Galicia
Una mujer con una discapacidad gana juicio histórico en Galicia contra una empresa de ‘desokupación’

Se llama Diana Pereira y ha sentado un precedente significativo en la lucha por el derecho a la vivienda en Galicia: acaba de ganar el segundo juicio del que hay registro contra una empresa de desalojos extrajudiciales. La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vigo ha condenado a un trabajador de DIO Express —una empresa de ‘desokupación’— como autor de los delitos de coacción y daños tras “forzarla de forma intimidatoria a abandonar la vivienda fuera de los cauces legales” y causar daños en su inmueble, como ha acreditado el juez en una sentencia sin precedentes en territorio gallego.

En el texto, el magistrado del antiguo Juzgado de Instrucción número 8, da por probado que desde al menos abril de 2024, Diana venía manteniendo serias desavenencias con los propietarios de la casa que habita como inquilina. En conversación con El Salto, a las puertas del juzgado, la denunciante explica que la hija del propietario “se negó” a reponer algunos de los electrodomésticos básicos para el sostenimiento de su propia vida y la de su hija menor, que ahora tiene seis años, como el frigorífico o reparar elementos estructurales del piso como las persianas o algunos cristales de las ventanas.

A raíz de estos conflictos, según la sentencia, la propia hija del propietario procedió a contratar los servicios de la mercantil de ‘desokupación’ Servicios de Mediación Inmobiliaria DIO Express S.L. A partir de entonces, el día 18 de febrero de 2025, dos de sus trabajadores, actuando en nombre de la empresa, acudieron al hogar de Diana, dice el juez, “con el propósito manifiesto de perturbar la paz residencial de la denunciante y forzarla de forma intimidatoria a abandonar la vivienda fuera de los cauces legales ordinarios”.

“Lo que buscan es hacerte daño psicológico y meterte tanto miedo que acabes escapando de tu casa”, explica la denunciante

Uno de ellos, el condenado, procedió a pintar con aerosol de color verde la palabra “okupa” a lo largo de la puerta de madera del domicilio, taponando deliberadamente la mirilla óptica con la pintura e inutilizando por completo el bombín de la cerradura de acceso mediante la aplicación de pegamento rápido.

“Lo que buscan es hacerte daño psicológico y meterte tanto miedo que acabes escapando de tu casa”, explica Diana Pereira, trabajadora del sector sociosanitario y que, además, cuenta con una leve diversidad funcional. “Esta persona ha sido intimidada y coaccionada en su hogar incluso estando embarazada de seis meses, algo totalmente intolerable desde cualquier punto de vista”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinas de Vigo.  

Explica la denunciante que el pretexto que sus arrendadores sostuvieron para contratar a la empresa de desalojos extrajudiciales era que ella había comenzado a dejar de pagar el alquiler, algo que desmiente por completo.

“Hay que confrontar a este tipo de empresas porque, para empezar, operan al margen de la ley, pero también intimidan, coaccionan y violentan a las inquilinas. Por eso animamos a que las personas que estén en situaciones similares denuncien. No podemos permitir que los rentistas o las empresas inmobiliarias utilicen estos métodos para expulsar a la gente de sus casas y seguir especulando”, rematan desde el Sindicato de Inquilinas.

Una fuente de información habitual en la prensa de derechas

Una de las maneras más rentables que tiene la marca comercial de esta sociedad para darse a conocer es la red de colaboraciones que ha tejido con los medios conservadores en Galicia y en el resto del Estado español. Su dueño, Francisco Javier Fernandez Ulfe, es una fuente de información regular para decenas de noticias y reportajes donde se criminaliza habitualmente la situación precaria de cientos de personas sin alternativa habitacional; se alardea de la capacidad de intimidación de un grupo de hombres; se pone en duda la capacidad el sistema judicial español; se enumeran sus supuestos éxitos; se promueven los seguros “antiokupación”; se confunden deliberadamente los tipos penales de usurpación y allanamiento de una vivienda; y hasta se alaba el físicode su propietario: “Tiene la espalda como un armario abierto”. El resultado: decenas de páginas de publicidad gratuita que, además, alimentan el bulo de la ocupación como un problema estructural en detrimento de análisis del mismo calado sobre el mercado inmobiliario y la limitación del acceso a la vivienda.

Desde 2020, las cifras de juicios verbales de ocupaciones ilegales no han dejado de descender. En 2018, el número de juicios sobre ocupaciones ilegales de vivienda llegó a su máximo: 4.017 anuales. En 2022, se habían reducido a 2.785, un 20% menos que el año previo. En el Estado español el parque inmobiliario supera los 25 millones de viviendas y los pisos con problemas de okupaciones apenas representan el 0,01%, además de que la inmensa mayoría se llevan a cabo en viviendas no habitadas. En cambio, en 2022, ese mismo año, se produjeron 38.269 desahucios, siete de cada diez por no poder pagar el alquiler. El último informe al respecto, de los Mossos d’Esquadra, relataba cómo en el caso de Catalunya, el territorio con más ocupaciones, el 97,7% de los pisos ocupados en 2022 estaban deshabitados.