Gobierno vasco
El Gobierno Vasco reivindica los presupuestos “más sociales de la historia” mientras recorta 32 millones de euros en subsidios contra la pobreza

El Gobierno Vasco ha aprobado este jueves sin ningún imprevisto y gracias a los votos de la coalición PNV-PSE —que suma mayoría absoluta— los Presupuestos de Euskadi de 2022, que ascienden hasta los 13.108 millones de euros. La coalición EH Bildu se ha abstenido y el resto de partidos ha votado en contra. El portavoz socialista en la cámara vasca, Eneko Andueza, calificó las nuevas cuentas como “las más expansivas, inversoras y sociales de la historia”. Y ello pese a que la partida presupuestaria dirigida a prestaciones sociales como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) sufre un recorte de 27 millones de euros y la Ayuda de Emergencia Social (AES) otro tijeretazo de 5 millones de euros, el 20% de lo presupuestado el año pasado para esta última materia. Los indicadores de pobreza en Euskadi, por su parte, se mantienen. En 2016 y 2018 el 9,1% de la población, 197.185 personas, estaba en riesgo de pobreza. En 2020, según la última encuesta de pobreza y desigualdades sociales del Gobierno Vasco, esa cifra apenas ha disminuido en 15.000 personas.

En este sentido, Argilan, plataforma del sindicato ESK contra la exclusión social, denuncia “el recorte estructural de las prestaciones sociales de Euskadi en la última década” puesto que “los Presupuestos del Gobierno Vasco siempre se han hecho de espaldas a las personas pobres y excluidas”. Desde 2013, la RGI mensual de una persona ha subido 111,28 euros, de 616,13 euros a 727,41 euros. Sin embargo, desde Argilan aluden al “gran recorte” que supuso acabar con la relación de la RGI y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como establecía la ley que regulaba la prestación social de 2008. Ésta señalaba que el importe máximo de la RGI, “en sus modalidades de renta básica para la inclusión y protección social y de renta complementaria de ingresos de trabajo, se fija en el 88% del salario mínimo interprofesional para las unidades de convivencia unipersonales”. Si la RGI hubiera mantenido su valor del 88% del SMI, continúan desde la plataforma, “la ayuda ascendería a 1.007,57 euros, un 38,5% más que la RGI actual”.

“Los Presupuestos del Gobierno Vasco siempre se han hecho de espaldas a las personas pobres y excluidas”, aseguran desde Argilan

Además de desligar la RGI al SMI, que ha crecido un 52,5% en la última década, desde los 752,85 euros a los 1.145 euros, el Gobierno Vasco adoptó “como medida de carácter coyuntural”, debido a la crisis del 2008, el recorte de un 7% en las prestaciones sociales vascas. Un recorte que todavía en 2022 no se ha recuperado. En cuanto a la PCV, este año pasará de los 250 euros a los 275 euros mensuales, una subida “mínima”, aseguran desde Argilan, “no sólo por la perspectiva temporal —en 10 años ha crecido 25 euros—, sino también, y, sobre todo, en relación al incremento de los alquileres de la vivienda, a donde esta prestación va destinada”.

Apoyo “deplorable” de EH Bildu

Como ya se había anunciado, EH Bildu, la segunda fuerza en representación del Parlamento vasco, se ha abstenido en la votación de los presupuestos. “Hemos conseguido mover al elefante”, celebró ayer Nerea Kortajarena, portavoz de la fuerza abertzale en el congreso. “No vamos a conseguir grandes transformaciones con estos presupuestos”, reconoció la portavoz, “pero hemos conseguido que la partida sea mejor en determinados ámbitos que lo que ofrecía el proyecto original”. La abstención de EH Bildu llega a cambio del movimiento de 250 millones de euros a diferentes partidas presupuestarias, afirman desde la coalición abertzale. Entre ellas, un paquete de 30 millones de euros dirigido a la Atención Primaria de Osakidetza. Con todo, el sindicato ELA considera que esta inversión “no ha supuesto ningún cambio en el principal problema de la atención primaria, que es la falta de inversión”. Y añade: “El acuerdo alcanzado entre el Gobierno Vasco y EH Bildu de cara a los presupuestos de la CAPV para el año 2022 no supone ningún cambio estructural y da por bueno el presupuesto continuista y neoliberal del Ejecutivo vasco para el próximo año”.

"Hemos conseguido que la partida sea mejor en determinados ámbitos que lo que ofrecía el proyecto original”, Nerea Kortajarena, portavoz de EH Bildu en la cámara vasca

La partida presupuestada para la RGI y PCV ascendió en 2021 a 459,5 millones de euros. La presupuestada para 2022 es 432,45 millones de euros, una bajada de 27 millones de euros, casi un 6% sobre el año anterior. Miren Gorrotxategi, representante de la coalición Elkarrekin Podemos-IU, reprochó a la fuerza soberanista que se haya sumado a un pacto “de esta naturaleza” entre jeltzales y socialistas. “Ustedes”, dijo dirigiéndose a la bancada de EH Bildu, “están amparando los recortes y las enormes limitaciones de esta ley. Hay un recorte de 30 millones de euros en la RGI, otro de 5 millones de euros a la Ayuda de Emergencia Social y hay un recorte de casi la mitad a los fondos Covid. En estos presupuestos se han reducido sistemáticamente los mecanismos de protección social y ustedes los están apoyando”, sentenció Gorrotxategi.

"En estas cuentas se han reducido sistemáticamente los mecanismos de protección social”, sentenció Miren Gorrotxategi, portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco

El consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo vasco, Pedro Azpiazu, valoró positivamente el hecho de que EH Bildu comenzara a hacer “política útil en clave de salir de esta situación cuanto antes”. Para Argilan, sin embargo, el apoyo “inesperado y casi gratuito” de la fuerza abertzale a las cuentas es “deplorable” y añaden que es evidente que, con el apoyo de EH Bildu, “la coalición entre jeltzales y socialistas se haya sentido suficientemente legitimada para montarse el discurso clásico de quienes se presentan como adalides de un presupuesto plenamente social”.