Fronteras
El Gobierno deja en manos de una asociación ultracatólica el “retorno voluntario” de migrantes

En 2024 “hemos atendido más de 700 solicitudes de información y de retorno, y hemos gestionado el retorno de 360 personas”. Es una de las noticias que tiene publicadas en su página web la fundación ultracatólica Altius, una de las organizaciones seleccionadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que asesoren a migrantes que quieren regresar a sus países de origen y los ayuden a gestionar todos los trámites administrativos y legales.

Entre estas entidades se encuentran ONG y asociaciones con mucha trayectoria y prestigio, como la Organización Internacional para las Migraciones (que hace de puente entre las administraciones y las entidades colaboradoras), Red Acoge o la Fundación CEPAIM, que opera en 21 ciudades españolas. La diferencia es que Altius tiene un marcado sesgo ideológico y religioso.

Ultras, antiabortistas y contra los derechos LGTBIQ+

Altius nació en 2018 como resultado de la fusión entre la Fundación Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y la Fundación Altius Mano Amiga, ambas directamente vinculadas con los Legionarios de Cristo. De hecho, Altius es la obra social del movimiento Regnum Christi —rama laica de los Legionarios—. Su presidente, Francisco Javier Cereceda, es director territorial de los Legionarios de Cristo en España, y entre los miembros del patronato de la fundación hay otras tres personas vinculadas a esta organización y a Regnum Christi.

La participación de la Universidad Francisco de Vitoria —fundada por empresarios de los Legionarios de Cristo— es habitual en foros y simposios sobre asuntos como el matrimonio igualitario o el derecho a decidir. A finales de 2024 la UFV organizó un ciclo de conferencias titulado “El aborto en el Derecho Comparado”, en el que se discutieron las legislaciones sobre el aborto en varios países, incluyendo España.

Con un claro enfoque contrario al derecho al aborto, entre los ponentes estuvieron las eurodiputadas de PP y Vox Isabel Benjumea y Margarita de la Pisa. Una de las conferencias se titulaba: “Objeciones de conciencia y vida humana: el derecho fundamental a no matar”.

Preguntada por si considera pertinente y adecuado que una organización con un marcado sesgo ideológico y religioso asesore a familias monoparentales y a mujeres víctimas de “violencia doméstica” —como Altius la denomina en su web—, la Secretaría de Estado de Migraciones únicamente da como respuesta un copia y pega del pliego de requisitos del Ministerio, y se limita a añadir que “si está organización, a la que se refiere en la consulta, ha recibido la subvención ha sido porque ha cumplido con las condiciones de la convocatoria”.

Contratos públicos y subvenciones

Pero la Fundación Altius no solo recibe dinero público de la Unión Europea y del Gobierno central. En 2024 recibió una subvención de la Comunidad de Madrid de casi 400.000 euros para la conciliación. Este dinero proviene del Plan Corresponsables, una iniciativa del Ministerio de Igualdad para ayudar a la conciliación familiar y hacer más justo el reparto de tareas relacionadas con los cuidados.

No obstante, la relación de Altius con el Gobierno de Ayuso no es nueva ni casual. Ya en 2023 Altius fue una de las elegidas para gestionar una parte de los comedores sociales de la región. Ese mismo año la Comunidad de Madrid (CAM) también estableció un convenio con Altius para “favorecer la inserción laboral de las personas en exclusión a través del acompañamiento y la formación de los usuarios”.

Quienes acuden en busca de asesoramiento, en el caso de Red Acoge, son sobre todo familias con niños, pero también enfermos terminales, mujeres embarazadas y víctimas de violencia machista

En 2024, la fundación ultracatólica fue receptora de dinero público de la CAM bajo el concepto “Voluntarios para la creación de empleo”, aunque la cantidad exacta no aparece en el documento oficial. Además, también ha sido beneficiado con otros contratos financiados por el Fondo Social Europeo, como uno de los lotes del programa de orientación, tutorización y acompañamiento de empleo y formación.

Retorno voluntario de migrantes

El Programa de Retorno Voluntario Asistido y Reintegración (AVRR) es uno de los mecanismos modificados por la Unión Europea en su endurecimiento de las políticas migratorias. Está cofinanciado por Bruselas, principalmente a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (AMIF), y cada Estado miembro lo gestiona apoyándose en la colaboración de entidades internacionales y locales.

Básicamente, el programa ofrece apoyo logístico, financiero y asesoramiento a las personas migrantes que deseen regresar a sus países de origen. Los gastos incluyen la asistencia sanitaria o el acompañamiento en los trámites administrativos, el billete de avión, una ayuda económica para la manutención y un seguimiento post-retorno.

En España, el AVRR está implementado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración (DGAHISI) y la Secretaría de Estado de Migraciones. No obstante, no es el Estado el que directamente participa en los retornos voluntarios, sino que delega el proceso en ONG locales entre las que se encuentra la Fundación Altius.

“Se llama retorno voluntario, pero en realidad está forzado por las circunstancias”, dice Vega Velasco, coordinadora del proyecto de retorno voluntario de Red Acoge, una de las entidades que gestiona el retorno en nuestro país. Velasco explica que las asociaciones participantes están presentes en todo el proceso, y que éste se hace siempre escuchando a los solicitantes y teniendo en cuenta su situación particular. “Nos encontramos con personas en una situación de muchísima vulnerabilidad”, añade.

En el caso de Red Acoge, existen servicios jurídicos, de orientación laboral y psicológicos para las personas que lo necesitan. “Las organizaciones tenemos todo el poder en el proceso, aunque siempre en colaboración con el Ministerio. En nuestro caso también hacemos seguimiento posterior, aunque no estamos obligadas”.

La cuestión económica es el principal motivo por el que muchos migrantes deciden regresar a sus países de origen. Velasco destaca que el perfil del retornado suelen ser personas en situación administrativa irregular, que les impide acceder a determinados derechos como un trabajo digno.

“Ellos se quieren quedar, pero no pueden. Vienen, están aquí un tiempo, se les acaban sus ahorros y quieren volver porque no tienen recursos para seguir viviendo en España”, explica. Quienes acuden en busca de asesoramiento, en el caso de Red Acoge, son sobre todo familias con niños, pero también enfermos terminales, mujeres embarazadas y víctimas de violencia machista.

Esta idea del retorno tiene bastante recorrido en la legislación comunitaria —está presente desde 2008—, pero en 2021 se cambió para incluir el término “voluntario” y promover este tipo de regresos en cooperación con los países de origen. Otro de los cambios es que Frontex, la policía fronteriza y costera de la UE, participa en algunos de estos retornos.

En 2024, el Gobierno de España destinó casi cuatro millones de euros a proyectos de retorno voluntario asistido y reintegración, tal y como aparece en la convocatoria publicada por la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Durante ese mismo año pidieron regresar voluntariamente a sus países 2.333 personas, y los destinos más solicitados fueron países de Latinoamérica (Colombia, Ecuador, Bolivia y Paraguay) y Senegal.

Una herramienta de coerción

En países como Bulgaria, que recibe una gran cantidad de migrantes y refugiados procedentes de Turquía y Grecia, varias ONG han denunciado que tanto la policía nacional como los agentes de Frontex utilizan el mecanismo del retorno voluntario para coaccionar a los migrantes a que lo firmen y abandonen el país.

Aquí juegan un papel fundamental los centros de detención de migrantes. En el caso búlgaro, las autoridades pueden retener durante 18 meses en estos centros a los solicitantes de asilo a los que consideren una amenaza para la seguridad nacional. Las ONG búlgaras denuncian que muchos migrantes cuyas peticiones de asilo han sido denegadas se les da la opción de firmar el retorno voluntario o pasar año y medio detenidos en uno de esos centros financiados por la UE.