Le han puesto de nombre “Plan Social”, pero realmente es una multinacional productora de celulosa repartiendo tres millones de euros a todo tipo de entidades en la comarca donde ha sido el principal agente contaminador de su historia. Desde que se instaló en la ría de Pontevedra, Ence ha tenido que invertir toneladas de dinero para tratar de lavar su imagen. Mucho antes, incluso, de que se inventara el término greenwashing. Este año no ha sido una excepción. La empresa líder en producción de celulosa de eucalipto de Europa ha comenzado el curso con su Plan Social Ence Pontevedra, una estrategia etiquetada tanto por los grupos ecologistas gallegos como por las asociaciones que defienden la salubridad de la ría de Pontevedra como uno de los mayores ejemplos de “secuestro de voluntades” de todo el Estado español, sin menospreciar a los bancos y las petroleras.

El Supremo avala que la fábrica de Ence continúe en la ría de Pontevedra hasta 2073

Redacción El Salto

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Pontevedra El Supremo avala que la fábrica de Ence continúe en la ría de Pontevedra hasta 2073

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El Tribunal Supremo echa por tierra las sentencias de la Audiencia Nacional que acababan con la prórroga de 60 años dada por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando estaba en funciones, a la polémica fábrica papelera en la ría de Pontevedra.

“La Unión Europea prohibió hace casi veinte años utilizar el término 'bio' en cualquier producto que no sea de producción ecológica, pero parece que la empresa que ha arrasado uno de los mayores bancos marisqueros de Galicia si puede tener una 'biofábrica'”, argumenta Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, una de las organizaciones que, junto a la Asociación Pola Defensa da Ría y el Concello de Pontevedra (BNG), llevan décadas dando la batalla social y judicial contra el gigante de la pasta de papel.

Ese término, 'biofábrica', no es baladí, ejemplifica el poder y la connivencia que esta empresa tiene sobre las instituciones políticas y los medios de comunicación. Es replicado acríticamente por los principales diarios, radios y televisiones y también por los Gobiernos gallegos de Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo hasta la saciedad. ¿El resultado? Juntos han creado un imaginario social ficticio sobre la sostenibilidad de una de las industrias más contaminantes del planeta. Pero o palleiro non se fai sen palla (un pajar no se hace sin paja). Se hace, fundamentalmente, con mucho dinero. Concretamente, 15 millones de euros en apenas cinco años. Solo en 2023 facturó 416,34 millones según la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El manual aprobado en los despachos del presidente de la corporación y conde de Polentinos, Ignacio de Colmenares, tiene una máxima: llenar de dinero a todas aquellas organizaciones que tengan algún rango de acción social en los alrededores de su fábrica de Lourizán (Pontevedra). “La dinámica es igual a la de cualquier mafia, como hacían los narcos en los ochenta: comprar voluntades. Eso sí, como alces la voz contra ellos, harán todo lo posible por anularte”, denuncia Antón Masa, presidente de la Asociación Pola Defensa da Ría, punta de lanza de la contestación social contra Ence.

En las listas de beneficiarios de Ence hay universidades, parroquias, colegios privados, medios de comunicación, cofradías, comunidades de montes o cofradías

El plan no es etéreo ni tampoco oculto, pero sí bastante opaco en el reparto. En las listas de beneficiarios de las ediciones de 2017, 2018, 2019 y 2023 hay decenas de personas físicas y jurídicas. Desde colegios privados, equipos de deporte base o asociaciones parroquiales hasta las grandes empresas de comunicación de Galicia y, por supuesto, las cofradías de pescadores y mariscadores y las comunidades de montes. Pero no solo ellas. También hay centros culturales, asociaciones de personas con discapacidades de varios tipos, organizaciones religiosas, la Universidade de Vigo y un buen puñado de nombres propios difícilmente fiscalizables. No se sabe cuánto se lleva cada uno, pero sí que se hacen con el dinero de la celulosa.

“La pregunta que deberían hacerse aquellas personas y organizaciones que piden y aceptan ese dinero es el grado de legitimación que están dando a esta empresa y a todo el daño que ha hecho a un ecosistema único desde los años cincuenta”, remarca el coordinador de Greenpeace en Galicia, que añade: “También habría que preguntarle a Ence si tan comprometida está con la comarca por qué puso en pausa ese plan de financiación cuando la Audiencia Nacional puso en duda su permanencia en la ría de Pontevedra”. De hecho, en esos años de impase, la empresa paró por completo el programa. El presidente de la Asociación pola Defensa da Ría lo suscribe: “Si la voluntad es ayudar, podrían haberlo hecho con carácter retroactivo toda vez que el Supremo les dio la razón“.

Financiar medios y crear una ”escuela de periodismo“

Las personas que dirigen Ence saben bien la importancia de tener un ecosistema mediático amable, especialmente cuando los movimientos vecinales y ecologistas trabajan para poner sobre la mesa años de prácticas perjudiciales para la salud ecosistémica de la ría de Pontevedra. Por eso, apenas ningún medio de comunicación de gran alcance se escapa de su red clientelar: La Voz de Galicia, Faro de Vigo, Diario de Pontevedra, Cadena SER, El País, elDiario.es y la Televisión de Galicia, entre otros muchos. Todos ellos, con matices, pero sin excepción, han comprado en algún momento el relato 'eco' de la pastera y su mal llamada biofábrica.

'La Voz de Galicia' se ha montado una “escuela de periodismo“ con el dinero de la celulosa y de Banco Santander, Naturgy, Anjoca, Viaqua o Copasa

Aunque el gran pedazo del pastel se lo lleva el diario más leído de Galicia, La Voz, que hasta se ha montado una “escuela de periodismo“ con el dinero de la celulosa y de otras grandes corporaciones poco sospechosas de querer cultivar un periodismo crítico con el poder económico como Banco Santander, Naturgy, Anjoca, Viaqua o Copasa. De esta forma, cumplen una doble función con el visto y place de la Xunta de Galicia: penetrar en las aulas de la enseñanza obligatoria con su cabecera y seguir alimentando el relato de la sostenibilidad de su fábrica desde Primaria.

Leyes hechas a medida y puertas giratorias: la importancia del puntal político

Es importante recordar que la celulosa debería haber abandonado la ría en 2018, cuando expiró la concesión que el desarrollismo franquista había otorgado en 1958 a la entonces Empresa Nacional de Celulosas. Esta fecha tuvo un impacto significativo en el precio que Ence pagó a la SEPI al culminar el proceso de privatización de la pastera en 2001. Empezado por Felipe González (PSOE) y finiquitado por José María Aznar (PP). No obstante, Ence nunca mostró intención de cumplir con la ley y trasladar su actividad a partir de 2018. La empresa hasta consiguió influir en el cambio de postura del Partido Popular de Núñez Feijóo en la Xunta, que en 2009 y 2012 incluía el traslado de la celulosa en sus programas electorales.

Posteriormente, intentó aprovecharse de la polémica prórroga, aprobada por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, que se basaba en la controvertida reforma de la Ley de Costas impulsada en 2013 por el entonces Ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Dos nombres destacaron en aquel entonces por encima de los demás, por su significación pública y por los cargos que ocuparon en las grandes puertas giratorias de los gobiernos del Partido Popular con Ence: el de Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente entre 1996 y 2000, y Carlos del Álamo, conselleiro de Medio Ambiente de la Xunta entre 1997 y 2003.

Altri sigue el camino: la bolsa de trabajo de una fábrica que no existe

La lucha por ganar el relato es otra de las estrategias que une a Ence con la macrocelulosa que Altri y la Xunta quieren instalar en el corazón de Galicia. Con una contestación social que sigue la tradición ecologista gallega, la multinacional portuguesa ha comenzado a construir su propio imaginario fundamentalmente a través de patrocinios publicitarios en los grandes medios de comuniación gallegos. También ha copiado el eufemismo 'biofábrica' y al no poder de hablar de influencia económica real sobre la comarca, se ha inventado una “bolsa de empleo” para trabajar en la futura factoría. A pesar de ni siquiera estar aprobado el proyecto. 

La oferta, a comienzos de agosto, apenas había recibido las candidaturas de 530 personas para ocupar alguno de los en torno a 500 puestos que Altri promete. Una persona por vacante. Uno de los argumentos utilizados por la empresa y la Xunta de Galicia para defender las instalaciones propuestas es el impulso al empleo. Sin embargo, un mes después de abrirse la bolsa de trabajo, el interés ha sido limitado. La propia empresa ha señalado que, de el medio millar de currículums recibidos, solo el 17% corresponde a residentes de las comarcas de Ulloa, Melide y Arzúa.