Historia
Breve esbozo histórico sobre el problema de la tierra en Extremadura

Para intentar comprender la génesis del latifundismo en Extremadura es necesario que nos remontemos, cuanto menos, a los siglos finales de la Edad Media.

Tal y como han expuesto medievalistas como Eduardo Manzano, Abilio Barbero o Marcelo Vigil, el proceso de repoblación llevado a cabo por los reinos cristianos durante la llamada Reconquista –expansión sobre las áreas de la Península Ibérica en manos musulmanas- adoptó importantes variedades en las distintas regiones de la Península. Así, en las áreas relativamente despobladas al norte del valle del Duero, el protagonismo jugado por los pequeños campesinos y las comunidades propiciaron una distribución de la tierra bastante intensa unida a un protagonismo sustancial del comunal.

Las incursiones de conquista emprendidas sobre regiones como Extremadura o Andalucía, no solo expresaban un conflicto de índole religioso, sino que estaban dirigidas principalmente a cumplimentar el deseo de la nobleza por adquirir nuevas latifundios

Sin embargo, la conformación paulatina de una alta nobleza que vinculaba su posición social a la posesión directa o indirecta de grandes extensiones de tierra, condicionó sustancialmente las repoblaciones efectuadas durante la baja Edad Media, período que coincide con una mayor capacidad expansiva de los reinos cristianos articulada a través de sistemáticas campañas militares sobre los territorios de dominio islámico.

De esta manera, las incursiones de conquista emprendidas sobre regiones como Extremadura o Andalucía, no solo expresaban un conflicto de índole religioso, sino que estaban dirigidas principalmente a cumplimentar el deseo de la nobleza por adquirir nuevas latifundios que le permitieran incrementar los excedentes acumulados. La escasez de población, agudizada por las migraciones más o menos forzosas de sustratos poblacionales previos, favorecía a su vez la articulación de esta gran propiedad y la gestión extensiva de las explotaciones.

Sirvan como ejemplo de esta realidad los casos particulares del Duque de Alba -quien llegó a ser dueño y señor de 46 pueblos- o el Señorío de Feria, en poder de los Suárez de Figueroa, cuyas posesiones alcanzaron unas 100.000 hectáreas en las que habitaban 3.000 vecinos.

En los límites fronterizos de la actual Extremadura se constituirá una región latifundista marcada por profundas desigualdades y por el poder de una clase dominante

En el caso específico de Extremadura debe resaltarse a su vez, el enorme poder patrimonial alcanzado por las órdenes militares, que eran instituciones religioso-militares altamente jerarquizadas y vinculadas al estamento nobiliario. En el caso de la Orden de Santiago nos encontraremos así con el acaparamiento de 10.000 kilómetros cuadrados de superficie coincidente con las tierras más ricas de la región: Tierra de Barros y las Vegas Bajas del Guadiana. La Orden de Alcántara, por su parte, recibió un ancho espacio junto a Portugal que se extendía desde el norte de la Región, (lo que hoy es la Sierra de Gata), y traspasaba la Sierra de San Pedro, más allá de San Vicente.

Así pues, en los límites fronterizos de la actual Extremadura se constituirá una región latifundista marcada por profundas desigualdades y por el poder de una clase dominante que vive del acceso prioritario al principal recurso económico del momento (la tierra) y del yugo de unas masas de trabajadores campesinos que le transfieren rentas y productos.

La pérdida de acceso a recursos económicos por parte de la comunidad y la expropiación semiforzosa del campesinado incidirán en la aparición de un terrible problema de paro que vertebra la realidad social de nuestra tierra hasta el presente

Una de las consecuencias históricas de larga duración que tendrá este proceso será la vocación ganadera a la que quedará vinculada Extremadura, debido al empleo como pasto de ingentes cantidades de tierra. Esta característica de la economía agraria extremeña, agudizada por la interferencia de las grandes cabañas de ganaderos trashumantes agrupados en la poderosa institución de la Mesta, provocará un amplio adehesamiento de buena parte de las tierras de la región que conforma un paisaje que todavía hoy constituye un símbolo de lo extremeño. El binomio latifundismo-ganadería extensiva provocará a su vez una permanente infrautilización de las tierras que acabará reportando drásticas consecuencias sociales conforme el crecimiento demográfico, la pérdida de acceso a recursos económicos por parte de la comunidad y la expropiación semiforzosa del campesinado incidan en la aparición de un terrible problema de paro que vertebra la realidad social de nuestra tierra hasta el presente.

Con todo, durante los siglos medievales y modernos existirán algunos límites al grado de poder detentado por los terratenientes e incluso a la propia concentración de la propiedad en sus manos

Cabe señalar, con todo, que durante los siglos medievales y modernos existieron algunos límites al grado de poder detentado por los terratenientes e incluso a la propia concentración de la propiedad en sus manos. Tales contrapesos, que por lo común serán un factor molesto para los intereses de las propias clases dominantes, pueden resumirse principalmente en las siguientes características de la estructura agraria del momento:

-La propiedad privada sobre la tierra no contaba con un carácter pleno, sino que se veía limitada por un cierto control indirecto ejercido por los distintos niveles de arrendatarios, y por los propios usos de la costumbre que permitían a la comunidad participar de determinados derechos sobre las tierras de los señores.

-La existencia de grandes extensiones de tierras comunales y en propiedad de los ayuntamientos sobre las que se ejercía una cierta gestión comunitaria.

-La presencia de dominios de realengo vinculados a la corona cuyos habitantes, por lo común, contaban con unas condiciones más favorables en cuanto a las exacciones que sufrían.

Con todo, no debe idealizarse la vida rural pre-moderna como una suerte de arcadia feliz igualitaria. La génesis del latifundismo durante la Reconquista había propiciado una estructura social profundamente desigual con toda la lacra de opresión que lleva aparejado este fenómeno.

Y el propio uso de los bienes comunales tendía a sufrir las injerencias de grupos acomodados como los propietarios de ganados que pretendían hacer un uso privativo de los mismos. El poder de los terratenientes, en suma, ya se había articulado o se encontraba en vías de articulación, por más que en los siglos sucesivos este dominio conociera una permanente expansión.

Ya en el siglo XVI y XVII surgirán voces críticas. Pedro de Valencia sostendrá que un reparto más equitativo de esta permitiría un cultivo más productivo que mitigaría los problemas de carestía, emigración y pobreza que padecían los extremeños

La forma que tomará esta agudización del poder y el patrimonio de los terratenientes serán las sucesivas reacciones señoriales por las cuales la alta nobleza incrementaba su presión sobre el campesinado aprovechando la debilidad monárquica. Así, las mercedes concedidas por Enrique II al sector de la nobleza, que le había proporcionado su apoyo en la guerra con Pedro I (1366-1369), o las sucesivas privatizaciones de tierras de realengo realizadas por los Austrias para solventar las bancarrotas financieras del reino, permitirían que la hegemonía social detentada por la alta nobleza no solo no se mitigara adoptando formas más livianas, sino que se consolidará durante la modernidad por la vía de la acumulación de propiedades ingentes.

No es casual que ya en las tempranas fechas del siglo XVI y XVII surgieran voces críticas que alertaran sobre los drásticos efectos que el latifundismo venía generando en Extremadura. Una de las más lúcidas será la del humanista segedano Pedro de Valencia quien en su Discurso sobre el acrecentamiento de la labor de la tierra sostendrá que un reparto más equitativo de esta permitiría un cultivo más productivo que mitigaría los problemas de carestía, emigración y pobreza que padecían los extremeños.

Durante el reformismo ilustrado, la base material sobre la que descansaba el poder latifundista no será siquiera rozada por algún tipo de ejercicio expropiatorio

Durante el siglo XVIII la práctica inacción de las instituciones estatales ante los problemas sociales y económicos del país se ve removida por la emergencia de un cierto reformismo ilustrado plasmado en la obra política de algunos ministros y legisladores y en la actividad intelectual desempeñada por las Sociedades Económicas de Amigos del País.

En lo que respecta al problema agrario y su triada de latifundismo, atraso y miseria social, las soluciones propuestas por esta acción reformadora distaron de seguir una dirección unívoca. De una parte, fueron promovidas colonizaciones de tierras despobladas en regiones andaluzas favoreciendo cierta emergencia de la pequeña propiedad a costa de los intereses de los latifundistas. Y plumas como las de Pablo de Olavide subrayarán los efectos lesivos que la gran propiedad ejercía sobre la estructura económica española. Sin embargo, la base material sobre la que descansaba el poder latifundista no fue siquiera rozada por algún tipo de ejercicio expropiatorio y escritos como el Informe sobre la ley agraria de Jovellanos apuntaban ya a una reforma general de la agricultura que, aun eliminando los privilegios señoriales, supusiera el pleno control de la tierra por parte de los propietarios y el carácter incuestionable de su derecho a la propiedad.

En 1793 se establecen tímidas actuaciones gubernativas como el Real Decreto de abril de 1793, por el cual se concedía en propiedad el terreno a quienes lo vinieran roturando durante diez años

Los documentos de la época nos hablan de las crecientes dificultades de los campesinos extremeños para acceder al trabajo de la tierra. En 1790, un grupo de vecinos de Campanario realizarán una petición al Rey en la que afirmarán “encontrarse en grave situación de indigencia, al carecer de tierras para labrar; ya que los arrendamientos estaban muy altos, por lo que se veían obligados a dejar ociosas sus propias yuntas y a emplearse ellos como jornaleros”.

Con ello, apreciamos la articulación de una problemática específica desarrollada en torno a la expulsión de los pequeños arrendatarios y yunteros de las tierras que venían explotando, lo que propició tímidas actuaciones gubernativas como el Real Decreto de abril de 1793 sobre el “repartimiento de terrenos incultos y declaración de las dehesas de pasto y labor”, por el cual se concedía en propiedad el terreno a quienes lo vinieran roturando durante diez años, favoreciendo así la ejecución de numerosas invasiones de fincas para su en distintos puntos de la región.

Estas tenues tendencias a la redistribución a la tierra y a la toma de medidas favorables al campesinado no gozaron de continuidad durante un siglo XIX de paulatina transformación liberal desde arriba. Así, voces como las de Flórez Estrada que reclamaban una intervención sobre el latifundio más intensa y dirigida a establecer una amplia capa de pequeños propietarios, se vieron claramente arrinconadas en favor de un partido de la propiedad ligado a las posturas hegemónicas dentro del liberalismo hispano.

La manera en que se llevó a cabo la desamortización de bienes eclesiásticos dirigida por Mendizábal, al agrupar en grandes lotes las superficies subastadas, favoreció una agudización de la tendencia a la concentración de la propiedad de la tierra 

Triunfaron así los modelos desamortizadores que no pusieron en cuestión la legitimidad de las propiedades de la nobleza, limitándose a sustraerles de ciertos “derechos señoriales” con un papel ya marginal en la obtención de excedentes y a desvincular las tierras permitiendo su compra y venta libre y suprimiendo instituciones como el mayorazgo.

Más aún, la manera en que se llevó a cabo la desamortización de bienes eclesiásticos dirigida por Mendizábal, al agrupar en grandes lotes las superficies subastadas, favoreció una agudización de la tendencia a la concentración de la propiedad de la tierra. La desamortización de Madoz iniciada en 1855, resultaría todavía más desastrosa, pues supondría la expropiación masiva de bienes comunales y de los ayuntamientos que constituían una parte sustancial de las tierras del país, granjeándose la enemistad de una población campesina que hará de la recuperación de los comunales arrebatados una reivindicación histórica que emergerá en sucesivos períodos.

La forma en que se lleva a término la desamortización de Madoz supuso un robo masivo a las clases populares del país que no implicó además ninguna suerte de proceso redistributivo

Y es que la forma en que se llevó a término esta desamortización supuso un robo masivo sin contraprestación de ningún género a las clases populares del país que no implicó además ninguna suerte de proceso redistributivo. Las múltiples irregularidades que salpicaban al proceso, y que incluyen la pura y dura apropiación gratuita por parte de latifundistas, terminaban de hacer encajar al fenómeno desamortizador en el marco del definitivo encumbramiento de una clase terrateniente que concentra el grueso de la propiedad en las regiones latifundistas de España, realizando una gestión de esta basada exclusivamente en incrementar al máximo sus beneficios con el menor riesgo posible.

Los terratenientes establecerán un estrecho control social sobre la población campesina y el frecuente empleo de métodos represivos para apaciguar las ansias de tierra y libertad de la población, para lo cual contarían con la Guardia Civil creada en 1844

El otro polo de la espléndida riqueza patrimonial de los latifundistas lo encontramos en las condiciones de sobreexplotación a la que son sometidos los jornaleros, los amplios períodos de desempleo que estos sufren y la presión extenuante sobre los yunteros y aparceros que, poniendo el trabajo y los aperos, recogen una parte menor de los frutos que proporciona su trabajo. La manifiesta desigualdad de esta sociedad, unida a las condiciones de miseria que implicaban para la mayoría, implicaron además que los terratenientes utilizaran su riqueza para la intervención caciquil sobre la vida política de los pueblos, el establecimiento de un estrecho control social sobre la población campesina y el frecuente empleo de métodos represivos para apaciguar las ansias de tierra y libertad de la población, para lo cual contarían con la colaboración leal de la Guardia Civil creada en 1844.

El historiador Manuel Tuñón de Lara describirá con tino como la vida social, económica y política de los pueblos pasaría a depender del dominio tiránico de los caciques a los que definiera como “el ricachón del pueblo; él mismo es terrateniente o representante del terrateniente que reside en la Corte; de él depende que los obreros agrícolas de los pueblos trabajen o se mueran de hambre, que los yunteros sean expulsados de las tierras o que las puedan cultivar y que el campesino medio pueda obtener créditos. En definitiva, es el nuevo feudal, señor de vasallos”.

Los colonos favorecidos por la redistribución de tierras en la II República fueron expulsados de estas durante el franquismo, cuando no sufrieron la cárcel o el fusilamiento

Para que la penosa problemática de un latifundio constituido durante siglos, y consolidado durante el XIX, se viera realmente cuestionada y sujeta a un proceso de transformación radical fue necesario esperar a los tiempos de la II República. Fue aquí donde el empuje de la Reforma Agraria republicana y –especialmente- la movilización obrera y campesina desde abajo intentó construir una Extremadura más igualitaria, con una vida digna para sus clases populares, que protegiera a los yunteros de los desahucios y las rentas asfixiantes, a los jornaleros del paro y los salarios de miseria y a todos los pobres de una dependencia servil de la tiranía de los señores.

La larga noche del franquismo se puede sintetizar en buena medida como una recuperación del poder perdido por parte de la oligarquía terrateniente, a través de las formas más salvajes, antidemocráticas y fascistas posibles. Los colonos favorecidos por la redistribución de tierras fueron expulsados de estas cuando no sufrieron la cárcel o el fusilamiento. Y crecidos por el respaldo que les proporcionaba el nuevo régimen, los terratenientes impusieron salarios de hambre y expulsaron a miles de yunteros de las parcelas que venían trabajando.

La Extremadura de hoy sigue carcomida por los problemas estructurales de la desigualdad, la pobreza, el paro y la precariedad laboral

La Extremadura de hoy sigue carcomida por los problemas estructurales de la desigualdad, la pobreza, el paro y la precariedad laboral. Y, aunque la clase dominante no está constituida solo por terratenientes, estos siguen constituyendo un parte muy relevante de la élite que concentra la propiedad y la riqueza. Desde la Asociación 25 de Marzo creemos que garantizar los derechos humanos está por encima del derecho a acumular una propiedad ingente por parte de cuatro señores, especialmente cuando el rastro histórico apunta a que las formas por las que han logrado obtener tal patrimonio resulta tan ilegítima. Planteamos por tanto que se dé un uso realmente social a la tierra, ligado a la redistribución de la riqueza que estas generan, a garantizar el pleno empleo y a proteger los intereses de nuestros pequeños campesinos. Para ello no tenemos miedo en reivindicar de nuevo una Reforma Agraria que implique el control público de la tierra en favor de los intereses de la mayoría social, incluyendo aquí, cuando fuera preciso, la realización de expropiaciones forzosas sobre grandes latifundios.

En marzo de este próximo 2020 se realizará el I Congreso Extremeño de Reforma Agraria.