Abusos a la infancia
María Sevilla: “No me da miedo entrar en prisión. Me da miedo que mi hijo se quede en una situación de desprotección”

“No me da miedo entrar en prisión. Me da miedo que mi hijo se quede en una situación de riesgo absoluta y con una desprotección absoluta. Él sí que está en una prisión”. Si la presión no surte efecto, María Sevilla, expresidenta de la asociación Infancia Libre, entrará en prisión en diez días. Hoy recogía la orden de ingreso en el Juzgado de lo Penal número dos de Madrid, mientras asociaciones feministas han convocado una rueda de prensa para manifestar su apoyo y presionar por el indulto.

“Cada vez que hemos pedido que se proteja a mi hijo y cada vez que hemos pedido ayuda o auxilio judicial se nos ha denegado y se nos ha castigado y machacado por pedirla”, asegura Sevilla, condenada a dos años y cuatro meses por un delito de sustracción de menores. Ella asegura que lo único que hizo fue intentar proteger a su hijo poniendo tierra de por medio. Hoy es el padre del niño, quien cuenta con su custodia en la actualidad, el que le ha desplazado fuera de Madrid. Cada mes, Sevilla acude a un punto de encuentro en Málaga para poder ver a su hijo durante unas horas. “Cada cosa que dice el padre de mi hijo es una sentencia judicial. Y todo lo que diga cualquier padre de cualquier hijo está por encima de lo que dicen los médicos o cualquier otro profesional acreditado”, denuncia.

María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, ante la fiscalía: “Lo único que he hecho es proteger a mi hijo”

Sara Plaza Casares

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Infancia

María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, ante la fiscalía: “Lo único que he hecho es proteger a mi hijo”

Sara Plaza Casares

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La expresidenta de la asociación ha declarado hoy en sede fiscal, después de que la policía acuse a su entidad de organización criminal. Sevilla asegura que lo único que han hecho es atender a más de 100 casos de niños y niñas que sufren abusos sexuales y están desprotegidos.

En la madrugada del sábado 30 de marzo de 2019 y a punta de pistola, Sevilla era detenida en Villar de Cañas, Cuenca, donde vivía con sus hijos y su pareja. Su caso acumula una carpeta de sentencias judiciales, informes de psicólogos, psiquiatras y médicos de la sanidad pública, a los que ha tenido acceso El Salto, en los que intervienen una decena de profesionales. Sevilla explica que su hijo empezó a manifestar abusos sexuales con apenas cuatro años y asegura que toda su actuación ha ido encaminada a protegerle. En 2012 fiscalía llegó a abrir un procedimiento contra el padre del menor para investigar estos supuestos abusos. Un procedimiento que quedó sobreseído.

“Su hijo va a quedar desprotegido, porque está con su presunto abusador. La van a retirar cuatro años la patria potestad. Es un castigo de la justicia patriarcal a toda la familia, porque además, su otra hija se quedará sin su hermano ni su madre”

Un total de 168 entidades sociales le han mostrado su apoyo hoy y han presentado sus líneas rojas ante la desprotección de la infancia y la criminalización de las madres protectoras. “En concreto, denunciamos la situación de vulneración de los derechos fundamentales, que está sufriendo el hijo de María y la criminalización de María simplemente por el hecho de proteger los derechos de su hijo, que además son obligación del Estado pero sobre todo del sistema judicial que en lugar de protegerles, les maltrata”, han alertado.

Indulto “imprescindible”

Chelo Álvarez, portavoz de la Federación de Asociaciones de Mujeres y Menores resilientes de la violencia de género habla de un indulto “imprescindible”. “Su hijo va a quedar desprotegido, porque está con su presunto abusador. La van a retirar cuatro años la patria potestad. Es un castigo de la justicia patriarcal a toda la familia, porque además, su otra hija se quedará sin su hermano y sin su madre”, ha expresado.

Con fecha 29 de diciembre un conjunto de organizaciones presentaba la petición de indulto para Sevilla. En un auto fechado el pasado 25 de enero, al que ha tenido acceso El Salto, el Juzgado de lo Penal número 27 deniega la suspensión de su entrada en prisión hasta que se resuelva esta petición. En el auto el juzgado indica que “no se aprecia que concurra un prejuicio irreparable para el menor quien cuenta con su otro progenitor para cuidar del mismo”.

“Por encima del interés de la infancia prima el interés supremo del progenitor, maltratador y presunto abusador. La no ruptura de la familia clásica está impuesta en muchísimos juzgados”

“Quieren que María entre en prisión, es un castigo patriarcal”, asegura Álvarez. “Por encima del interés de la infancia prima el interés supremo del progenitor, maltratador y presunto abusador. La no ruptura de la familia clásica está impuesta en muchísimos juzgados. Exigimos que haya reparación para las madres protectoras y criaturas y que se aplique una sanción a cualquier operador jurídico que utilice el Síndrome de Alienación Parental (SAP)”, concluye Álvarez.

Falso SAP

El SAP, un síndrome acientífico que la nueva ley de infancia prohíbe utilizar en los juzgados, presupone la manipulación parental de los menores que denuncian abusos sexuales. La justicia suele usar este síndrome contra las madres, tal y como ha denunciado Naciones Unidas, que en diciembre emitía un duro dictamen contra España, denunciando desequilibrio e inequidad de género en la justicia.

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Cuatro relatores de este organismo vuelven a expresar su “preocupación” por la utilización de estereotipos judiciales y la minusvaloración del testimonio de las madres cuando denuncian abusos sexuales sobre sus hijos e hijas, así como la utilización del supuesto Síndrome de Alienación Parental en su contra.

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“Nuestra justicia es todavía una justicia patriarcal, que no cree a las mujeres en su relato cuando denuncian violencia machista o cuando denuncian abusos sexuales en sus hijos. Y, con eso, finalmente se desprotege a las niñas y a los niños que tienen derecho a ser tratados como personas en pleno desarrollo”, ha expresado Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

“El 70% de las denuncias de abusos sexuales a la infancia no llegan a juicio. Si se denuncian como mucho un 15%, lo que hay es una sensación de impunidad de los abusos sexuales a la infancia”

“En muchos casos —continúa Gonzalo— son considerados propiedad del padre. Cambiaron las leyes pero no han cambiado las mentalidades, mentalidades que están insertas en las instituciones”. Esta jurista ha insistido en que, si durante el procedimiento judicial no hubo pruebas concluyentes para probar los abusos sexuales “por prudencia y por cautela” no se puede dejar al menor sin protección. “Si la madre tiene que ingresar en prisión, pensemos por un momento quién va a ser perjudicado por esa decisión judicial”, ha añadido.

El de María es solo un caso más insertado en una constelación de madres protectoras que deciden denunciar a sus parejas después de que los menores manifiestan abusos sexuales. Casos que, en muchas ocasiones, se vuelven en contra de las madres, con pérdidas de custodia e incluso penas de prisión. “El 70% de las denuncias de abusos sexuales a la infancia no llegan a juicio. Si se denuncian como mucho un 15%, lo que hay es una sensación de impunidad de los abusos sexuales a la infancia”, ha concluido Gonzalo.