Armamento policial
Gobierno Vasco, Ertzaintza y Ayuntamiento de Bilbao contratan a la empresa de un exagente de la inteligencia israelí

Casi dos millones de euros procedentes de las instituciones vascas han ido a parar a la empresa de Ilan Arzoolan, un exagente del Mossad israelí, y a sus distribuidoras. El Gobierno Vasco, las diputaciones forales, la Ertzaintza, el Ayuntamiento de Bilbao, y otros consistorios municipales como los de Santurtzi, Leioa o Bermeo han contratado a la empresa Guardian Defense & Homeland Security. También la Ertzaintza a través de cursos cuyo contenido se filtró hace varios años. El autoritarismo, la militarización del espacio público o el considerable incremento del gasto público en seguridad en detrimento de servicios básicos aparecen cuando la reforma neoliberal permanente de las instituciones se topa con una crisis de legitimidad y es necesario hacer uso de toda la fuerza a su disposición. Es el primer capítulo de las teorías del shock, que bien han entendido dentro del Gobierno dirigido por Iñigo Urkullu. La larga crisis del modelo vasco, la falta de previsiones de crecimiento o de bienestar a largo plazo son una buena muestra de ello. Lejos de reconocer que “el único plan es que no hay plan”, las administraciones públicas han comenzado un proceso de externalización de las funciones policiales y parte de la seguridad pública.

La empresa Guardian Defense & Homeland Security S.A comercializa armamento y organiza formaciones en situaciones “de fuego real” para los agentes policiales europeos, según se desprende en un informe del Instituto Internacional para la Acción Noviolenta (NOVACT) coordinado por Felipe Daza. En total, según los datos a los que ha accedido Hordago-El Salto, las instituciones vascas han entregado 1.66 millones a Guardian Defense & Homeland Security y a sus distribuidoras de material policial que operan en Euskadi. Todo ello a través de 150 contratos públicos, de los cuales, el 60% se formalizaron entre 2018 y 2020. Esta empresa tiene licencia para distribuir armas y servicios de seguridad en todo el Estado español.

Según los datos a los que ha accedido Hordago-El Salto, las instituciones vascas han entregado 1.66 millones a Guardian Defense & Homeland Security y a sus distribuidoras de material policial que operan en Euskadi

Entre otros, el Ayuntamiento de Bilbao, el Gobierno Vasco y la Ertzaintza han externalizado sus funciones de seguridad u otras labores a esta empresa, un referente en “la industria de seguridad y armamento de Israel [que] está remodelando la violencia” en el mundo, según denunciaba Alys Samson, experta en Derechos Humanos y movimientos sociales, refiriéndose a empresas como Guardian Defense & Homeland Securities. Por ejemplo, esta sociedad instruyó a los Mossos d'Esquadra a través de cursos en los que también participó la Ertzaintza, como recogen diversas informaciones periodísticas.

Guardian Defense & Homeland Securities, según se ha dado a conocer, fue fundada en 2006 por antiguos miembros de los servicios especiales de seguridad del Estado de Israel y miembros del ejército retirados. El administrador único de la sociedad es Ilan Arzooan y, como indican los documentos de la empresa, Yom Tov Samia figura como presidente. Quien fuera general del ejército israelí en la actualidad está retirado, como Ariel Mazoz, quien también aparece en el esquema de la empresa. Esta firma tiene su sede en Trinidad y Tobago, territorio opaco fiscalmente que la Unión Europea considera “no cooperador” en su listado de paraísos fiscales. La junta directiva de esta sociedad está formada por empresarios vinculados con actividades económicas en Islas Caimán y Jamaica, así como centros financieros offshore. Sin ir más lejos, su presidente, Patrick Andrew Alwyn Hylton, es miembro del NCB (Cayman) Limited, una subsidiaria de propiedad total del National Commercial Bank Jamaica Limited, el grupo bancario comercial más grande de Jamaica.

El megacontrato de seguridad de la UEFA en Bilbao

Entre los contratos firmados por la empresa del ex alto cargo del Mossad, agencia autodeterminada “de inteligencia y contraterrorismo” en Israel, y las instituciones vascas, destaca el de la EURO 2020 que estuvo a punto de celebrarse en Bilbao. De cara a garantizar la seguridad de los espectadores en los partidos de la selección nacional de fútbol de España en el estadio de San Mamés, el Ayuntamiento de Bilbao contrató el 31 de enero de 2020 los servicios de Guardian Defense & Homeland Security S.A por 423.014 euros y bajo el  concepto de “Suministro de 95 barreras anti embestida de vehículos divididas en dos grupos (Tipo I y Tipo II), así como las prestaciones adicionales necesarias para que dichos elementos estén en funcionamiento durante los actos que se lleven a cabo en el marco del Proyecto EURO 2020”.

Por otro lado,  esta misma empresa también vendió “un sistema de apertura rápida de puertas” al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por una cantidad de 18.150 euros. Según el portal de transparencia Kontratazio Publikoa Euskadin, este contrato menor se adjudicó a dedo, pues no se presentaron más firmas a la licitación.

Pistolas, defensas extensibles y chalecos anticuchillos

Entre los distribuidores de Guardian Defense & Homeland Security S.A., que han firmado contratos de suministros por valor de 1.2 millones de euros con las instituciones vascas, destacan las empresas Comesa Equipamiento Integral de Seguridad, Sumun Equipamientos S. Coop, Toelfu Coeran o Armería La Jungla (hasta 2013, también Izulan y Only Crew) 

Comesa es la proveedora que más veces ha suministrado bienes a las administraciones públicas vascas. Concretamente, a través de 42 contratos que ascienden a 409.460 euros y que fueron firmados desde 2014 hasta el mes de febrero de 2021. Entre ellos, destacan los acuerdos de más de 70.000 euros para la provisión de bolsas textiles o el suministro de cinturones dobles para los uniformes de la Ertzaintza, por 16.000 euros, adjudicados por el Gobierno Vasco en 2017 y 2020 respectivamente. Esta institución ha participado en 13 de los 42 contratos firmados con Comesa.

Asimismo, los ayuntamientos de Pasaia, Vitoria-Gasteiz, Donostia, Irun, Bermeo, Leioa o Portugalete también han gastado dinero público en comprar equipamiento a Comesa. Aunque el ayuntamiento portugalujo desembolsó 3.655 euros en cinco chalecos antibalas en febrero de 2019, muchos de sus contratos están centrados en el calzado y el uniforme de las patrullas.

El consistorio con el gasto más elevado en esta empresa distribuidora es el Ayuntamiento de Bilbao, con 230.437 euros, a los que hay que sumar el casi medio millón de euros del citado contrato de la UEFA para la EURO 2020. Una parte de la primera cantidad, 41.194 euros, está destinada al “suministro de prendas de uniformidad y distintivos destinados a los miembros de la Policía Municipal de Bilbao en el Área de Seguridad Ciudadana” y a los “suministros COVID-19”, mediante dos contratos firmados en 2017 y 2020. La cifra restante, 189.243 euros, procede de contrataciones que se encuentran veladas o bajo denominaciones confusas, pero que van a parar también a Comesa. Se trata de 17 diferentes contratos en textiles, pero también en “equipamiento integral de seguridad”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Basauri es otro de los grandes adjudicadores de contratos a las distribuidoras de la empresa de seguridad: 70.508 euros en diferentes contratos donde figuran, al menos, nueve con Sumun Equipamientos y uno con Comesa. Una de las adjudicaciones a la empresa Sumun asciende a 52.000 euros en seis lotes de suministros: chalecos táctiles reversibles, gorras de invierno y verano, botas o polos bicolores. En dos de esos lotes, la empresa distribuidora de la firma del exagente israelí superó en valoración a El Corte Inglés.

El Ayuntamiento de Basauri adquirió una réplica de una pistola Sig Sauer “para academia” por más de 900 euros  a una de las distribuidoras de la empresa del exMossad

Entre los suministros más comunes también destacan el “material técnico” y las “defensas extensibles”, que ascendieron a 18.009 euros en 2020. A su vez, el Ayuntamiento de Basauri adquirió una réplica de una pistola Sig Sauer “para academia” por más de 900 euros.

Respecto a la empresa Toelfu Coeran,  ha ingresado 110.625 euros en 25 contratos por parte de los organismos públicos vascos durante 2018 y 2021. Entre ellos, con la Diputación Foral de Bizkaia, que gastó 6.560 euros en material de transporte. Por su lado, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz invirtió 11.983 euros en la adaptación de un vehículo de la Policía Local para la investigación de accidentes. También la Diputación Foral de Gipuzkoa gastó  34.111 euros para el “suministro y colocación de equipamiento de señalización y balizamiento” de nueve vehículos del Departamento de Infraestructuras Viarias. 

Respecto al Ayuntamiento de Santurtzi, el organismo municipal renovó el vestuario de la policía de la localidad gracias a las distribuidoras Comesa y Sumun Equipamientos. La primera se alzó con la adjudicación, con un “precio unitario” de 2.517 euros. Como indica el propio contrato, el coste asciende a la cifra de 111.689 euros como “precio de homogeneización”. Esto es, la alcaldía santurtziarra, en manos del PNV, gastó 163 euros por cada defensa extensible y 518 euros por cada chaleco anticuchillos. 

Los cerca de 1.7 millones de euros gastados en la empresa Guardian Defense & Homeland Securities y las empresas locales que tienen autorización para operar como distribuidoras son una cifra orientativa, puesto que la contratación pública en Euskadi carece de plataformas que integren toda la actividad económica de los organismos provinciales y municipales. Eso sí, los contratos con las proveedoras de la empresa israelí son cada vez más cuantiosos y frecuentes.

“Curso de represión”: dos semanas y 4.000 euros en dinero público

Según un informe publicado en 2014 por NOVACT-Instituto Internacional para la Acción Noviolenta, la empresa Guardian Defense & Homeland Securies organizó entrenamientos para las fuerzas policiales españolas en Israel (entonces, ya estaba en trámite la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, que entraría en vigor pocos meses después). Además, esta investigación incidía en que varios cuerpos policiales españoles figuraban como clientes en el sitio web de la empresa vinculada a Israel, en la que el exagente del Mossad Ilan Arzooan figura como CEO. Entonces, la opinión pública se indignó tras la publicación de un vídeo donde se puede escuchar a un mosso d'Esquadra —que había realizado el curso de dos semanas de formación por valor de 4.000 euros en Israel— señalar: “Venimos buscando técnicas probadas en combate. Hemos aprendido mucho durante estas dos semanas”. Desde Democracia Real Ya denunciaron que se trataba de un “curso de represión” y que, en Israel, “probar [técnicas y armas] en combate es probar [técnicas y armas] contra la población civil”.

La empresa promociona servicios de preparación y fuego real, con “entrada en inmueble” y “combate en zona urbana”. Cursos de represión de dos semanas y 4.000 euros de dinero público donde participaron mossos d'Esquadra 

Entre las técnicas utilizadas en estos cursos, la página web de la empresa promociona el servicio de fuego y preparación real. En todos sus cursos especifican que hay “fuego real”, incluida la “entrada a inmuebles”, “combate en zona urbana” o “tiro instintivo y nocturno”. En su apartado de clientes, la empresa destacaba en su web a la Ertzaintza, Guardia Civil, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa o Casa Real. Esa parte se encuentra eliminada en la actualidad, pero se mantienen una serie de testimonios individuales de militares, escoltas y miembros de las policías autonómicas. “Altos profesionales en el área de la protección”, reseña el militar Martín Gorospe Gorospe. Por su parte, Carles Oliete, que se identifica como mosso d’Esquadra, apunta que “merece la pena, felicidades”

Entre los alumnos de estos cursos destacan desde un miembro de la Inteligencia española hasta un guardia del Metro de Barcelona, pasando por varios escoltas en el País Vasco y un legionario que estuvo en el sur del Líbano. Por este mismo curso han pasado también miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), policías nacionales y un artificiero, aunque la mayor parte del alumnado proviene del sector de la seguridad privada.

“Para despolitizar la sociedad resulta necesario militarizar la política”, expresaba el economista Paul Samuelson. Nadie lo ha entendido de manera tan correcta como los encargados de dar órdenes al cuerpo de seguridad vasco. Desde las sucesivas prácticas 'antibotellones', con ejemplos como la dispersión de las ‘no fiestas’ de Plentzia y Donostia, hasta las acciones antisindicales, si hablamos de las cargas contra trabajadores de Tubacex.