Justicia
Juicio a María Sevilla: la declaración de una agente contradice la versión de que los niños estaban desatendidos

Agentes de la Policía Nacional que participaron en marzo de 2019 en la detención de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre acusada de un delito de sustracción de menores, han incurrido en contradicciones durante el juicio que se ha celebrado esta mañana.

Así, mientras que dos de ellos han asegurado que el niño “estaba pálido” y que la niña “olisqueaba” cuando entraron en el domicilio donde se ocultaban en Villar de Cañas (Cuenca) a las dos de la madrugada y tras derribar la puerta, una tercera agente ha asegurado que los dos niñosestaban en buenas condiciones. Se da la circunstancia de que esta fue la agente que, después de que el dispositivo entrara a la vivienda, ayudó al niño a hacer una maleta con ropa y medicamentos, una tarea que realizó en colaboración con la madre, como ha explicado la agente. Además, esta testigo ha asegurado que, pese a que vio textos en las paredes, desconoce si eran textos bíblicos, como ha asegurado otro agente. “Fui de las últimas en entrar, el niño estaba bien, y la niña estaba en brazos del padre, no vi nada raro”, ha asegurado.

Otros dos agentes, en cambio, han indicado que el niño estaba en malas condiciones y que la niña hacía gestos poco corrientes. Lo han hecho utilizado las mismas palabras en su declaración, algo que ha hecho notar a la sala el abogado de la defensa, Vicente Tovar. Los agentes han justificado su capacidad para apreciar la supuesta palidez del niño en que ambos son padres. También han coincidido al referirse a un supuesto gesto de “olisqueo” de la hija que Sevilla tiene en común con su actual pareja.

La defensa de Sevilla ha recordado que estos agentes forman parte de la unidad que elaboró el informe que mantenía que Infancia Libre, la asociación de la que Sevilla figuraba como presidenta, era una organización criminal de mujeres organizadas para denunciar en falso. El jefe de esta unidad acudió durante la elaboración del informe a varias televisiones a hablar de la “trama”. Sin embargo, después de trasladar a Fiscalía el informe, esta no vio pertinente abrir juicio al no encontrar “datos objetivos” de la existencia de esa supuesta organización en la que el informe incluía a 22 mujeres.

La defensa de Sevilla se ha centrado en argumentar que no existe tipicidad, antijuricidad, ni culpabilidad, por lo que pide la libre absolución de dos delitos: el de sustracción de menores, del que la acusa tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal, y el delito de abandono, del que le acusa solo la primera.

Sobre la tipicidad, la defensa considera que no se dan los elementos necesarios para que se dé el delito, ya que no puede aplicarse a un progenitor custodio. Pese a que la custodia del niño cambió a finales de 2017 y se ratificó a principios de 2018, durante los meses en los que Sevilla se ocultaba, la defensa alega que Sevilla no tenía conocimiento de este hecho.

Además, no existe antijuricidad, ya que Sevilla obró de la única manera exigible al tener conocimiento de varios informes que apuntaban la existencia de abusos sexuales contra su hijo, argumentan. En concreto, la defensa cuenta 34 informes que valoran la posibilidad de que existan abusos, de los que solamente uno, el informe del Equipo Técnico Psicosocial de julio de 2013, la descarta. Por último, en caso de que el juez considere que sí se dan los elementos anteriores, la defensa alega que no existe dolo ni imprudencia de la que pudiera desprenderse la culpabilidad.

Sobre el delito de abandono, la defensa asegura que el niño estuvo escolarizado y con un programa a distancia acordado con un centro y niega que su estado de salud o su alimentación fueran deficientes. 

NUEVOS INDICIOS

La defensa ha tratado de introducir otro factor: la existencia de nuevas pruebas que reflejarían indicadores de un presunto abuso contra el niño, hechos que se se habrían producido desde que, el 30 de marzo de 2019 tras la detención de Sevilla, el niño convive con su progenitor.

Según la documentación presentada por la defensa y a la que ha tenido acceso El Salto, un informe de pediatría acredita que el niño se encontraba bien el 3 de abril, tres días después de la detención, cuando acude a una revisión con el progenitor. Sin embargo, tras esta revisión, se producen diferentes visitas en las que el niño refiere dolor abdominal y el 20 de septiembre de 2019, seis meses después de que el niño conviva con el progenitor sin posibilidad de ver a la madre, un informe clínico recoge que el niño presenta “conductas alteradas”.

A la salida del juzgado, Sevilla ha declarado que el colegio actual de su hijo tiene constancia de una serie de conductas en el niño que son “indicadores altísimamente elevados de abuso sexual” y que los Servicios Sociales han abierto un acta de riesgo ante las sospechas. Sin embargo, en la sala, el magistrado ha pedido a la defensa ceñirse a los hechos por la que se la juzga en la actualidad.

SIN VACUNAS Y SIN COLEGIO, SEGÚN EL PADRE

Por su parte, el padre del niño ha explicado que, tras tener conocimiento de que su hijo no estaba acudiendo al centro donde estaba escolarizado, se realizaron búsquedas por parte de la Guardia Civil sin que fuera posible encontrarle.

La acusación mantiene que el niño tenía vacunas pendientes cuando finalmente fue encontrado con su madre y que no estaba escolarizado. También han defendido que, en las visitas que el padre llegó a mantener en el punto de encuentro —unas 30 en total— los informes de los técnicos muestran una buena relación entre padre e hijo, y han subrayado que los informes presentados por la defensa son parciales.

Tras el juicio, Marcos ha dicho desconocer los nuevos indicios a los que se ha referido Sevilla y ha asegurado que el colegio ha emitido un informe que acredita que “este año hemos trabajado mucho en casa”. “Puedo demostrar con papeles que el niño está mejor desde que está conmigo”, ha dicho, aunque ha reconocido tiene ganas de ver a su madre y que no se va a oponer a llevarle a un punto de encuentro cuando le citen para ello, algo que, dice, aún no ha ocurrido pese a que Sevilla tiene derecho a ver a su hijo en un punto de encuentro desde enero. “Nunca han existido abusos y ella sigue porque es la única arma que tiene”, ha asegurado.

A lo largo de la mañana han declarado un total de cinco agentes, además de las partes y un perito que firma un informe aportado por la defensa. La Fiscalía de Madrid solicita una pena de tres años y medio de prisión y otros cinco de inhabilitación de la patria potestad. La acusación particular eleva la solicitud a cuatro años y medio.