Ruanda, el aliado de Israel que se pone al servicio de la deportación de personas migrantes

El lunes, cinco países europeos anunciaron un nuevo plan por el que deportarán a personas migrantes a Ruanda. Bajo el régimen autoritario de Paul Kagame, el país, acusado de comerciar con minerales congoleños, es un socio estratégico de Israel.
Lesbos, Grecia 2023. Campo de Moria 2 o ó Mavrovouni - 8
Una pintada en el campo de refugiados de Moria 2 (Lesbos) denuncia las políticas migratorias europeas. Giacomo Sini
19 nov 2026 05:55 | Actualizado: 19 nov 2026 06:31

El pasado lunes 16 de noviembre, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, junto al canciller austriaco Christian Stocker, y los ministros de interior de Austria, Grecia y los Países Bajos compartían una rueda de prensa en Viena con el fin de anunciar un nuevo plan en su cruzada para combatir la migración irregular. Los cinco países europeos presentaban lo que han llamado un “proyecto piloto” para deportar a personas migrantes a Ruanda, gracias al acuerdo alcanzado con el país africano, representado por su ministro de interior Vincent Biruta. 

Los presentes hablaron del acuerdo como un “nuevo mecanismo de retorno”, sin poner sobre la mesa la palabra deportación y tomando de esta manera el marco narrativo asentado por el “reglamento de retorno”, aprobado el pasado junio, y que abre la posibilidad de deportar a solicitantes de asilo que hayan visto su solicitud denegada a terceros países considerados seguros por la Unión Europea. 

“Los estados miembros pueden llamar a estos espacios ‘centros de retorno’ o incluso ‘centros de bienvenida’ pero ningún eufemismo puede ocultar la violencia de arrancar a las personas de la vida que han construido en Europa, enviándoles a un lugar que ni siquiera conocen, sin familias, redes ni perspectivas significativas”, apuntaba durante el mismo lunes Chiara Catelli, Jefa de Incidencia de la Plataforma Internacional por la Cooperación de las personas Migrantes en situación Irregular (PICUM), quien recordaba que ninguna presunta garantía atenúa la gravedad de este tipo de prácticas.

La reacción de PICUM marca el tono de las múltiples organizaciones que han cuestionado una política que además no evitará que las personas expulsadas intenten migrar de nuevo para acercarse a sus familias y redes, dejando un país que nunca eligieron. Migraciones que una vez más tendrán que depender de redes de tráfico de personas, lamentaba Catelli, quien cuestionaba la “obsesión” de Europa con las políticas de deportación  e invitaba a “invertir seriamente en políticas que hagan posible que la gente viva y trabaje en seguridad y dignidad, participando plenamente en la sociedad”. 

No menos alarmada se mostraba Amnistía Internacional quien denunciaba en un comunicado: “Enviar a las personas a países en los que nunca han estado es irresponsable, hay un gran peligro de que el acuerdo con Ruanda se convertirá, debido a su opacidad, en un agujero negro para los derechos humanos”. La organización además afeaba el anuncio del acuerdo desde Viena, ciudad donde en 1993 las Naciones Unidas se reunieron para reafirmar la universalidad de esos mismos derechos humanos que esta decisión contribuiría a vulnerar. 

En noviembre de 2023 Rishi Sunak llegó a plantear un cambio legislativo para poder considerar Ruanda como un tercer país seguro

Mientras el Ministro de Interior alemán apuntaba a que solo deportarán, en una primera fase, “a hombres solteros”, su homólogo neerlandés señalaba que se intentaría deportar sólo a personas procedentes de la región. Por su parte, el representante ruandés defendía el acuerdo como una vía para dar una “segunda oportunidad” a las personas migrantes, mientras Frederiksen insistía en que el plan afectará a personas “que no tienen derecho a estar en Europa”. 

El anuncio del lunes avanza un proceso en el que los cinco países llevan varios meses insertos como recordaba a principios de septiembre el medio especializado  infomigrants, en un titular que señala el “retorno” del plan ruandés haciendo alusión a las recurrentes tentativas de enviar a las personas migrantes fuera de territorio europeo sirviéndose para ello de la colaboración de Ruanda. 

Un plan que ya fue considerado en 2022 por la propia Dinamarca que comenzó a diseñar una iniciativa similar con Kigali, siguiendo la estela de Reino Unido, que hizo de la propuesta de enviar solicitantes de asilo a Ruanda para que se procesara allí su solicitud una de las principales iniciativas políticas bajo el mandato del Rishi Sunak. En noviembre de 2023 el líder torie llegó a plantear un cambio legislativo para poder considerar Ruanda como un tercer país seguro.  El mandatario expresó incluso la posibilidad de sortear la Convención Europea de Derechos Humanos de ser necesario.

Una vuelta de tuerca a la externalización

Si bien Italia no forma parte de los cinco países que han promovido el acuerdo, el pulso por implantar centros de recepción de migrantes y solicitantes de asilo fuera de la Unión Europea, tienen en su primera ministra, Giorgia Meloni, una de sus principales valedoras. Fue Roma quien abrió las primeras cárceles para migrantes en la vecina y extracomunitaria Albania mediante un acuerdo bilateral firmado en 2023 por el que Meloni quería trasladar unas 3.000 personas al año para tramitar allí sus solicitudes de asilo. Tan solo la construcción de los centros habría costado 74 millones de euros, según ActionAid, una inmensa inversión para unas instalaciones que han llegado a recibir solo algunas decenas de personas en distintos momentos, siendo estas devueltas en varias ocasiones poco después por intervención judicial.  

También el mencionado plan británico de deportación de solicitantes de asilo a Ruanda —con la polémica ministra de Interior, Suella Braverman, afirmando soñar con aviones llenos de migrantes rumbo al país africano— acabó con la intervención de los tribunales en 2023, considerando la Corte Suprema británica que el acuerdo era ilegal y contrario al principio de no devolución. El sueño deportador de Braveman costó más de 800 millones de euros, y solo hubo cuatro personas que viajaron además de manera voluntaria.  Los números que maneja el acuerdo anunciado el lunes también son modestos, apuntando a cien personas deportadas, 20 por país. Aún no hay detalles sobre cuánto se pagará a Ruanda en el marco de este acuerdo que se concretará ya en 2027. 

Amnistía Internacional destaca entre los riesgos de los acuerdos anunciados, la “incertidumbre sobre a la jurisdicción de qué estado aplicaría, y cuál sería responsable de la protección de las personas deportadas, algo que complicaría el acceso a la justicia de las personas en caso de ser objeto de abusos”. Además, respecto al propio reglamento de retorno, Amnistía Internacional recuerda que este solo permitiría la externalización a terceros países que cumplan unos estándares de derechos humanos.  

Se calcula que unos 4.000 solicitantes de asilo eritreos y sudaneses fueron enviados desde el estado sionista a Ruanda y Uganda entre 2013 y 2018

En este sentido Human Rights Watch afirmaba en otro comunicado cómo “las deportaciones a terceros países exponen a las personas a la detención arbitraria, los malos tratos, la indigencia y el retorno a situaciones de peligro en sus países de origen, así como a otras graves violaciones de los derechos humanos”. Ambas organizaciones han denunciado además que Kigali ha sido señalado por apoyar al Movimiento 23 de Marzo, un grupo armado acusado de cometer graves abusos en la vecina República Democrática del Congo.

Pese a este marco, el posicionamiento de Ruanda como país receptor de personas migrantes no se limita a Europa, entre 2019 y 2025 casi 3.000 refugiados fueron evacuados a este país en el marco de un acuerdo entre ACNUR y la Unión Africana desde Libia. En verano de 2025, Estados Unidos envió siete migrantes al país, los  primeros de los 250 comprometidos en un acuerdo entre Donald Trump y las autoridades del país, el pasado septiembre un reportaje de The Guardian describía cómo más de 5.000 personas migrantes han sido deportadas a países con los que no guardan ninguna relación en América Latina, África o Asia, una política de un alto coste económico y que el medio califica como una “demostración de fuerza”. 

Pero quien tomó la delantera en deportar a refugiados a este país africano fue Israel. Se calcula que unos 4.000 solicitantes de asilo eritreos y sudaneses fueron enviados desde el estado sionista a Ruanda y Uganda entre 2013 y 2018 en el marco de un acuerdo secreto cuya revelación generó numerosas críticas. En documentos desclasificados Israel se refería a los solicitantes de asilo como “infiltrados en su país”. Tel Aviv habría pagado 5.000 dólares por cada persona asumida por Ruanda. 

Muchas de las personas deportadas retomaron desde allí su camino hacia Europa al no tener otra opción. En la investigación citada se remiten a testimonios de personas que afirman que una vez llegaron al país se les requisó la documentación, se les internó en un hotel de que no se les permitía salir, y les hicieron pagar 500$ si querían ser conducidos a la frontera con Uganda, una vez en la capital, Kampala, debían pagar otra vez. “Públicamente, el programa de transferencia se presentó como una forma de proveer a sudaneses y eritreos de un futuro estable en Ruanda o Uganda”, describía un especialista del Centro de Estudios Migrantes de la Universidad de Oxford, antes de aclarar que enseguida se reveló que todas estas promesas no estaban sustentadas. 

Según señalan distintos autores los planes de externalización constan de una raigambre colonial que se retrotrae más allá de los recientes acuerdos citados. Ya en la Segunda Guerra Mundial el imperio británico transfirió a los primeros refugiados al territorio donde ahora está Ruanda, se trataban de cientos de griegos que fueron enviados ahí con la colaboración de otros potencias coloniales como Bélgica, y el gobernador del Congo.

Este antecedente se enmarca en una tradición “imperial” en la que Europa envío grupos “no deseados” de gente a las colonias. Los planes recientes de externalización se basan en la misma visión del mundo imperial que entiende África como un espacio donde los problemas europeos deberían resolverse. El autor del análisis mencionado habla de cómo la mirada colonial convierte el país colonizado en un espacio vacío a disposición de la metrópoli, aplicando este paralelismo también a Italia y Albania, recordando que esta última fue ocupada por la Italia fascista entre 1939 y 1943.

Un socio estratégico de Israel en África

El rol del país como receptor de refugiados forma parte de una estrategia más amplia de acercamiento a los países occidentales. Solo unas semanas antes de la conferencia de prensa en Viena, el ministro de exteriores de Ruanda, Olivier Nduhungirehe, visitaba Jerusalén con el fin de profundizar la estrecha relación que Ruanda sostiene con Israel. Recibido por el titular de exteriores Gideon Sa'ar ambos mandatarios firmaron acuerdos de cooperación en desarrollo, innovación y educación.

La entente entre Tel Aviv y Kigali es de larga data, pero se ha intensificado en los últimos años adquiriendo un carácter personal desde que el presidente Paul Kagame visitara el estado sionista en 2013. Un año después, el entonces ministro de exteriores, Lieberman, visitaría el país mostrando el interés del entonces primer ministro Netanyahu de afianzar lazos entre ambos estados. 

Así, en 2014, mientras Gaza sufría el ataque que israelí denominó como Operación Margen Protector, Ruanda e Israel profundizaban su alianza y creaban un marco de cooperación en proyectos agrícolas, una herramienta, la de la innovación agrícola, con la que Israel ha ido extendiendo su presencia en numerosos países del sur global. En la segunda mitad de la pasada década, Israel abrió embajada en Kigali, mientras Ruanda hizo lo mismo en Tel Aviv, una decisión significativa dado que en la región el país solo contaba con embajadas embajadas en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Según este análisis centrado en las relaciones entre ambos países, el acercamiento a Ruanda por parte de Israel formaría parte de su estrategia respecto a África. Un enfoque que persigue “apoyo diplomático de los países africanos en Naciones Unidas, colaboración frente al fundamentalismo islámico, y abrir mercados africanos a las empresas israelíes”. Según recoge el mismo artículo, Ruanda tomaría también Israel como referente en cuanto a innovación, replicando la idea de la star-up nation. 

Esta proyección que une más allá de lo económico y lo político a ambos países empieza a fraguarse sobre todo tras el genocidio ruandés, en 1994. Las resonancias entre la Shoa y las masacres cometidas contra los tutsis, sirvió para alimentar una narrativa de comprensión entre ambos pueblos, si bien Israel suministraba ya armas al país desde su independencia, y fue acusado de suministrar armas a Ruanda durante 1994, que habrían sido usadas contra la minoría tutsi.

“Israel se implicó en la construcción de las fuerzas de seguridad ruandesas y buscó beneficio político de las divisiones étnicas en el país”

Sobre la negativa de revelar su rol durante el genocidio en Ruanda, un reportaje publicado en 2019 en la revista israelí-palestina +972 Magazine, documenta cómo Israel, que ya colaboraba con el país en los años sesenta y setenta, era consciente de la crisis que atravesaba Ruanda y la posibilidad de un estallido violento entre Tutsis y Hutus, los grupos étnicos delineados y reforzados por las potencias colonizadoras que habían exacerbado distinciones étnicas poco relevantes antes del proceso de colonización para privilegiar a las élites tutsis primero, y más tarde a las hutus. Según recoge el reportaje, los archivos del ministerio de defensa demuestran como durante la presidencia del hutu Grégoire Kayibanda —1963-1973— “Israel se implicó en la construcción de las fuerzas de seguridad ruandesas y buscó beneficio político de las divisiones étnicas en el país”.

En aquellos años, Israel buscó el apoyo ruandés, equiparando su “problema” con los refugiados palestinos expulsados, con el “problema” para Ruanda de los refugiados tutsi, señalándolos como una amenaza para la seguridad del país, y argumentando que los tutsi estaban apoyados por “los árabes”. Pese a la larga historia de cooperación israelí con los hutus y las acusaciones de suministrar armas al régimen hutu durante el genocido, Kagame no ha confrontado a Israel por su rol antes y durante el genocidio, sino que se apoyó en el estado sionista para conseguir el reconocimiento internacional del genocidio contra los tutsi en los mismos términos que la Shoah.

Aunque al principio la equiparación de lo acaecido a los tutsis con el holocausto judío no era del agrado de las autoridades israelís que consideran el genocidio que sufrieron como el único que merece tal denominación. Finalmente, sobre todo organizaciones sionistas en Estados Unidos, apoyaron a Ruanda en su campaña por el reconocimiento internacional del genocidio en ese país. Ambos países, han reivindicado el relato histórico que presenta a israelíes y tutsis como supervivientes de la violencia más letal capaces de recuperarse, innovar, y presentarse al mundo como un modelo de éxito.  

Buenos amigos y mucha impunidad

Pero Ruanda no es el único estado que sabe mirar hacia otro lado si conviene a sus intereses, como demuestran sus buenas relaciones con los países europeos a pesar de su complicado historial respecto a los derechos humanos. Una tolerancia que, como desarrolla este análisis, se pone de manifiesto al comparar la enérgica reacción internacional ante las acciones del Movimiento 23M en 2012, y la escasa respuesta ante una nueva incursión de estos grupos paramilitares en el Este del país. 

El autor del mencionado análisis destaca que allá por 2012, las acciones de la que ha sido señalada como “fuerza proxy” de Ruanda despertó la condena internacional mientras que Kigali tuvo que afrontar sanciones. Sin embargo, tras una década de aproximación a las potencias occidentales, estas callaron ante el regreso de las fuerzas paramilitares, facilitando la toma de amplias zonas del país vecino, lo que le ha ayudado a ser una potencia en cuanto a la exportación de minerales estratégicos, muchos de ellos procedentes ilegalmente de la RDC y extraídos en condiciones de abuso y violencia contra los mineros. 

En este marco, en 2024, la Unión Europea firmó un memorandum de entendimiento sobre “cadenas de valor de materias primas sostenibles” por el que la Unión Europea compromete unos 900 millones de dólares principalmente para proyectos de infraestructura necesarios para la exportación de materias primas, aunque varias investigaciones de naciones unidas hayan demostrado el rol de Ruanda en la crisis de RDC, país crítico con el acuerdo, e incluso el parlamento europeo llamara a suspenderlo atendiendo a estas acusaciones.

Acusaciones que Amnistía International recogía en un informe de hace solo unas semanas, en el que documentaba los abusos cometidos contra los mineros congoleños allá donde el M23 se había introducido, así como el tráfico de oro y coltán. Asesinatos sumarios, tortura y maltrato, trabajo forzado, detenciones arbitrarias, las fuerzas paramilitares disciplinan un sector de gran interés económico para el mercado internacional, denuncia AI, pero que apenas deja riqueza a la población congoleña. 

“Los actores internacionales deben abandonar su silencio sobre las atrocidades del M23, el contrabando de minerales desde áreas en conflicto y la responsabilidad ruandesa”, explicaba Agnes Cajamar, secretaria general de la institución, en el documento. Y proseguía: “Tienen que obligar a rendir cuentas a los perpetradores, incluyendo a los funcionarios del gobierno ruandés“. Mientras eso no sucede, el coltán congolés sigue fluyendo hacia occidente a través de Ruanda, llegando a los dispositivos de las marcas más conocidas, incluyendo “Microsoft, Vodafone, Sony, Amazon, Nvidia, LG Display, Ericsson, Toyota and Apple –y en productos que usamos diariamente”, refleja una investigación reciente de Global Witness.

El país africano, que se presenta hacia el exterior como un ejemplo de recuperación tras el genocidio, de innovación y de buena gestión de la inversión y ayuda exterior, ha devenido así un socio codiciado por ofrecer a las potencias lo que requieren del sur global: colaboración en la gestión de los flujos migratorios, acceso a minerales críticos y apoyo institucional en un momento en el que parte del continente se revuelve contra las antiguas metrópolis. 

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