Unión Europea
El Parlamento Europeo aprueba de manera definitiva el Reglamento de Retorno

Con gestos de victoria y casi un minuto de aplausos por parte de la derecha radical, el Parlamento Europeo, reunido esta semana en Estrasburgo, votó finalmente la reforma de la política común para la deportación de personas migrantes que lleguen a los países de la UE, el Reglamento Europeo de Retorno. Tras una ronda de intervenciones de los representantes de los diferentes partidos políticos, el martes 16 de junio por la tarde; ayer miércoles 17 de junio se llevó a cabo la votación: 418 eurodiputados votaron a favor, 218 en contra; y se produjeron 30 abstenciones. Antes, el lunes 15 por la tarde, se había votado en la Comisión de Libertades Civiles (Comisión Libe).

El nuevo Reglamento Europeo de Retorno, que empezará a aplicarse de manera inmediata, como el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo —en vigor desde el pasado 12 de junio— contempla nuevas obligaciones para las personas migrantes con órdenes de expulsión; aumenta los plazos de detención hasta 24 meses —que incluso se pueden convertir en 30 en situaciones concretas— y abre la puerta de manera definitiva a la construcción y puesta en marcha de lo que la UE llama “centros de retorno”, localizados fuera de la UE.

Más de 250 organizaciones de defensa de los derechos humanos ya han mostrado su rechazo a esta nueva normativa

Ahora, el texto debe ser formalmente adoptado por el Consejo y publicado en el Diario Oficial para que entre en vigor. Algunas disposiciones, en particular las relativas a los “centros de retorno”, la evaluación de la edad de los menores y la dimensión exterior de los retornos se aplicarán de inmediato. Otras disposiciones que requieren etapas preparatorias entrarán en aplicación 12 meses después de la entrada en vigor de la legislación.

Más de 250 organizaciones de defensa de los derechos humanos ya han mostrado su rechazo a esta nueva normativa: “Las instituciones de la UE y los Estados miembros han convertido cada vez más la criminalización, la vigilancia y la discriminación en las herramientas por defecto de la gobernanza migratoria, en contraposición a la protección, la seguridad, las medidas de inclusión social, la ampliación de rutas seguras y regulares y los permisos de residencia basados ​​en derechos”, se puede leer en el comunicado conjunto remitido a la prensa. Los firmantes consideran que este nuevo paquete de normas “promueve la detención, la deportación, la externalización y el castigo, especialmente de las personas racializadas, y provocará que más personas se vean abocadas a un limbo jurídico y a condiciones peligrosas”.

“Controlar la puerta de atrás”

Los eurodiputados de la extrema derecha y de la derecha tradicional, quienes han impulsado esta nueva normativa, aplaudieron largo y tendido al grito de send them back (mandadlos de vuelta), mientras los y las eurodiputadas de izquierdas gritaban shame on you (vergüenza) tras la emisión de los votos. En una rueda de prensa posterior a la votación, el holandés Malik Azmani, el relator de migraciones, del grupo Renew, dejó claro hacia dónde se encaminan los Veintisiete. “Hoy, Europa ha cumplido sus compromisos. Los ciudadanos esperan, con razón, que las personas que no tienen derecho a permanecer regresen a su país de origen. Por eso tengo una prioridad clara: medidas de retorno eficaces y realistas. Y tras casi veinte años de inmovilismo, Europa cuenta por fin con ellas. El retorno es la última pieza del rompecabezas del sistema europeo de gestión de la migración, y estoy enormemente orgulloso de que ya esté en marcha”. El relator confesó, al inicio de su parlamento, sentirse “orgulloso” por el paso dado.

Preguntado en varias ocasiones sobre la garantía de los derechos de las personas migrantes en los “centros de retorno!”, Azmani, quien considera que “solo se puede gestionar bien la migración si hay normas”, lanzó balones fuera y mencionó una serie de artículos de la normativa pero no especificó nada. “Todo va a ser legal”, dijo. En tono de sorna, el relator aseguró que “si [la persona migrante] coopera no tiene porqué acabar en un centro de retorno” e insistió en la idea de que con esta nueva normativa “la puerta de atrás queda bajo control”. Calificó el nuevo Reglamento como una normativa justa y agradeció a “todos los colegas” que hicieron esto posible.

La preocupación por la puesta en marcha de los denominados “centros de retorno”

La nueva normativa está vertebrada por la externalización de la migración hacia terceros países, tanto de tránsito como de origen. Respecto a estos últimos, a partir de ahora, siete países que hasta ahora no se habían considerado “seguros” por diferentes motivos, pasen a serlo. Se trata de Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez. Si una persona originaria de unos de estos países migra a la UE y se le deniega el asilo, será deportada al mismo país del que salió. También se considerarán terceros países seguros los candidatos a la adhesión. Esto, junto con el establecimiento de los “centros de retorno”, es uno de los puntos más polémicos de la nueva normativa.

Tineke Strik: “El reglamento contempla muchas obligaciones para los migrantes, obligaciones para el país de origen, y prácticamente ninguna obligación para los Estados miembros”

Para Tineke Strik, de origen holandés y miembro del Parlamento Europeo por el grupo Los Verdes/ALE, profesora de Derecho de Ciudadanía y Migración en la Universidad de Radboud, todo lo que concierne a la nueva normativa de retorno resulta “preocupante”, en sus propias palabras. “El reglamento contempla muchas obligaciones para los migrantes, obligaciones para el país de origen, y prácticamente ninguna obligación para los Estados miembros”. La eurodiputada pone de relieve la ampliación de los plazos de detención y señala hacia los “centros de retorno” en terceros países. “La nueva normativa permitirá a los Estados miembros transferir inmediatamente su responsabilidad sobre las personas migrantes a cualquier otro país. Esto hace que puedan quedar atrapadas en una especie de limbo legal o en una detención indefinida. No sabemos qué pasará”.

Además de contravenir las disposiciones de la Convención de Ginebra y suponer un atentado claro contra los derechos de las personas en movimiento, estos nuevos centros, que se construirán una vez los Estados miembros lleguen a acuerdos con estos terceros países y hayan recibido el visto bueno de la Comisión Europea, no estarán sujetos a supervisión de ningún tipo por parte de los Veintisiete. “Este es uno de los problemas, porque no está regulado que deba haber una supervisión”, comenta Strik, quien asegura que las personas que estén allí internas “quedarán sometidas al régimen de ese tercer país”. En muchos de los países que se contemplan para la construcción y la puesta en marcha de estos templos no respetan los derechos humanos.

Estrella Galán: “Detrás de todo esto hay toda una maquinaria de seguridad —con Israel al frente—”

Quien también se muestra preocupada tanto por la puesta en marcha de estos centros como la total ausencia de supervisión es la eurodiputada por Sumar y exdirectora general de CEAR Estrella Galán. “Esta normativa no plantea ningún mecanismo de supervisión de los derechos humanos. Lo que se quiere hacer es alejar lo máximo posible la crueldad que se vivirá en estos centros y evitar que sepamos lo que ahí está pasando. De algún modo, será la Comisión Europea quien monitoree —si es que se puede usar esta palabra— lo que allí sucede”. Galán insite en que se están creando “agujeros negros de derechos. Claramente desde los espacios europeos vamos a tener muy poca capacidad de denuncia”, explica para El Salto.

Preguntada por la reversibilidad de estas medidas, la eurodiputada se muestra tajante y apunta hacia la parte económica del trato: “En términos económicos es incalculable. Primero porque detrás de todo esto hay toda una maquinaria de seguridad —con Israel al frente—. Se trata de un negocio millonario con cifras millonarias e incalculables. Estos centros en terceros países, que nosotros definimos como el Guantánamo europeo, van a disponer de unas medidas de seguridad millonarias”. También señala el coste humano que va tener la aplicación de estas nueva normativa.

Con este nuevo paquete legislativo, la política migratoria de la Unión Europa ya es prácticamente la misma que se aplica en Estados Unidos. “Vamos en la misma dirección. Con el asunto del tercer país seguro, hacemos lo mismo que en Estados Unidos: deportar a personas a un tercer país donde nunca han estado. Respecto a las detenciones, el Reglamento de Retorno también otorga una base y competencias para que se haga lo mismo aquí en Europa y contempla detenciones de larga duración. Así que no creo que haya ya mucha diferencia”, argumenta la eurodiputada Strik. Esta diferencia tampoco la ve Estrella Galán, quien considera que “nosotros [la UE] ponemos el filtro de los derechos humanos y tratamos de endulzar lo que es lo mismo. Es posible que acabemos viendo las mismas imágenes de esos niños con una mochilita y un gorrito siendo detenidos por la policía migratoria”.

“Debemos prepararnos para ver lo mismo que hemos estado viendo en Estados Unidos por parte del ICE. Son malas noticias para Europa”. Quien habla es Cecilia Strada, eurodiputada del Parlamento Europeo desde 2024 por el Partido Democrático de Italia; quien considera que con la adopción del Reglamento de Retorno y el PEMA, Europa ha desmantelado de manera definitiva su sistema de asilo. 

Comprar la agenda y la narrativa de la extrema derecha

La aprobación de esta nueva normativa, que consolida la realidad de una Europa fortaleza de fronteras cerradas, no hubiera sido posible si el centro derecha y la derecha tradicional no hubieran comprado el marco narrativo de la securitización y el miedo promovido desde la extrema derecha. En Estrasburgo, en la rueda de prensa que dio el martes por la tarde, el ultraderechista francés Jordan Bardella sacaba pecho de la nueva normativa y daba las gracias a la derecha tradicional por haber facilitado las cosas. Bardella, presidente del grupo The Patriots, integrado por partidos como el húngaro Fidesz, la Lega o Vox, sucederá a Marie Le Pen en Francia si esta resulta condenada por malversación en el juicio que tiene pendiente el próximo 7 de julio. Podría ser candidato a la presidencia de Francia en las próximas elecciones, programadas para 2027.

La adopción de esta normativa tampoco hubiera sido posible sin la connivencia de una serie de medios repartidos por los cuatro rincones del continente que han comprado la narrativa de la securitización

“La aprobación de este Reglamento demuestra que hay un cambio de dinámicas dentro del Parlamento Europeo”, señala Galán quien explica que el Partido Popular Europeo “ha comprado la agenda que impone la ultraderecha y las narrativas. Han entrado en sus dinámicas [de la extrema derecha]. La adopción de esta normativa tampoco hubiera sido posible sin la connivencia de una serie de medios repartidos por los cuatro rincones del continente que han comprado la narrativa de la securitización y han hecho uso del miedo para criminalizar a las personas migrantes y las redes de solidaridad que les ayudan. “Los medios, a menudo no hacen periodismo, sino que se limitan a replicar lo que dicen los políticos, y eso está mal. Los y las periodistas deberían poder desmontar las mentiras, y no solo hacer una primera pregunta, sino hacer una segunda”, dice Strada. La eurodiputada italiana, ex trabajadora humanitaria en misiones de rescate en el mar Mediterráneo, asegura que queda mucho trabajo por delante y que hay que “abordar nuestros racismos estructurales”. A partir de su trabajo previo, constata que “el relato en los medios sobre la migración trata de números y no de seres humanos”.

Desde las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, se hace una llamamiento a la UE “para que deje de complacer los sentimientos racistas y xenófobos y los intereses empresariales, y revierta el giro punitivo y discriminatorio de su política migratoria”, y en su lugar “destine recursos a políticas basadas en la seguridad, la protección y la inclusión, que fortalezcan las comunidades, defiendan la dignidad y garanticen que todas las personas puedan vivir con seguridad, independientemente de su estatus”.