Cristóbal Montoro
Cronología de Montoro en Hacienda: regalos a empresas, austeridad y recortes para el resto

El escándalo del caso del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y la presunta trama de corrupción en la que el Gobierno de Mariano Rajoy daba forma a legislaciones fiscales y normativas para beneficiar a las empresas que contrataban al bufete fundado por Montoro ha sacudido la opinión pública y puesto en apuros, una vez más, al Partido Popular. Pero los hechos relatados por el sumario son mucho más sangrantes para el público general si los ponemos en perspectiva cronológica comparados con las políticas que el PP estaba aplicando a la población: recortes y austeridad en partidas sociales mientras perdonaba impuestos a las grandes empresas.

2012: Ferrovial, Ley Montoro y el Plan de Pago a Proveedores

Empecemos por el principio, por la entrada del Partido Popular en el Gobierno tras su victoria en las elecciones de noviembre de 2011. Con las calles en pie y las plazas llenas por el 15M, Rajoy arrasaba y obtenía una mayoría absoluta que le daba total libertad para aprobar lo que quisiera en cada Consejo de Ministros sin tener que contar con el visto bueno de nadie. Si José Luis Rodríguez Zapatero ya había arrancado la época de los recortes presupuestarios, los alumnos aventajados de la austeridad europea entraron en el Gobierno para aplicar la tijera en los presupuestos y subir impuestos como el IVA, contradiciendo su propio programa electoral.

Pero la austeridad no era para todos. Al poco de entrar, sin esperar mucho, Montoro aprobó el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, que estableció el Plan de Pago a Proveedores (PPP), un mecanismo de financiación para que los ayuntamientos pudieran pagar todas las facturas que tenían acumuladas en los cajones. El PPP funcionaba de la siguente forma: los ayuntamientos sacaban las facturas de los cajones que no habían pagado, pedían un préstamo a un banco por el montante total y resolvían todos los atrasos e impagos que tenían con sus proveedores. La medida se vendió como una ayuda a las pequeñas empresas que estaban entrampadas con los gobiernos locales, pero la realidad es que cerca del 80% de aquel dinero inyectado en la economía mediante los ayuntamientos fue a parar a las grandes empresas de servicios externalizados de los municipios, como ACS, Urbaser, FCC o Ferrovial.

Los grandes bancos españoles concedieron unos 35.000 millones de euros en préstamos a altos tipos de interés y sin riesgo gracias a Montoro

No sólo fue una inyección de dinero para esas grandes empresas, Montoro también brindó un negocio asegurado a los grandes bancos del Ibex35 a los que les repartió el gran pastel de préstamos que se iban a conceder. Con aquella legislación del PP, los ayuntamientos no podían elegir entidad financiera con la que trabajar ni negociar las condiciones del préstamo, eran los bancos los que contactaban directamente con los ayuntamientos para ofrecerles una financiación cerrada. Mientras el Banco Central Europeo prestaba dinero al 0,25% para reflotar la economía y que “fluyera el crédito a pymes y familias”, los ayuntamientos tenían que pagar tipos de interés cercanos al 6%, 20 veces superior al precio del dinero en aquella época, sin poder negociar o recurrir a otra entidad. Unos tipos de interés de pura usura si tenemos en cuenta que aquellos préstamos estaban avalados por el propio Ministerio de Hacienda y, por lo tanto, no tenían riesgo de impago. Es decir, los grandes bancos españoles concedieron unos 35.000 millones de euros en préstamos a altos tipos de interés y sin riesgo gracias a Montoro.

Con lo que se conoce hasta el momento sobre la presunta trama del entonces ministro de Hacienda, las prisas de Montoro y el diseño de esta medida cobra mucho más sentido. Según se desprende del sumario, Ferrovial contrató al bufete fundado por Montoro en 2012 y 2013 para “influir en el cambio del modelo de contratación pública y el adelanto de pagos a proveedores de ayuntamientos”, coincidiendo con la aprobación del RD que estableció el PPP que acabó reportando unos ingresos por parte de los ayuntamientos a la propia Ferrovial.

Pero hubo algo en lo que Rajoy y Montoro se dieron más prisa todavía: en hacer recortes. En diciembre de 2011, nada más entrar a la Moncloa, el Consejo de Ministros anunció un recorte extraordinario de 9.800 millones de euros que se acometerían durante el primer semestre de 2012. Es decir, mientras el Gobierno de Rajoy y Montoro sacaban la tijera para empezar con los recortes en partidas sociales, las grandes empresas de servicios y los seis bancos del Ibex35 fueron beneficiados por una medida que ahora el caso Montoro y los pagos de Ferrovial ponen en el punto de mira. 

Rajoy y Montoro anunciaron un recorte en sanidad y educación de 10.000 millones de euros tan solo dos meses después de hacer una ley a medida de Ferrovial

En marzo de 2012 se presentaron los nuevos Presupuestos Generales del Estado que afianzaban la era de la austeridad y los recortes. El texto presentado y aprobado con la mayoría del PP realizó un duro ajuste de 27.000 millones de euros, con partidas como la de Fomento, Industria, Energía y Turismo o las partidas para Agricultura y Medio Ambiente que sufrieron tijeretazos superiores al 30% de lo presupuestado en años anteriores. La cosa no quedó ahí. En abril de 2012 se anunció una nueva batería de recortes que incendió las protestas en las calles. Rajoy y Montoro anunciaron un recorte en sanidad y educación de 10.000 millones de euros tan solo dos meses después de hacer una ley a medida de Ferrovial. 

2014: El Impuesto Especial sobre la Electricidad

Tal y como se ha explicado ya en El Salto, la patronal de las empresas gasísticas AFGIM llevaba años intentando, sin mucho éxito, que se les aplicara una bonificación en el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE). Hasta que contrataron al despacho fundado por Montoro y las cosas cambiaron. Según señalan las investigaciones del caso, AFGIM “usó su red de influencias y contactos directos con el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y otros altos cargos como Miguel Ferré Navarrete y Diego Martín-Abril y Calvo” para conseguir la ansiada exención fiscal del impuesto. El sumario apunta a que la patronal gasística llegó incluso a redactar los textos legales que luego fueron aprobados por el PP.

Mientras las empresas de gas que habían contratado al despacho fundado por Montoro se ahorraban una millonada en impuestos, los PGE de 2014 consolidaban la austeridad de años anteriores

En noviembre de 2014, se aprobó la Ley 28/2014 que modificaba la Ley de Impuestos Especiales de 1992 y la de 2013 para brindar la ansiada bonificación fiscal a las empresas gasísticas que habían contratado los servicios de Equipo Económico. Las empresas gasísticas obtuvieron una bonificación del 85% en el pago del IEE. Desde ese momento, las empresas gasísticas señaladas en la trama Montoro se ahorraron más de 41 millones de euros en impuestos gracias a un cambio legislativo a medida.

Mientras las empresas de gas que habían contratado al despacho fundado por Montoro se ahorraban una millonada en impuestos, los PGE de 2014 consolidaban la austeridad de años anteriores. El gasto sanitario total fue de unos 62.000 millones, unos 6.000 millones menos que en 2011, año anterior a la entrada del PP en Moncloa. Los recortes en educación acumulaban una caída de 7.300 millones de euros, un 16% menos. Las transferencias del Estado a las comunidades autónomas para la dependencia también se vieron reducidas en 1.409 millones durante 2014. También se reducieron otras partidas en aquel año como las de inmigración, violencia de género o cultura.

2012-2014: Codere, Catalá y el sector del juego

Otra de las pesquisas de los Mossos d’Esquadra que se pueden leer en el sumario del caso Montoro apuntan a las sospechas del cuerpo policial catalán sobre un paralelismo entre los favores legislativos fiscales al sector gasístico y cambios que sufrió la Ley del Juego y que benefició a todo sector de las apuestas online, pero sobre todo a Codere. La multinacional española de las apuestas, que contaba entre sus directivos con el que fuera Ministro de Justicia con Mariano Rajoy, pagó 679.000 euros a Equipo Económico entre 2008 y 2012, más de 10.000 euros al mes en facturación que se embolsaba el despacho.

Con la vuelta de Montoro al Ministerio de Hacienda a finales de 2011, a Codere le tocó el 'jackpot' y los cambios legislativos en materia de apuestas beneficiaron a la empresa de Catalá

De la misma forma que con los impuestos del gas, Codere no había conseguido muchas de sus demandas en los años anteriores cuando intentó influir en la futura Ley del Juego que el Gobierno de Zapatero aprobó en 2011. Pero con la vuelta de Montoro al Ministerio de Hacienda a finales de ese mismo año, a Codere le tocó el jackpot y los cambios legislativos en materia de apuestas beneficiaron a la empresa de Catalá. 

El primer cambió llegó en diciembre de 2012, tan sólo un año después de que el PP se hiciera con las riendas del país y tras los cambios que se realizó para beneficiar a las empresas del gas. Entre otras medidas, la Ley 16/2012 se permitió a los jugadores compensar ganancias con pérdidas generadas en apuestas dentro del mismo ejercicio fiscal, lo que supuso un impulso fiscal para los apostadores y, por lo tanto, para las empresas de juego como Codere. 

Pero la empresa de apuestas en la que Catalá era directivo no se conformaba con aquello. Con el Gobierno de Zapatero, la empresa ya había hecho lobby para que obligara a las empresas que querían obtener licencia de juego online a ponerse al día con Hacienda, estrategia para defenderse de la entrada de multinacionales extranjeras en el mercado español. Según señalan las investigaciones recogidas en el sumario, esto llevó a una debilitación de la estructura financiera de estos rivales extranjeros, “lo que llevó a una escasa o nula inversión en publicidad, beneficiando así a Codere”. 

En 2015, otro de los cambios regulatorios que pudo favorecer el ahorro fiscal de las empresas de apuestas fue el cambio en la tributación local del Impuestos de Actividades Económicas (IAE) que se aplica a los casinos. Según apuntan los Mossos d'Esquadra en el sumario, correos electrónicos de ese año “muestran un paralelismo entre los objetivos de las empresas gasistas y el sector del juego al buscar modificar los epígrafes del IAE, sugiriendo que los servicios de Equipo Económico pudieron utilizarse con éxito para las modificaciones del IAE de los casinos”.

2018: IAE a medida de las gasísticas y recortes a los ayuntamientos

Los ayuntamientos fueron uno de los principales objetivos de la austeridad impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy y el Ministerio de Hacienda de Montoro. La Ley Montoro asfixiaba a las corporaciones locales obligándoles a acometer reformas y recortes en sus presupuestos, empujando a los gobiernos municipales a externalizar y privatizar más servicios, aunque en muchas ocasiones eso no concurría en un ahorro presupuestario. También se les exigía que redujeran el déficit y la deuda municipal mediante la subida de impuestos y tasas propias.

Pero, tal y como hemos conocido por el sumario del caso, varios ayuntamientos perdieron al menos 10 millones de euros en impuestos locales gracias a la modificación de dos epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas con el que la industria del gas se vio beneficiado. El agujero fiscal para las arcas municipales podría ser mucho mayor, ya que los diez millones son una estimación proyectada realizada por los Mossos en el sumario sobre lo que se pudieron ahorrar las gasísticas implicadas en la trama.

Es decir, mientras Montoro exigía a los ayuntamientos que subieran las tasas municipales a sus ciudadanos, modificaba la clasificación de la IAE para que un puñado de empresas clientes del despachó que él mismo fundó, que se acabaron ahorraran millones en impuestos municipales.