Galicia
La concesión de aguas de la Xunta a Altri llega a los tribunales: comienza la guerra judicial contra la celulosa

El conflicto por la solicitud de concesión de aguas de la multinacional Altri a su proyecto de celulosa da un nuevo giro. La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) han anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la denegación del recurso de alzada que pedía el archivo del expediente de concesión. En paralelo, la Confederación Intersindical Galega (CIG) ha presentado una demanda propia por el mismo motivo.

Las tres organizaciones denuncian que la Xunta de Galicia desoyó las miles de alegaciones ciudadanas contra la concesión y permitió que el procedimiento se prolongase más allá del plazo legal. Según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la administración dispone de un máximo de 18 meses para resolver solicitudes de este tipo. En el caso de Altri, que aspira a captar 46.000 metros cúbicos de agua diarios, el plazo habría expirado el 30 de mayo de 2024, tras publicarse el anuncio inicial en el BOP de A Coruña en noviembre de 2022.

En febrero de este año, las entidades solicitaron a la directora de Augas de Galicia que declarara la caducidad del expediente. Al no recibir respuesta en tres meses, acudieron a un recurso de alzada, que fue desestimado el pasado uno de agosto por la presidenta del organismo autonómico. La resolución sostiene que la superación del plazo permite considerar la solicitud desestimada, pero no obliga a archivar el expediente, lo que abre la puerta a que la concesión pueda aprobarse fuera de plazo.

Adega, PDRA y CIG rechazan este criterio, al que acusan de generar inseguridad jurídica y de perjudicar el interés público. Argumentan que el agua solicitada debería destinarse a fines ambientales y de abastecimiento, en lugar de a la producción industrial de la pastera.

El Servicio de Tramitación de Concesiones justificó la demora en la “complejidad del procedimiento”, alegando que ello no ocasiona perjuicio a terceros. Sin embargo, los colectivos aseguran que la propia ciudadanía, con miles de alegaciones presentadas, es la directamente afectada. Con estas acciones legales, el pulso social y judicial contra el proyecto de Altri en Galicia entra en una fase decisiva que se suma al varapalo recibido hace apenas unos días por parte del Ministerio de Industria denegándole la subestación eléctrica que exigía la empresa y la Xunta.