Huelva
La otra cara de la contratación en origen: Zahra, la jornalera devuelta a su país enferma y sin derechos

Zahra estaba trabajando en la recolección de la fresa cuando comenzó a sentirse mal. Sufría fuertes dolores renales, también en el vientre con un sospechoso sangrado de vagina. A pesar de los síntomas, esta jornalera de 48 años aguantó, día tras día, sus largas y duras jornadas laborales con  analgésicos y tratamiento para la infección del tracto urinario. El 11 de mayo, Zahra se desmayó en el invernadero y el médico aconsejó llevarla al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Allí estuvo ingresada once días, donde le diagnosticaron un cáncer de cuello de útero en estado avanzado y prescribieron un tratamiento oncológico paliativo que tendría que comenzar sin más dilación.   

El 21 de mayo, un día antes de recibir el alta hospitalaria, Zahra envió un audio a Fátima Ez Zohayry, presidenta de AMIA (Asociación de Mujeres Inmigrantes de Andalucía) suplicando ayuda: “Soy contratada en origen, tengo 6 hijos, estoy divorciada, vivo en una casa alquilada en mi pueblo y no tengo dinero, por favor, necesito ayuda porque esta gente quiere enviarme a Marruecos”.  En palabras de Zahra, se refería a los consultores del PRELSI (Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social e Igualdad) y al jefe de la empresa donde trabajaba perteneciente a la cooperativa Berrys Fontanilla de Palos de la Frontera. Cuando salió del hospital, volvió a la finca donde vivía y trabajaba ubicada en Palos de la Frontera.

Zahra B. declara, desde su pueblo en Marruecos, que a ella nadie le informó sobre sus derechos y lo que iba a perder si se marchaba a su país.

El día 29 del mismo mes acudió a la consulta de Oncología “sola y llorando” donde hubo “traducción telefónica y colaborador”, según consta en el informe médico de ese día donde el facultativo escribe: “Tras hablar con varios familiares decide tratamiento con corticoides e irse a su país...”. Ese día, el médico le explicó el alcance de su grave enfermedad y los efectos que tendría el tratamiento oncológico.  

Zahra B. pierde todos sus derechos

Según el testimonio de Zahra a este periódico, un traductor del Prelsi, un organismo de intermediación y traducción  dependiente de la patronal Interfresa, le comunicó a ella, y, posteriormente a su hija en conversación telefónica, que le quedaba un mes de vida y Zahra decidió marcharse.  Interfresa, por su parte, declara a este periódico que “no hay por parte del consultor ni por ningún miembro del Prelsi interés alguno en que esta trabajadora regrese, toda vez que, como se ha especificado, se había solicitado incluso una solución de acogida para que pudiera recibir tratamiento en España”.  Según Interfresa, el consultor informó a la empresa de la situación, así como a su cooperativa “e hicieron todo lo posible para gestionar el viaje de la señora lo antes posible en cumplimiento de su deseo”.   

El caso es que Zahra volvió a su país a primeros de junio, con un contingente de mujeres, y firmó un “recibo de haberes”, en castellano (esta jornalera ni habla, ni lee castellano) donde se  especifica: “Considero esta nómina como liquidación/finiquito de mis relaciones laborales”. Según el empresario de la finca, en declaraciones a este periódico, Zahra B. firmó ese finiquito, como todas las mujeres cuando se fueron, porque ella había pedido el alta médica para volver a su país. Sin embargo, Zahra B. declara, desde su pueblo en Marruecos, que a ella nadie le informó sobre sus derechos y lo que iba a perder si se marchaba a su país.  El empresario no ha querido contestar a más preguntas y nos remite a la cooperativa Berrys Fontanilla para más información. Según Interfresa, en respuesta a este periódico, si la jornalera se fue sin sus derechos como el cobro de una pensión y la cobertura médica, responden que eso habría que preguntarle al empresario o a la organización contratante. Sin embargo, en la página web de esta patronal, se especifica claramente el asesoramiento laboral como una de las competencias del Prelsi.    

La liquidación firmada por Zahra se refería al mes de mayo, con un concepto de pago de la Seguridad Social del período comprendido entre el 15 y el 30 de mayo. El empresario registró el Certificado de Empresa del Sistema Especial Agrario donde indicaba el 17/01/2025 como fecha de alta en la empresa, como trabajadora fija/discontinua, y el 30/05/2025 fecha de suspensión/extinción de la relación laboral.  Por otra parte, un informe médico del 1 de junio, certificaba que Zahra B. “podía viajar a Marruecos”. Desde ese momento, Zahra había perdido todos sus derechos como trabajadora contratada en origen desde 2018.  Este diario ha preguntado a Interfresa si los consultores del Prelsi estuvieron presentes en la firma de los documentos señalados y en la petición de alta médica. No hemos obtenido respuesta.  

En una reunión mantenida el 2 de julio pasado con la Subdelegada del Gobierno, las asociaciones preguntaron a la subdelegada si aún se podía hacer algo para restablecer los derechos de Zahra. No hubo respuesta afirmativa. Los documentos mencionados forman parte de una investigación realizada por Perico Echevarría, director de la revista digital La Mar de Onuba sobre el caso de Zahra B. y que publicó por primera vez el 4 de julio pasado.

Zahra B., modelo de jornalera para la contratación en origen

Zahra se casó a los catorce años y nunca fue a la escuela. Nació en Bourdelaine, un pueblo agrícola del Marruecos profundo situado entre Mekinez y Fez. Su infancia la pasó ayudando a su madre en las tareas del hogar. Tuvo su primer hijo a los dieciocho años, después vendrían cinco más. La familia numerosa salió adelante con lo poco que ganaba su marido en la recolección de la papa y la cebolla en los alrededores del pueblo. Cuando dejó de parir, Zahra comenzó a trabajar en el campo, labor que alternaba con el cuidado de la prole.  Pero los recursos que llegaban a la casa eran pocos para alimentar a la familia y pagar los 125 euros mensuales de alquiler de su casa.  La situación se agravó cuando se divorció. 

Pero llegó la oportunidad de trabajar en España. Zahra  se enteró por el moqadem, una figura local clave del sistema de control del estado marroquí cuya función principal es mantener vigilado el pueblo, el barrio y cada casa. A él le dio su documentación y fue elegida para formar parte del contingente de mujeres, por primera vez, en 2018. 

Mujeres del entorno rural, entre 18 y 45 años, casadas, viudas o divorciadas con hijos menores a su cargo, este perfil fue definido por la organización marroquí Anapec (Agencia Nacional de Promoción del Empleo y Competencias) y las organizaciones agrarias españolas para la elección de mujeres del contingente que son contratadas cada año mediante la Orden Gecco. “Esta selección estaría denunciada en España por vulneración de derechos y esos criterios definen mujeres muy vulnerables”, afirma Perico Echevarría, editor de la revista La Mar de Onuba  que lleva más de 8 años denunciando los supuestos fraudes a las que son sometidas las mujeres jornaleras marroquíes contratadas en origen. 

Zahra formó parte, este año, de un contingente de 15.500 mujeres marroquíes contratadas en origen. En total, las personas trabajadoras contratadas de febrero a Mayo, según la revista Fruit Today, fueron 18.000, mediante la Orden Gecco, procedentes de ocho países, con los que España tiene suscrito acuerdos sobre regulación y acuerdos de flujos migratorios: Colombia, Ecuador, Marruecos, Mauritania, Honduras, Ucrania, República Dominicana y Guatemala.  

La Orden Gecco y la vulneración de derechos

La orden Gecco (Gestión Colectiva de Contrataciones  en Origen) facilita la contratación de las personas extranjeras en sus países de origen, durante un período de tiempo, para regresar a su país una vez terminado el trabajo para el que fueron contratadas. Los contratos aseguran permiso de residencia y autorización del trabajo vinculado a una zona geográfica, sector de actividad y empleador concreto y la obligación de volver una vez terminada la actividad laboral. Esta orden, que se publica anualmente, depende del Ministerio de Inclusión Social y Migraciones y se basa en el Estatuto de los Trabajadores de España, la ley de Extranjería y las relaciones laborales regidas por el Convenio colectivo del campo de Huelva. Es lo que se llama migración circular o contratación en origen. 

Pero esta orden presenta muchas deficiencias como vincular los contratos a un solo empresario sin la posibilidad de cambiar de empresa, como explica Fátima Ez Zohairy, presidenta de Amia(Asociación de mujeres Inmigrantes de Andalucía). “Si el empresario no reclama a la trabajadora en la siguiente campaña, no tendrá trabajo”, asegura Ez Zohayri. 

En una visita a Marruecos, este verano, Ez Zohayri contactó con mujeres jornaleras que fueron contratadas para trabajar en algunas campañas y, sin embargo, nunca más las llamaron. “Una de las mujeres me contó que, en la última campaña que estuvo contratada en Huelva, tuvo que irse a Marruecos, antes de tiempo, porque su marido murió; otra se fue porque enfermó un hijo; otra volvió porque estaba embarazada y no podía seguir trabajando. Ninguna de ellas han vuelto a ser reclamadas por el empresario”. La presidenta de Amia concluye que las mujeres tienen mucho miedo a la hora de protestar o reclamar sus derechos porque saben que pueden quedarse sin trabajo.  

Carla Vallejo, magistrada y miembro de la coordinadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (Amje) concluye, después de la celebración de las Jornadas Cosechando Justicia: “Lo que más llama la atención es que nos encontramos con una realidad muy distinta a la visión triunfalista y de éxito económico con la que se promueve desde las organizaciones empresariales, pero también desde la administración pública, el sistema de migración circular”.  Estas jornadas, celebradas en Huelva a mediados de junio y organizadas por Amje, contó con la participación de juristas, inspectoras de trabajo, sindicatos, empresarios del sector y jornaleras que expusieron los abusos y la vulneración de derechos a los que son sometidas.  

Especialmente sensible fue el relato de Khadiya Esani en estas jornadas, una jornalera contratada en origen que, en una de sus campañas, decidió quedarse de forma irregular en España después de que el empresario la amenazara con no volver a llamarla. Después de tres años, consiguió regularizar su situación y encontrar trabajo. Esani, con la voz entrecortada, explicó ante el público que hace unos meses, el manijero de la finca donde trabaja le dio una paliza por un asunto relacionado con la recolección. Esta jornalera espera la celebración del juicio.    

“Las quejas de las mujeres más comunes se deben a malas condiciones de la vivienda, ausencia de tarjeta sanitaria, el empresario no las lleva al médico, reciben insultos”, explica Fátima Ezzohayri

Vallejo continua explicando, como conclusión, que la migración circular tiene aspectos positivos, pero también aspectos negativos muy graves y recalca la implicación de la sociedad civil, casi exclusivamente, en garantizar los derechos de las personas trabajadoras. La trabajadora no puede estar sujeta a un único empresario y, por otra parte, explica Vallejo, que hay que ser consciente de la absoluta vulnerabilidad de las personas que vienen a trabajar. “Son dóciles y se aseguran el retorno por los lazos de dependencia que tienen con su familia y esto se hace sin ningún acompañamiento público”.  

Antecedentes de malas prácticas

El pasado mayo, un grupo de diez mujeres volvían a Marruecos, una vez terminado el trabajo, entre ellas había una embarazada. Le faltaban informes médicos, pruebas y tenía una cita médica programada. Alertada por las jornaleras, la asociación Amia se presentó en la finca y pudo comprobar, en primer lugar, la lamentable situación de la vivienda de estas cuadrilla de mujeres: “ventanas con plásticos en vez de cristales, la puerta de la calle rota, sobre las literas ponían cartones para que les diera más consistencia a unos colchones muy viejos”, así describe la vivienda la presidenta de Amia. La implicación de otras asociaciones, y la presión sobre UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) a la que pertenece el empresario de este caso,  hizo que la mujer embarazada pudiera recibir su baja médica, los informes de las revisiones, así como los derechos laborales que le corresponden en su estado. Finalmente volvió en julio pasado.    

El caso de Smahia Benjafel, en 2022, fue publicado por primera vez en la revista La Mar de Onuba. Según esta revista, La Guardia Civil fue alertada por un ciudadano marroquí que se encontraba en Barcelona y que escuchó el llamamiento de los familiares de esta trabajadora en un programa de la televisión marroquí. Smahía, una jornalera que llevaba viniendo deciocho años a España, comenzó a sentirse mal y el empresario se negaba a llevarla al médico y quería enviarla de vuelta a Marruecos. La Guardia Civil se personó en la empresa Atlantic Blue y obligó al empresario a acompañarla a un centro médico. Posteriormente, JHL (Jornaleras de Huelva en Lucha) gestionaron con una asociación la estancia de Smahía en un centro mientras le hacían las pruebas médicas pertinentes y le gestionaban sus derechos como trabajadora. Benjafel murió meses después en su tierra de un cáncer terminal. 

Llueven las quejas sobre la actuación del Prelsi

Las quejas de las mujeres jornaleras son continuas cuando comienza la campaña, como explica Fátima Ezzohayri. Esta jornalera, de origen marroquí, pensionada tiene un perfil en la red social TikTok con más de 70 mil seguidores y, por esa razón, es muy conocida entre las trabajadoras marroquíes con contrato en origen.  

Su teléfono no para de sonar,  sobre todo en el período que va de enero a junio. “Las quejas de las mujeres más comunes se deben a malas condiciones de la vivienda, ausencia de tarjeta sanitaria, el empresario no las lleva al médico, reciben insultos del manijero, las castigan sin trabajar por no coger los kilos de fresa suficiente, retirada del pasaporte cuando llegan a las fincas y no recibir el salario estipulado”.  Según explica Ez Zohayri, cuando reciben una queja, la asociación hace labores de intermediación y acompañamiento. Trata de resolver el problema con el empresario y si el problema persiste llama a los consultores del Prelsi que son quienes, en teoría deberían solucionar estos problemas, asegura la presidenta de Amia, “pero el comportamiento, tanto de unos como de otros, en algunos casos, deja mucho que desear”. 

Según consta en la página de Interfresa, la mayor patronal de Huelva de frutos rojos, el Prelsi fue creado en 2018 “par dar respuesta a la necesidad de entendimiento asistencia y fomento de las buenas prácticas para impulsar el bienestar sociolaboral de todos los agentes que participan en la campaña de los frutos rojos de Andalucía, concentrada en su mayoría en la provincia de Huelva. 

Esta campaña, Ezzohayri se dirigió a los consultores del PRELSI porque un grupo de mujeres de una finca no tenían la tarjeta sanitaria y no las recibían en el centro de salud. Estaban enfermas. La respuesta de los consultores por Whatsapp fue la siguiente: “No te metas en lo que no te llaman, déjanos trabajar y no molestes al empresario. Deberías aprender a hablar bien español, el mundo te lo agradecería”. En unas jornadas organizadas en la Universidad de Huelva, donde se celebraba los 25 años de la Orden Gecco, Fátima denunció, ante los empresarios, sindicatos, coordinador del Prelsi representantes de las patronales agrarias, la actitud poco colaborativa que tenía el Prelsi. Nadie le respondió.   

Mientras la Comisión de Seguimiento de la Orden Gecco donde también se encuentra representada la Subdelegación del Gobierno de Huelva,  se reúne para resaltar el buen desarrollo de la campaña agrícola 202/2025,  Zahra B. busca cómo conseguir el dinero para costear un tratamiento paliativo que le libere de los fuertes dolores que padece. Sin pensión y sin la sanidad cubierta, su exigua economía no puede afrontar ese gasto. Muy enferma, con la ayuda de algunas ONG, Zahra volvió a España este verano para reclamar sus derechos. Pero el plazo de reclamación había pasado y decidió volver, definitivamente, a su tierra. En este caso, las ONG no han conseguido arrancar una solución para Zahra. Y el gobierno, último responsable de la Orden Gecco, tampoco ha ofrecido solución humanitaria alguna, como solicitaban las asociaciones para esta trabajadora que ha recolectado fresas durante ocho campañas.