Gobierno de coalición
La derecha juega a su juego favorito: pide la dimisión de Marlaska y equipara la Kitchen con el 'caso Leire'

Si hoy es sábado por la mañana, alguien ha pedido la dimisión de Fernando Grande Marlaska. La primera semana de junio comenzó con el ministro de Interior exigido por el empujón de un agente de la policía nacional a una profesora jubilada en las protestas del sector público de la educación valenciana y termina con Marlaska apretado por la derecha en el 'Caso Leire'. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz posteaba el viernes 5 de junio que “la directora de la Guardia Civil y Marlaska están tardando en dimitir”, sumándose a un coro de voces que entonan el “Marlaska dimisión” con frecuencia.

No es algo fuera de la norma para quien es al mismo tiempo el ministro peor valorado del Ejecutivo y uno de los tres que sobreviven desde el comienzo de la era Sánchez. Su labor como pivote de eso que se ha llamado “Estado profundo” es esencial para un Pedro Sánchez que ha vivido los años más peligrosos del Régimen del 78 y unos últimos doce meses de traca en traca hasta lo que parece ser su última prueba de resistencia. El ministro de Interior es un cortafuegos de eficacia probada para La Moncloa, dado su historial como diana de las peticiones de dimisión y por lo que parece su impermeabilidad a las críticas a derecha e izquierda.

Dado el alto voltaje de la actualidad con respecto al PSOE, el cese de Marlaska, en este momento, sería entendido como una admisión de responsabilidades que sobrepasaría al caso de Leire Díez. El caso, además, es una doble vuelta con tirabuzón de las contradicciones en torno a lo que se han llamado “las cloacas del Estado”. No se espera la dimisión de Marlaska ni de ningún ministro tras una semana en la que no ha cesado la presión mediática sobre Moncloa pero sí han aflojado los ataques de socios estabilizadores como en PNV.

En los días en las que se juzga el uso de la policía para la destrucción de rivales políticos (caso Kitchen), se ha querido equiparar los manejos de la exmilitante socialista Díez, sin cargos en el partido ni en el poder Ejecutivo, con la trama organizada en torno al Ministerio de Interior de la era Rajoy. El juez Manuel García Castellón, señalado por sus decisiones en la pieza Kitchen, ha sentenciado esta semana desde la Cope que el caso que afecta al PSOE “es más grave” que la Kitchen. Una señal de que la lucha contra la corrupción es antes un estado de ánimo que una cuestión jurídica.

De qué se acusa (esta vez) a Marlaska

La polémica de esta semana ha vuelto a señalar que mentir desde Interior es casi inherente al cargo. En reiteradas ocasiones, Marlaska negó que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, hubiera mantenido reunión alguna con Leire Díez, pero la apertura parcial del sumario del Caso Leire, autorizada por el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha mostrado que esos encuentros sí se produjeron.

En su auto, Pedraz no ha incluido a la directora general de la Guardia Civil en el listado de imputados, y tampoco se sugiere la comisión de delito alguno

Este jueves, 4 de junio, la propia Guardia Civil, a través de un comunicado, reconoció dos encuentros entre González y Díez, una serie de mensajes de Whatsapp y el final de la correspondencia y las relaciones tuvo lugar cuando Díez, aparentemente, sugirió que uno de los implicados en el Caso Koldo, fuera readmitido en su cargo.

El fondo de las acusaciones afecta a los movimientos provocados por el papel de la Unidad Central Operativa (UCO) en la desestabilización del Gobierno de Pedro Sánchez. El contenido del sumario conocido esta semana indica que los agentes de la polémica unidad de la Guardia Civil sospechan que Díez quería información relacionada con agentes de la propia UCO y que desde el cuerpo armado se promovieran actuaciones internas contra algunos de ellos.

Así, según aparece en el auto, entre el 9 y el 14 de mayo de 2025, González autorizó la apertura de tres “informaciones reservadas”, la fase de recopilación de datos previa a un expediente sancionador, hacia agentes de la UCO por presuntas filtraciones. Dos de esas informaciones habrían sido firmadas por el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas y otra por la propia González. En su auto, Pedraz no ha incluido a la directora general de ese cuerpo en el listado de imputados, y tampoco se sugiere la comisión de delito alguno.

Una de las personas que pudieron haber sido investigadas es el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de UCO. Balas, personaje clave en el Caso Koldo, ha sido señalado por su inoperancia en otro caso menos mediático, el del bufete de abogados fundado por Cristóbal Montoro. 

La Fiscalía Anticorrupción sí ha pedido el registro de visitas de Díez en la Fiscalía General del Estado así como las del empresario Javier Pérez Dolset, y el abogado del excomisario José Manuel Villarejo, José García Cabrera, entre otras personas. También se ha pedido a la Audiencia Nacional que llame como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que aparece en el auto como receptora de mensajes de Leire Díez.

El Gobierno se ha visto afectado por el Caso Leire desde que el 27 de mayo agentes de la UCO entraran en la sede del PSOE en Ferraz para recopilar información vinculada con la investigación. Este viernes, Sánchez aseguró que nunca ha “conocido ni se me ha informado de las andanzas de Leire Díez”. El caso, que parece designar a una serie de operaciones para contrarrestar la carga de profundidad de otros casos que salpican al PSOE, como el que involucra al anterior secretario de organización, Santos Cerdán, ha puesto a prueba tanto la capacidad de incidencia política de la UCO, extremo que, como es habitual, los defensores de esta unidad niegan, como la aparente incapacidad del PSOE para maniobrar en las cloacas con la misma soltura que sus predecesores.

Ni moción de censura ni atisbo de desbloqueo

A pesar de la presión sobre su ministro de Interior, el PSOE ha visto cómo bajaban los decibelios de una posible moción de censura esta semana. El PNV reconoció el jueves que no hay ninguna posibilidad de acuerdo con un PP “que dice barbaridades”, en palabras de su líder, Aitor Esteban y en Génova ya admiten que no hay números para forzar la votación en el Congreso que deponga a Sánchez.

Este jueves, 4 de junio, La Moncloa anunció que el Gobierno ha iniciado los trámites para los nuevos Presupuestos Generales del Estado del 2027. Desde 2023, el Gobierno no ha conseguido sacar adelante unas nuevas cuentas y todo indica que los escollos seguirán siendo los que lo han impedido los últimos años: Junts, instalado en el 'no' a la gobernabilidad, la negociación con el PNV, que se muestra a priori abierto a explorar esta vía, y decisiones sobre el aumento del gasto militar que tensan las relaciones con la izquierda del hemiciclo.

Las veces que la izquierda ha pedido la dimisión de Marlaska

“La dimisión de Marlaska no hubiera tocado el “Estado profundo” en Interior, pero la no dimisión de Marlaska nos va a pesar y mucho”, el exdiputado del Parlamento Europeo, Miguel Urbán valoró en una entrevista el significado político de fondo de la permanencia del ministro de Interior en el cargo más importante desde el punto de vista del control, la seguridad y la represión. Urbán se refería especialmente al episodio más luctuoso acaecido en las fronteras del país: la masacre de Melilla del 24 de junio de 2022. Aquel día murieron 37 personas y, cuatro años después, sigue habiendo más de 70 desaparecidos.

El caso del paso de Barrio Chino ha estado definido por varias cuestiones sin resolver y un ramillete de omisiones, medias verdades y mentiras que, cuatro años después no se han resuelto. La insuficiencia de la respuesta de Marlaska afectó al primer Gobierno de coalición (enero de 2020-noviembre de 2023), y llevó a que algunos colectivos antirracistas ampliaran la petición de dimisión de Fernando Grande-Marlaska a ministras de Unidas Podemos. 

Grande-Marlaska ya es el titular de la cartera que más tiempo ha permanecido en el cargo, después de superar a José Barrionuevo

Marlaska se ha convertido en el símbolo de las insuficiencias de los Gobiernos de coalición entre otras cosas por su negativa tácita a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana –es el ministro bajo el que más se ha usado–, por no haber frenado la violencia policial en manifestaciones ni la infiltración de agentes en movimientos sociales que ha vivido una primavera durante el mandato del magistrado bilbaíno.

La masacre de Melilla ha sido el eje sobre el que han gravitado las exigencias de dimisión o cese de Marlaska, pero el periodo del magistrado como ministro de Interior ha estado plagado de peticiones de dimisión a izquierda y derecha. Pese a eso, Grande-Marlaska ya es el titular de la cartera que más tiempo ha permanecido en el cargo, después de superar a José Barrionuevo, ministro de los gobiernos de Felipe González entre 1982 y 1988.

Aunque ya antes de Melilla se pedía su dimisión, la izquierda valora mejor a Marlaska que la derecha. El magistrado, que durante su etapa en la Audiencia Nacional gravitó en torno al campo político conservador –fue nombrado para el Consejo General del Poder Judicial con el voto del PP— es el foco preferido de los diputados de PP y especialmente de Vox. Entre los votantes, las diferencias son importantes. Más de dos tercios de quienes votaron a PP y Vox valoran muy negativamente a Marlaska, mientras que en la izquierda solo destaca la valoración muy negativa de votantes de BNG (45%) y Bildu (algo más del 30%).