Fronteras
El gobierno cierra una legislatura cargada de contradicciones entre discurso y práctica en materia migratoria

El adelanto de las elecciones generales, anunciado oficialmente por Pedro Sánchez el pasado lunes 5 de octubre, ha interrumpido abruptamente la actividad legislativa del gobierno, implicando la disolución al día siguiente de las Cortes y malogrando algunas normas que estaban cerca de su aprobación. Este ha sido el caso del Decreto de Asilo, un texto que levantó las alarmas de colectivos antirracistas y organizaciones en defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, quienes han pasado semanas organizándose para impedir que la propuesta fuese debatida en el Consejo de Ministros. 

Tras el desahucio de Maricarmen Abascal y las históricas movilizaciones protagonizadas por el movimiento de vivienda, el debate sobre el decreto fue pospuesto siendo uno más de los proyectos del gobierno sin concluir. Pese a todo, las organizaciones han estado estos días revisando el BOE temiendo que el Decreto —criticado por suspender de facto el derecho de asilo, imponiendo plazos imposibles y formas de comunicación ineficaces, excluyendo garantías judiciales y contraviniendo el principio de no devolución— sea presentado en cualquier momento en la Diputación Permanente “apelando a la situación de urgencia e interés general”, explica Natalia Slepoy, responsable de incidencia de Red Acoge, una de las numerosas entidades que está plantando batalla a un decreto que no es la única iniciativa que se ha quedado sin concretar. 

“Con la convocatoria de elecciones anticipadas y el registro de enmiendas por parte del partido popular en el Senado, a la ley de nacionalidad saharaui, mañana, con la publicación en el BOE quedarían disueltas las cortes y una ley aprobada por amplias mayorías y al 99% se iría a la basura”. Así expresaba su frustración en las redes sociales la diputada de Sumar, Tesh Sidi, a las pocas horas del anuncio de adelanto electoral. La política saharaui daba cuenta de cómo la decisión del gobierno de precipitar el fin de la legislatura daba al traste con una empresa de la que ha sido una de sus principales valedoras. 

Solo semanas atrás, el 10 de septiembre, Sidi celebraba la aprobación por parte del Congreso de Diputados de una proposición de ley impulsada por su partido, que tenía por objetivo habilitar el acceso a la nacionalidad española por carta de naturaleza a miles de personas nacidas en el Sahara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977 y que ahora se encuentran en los campamentos de refugiados en Argelia o en la diáspora. La norma facilitaba el acceso a la nacionalidad también para sus descendientes. 

“El de la nacionalidad saharaui es otro de los proyectos que decaen por llegar mal y tarde”, señala Slepoy, quien lamenta que no se reconozca finalmente la gran deuda histórica con la antigua colonia, y enmarca el decaimiento de esta iniciativa legislativa, que tendrá que volver a tramitarse una vez formado un nuevo gobierno, en un contexto más amplio de “desconocer los derechos y las reivindicaciones de autonomía del pueblo saharaui”.  

Otro proyecto que se queda en el tintero tiene que ver con la determinación de edad de las niñas, niños y adolescentes migrantes. Se trata de proyectos de ley que fueron anunciados en 2024 pero no llegaron a avanzar y, con un trasfondo como el de Ceuta, en el que las organizaciones denuncian que los derechos de la infancia están siendo vulnerados, suponían una apuesta para enfrentar la desprotección de este colectivo que se había “configurado con la aportación de las organizaciones sociales y que dotaba de muchas más garantías a un procedimiento tan importante como este”, lamenta Slepoy. En el ámbito de las infancias migrantes, el gobierno sí que ha conseguido dejar como legado el Real Decreto-Ley 2/2025, de 18 de marzo, que regula el reparto de niños, niñas y adolescentes migrantes, obligando a las comunidades autónomas a recibir menores de edad migrantes en garantía del  interés superior del menor.

Respecto al Decreto de Asilo, pese a la campaña articulada en su contra, la no presentación del texto no ha supuesto finalmente un alivio para las organizaciones pro derechos de las personas migrantes y colectivos antirracistas, que observan desde hace semanas cómo, las políticas enunciadas en el texto ya se están llevando a cabo en la práctica, “como comentábamos con otras organizaciones, si el Real Decreto se hubiera aprobado tendríamos una norma que impugnar”.  Ahora, sin embargo, se están realizando devoluciones masivas de facto aunque no haya un texto que las ampare. 

El Real Decreto de Asilo, además, es una pieza más de un marco legislativo que ya había despertado todas las alarmas. De este marco forman parte los anteproyectos de la Ley de Asilo y la Reforma de la Ley de Extranjería, cuya fase de audiencia pública abierta a la participación ciudadana se cerró los días posteriores al anuncio del fin de la legislatura. Slepoy defiende que no se puede pensar en el decaimiento de aquellos textos como una noticia negativa: “los anteproyectos que se habían presentado no cumplían con aquellas declaraciones que el gobierno realizó cuando se implementaba Pacto Europeo de Migración y Asilo”. La integrante de Red Acoge se refiere a las afirmaciones, por parte del PSOE, de que aplicaría la norma europea de la forma más garantista posible, un compromiso que no se está cumpliendo. 

Si bien Slepoy concede que ya el Pacto deja poco espacio para el respeto real de los derechos humanos de las personas migrantes, por lo que desde hace años se encuentra con la oposición frontal de las organizaciones, “los textos que podrían adaptarse a la normativa española podrían tener muchas más garantías de lo que los anteproyectos han recogido y las enmiendas” explica Slepoy sobre una tramitación que ha quedado en suspenso.

La integrante de Red Acoge señala algunas de las propuestas orientadas a mejorar los anteproyectos desde un enfoque de derechos: la garantía y ampliación de orientación jurídica para todos los casos y una vez inicie el procedimiento, triajes claros, énfasis en la detección de vulnerabilidades, presencia obligatoria de intérpretes y claridad respecto a la información, son los mínimos que se exigen desde la sociedad civil y que, consideran, no está mínimamente recogidas en los anteproyectos.

 “El enfoque de derechos en cuanto a migración no ha sido lo que ha pivotado la política de este gobierno”, concluye Slepoy quien apunta a que, más allá del discurso, el gobierno se ha alineado íntegramente con los planteamientos de las políticas migratorias de la Unión Europea “en cuanto al refuerzo de las fronteras, en cuanto al enfoque securitario, en cuanto a destinar y multiplicar el presupuesto y los recursos para reforzar las fronteras en lugar de abrir vías legales y seguras para que la gente pueda migrar, para que la gente pueda solicitar protección internacional”. 

Más allá de la conciencia de que el acceso al gobierno por parte de las derechas tras las elecciones podría traer un escenario peor en el ámbito de los derechos de las personas migrantes, Red Acoge considera que de volver a darse un gobierno de coalición progresista, sería necesario un gran cambio en políticas migratorias. “Con el enfoque de las migraciones ha ocurrido lo mismo que la vivienda, el gobierno responde empujado por la movilización social, poniendo la vivienda en el centro ahora, cuando podría haber tenido una política de vivienda mucho más osada y con el tema de las migraciones, exactamente lo mismo”.

En este marco, el principal hito de este gobierno en materia migratoria, el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, no sería tanto fruto de la agenda del PSOE, sino de la movilización social, afirma Slepoy. Lamine Sarr, integrante del sindicato de manteros de Barcelona y uno de los portavoces del movimiento Regularización Ya, coincide con esta mirada, recordando que si el principal partido en el gobierno permitió que progresara la demanda social de la regularización, fue porque necesitaba hacerlo para aprobar los presupuestos con los votos de Podemos. 

Sarr considera que la convocatoria anticipada de elecciones no debería tener ningún efecto sobre un proceso que ya está avanzado, estando muchas solicitudes en proceso de trámite o admisión. el hecho de convocar elecciones no debería de tener consecuencias negativas, cuando ya muchas solicitudes están en proceso de trámite o admisión. Recuerda que la oposición ya intentó tumbar la regularización de diversas formas y sin éxito.

En cambio, un nuevo gobierno sí que podría endurecer aún más la ley de extranjería, valora el activista, aunque a Sarr, en base a la experiencia vivida con otros gobiernos conservadores, no le preocupa esta posibilidad. “Se ocuparán de otras cosas. Los partidos de derechas hacen su programa electoral en torno a las migraciones, pero luego, una vez en el gobierno no hacen nada, pues saben que sin inmigración se hunde la economía. Saben que es la migración la que mantiene la economía en funcionamiento”, concluye. 

Desde Barcelona, el portavoz de Regularización Ya comparte su parecer sobre el PSOE, que, recuerda, permitió la regularización porque “se le puso contra el muro”. “Tampoco nos sorprende el decreto de asilo, hacen cosas peores como negar el padrón allá donde gobiernan, en BCN el alcalde los está limitando y en Lleida multan a las personas por dormir en la calle”, añade, antes de advertir que un gobierno de PP y Vox será duro para todo el mundo, no solo para las personas migrantes, “esta gente no sabe gobernar, solo saben crear bulos, difamar. Utilizan las migraciones para llegar al poder pero una vez ahí, no van a gobernar, van a vender el país a Israel, que lo que quiere es gobernar el mundo. No saben gobernar, solo saben derivar la riqueza del país para el capital, las multinacionales, y sus amigos”.