que se atragantara, fue horrible. La cara de pánico de mi hija no se me olvidará nunca”.

Cada vez que en el punto de encuentro la obligaban a separarse de Irene, María perdía el control del esfínter y se negaba a bajarse de los brazos de su madre. El PEF recogía estos episodios como manipulación materna

María fue diagnosticada de trastorno de ansiedad por separación tras el episodio traumático protagonizado por el padre y los abuelos paternos. Cualquier persona con un mínimo de empatía con María, de tan solo dos años de edad, será capaz de comprender que cada vez que en el PEF la obligaban a separarse de su madre, entrara en un estado de angustia y de terror que provocaba que perdiese el control del esfínter y que se negara a bajar de sus brazos. Cualquier persona menos el personal del PEF, que lo recogía como manipulación materna y que durante tres largos años sometió a esta niña a una situación dolorosa, terrible y deplorable, mientras se sucedían los informes que culpabilizaban a la madre del rechazo.

EL HOSPITAL ALERTA DE POSIBLES MALOS TRATOS

Unas cuantas visitas al hospital alertan de unos posibles malos tratos paternos, por aparecer en su cuerpo signos de violencia, porque la niña así lo relataba, incluso a fecha de hoy. Por ello, se inician los protocolos de actuación de malos tratos del Gobierno vasco en varias ocasiones. Sin embargo, “nadie suspendió las visitas, nadie entendía a mi hija y menos a mí; me culpaban y me siguen culpando de todo, de que no fuera con él, de no controlar los esfínteres, de provocar en ella rechazo a su padre”, dice Irene.

Es inaudito que un lugar como el PEF, supuestamente neutral y creado para auxiliar a los jueces, desde el respeto absoluto a la infancia y preservando su interés superior, cometa estos atropellos con total impunidad, atreviéndose a sugerir fallos de sentencias judiciales, dejando la tutela judicial efectiva totalmente anulada. Esto es una estrategia sobradamente conocida de estos lugares que se financian con subvenciones estatales a través de contratos públicos, que reciben donativos de entidades relacionadas con la Iglesia y que muchos de ellos cuentan entre sus miembros de la junta directiva con profesionales vinculados al Opus Dei. No es extraño, por tanto, que a sus trabajadores se les exija defender a cuerpo descubierto el supuesto síndrome de alienación parental, puesto que este artefacto de destrucción llena estos lugares. Tampoco son casos aislados. Se repiten y multiplican a lo ancho y largo de España.

Ante la imposibilidad de que María marchase con su padre, se obvia todo tipo de estudio u observación de campo, abriéndose un expediente de desamparo a través de Servicios Sociales que el Juzgado hace suyo y provoca la acción de la Diputación Foral de Vizcaya.

Según Irene, “no ha habido ningún cuestionamiento hacia el padre”. “Cuando me arrancaron a mi hija para entregársela, al padre llevaba 17 meses sin verla y sin siquiera hablar con ella, y no porque yo se lo hubiese impedido. Mientras, me trataron como si fuera una delincuente, leyéndome la orden foral como a quien le leen la orden de su fusilamiento. Imagina el grado de destrucción que he llegado a soportar”. 

La lectura del expediente de Irene y de María recoge en dos ocasiones que el padre tiene miedo de que se le acuse de abusos sexuales a su hija y que espera que, por fin, a través de Servicios Sociales, se le haga caso. También se recoge que hay un cruce de mails entre Diputación y miembros de una asociación del País Vasco intercediendo para que se arranque a María de los brazos de su madre.

María es arrancada por segunda vez con cinco años, cuando es trasladada en un coche desde el garaje de la  Diputación hasta la casa de sus abuelos, pese a que la niña ruega innumerables veces volver con su madre

Irene no ha faltado a ninguna de las entregas judiciales impuestas, no ha sido condenada por desobediencia judicial ni por incumplimiento de sentencia. Como tantas y tantas madres e hijos, a Irene y María se les ha sometido a una vigilancia extrema, violentadas institucionalmente.

María es arrancada por la fuerza de los brazos de su madre un caluroso día de agosto por segunda vez con cinco años, ante la presencia de ertzaintzas y de miembros de seguridad privada de Diputación. Consta en el expediente cómo María es trasladada en un coche desde el garaje subterráneo de la propia Diputación hasta la casa de sus abuelos, donde vive su padre, por personas desconocidas para ella, sola, desconsolada. Podemos imaginar su situación emocional al más puro estilo de película de terror. Recogen las miles de páginas del expediente las innumerables veces que María ruega volver con su madre, así como las miles de veces que Irene solicita que le devuelvan a su hija. Consta también que Fiscalía solicitó que cesase la tutela administrativa de Diputación, a lo que hicieron caso omiso. La estancia de la niña está transferida al padre por criterio del Servicio de Infancia del Gobierno vasco, es decir, lo que el sistema judicial no otorgó a este padre se lo “regaló” el Servicio de Infancia sin problema alguno.

CUATRO HORAS A LA SEMANA

Hoy Irene tiene cuatro horas de visita con su hija repartidas en dos días, la mitad de ellas bajo vigilancia de un educador. Ninguna de ellas en tiempo de ocio, en fin de semana, a pesar de que constan cientos de peticiones de Irene de realizar al menos una de ellas en periodo no lectivo. Se niegan las visitas a los abuelos maternos, a las primas maternas. Se condena que la familia materna haga uso de la vivienda vacacional que posee en el mismo pueblo que también frecuenta la familia paterna y María. Se cuestiona, y me atrevería a decir que se castiga, que Irene se acerque a su hija fuera del marco horario establecido, provocando esa manera de proceder de Diputación que María interiorice que ver a su madre o acercarse a ella está mal y le será reprochado.

Irene no tiene suspendida la patria potestad, pero se le ha alejado de toda posibilidad de concertar citas médicas para María e incluso se ha contactado telefónicamente con el centro escolar, cosa sorprendente debido a la protección de datos a que estamos todos los ciudadanos sometidos.

Actualmente pesa sobre Diputación un auto de imputación por violencia institucional contra los que firman y refrendan esta retirada. Se está llevando a cabo la instrucción en un juzgado.

DAÑO IRREPARABLE

Constan tres informes forenses que recogen el daño que se ha causado a madre e hija. Consta de igual forma que Irene no padece ninguna incapacidad psíquica para cuidar de su hija.

María este año, de nuevo, no disfrutará de periodo vacacional con su madre, ni asistirá con ella a las fiestas del pueblo. María sigue siendo obligada a establecer vínculo afectivo con su padre bajo la amenaza de restringir aún más si cabe las cortas visitas con su madre. Se escribe y mucho sobre María en ese expediente y en los autos judiciales, se encargan de ello un buen número de profesionales, los cuales si son vinculados al Servicio de Infancia y a la asociación que gestiona los puntos de encuentro nos presentan a una niña adaptadísima y sin sufrimiento alguno tras los arrancamientos y, sin embargo, si son externos, nos presentan a una niña dañada, y mucho, que sufre terriblemente por estar lejos de su madre y que, a pesar de haber transcurrido ya dos años del último arrancamiento, no consigue una vinculación adecuada con su padre.

La infancia es el futuro de nuestro país, un país que se presenta moderno, respetuoso con los derechos de las personas pero que —me remito a lo relatado— obvia, ignora y olvida a la infancia. Se habla de niños y niñas, pero sin escucharles, sin creerles, no se les permite alzar la voz. Se dice proteger el interés superior del menor pero, sin embargo, lo ningunean ante los derechos del “pater familias”.

Estamos violentando con tanto punto de encuentro, tanto examen psicosocial y tanta revictimización por parte del sistema. Han fallado las leyes, falla el circuito y fallan los profesionales que atienden a madres e hijos. Sin embargo hablamos de tramas maternas y de profesionales corruptos cuando cumplen con su deber de iniciar protocolos de actuación. Pero dirán que las tramas las organizamos nosotras y se nos detiene, juzga y condena a nosotras: a las madres. 

Es deplorable también que nos permitamos cuestionar a los profesionales que salvaguardan la integridad de quienes han sido golpeados física y psicológicamente. ¿Qué deben hacer las madres? ¿Entregar a sus hijos aunque sospechen que les están maltratando? ¿No denunciar para que no les acusen de denunciar en falso? 

Las madres cumplen con su deber de protección y de poner en conocimiento de quien corresponde cualquier negligencia que se cometa sobre sus hijos, venga de quien venga.

¿Qué esperanzas puede tener Irene? “Todas”, dice. “Sin esperanza no podría seguir levantándome cada mañana. Mi hija me necesita, ella sabe que su madre hará todo y más para que vuelva a casa, de donde nunca tuvo que salir”.