Galicia
Galicia vuelve a la calle contra la celulosa de Altri, Greenalia y la Xunta: el desastre natural, en datos

La reciente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada para el megaproyecto industrial de Greenfiber SL, la sociedad instrumental de las multinacionales Altri y Greenalia, ha avivado todavía más la contestación de la izquierda social en Galicia. Presentado y avalado como un “proyecto industrial estratégico” por la Xunta de Galicia, primero con Alberto Núñez Feijóo y luego con Alfonso Rueda, este plan implica la construcción de una fábrica de fibra textil a base de celulosa en Palas de Rei (Lugo) y sus infraestructuras auxiliares en Melide, Santiso y Agolada. Aunque la administración autonómica lo impulsa con promesas de desarrollo y empleo, la realidad del proyecto revela graves riesgos ambientales y patrimoniales, así como un proceso de aprobación marcado por la falta de transparencia.

Un trámite exprés con respaldo institucional

El 29 de diciembre de 2022, el Consello de la Xunta otorgó al proyecto el estatus de “proyecto industrial estratégico”, lo que permitió acelerar su tramitación considerándolo como prioritario. La gestión del proyecto pasó, entonces, de Altri Participaciones y Trading SL a su filial Greenfiber SL en julio de 2023, donde comparte accionariado con Smarttia, la sociedad patrimonial de Manuel García Pardo, el CEO de Greenalia. La Secretaría Xeral de Industria y Desenvolvemento Enerxético se encargó a partir de ese momento de tramitar la autorización, enviando la solicitud de evaluación ambiental ordinaria en febrero de 2025. El pasado 14 de marzo se hacía efectiva la autorización ambiental con el viso bueno de la Consellería de Medio Ambiente de Ángeles Vázquez.

Desde que los números reales de la potencial producción saltaron a la palestra, el proceso comenzó a ser duramente criticado por organizaciones ecologistas y plataformas ciudadanas debido al “engaño absoluto” con el que se presentó: la mayor parte de la producción de la planta sería de celulosa y no de lyocell, como se pretende argumentar desde ambas multinacionales y el propio Gobierno gallego. Además, la sociedad civil —conformada por las plataformas de afectadas y todas las organizaciones de la izquierda social— ha señalado como “temeraria y precipitada” la decisión por la rapidez con la que se ha llevado a cabo, en contraste con los amplios efectos ambientales y sociales que podría causar. Según los datos de la consellería del ramo, se han presentado más de 27.000 alegaciones en contra del proyecto, reflejando en números la fuerte oposición social que ya ha trascendido Galicia.

Un impacto hídrico descomunal

Uno de los aspectos más alarmantes del proyecto es su demanda de recursos hídricos. La fábrica pretende extraer hasta 46 millones de litros de agua diarios del embalse de Portodemouros en Agolada (Pontevedra), poniendo en riesgo el equilibrio hídrico de la región. Además, planea verter 30 millones de litros diarios de aguas residuales en el río Ulla, lo que ya ha sido señalado por todas las sociedades científicas de Galicia como un potencial daño ambiental irreversible.

A pesar de las afirmaciones de Greenfiber sobre un tratamiento adecuado de los residuos líquidos, la magnitud de las descargas y la sensibilidad ecológica del río Ulla hacen que las promesas de sostenibilidad sean difíciles de creer. La explotación del agua en estas cantidades podría afectar tanto a la biodiversidad acuática como a las comunidades locales que dependen de este recurso. Además, el río Ulla desemboca en la ría de Arousa, uno de los tesoros ecosistémicos del país, ya diezmado por cientos de vertidos de decenas de proyectos industriales.

Contaminación atmosférica y amenaza forestal

El proyecto contempla la instalación de una chimenea de 75 metros de altura desde donde se emitirán gases y partículas derivadas del proceso industrial de la producción de celulosa, algo que ha resonado en el imaginario de gallegos y gallegas por las afecciones que ya ha producido la celulosa de Ence en la ría de Pontevedra y su entorno. Si bien los informes técnicos aseguran que las emisiones estarán dentro de los límites legales, la experiencia de Ence —también en lo que se refiere a sus lazos políticos— demuestra que estas plantas generan impactos negativos en la calidad del aire y la salud pública. Los informes técnicos, el papel, lo aguanta todo.

Además, la materia prima utilizada será madera de eucalipto, una especie invasora que ya ha causado graves problemas ambientales en Galicia, siendo uno de los principales agentes deforestadores y causantes de la pérdida de biodiversidad en el territorio. La fábrica de Greenfiber incentivará aún más la expansión del monocultivo de eucalipto, reduciendo la biodiversidad y aumentando el riesgo de incendios forestales, una preocupación constante en la comunidad autónoma.

Patrimonio en peligro: el impacto en el Camiño de Santiago y la Serra do Careón

El emplazamiento de la planta y sus infraestructuras afectan áreas de gran valor cultural y paisajístico, incluyendo la Serra do Careón, un espacio protegido dentro de la Red Natura 2000. La proximidad del proyecto al Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, también ha sido otro de los factores que ha generado alertas por parte de Icomos-España, que advierte sobre el impacto visual y ambiental que podría alterar la experiencia de los peregrinos y afectar el atractivo cultural de la zona.

Además, en los terrenos afectados por el proyecto se han documentado hallazgos arqueológicos, como el petroglifo de Tras da Costa. La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, también dependiente del Gobierno de Alfonso rueda, ha solicitado medidas para la conservación de estos elementos, pero la efectividad de estas acciones es incierta, especialmente teniendo en cuenta el carácter irreversible de algunos daños que ya han sido documentados en otros procesos industriales en Galicia.

¿Desarrollo económico o modelo extractivista?

El argumento central de la Xunta para defender el proyecto es el de “la creación de empleo y el impulso económico” que supuestamente traerá a la región. Sin embargo, experiencias anteriores con la industria de la celulosa en España han demostrado que estos megaproyectos benefician principalmente a las empresas promotoras, mientras que el empleo generado suele ser precario y limitado en el tiempo.

El modelo extractivista de Greenfiber supone la sobreexplotación de los recursos naturales sin garantizar beneficios duraderos para la población local. En lugar de apostar por un desarrollo sostenible, el proyecto refuerza una dinámica industrial que ya ha demostrado su impacto negativo en otros territorios.

Una batalla aún en curso

La oposición ciudadana al proyecto sigue creciendo, con movilizaciones, protestas y acciones legales en marcha. Plataformas vecinales, asociaciones ecologistas y expertos en sostenibilidad insisten en la necesidad de replantear el modelo de desarrollo que se está imponiendo en Galicia, priorizando la protección del territorio y la búsqueda de alternativas verdaderamente sostenibles.

Mientras la Xunta, Altri y Greenalia celebran la aprobación del proyecto, la sociedad civil continúa luchando para evitar que esta fábrica de celulosa se convierta en otro ejemplo de industrialización depredadora. El desenlace de esta batalla marcará un precedente sobre el futuro ambiental y social de Galicia.

Por eso, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa y la Plataforma Ulloa Viva, que aglutinan a la mayor parte de las personas afectadas más directamente, han convocado una movilización en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) para este sábado 22 de marzo a las 12h, en la que se prevé una asistencia por mar, con más de 500 barcos anotados, y por tierra, con una afluencia que, probablemente, ni el viento ni la lluvia puedan parar.