Industria armamentística
El Mobile World Congress de Barcelona pone la alfombra roja para drones israelíes “probados en combate”

La celebración anual del Mobile World Congress de Barcelona, organizada por el Ayuntamiento de la ciudad, ha estado marcada este año por la presencia de Israel en los expositores. La cita estuvo marcada políticamente por la negativa de Jaume Collboni (PSC) a “participar en ningún boicot a Israel” y renunciar a saludar oficialmente a la delegación de este país en la feria, tal y como solicitó la líder de Barcelona en Comú, Ada Colau.

El Congreso, clausurado el pasado jueves 29 de febrero, ha servido, de este modo, para poner en el escaparte a 31 compañías israelíes del sector tecnológico. Siete de ellas se desempeñan en el negocio de la “seguridad”, una rama de la industria armamentística en la que Israel se ha convertido en una potencia puntera en el mundo, en gran medida, gracias a la experiencia de sus dispositivos “probados en combate”. 

Entre las empresas de ciberseguridad ha destacado la presencia de Xtend Technologies, una compañía especializada en la fabricación y el software de control de drones, que provee servicios tanto a las Fuerzas Armadas de Israel (FDI) como al ejército estadounidense. Su CEO y fundador, Aviv Shapira, participó el pasado miércoles junto a su hermano Matteo, que también trabaja en Xtend como Chief Experience Officer (CXO), en el panel “Una nueva era para la inteligencia”.

Los drones Skylord fueron desarrollados por la startup junto con el Ministerio de Defensa israelí y han sido empleados en el territorio de Gaza

En la presentación, patrocinada por Pricewaterhousecoopers, los Shapira omitieron cualquier referencia a la campaña de exterminio llevada a cabo por el Gobierno israelí y presentaron los drones de Xtend, basados en la tecnología Skylord, como una fusión entre inteligencia artificial e inteligencia humana empleable en situaciones de catástrofes aplicable en desastres como el terremoto de Turquía de 2023, y usado también en retransmisiones deportivas como la Superbowl o la Liga de Fútbol Profesional española.

Sin embargo, la web de la propia Xtend publicita la información sobre las aplicaciones militares de Skylord, que van desde el control de la guerrilla urbana, las operaciones militares “de precisión” y otros modelos ofensivos y defensivos. Una información del año 2020 publicada por el periódico israelí Haaretz explicaba que los drones Skylord fueron desarrollados por la startup junto con el Ministerio de Defensa israelí y han sido empleados en el territorio de Gaza. “Las capacidades del sistema han sido demostradas en Israel, con interceptaciones confirmadas de dispositivos incendiarios volados sobre la frontera de Gaza por organizaciones terroristas”, apuntaba entonces un comunicado de la compañía Xtend.

El periodista australiano Antony Loewenstein ha registrado en su El laboratorio palestino (Capitán Swing, 2024), que las fuerzas especiales estadounidenses utilizaron los drones de Xtend en Siria y Afganistán. Además de las FDI y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Xtend relaciona sus productos con el Mando de Operaciones Especiales estadounidense y los países de Canadá y Singapur.

Aunque no hay registro oficial de víctimas, por motivos obvios, Loewenstein se refiere al uso de drones asesinos israelíes por parte de Alemania, Canadá, Gran Bretaña y Australia, cuyos ejércitos han empleado estos aviones autotripulados en la guerra de Afganistán, que comenzó con el siglo y se extendió durante dos décadas.

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En España, el sistema Skylord es incluido en su portafolio por la compañía Guardian Defense and Homeland Security, compañía dirigida por Ilan Arzoolan, exagente del Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel y proveedor del Gobierno vasco. En 2014, Guardian Defense saltó a la actualidad por haber utilizado imágenes de la Familia Real española, y del Ministerio de Asuntos Exteriores en la época de Miguel Ángel Moratinos, para promocionar sus productos y servicios.

Participación público-privada

La presencia de estas empresas en el Mobile World Congress no pasó desapercibida para la sociedad civil catalana, que se movilizó contra la presencia de la delegación israelí. Tina Mason, una activista de los derechos humanos que participó en la acción de denuncia que un grupo de en defensa de Palestina llevaron a cabo el lunes 26 de febrero frente al recinto ferial de Gran Via en Hospitalet de Llobregat, denuncia “las relaciones entre el sector tecnológico y lo militar” que se explicitó en este Congreso y critica que haya pasado desapercibido el altavoz que se le ha dado a Xtend y otras empresas de ciberseguridad en este congreso. Para Mason, deben aplicarse sanciones en cualquier situación: “No debería haber negocios habituales con Israel, pero esto es aún más grave en lo que respecta al sector tecnológico, dada su conocida relación con el ejército israelí”.

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Junto a la empresa de los Shapira, el stand de Israel en el congreso de Barcelona ha dado cabida a otras compañías del ramo. Entre otras destaca Watchful IA, cuyo fundador se ha referido al trabajo con la Unidad 8200 de inteligencia de las FDI, a la que perteneció su director de producto. 

En su comisión de investigación sobre Pegasus, el Parlamento Europeo se refería a esta unidad de élite y su papel “esencial” en la exitosa industria del software espía de Israel y las empresas disfrutan de estrechas relaciones con esa entidad. Un estudio de 2018 citado por la comisión calculó que el 80% de los fundadores de las 700 empresas de ciberseguridad de Israel eran exempleados de las unidades de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel. Otra de las empresas presentes en Barcelona ha sido Rad, cuyo CEO, Yaakov Stein, también trabajó para la Unidad 8200 y en el equipo del Ministerio de Defensa en los años 80 y 90. 

El propio sector reconoce esta interdependencia entre las FDI y el mundo de las startup: “Hay una especie de ping-pong entre una empresa de tecnología y las FDI”, declaró el exsubdirector del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, en un artículo de Foreign Police publicado en diciembre de 2023. “Mucho antes de que exista un producto comercializable, las empresas de tecnología lo ofrecen a las FDI, a la policía o a las agencias de inteligencia, y lo prueban, a veces en operaciones en curso, para testearlo y mejorarlo".

Recientemente, el portal israelí No Camels se congratulaba de la “resiliencia” del sector de la ciberseguridad y de las “oportunidades” que proporciona la campaña en Gaza para estas compañías: “Ninguna de nuestras empresas tiene un desempeño inferior al de antes de la guerra; ninguna de ellas ha perdido clientes a causa de la guerra”, se felicitaba una experta del sector. Según este portal, la Autoridad de Innovación de Israel ha provisto un fondo de 110 millones de dólares para las compañías de ciberseguridad.

En España, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio de Transformación Digital, organizó el pasado 14 de febrero un encuentro con diez empresas israelíes de este sector. Consultado por El Salto, el Incibe no quiso dar los nombres de las compañías que participaron en las presentaciones de sus productos.

Barcelona en Comú, a través de la exalcaldesa Ada Colau, ha sido la única formación política con representación en el Ayuntamiento, en criticar como “inmoral” que el MWC invitara y cediera un pabellón a Israel. También la CUP ha llamado al boicot al congreso por la participación de las compañías israelíes.

El evento anual, considerado el más importante de Europa de estas características, está organizado por la asociación público-privada Mobile World Capital Barcelona, de la que forman parte el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Fira de Barcelona, GSMA —organización que agrupa a los operadores móviles y compañías— Telefónica, Vodafone, Orange, la cervecera Damm y CaixaBank. En pasadas ediciones, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya han aportado cinco millones cada uno para la organización del evento. La web Newtral ha estimado que el coste total para las arcas públicas de este Congreso es de quince millones de euros.

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