Industria farmacéutica
Farmacia pública y anulación de patentes para asegurar el acceso a los medicamentos del covid-19

Suspensión de patentes, control de precios o crear un sistema público de farmacia. Son algunas de las propuestas que realizan desde Médicos sin Fronteras, Ecologistas en Acción y la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad (CAS) en Madrid para asegurar el acceso a los medicamentos y vacunas, actualmente en pruebas o en fase de investigación, para el tratamiento y prevención de coronavirus. 

Aunque a día de hoy no hay ni tratamiento específico ni una vacuna para este virus, son varios los medicamentos sobre los que se están haciendo pruebas en dos decenas de hospitales españoles. Estos fármacos, cuya distribución está centralizada en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), están patentados por grandes farmacéuticas y, en muchos casos, el abastecimiento no está asegurado y el precio de cada dosis asciende a centenares de euros. 

Desde Médicos sin Fronteras (MSF) urgen a los gobiernos a que “se preparen para suspender y anular patentes”, citando como herramienta para ello las licencias obligatorias, con las que se permite fabricar genéricos al margen de las empresas que tienen las patentes sobre los medicamentos. También que tomen otro tipo de medidas como el control de precios sobre medicamentos y vacunas para el tratamiento del covid-19. “Exigimos que esta crisis de salud global no dé pie a patentes y beneficios en medicamentos, test o vacunas para el coronavirus. Las pruebas deben ser asequibles para todos los países”, afirman desde esta organización. Desde CAS Madrid y Ecologistas en Acción también urgen al Gobierno a ordenar la anulación de patentes para los medicamentos que puedan ser usados en la lucha contra el coronavirus.

“España podría considerar el uso de licencias obligatorias por parte del gobierno para superar rápidamente las barreras de patentes y acceder a medicamentos, diagnósticos y vacunas, según sea necesario; sin embargo, España y otros 36 países han optado por una norma especial permitida por la Organización Mundial del Comercio para emitir licencias obligatorias para importar medicamentos genéricos producidos por otro país”, explica a El Salto Yuanqiong Hu, asesora legal de la Campaña de Acceso de MSF. Varias organizaciones de la sociedad civil, incluida MSF, han publicado una carta abierta para sugerir a los gobiernos de estos países que reafirmen su opción de usar una licencia obligatoria en todas las circunstancias, que permitiría a los gobiernos acceder a los medicamentos pagando un royaltie a las empresas que tengan las patentes, pero evitando su monopolio.

Por ahora, el Real decreto.ley 7/2020, aprobado el 12 de marzo, dicta en su artículo 7 un cambio en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios que permite al Gobierno regular los precios de medicamentos y productos sanitarios no sujetos a prescripción médica y de otros productos necesarios para la protección de la salud que se dispensen en territorio español. También que, cuando exista una situación excepcional sanitaria —como la actual—, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos pueda fijar los precios máximos de venta al público de determinados fármacos mientras dure esa situación excepcional. “Habría que ampliarlo a los medicamentos que necesitan receta y aplicarlo”, señala Tom Kucharz, investigador y miembro de Ecologistas en Acción, quien subraya que el Gobierno debería asegurar que cualquier vacuna o tratamiento desarrollado sea accesible, disponible y gratuito. “Es un objetivo que no puede cumplirse si las corporaciones farmacéuticas tienen autoridad para establecer precios y determinar la distribución, poniendo los intereses con fines de lucro por encima de las prioridades de salud”. 

Por ello, este activista de Ecologistas en Acción subraya que, en el corto plazo, el gobierno español debería aplicar las flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, utilizando las disposiciones sobre licencias obligatorias para superar las barreras de acceso relacionadas con las patentes. Pero en el largo plazo, Kucharz afirma que España debería apoyar a los países del Sur global que proponen la eliminación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS) en la Organización Mundial de Comercio. “Esta emergencia sanitaria es una oportunidad para prohibir los patentes sobre medicamentos”, sostiene.

“No se puede seguir dependiendo sine die de las grandes multinacionales farmacéuticas, de las patentes y del proceso de fijación de precios”

También señala la necesidad de un real decreto ley que modifique la política industrial y priorice la creación de una industria farmacéutica estatal bajo gestión pública y sin ánimo de lucro, que produzca los medicamentos de mayor consumo y esenciales para la mayor parte de la ciudadanía. “No se puede seguir dependiendo sine die de las grandes multinacionales farmacéuticas, de las patentes y del proceso de fijación de precios”, advierte.

Desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) afirman a El Salto que hasta el momento no han valorado la fabricación de medicamentos que se están ensayando para el tratamiento del covid-19 por parte del sistema público. “Las normas de correcta fabricación y las medidas de precaución necesarias para garantizar que los medicamentos sean seguros y eficaces conlleva tiempo y, además, hace falta los diferentes materiales para poder fabricarlos, como principios activos y excipientes, entre otros”, explican desde la Aemps. “En este momento nos estamos centrando en facilitar la adquisición de todos esos materiales para que sean los laboratorios privados, que ya están listos, los que puedan llevar a cabo esa fabricación”, añaden.

A la pregunta de si contemplan la emisión de licencias obligatorias que permitan a farmacéuticas españolas la fabricación de genéricos de estos medicamentos, responden que “desde el Ministerio se está trabajando en asegurar el acceso a todas las personas que lo necesiten con diferentes medidas que sean socialmente responsables y salvaguarden el interés general, la asequibilidad y el precio justo tanto de medicamentos y vacunas, como de productos sanitarios”, sin concretar más.

De farmacia militar a farmacia pública

“Si hay una farmacia militar, que la hay, y que fabrica determinados productos, se puede reconvertir en una farmacia pública estatal que produjera los medicamentos que han perdido la patente o que trabajara con licencias obligatorias”, señala Antonio Gómez, de CAS Madrid. Según afirmaba a principios de abril el jefe del Estado Mayor de Defensa, Miguel Ángel Villarroya, a raíz de la crisis del coronavirus, el Centro Militar de Farmacia de la Defensa ha aumentado su producción de solución hidroalcohólica, cápsulas de paracetamol y un antiviral de amplio espectro, además de mascarillas quirúrgicas.

“No creo que sea muy difícil”, continúa Gómez sobre la fabricación estatal de los medicamentos que den buenos resultados contra el covid-19. “Puede haber problemas con medicamentos de última generación cuya patente no ha prescrito, pero aun así ya ha habido países que rompieron las apretones para fabricar retrovirales, como India, Brasil, Sudáfrica... Realmente se puede hacer, pero es uno de los sectores que más presión hace sobre el gobierno”, advierte sobre la industria farmacéutica. “Con la crisis del coronavirus ha quedado claro que no podemos depender de terceros, otra cosa son los pasos que den los políticos, porque la presión de las farmacéuticas es muy potente”, añade.

Gómez explica que la posibilidad de la farmacia pública ya se planteó en los 80, “y se perdió”. Fue una propuesta que aparecía en los primeros borradores de la Ley General de Sanidad, que finalmente se aprobó en 1986 sin incluir la posibilidad de farmacia pública. “No se hizo por presiones de las farmacéuticas”, lamenta Gómez. “Después ha sido una carrera en la que el gasto farmacéutico ha llegado a alcanzar el 28% del total del gasto sanitario; siempre propusimos que los medicamentos prescritos en el sistema público se pudieran fabricar y dispensar en los centros de salud, sería una forma de ahorro muy importante porque se darían las dosis necesarias sin tener que pasar por las farmacias”.

Hace cinco años, desde CAS Madrid volvieron a plantear la creación de un sistema público de farmacia que fuera capaz de producir medicamentos esenciales. Era 2015 y hacía poco Gilead había sacado al mercado unos de sus medicamentos de más venta, Soldivi (sofosbuvir), para el tratamiento en la hepatitis C, cuyo precio de venta ascendía a alrededor de 60.000 euros por cada tratamiento de 12 semanas. Es un precio que multiplicaba por 600 el coste de producción, según denuncian desde CAS Madrid. A principios de 2015, desde esta organización se pusieron en contacto con todos los partidos políticos con representación parlamentaria proponiendo la creación de un sistema público de farmacia, la distribución de los medicamentos con receta en los propios centros sanitarios, la exclusión del Registro todos aquellos medicamentos de eficacia dudosa u obsoletos y la eliminación del copago. Un año después, ningún partido había contestado a la propuesta. 

Desde CAS Madrid recuerdan que la creación propia de medicamentos evitando las patentes de las grandes farmacéuticas es una posibilidad legal amparada por el artículo 31 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, mencionado en la Declaración de Doha, que contempla la potestad de los Estados para otorgar licencias obligadas de determinados medicamentos que permitan la producción propia pagando royalties a las farmacéuticas que tengan los derechos de patentes, incluso sin su consentimiento.

También la ampara la Ley de Patentes española, que contempla la herramienta de licencias obligatorias por motivos de interés público, y el propio Parlamento Europeo, que, ante una pregunta formulada por UPyD en septiembre de 2014 —“¿Qué posición tomaría la Comisión si un Estado miembro decidiera emitir una licencia obligatoria y fabricar genéricos de sofosbuvir?— respondió que “corresponde a los Estados miembros decidir la manera de conceder a los ciudadanos de la UE el acceso a tratamientos medicamentosos innovadores”. 

India es el primer país en el que se piensa al hablar de medicamentos genéricos elaborados al margen de las patentes. Es también el principal país productor de la hidroxicloroquina que llega a España. Pero son más los países que, a raíz de la crisis del coronavirus, están planteando licencias obligatorias para medicamentos usados en el tratamiento de esta enfermedad. Es el caso de Chile, donde el 17 de marzo la Cámara de Diputados aprobó una resolución que proponía el otorgamiento de licencias obligatorias para facilitar el acceso a vacunas, medicamentos, diagnósticos, suministros y otras tecnologías usadas en la prevención y tratamiento del coronavirus.

Tres semanas después, AbbVie, farmacéutica propietaria de las patentes del lopinavir/ritonavir y kaletra —retrovirales usados en el tratamiento del VHI actualmente bajo ensayos para el tratamiento del covid-19—, solicitó de forma voluntaria la cancelación de las patentes relacionadas con estos medicamentos en Chile para que se pudieran producir como genéricos si finalmente los ensayos resultaban positivos. El 19 de marzo, Israel también aprobó la fabricación de genéricos a partir del lopinavir/ritonavir y kaletra, según publicaba entonces Reuters. Ecuador, Alemania y Canadá son otros de los países que, según señalan desde Médicos sin Fronteras, ya han tomado medidas para facilitar la anulación de patentes mediante la emisión de licencias obligatorias para medicamentos, vacunas y otras herramientas para el covid-19.

Desde 2015, las diez principales compañías farmacéuticas pasaron a invertir entre 14,4 y 16,3 millones de euros anuales en hacer presión a los políticos en Bruselas

Los altos precios de muchos de estos medicamentos y el poder de lobby de las principales compañías farmacéuticas fue denunciado también por la organización Corporate Europe Observatory, que en 2019 señaló en su informe “High prices, poor access”, cómo, desde 2015, las diez principales compañías farmacéuticas pasaron a invertir entre 14,4 y 16,3 millones de euros anuales en hacer presión a los políticos en Bruselas. La Comisión Europea incluso habría contratado a una consultora con fuertes vínculos con la industria farmacéutica, o Big Pharma, para realizar un estudio sobre los medicamentos de alto coste. 

Según señalaba Audita Sanidad en un informe publicado en 2017 sobre las adjudicaciones realizadas desde la Comunidad de Madrid en torno al sistema sanitario, en 2016 el 60% fueron a parar a grandes farmacéuticas relacionadas con los lobbys Fundación IDIS, Farmaindustria, Fenin y Aesmide, entre ellas Roche, Novartis o Gilead, las tres con patentes de fármacos en pruebas para el tratamiento del coronavirus.

“No podemos confiar en las grandes farmacéuticas para resolver el coronavirus u otras pandemias”, advierte Kucharz. “Las grandes empresas farmacéuticas obtienen sus beneficios en gran medida de la elaboración de medicamentos para enfermedades crónicas que tienen un vasto mercado a largo plazo entre las personas o instituciones capaces de pagarlos; controlan las patentes durante décadas, gastando infinitamente más en la comercialización de sus medicamentos actuales que en la investigación de otros nuevos”, continúa.

Kucharz señala que, para la ‘Big Pharma’ una epidemia es demasiado incierta para “perder su dinero”, como ya se pudo ver con la investigación del SARS, otro tipo de coronavirus que entre 2002 y 2004 contagio a alrededor de 8.000 personas y causó 884 muertes en todo el mundo. “La investigación fue abandonada a medida que la epidemia disminuyó, y eso es una tragedia porque podría haber ayudado enormemente a localizar más rápidamente los tratamientos para covid-19”.

Para este activista, ese abandono de los tratamientos no lucrativos es “especialmente vergonzoso” ya que, según afirma, entre un tercio y dos tercios de la financiación de la investigación médica a nivel mundial proviene del erario público. “El escándalo es que gran parte de esta investigación se entrega a las multinacionales farmacéuticas, que finalizan, fabrican y comercializan los medicamentos”, lamenta Kucharz, quien señala que, solo en Estados Unidos, los Institutos Nacionales de Salud ya han gastado 700 millones de dólares en la investigación de la enfermedad del coronavirus desde 2002 pero, aún así, no hay garantías del gobierno para que toda la población pueda acceder a los tratamientos cuando estén disponibles.

“Es un momento muy oportuno para pensar sobre iniciativas legislativas para desprivatizar la sanidad y la medicina, para estar mejor preparados para la siguiente pandemia, que no tardará en llegar”, concluye Kucharz.