Infancia libre
El juez y la Fiscalía piden el indulto parcial de María Sevilla

El 21 de febrero la expresidenta de Infancia Libre, María Sevilla, entraba en prisión para cumplir una pena de dos años y cuatro meses, acusada de un delito de sustracción de menores. La Fiscalía de la Comunidad de Madrid acaba de solicitar su indulto parcial mediante un escrito remitido al Juzgado de lo Penal número 2 de Ejecutorias. Tras esto, el Juzgado de lo Penal número 23, que es el que impuso la pena, ha emitido un informe pronunciándose en el mismo sentido.

El Ministerio Público esgrime como razones para rebajar la pena privativa de libertad y fijarla “exclusivamente” en dos años —dándole así la posibilidad de pedir una suspensión de la pena y poder abandonar la prisión— dos aspectos: se trata de su primer delito y, además “ha mostrado asumir sus responsabilidades abonando la cantidad fijada como responsabilidad civil en favor del perjudicado, e ingresando voluntariamente en el centro de cumplimiento, encontrándose así a disposición judicial, y para no perjudicar las relaciones materno-filiales con su hija”.

Por tanto, la pelota está ahora en el tejado del Ministerio de Justicia y la concesión de esta medida de gracia depende estrictamente de su voluntad, tal y como explica Cristina Madero, abogada de María Sevilla. Según está abogada, Justicia debería solicitar un informe al centro penitenciario “que no tardaría en llegar más de dos días”.

“Está en su mano agilizar el indulto parcial o no, no sabemos que tiempos maneja y esperamos que lo haga. El tiempo está pasando y mientras, María no puede convivir con su hija menor y no puede ver a su otro hijo con el que se encontraba en un punto de encuentro”, explica Madero quien añade que el gobierno no está constreñido a la petición estricta de estos organismos. “Lo único que no puede hacer es conceder el indulto total. Pero no tiene por qué suspender solo cuatro meses de su pena, puede suprimir la pena en hasta dos años o hasta la condena que reste por cumplir”, explica la abogada.

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La expresidenta de Infancia Libre acaba de ingresar en prisión, acusada de un delito de sustracción de menores. Sevilla asegura que lo único que hizo fue intentar alejar a su hijo de supuestos abusos sexuales por parte de su padre. Mientras, sigue pidiendo su indulto arropada por 183 organizaciones.

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No obstante, y en cuanto a la suspensión de cuatro años de la patria potestad sobre su hijo, Fiscalía se ha mostrado contraria. Asegura que “es la mínima aplicable al presente caso”, y la considera adecuada “en tanto que cuando concluya el cumplimiento de la misma el menor ya será mayor de edad”.

La ex presidenta de Infancia Libre asegura que lo único que hizo fue intentar alejar a su hijo de unos supuestos abusos sexuales por parte de su padre que el menor denunciaba. En la madrugada del sábado 30 de marzo de 2019 y a punta de pistola, Sevilla era detenida en Villar de Cañas, Cuenca, donde vivía con sus hijos y su pareja.

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Su caso acumula una carpeta de sentencias judiciales, informes de psicólogos, psiquiatras y médicos de la sanidad pública, a los que ha tenido acceso El Salto, en los que intervienen una decena de profesionales. En 2012 fiscalía llegó a abrir un procedimiento contra el padre del menor para investigar estos supuestos abusos. Un procedimiento que quedó sobreseído.

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid, por su parte, argumenta que se opone a un indulto total porque "no se objetiviza por parte de la penada un arrepentimiento en el sentido de reconocimiento expreso y claro en relación con los hechos objeto de la condena, y los perjuicios que con ella se han ocasionado al menor y al padre del mismo, al privarles de la posibilidad de relacionarse durante un prolongado periodo de tiempo”. Para justificar esta oposición al indulto total, alegan además que en la sociedad civil se están alentando campañascomo la llamada 'Yo también lo haría' "y que parecen fomentar actuaciones similares”. 

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La expresidenta de Infancia Libre asegura que lo único que ha hecho es proteger a su hijo, quien manifestaba haber sufrido abusos sexuales por parte de su padre y hoy está bajo su custodia.

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En esta campaña a la que alude el Ministerio Público, personalidades de las artes, activistas, médicos, profesoras,  psicólogas o abogadas hacen piña para explicar el “perverso” entramado al que se enfrentan las madres protectoras cuando deciden denunciar los abusos que denuncian sus hijos.

“A lo largo del proceso judicial, que dura una media de seis años, las niñas y los niños abusados sexualmente tienen que contar su experiencia hasta cuatro o cinco años”

“A lo largo del proceso judicial, que dura una media de seis años, las niñas y los niños abusados sexualmente tienen que contar su experiencia hasta cuatro o cinco años. Esto genera miedo, ansiedad, bloqueo en los recuerdos o contradicciones entre una declaración y otra” asegura Sonia Vaccara, psicóloga clínica y forense especializada en abusos a la infancia. “Solo en un 2% de los casos se usa videoconferencia para evitar la revictimización en forma de la confrontación visual entre el abusador y la víctima”, relata en el vídeo de la campaña.

Los casos de estas madres protectoras ya han escalado hasta Naciones Unidas, quien daba un duro toque a España, en diciembre de 2021, por no proteger a los niños y niñas víctimas de abusos sexuales. “El Gobierno de España debe hacer más, para proteger a los niños de la violencia doméstica y los abusos sexuales, garantizar que sus tribunales superen los prejuicios contra las mujeres y aplicar un enfoque centrado en los niños y de género”, advertían.