Ceuta
Denuncian que los “retornos voluntarios” a Marruecos esconden devoluciones ilegales hechas bajo amenaza

El pasado lunes 5 de octubre, el ministro de Política Territorial y mando único ante la situación en Ceuta, Ángel Víctor Torres, celebraba haber concluído el desalojo de la playa del Trampolín “con éxito y sin incidentes”. Desde la mañana del domingo 4, agentes de policía y efectivos del ejército participaron en la expulsión de las 3.500 personas que permanecían en una playa que había operado como el principal asentamiento de personas migrantes en la ciudad autónoma. Fuentes gubernamentales explicaron que la mayor parte de las personas desalojadas habían optado por regresar voluntariamente a Marruecos, como ya había pasado días antes con el desalojo de la playa Benítez, el pasado 29 de septiembre.

El 6 de octubre, la asociación Elín, que ha acompañado desde el principio a las personas instaladas en la playa, realizando tareas humanitarias y de denuncia, demandaba transparencia tras el desalojo. En una publicación compartida en sus redes sociales, Elín señalaba la falta de información recibida por las personas desalojadas, y reclamaba que en estas actuaciones no se ignorasen sus derechos, ni se recurriera a la violencia policial, alertando contra el uso de material antidisturbios. 

En definitiva, lo que la asociación exigía era “información clara y comprensible a todas las personas afectadas en un idioma que puedan entender: ¿por qué se produce el desalojo? ¿dónde serán trasladadas? ¿qué va a ocurrir después? ¿cuáles son sus derechos?” y para ello requerían la presencia de  “intérpretes, asistencia jurídica y acompañamiento social”, con el fin de no incurrir en la falta de garantías y la desprotección.

Desde Elín, consideraban también necesario que, tras dos meses de afrontar la intemperie, las personas fueran trasladadas a recursos adecuados, e invocaban la necesidad de mecanismos para denunciar los abusos sufridos. Asimismo señalaban el “agotamiento extremo”, de las personas tras redadas y violencias, “exigimos que las personas afectadas sean escuchadas y tratadas como personas con derechos”, concluían.

Según lo que han podido documentar las organizaciones, el reclamo de Elín está lejos de cumplirse. Mientras los buses se llevaban masivamente a la gente de El Trampolín, había quienes estaban observando. Es el caso de No Name Kitchen (NNK quienes, tras preguntarse a dónde se dirigían todos esos buses, y constatar que no llegaban, por ejemplo, al CATE de Loma Colmenar, señalaban que sin duda la idea era devolver a Marruecos a todas esas personas. 

Sobre los llamados “retornos voluntarios” NNK se pregunta: “¿Es esta realmente una decisión voluntaria? ¿están recibiendo toda la información que necesitan?”

En este marco, NNK documentaba cómo las personas que llegaban en bus, eran acercadas de cinco en cinco a la puerta de la frontera del Tarajal que conduce a territorio marroquí, interactuaban brevemente con policías y luego muchos emprendían el camino hacia Marruecos.  “¿Es esta realmente una decisión voluntaria? ¿están recibiendo toda la información que necesitan?”, se preguntaba el colectivo en las redes sociales para concluir, que, contrariamente a lo que marca el derecho de asilo no se está estudiando caso por caso, sino que los triajes están siendo colectivos. 

Cuando las personas entran a Marruecos la violencia continúa. La organización Border Resistance afirmaba recientemente haber recibido reportes de jóvenes sudaneses y marroquíes, que una vez en territorio marroquí, eran enviados al sur del país. A parte del desplazamiento forzoso, “según sus propios testimonios, estarían sufriendo malos tratos y agresiones por parte de agentes vinculados a las autoridades marroquíes”, lamentaban en la organización, subrayando cómo, después de las diversas violencias sufridas en Ceuta, las vulneraciones de derechos continúan tras el retorno. 

“Tres minutos, solo tres minutos”, tras insistir en la celeridad de los supuestos “triajes” en Ceuta, en un encuentro online auspiciado por NNK el 7 de octubre, sus integrantes relatan en detalle cuál es la decisión que las personas se ven forzadas a tomar: volver a Marruecos o recibir una orden de expulsión que les impida volver durante años a España. Para el colectivo esta no puede considerarse una decisión tomada en libertad: faltarían todas las garantías, las personas se van como resultado de la amenaza, y no cuentan con intérprete ni con asistencia jurídica en ese momento. 

Los de las personas desalojadas de la playa de Trampolín no son los primeros casos, hace dos semanas saltó a la luz la denuncia de decenas de solicitantes de asilo que habían sido devueltos a Marruecos, después de enfrentar un triaje confuso, sin intérprete ni abogados. Por otro lado, aunque NNK viene documentando violencias desde los últimos días de julio, en el encuentro del pasado 7 de octubre, señalaba que en los últimos días todo se ha acelerado: “Está habiendo muchísimas devoluciones, aunque nos lo esperábamos, está siendo muy violento”.

Las acciones suceden de manera paralela al intento de aprobación del real decreto de asilo, que permitiría poner en suspenso el principio de no devolución y que ha sido señalado por colectivos y entidades como un ataque “frontal” al derecho de asilo, pues, entre otras cuestiones, reduce a siete días el plazo para la solicitud, acelera las devoluciones sin dejar tiempo a la justicia a intervenir, o avala las comunicaciones a través del BOE o el certificado digital, imposibilitando el acceso a información crucial.  Numerosas entidades se han posicionado contra su concreción, con un debate en el Consejo de Ministros que estaba inicialmente previsto para el pasado martes 29, y que sin embargo ha sido pospuesto primero tras priorizar los decretos de vivienda, y segundo como consecuencia del adelanto electoral.

“Muchas personas se van de los asentamientos y los recursos para que no las devuelvan. Por la noche la policía y los militares los buscan donde están escondidos”

Explican que en la playa del Trampolín las personas migrantes se habían construido un espacio seguro. “Nos hemos quedado en shock al ver cómo ha cambiado en tan pocos días, había una pequeña ciudad montada ahí, y ahora está prácticamente vacía”, el espacio ha sido limpiado por los equipos municipales de Medio Ambiente. El verbo limpiar sin embargo, en el contexto que vive actualmente la ciudad, adquiere un cariz preocupante, pues, según exponían desde NNK,  han detectado una voluntad de “limpiar” la ciudad de presencias incómodas. Piensan que esta intensificación a la hora de expulsar a migrantes de asentamientos y barrios tiene que ver con la inminente visita del Rey Felipe VI al enclave.

El resultado sería la ausencia de lugares seguros. La violencia acecha por todas partes: “muchas personas se van de los asentamientos y los recursos para que no las devuelvan. Por la noche la policía y los militares los buscan donde están escondidos. La gente tiene miedo de que la encuentren y le peguen”, se trata, además, de personas que en muchos casos ya han sufrido previamente violencia, que aún tienen heridas, y a las que resulta difícil escapar de estos “retornos voluntarios”. 

Desde Madrid, Natalia Slapoy, responsable de incidencia política de Red Acoge, respalda las denuncias en terreno: “se está devolviendo a la gente sin ninguna información, por lo que sabemos, sin asistencia letrada en ningún caso, sin orientación jurídica, sin intérpretes”. Si las personas carecen de una información mínima para decidir, no tiene sentido hablar de “retornos voluntarios”. 

Si bien Red Acoge es una de las organizaciones que, junto a muchos otros colectivos, se ha posicionado claramente contra la aprobación de decreto ley, el hecho de que no haya prosperado —aunque aún siguen vigilantes de lo que pueda pasar en la diputación permanente— no evita que no se estén aplicando las medidas que prevé. “Esto casi es pero porque sin decreto tampoco tenemos una norma que impugnar, mientras que la propuesta ya se está realizando de facto”.

“Nos jugamos los derechos a los que se pueden acoger las personas migrantes hoy, pero también lo que va a ocurrir mañana con la protección de derechos fundamentales”

 “La lectura que hacemos es que ya el Pacto Europeo de Migración y Asilo permite hacer procedimientos rápidos y ya hay bastantes menos garantías de las que quisiéramos”, junto al resto de entidades que se han posicionado contra el Decreto, Slapoy afea al gobierno despojar a las personas migrantes aún de más garantías de las que ya limitaba el propio PEMA, a pesar de que España afirmó que se adaptaría al PEMA de la forma más garantista posible.

Sin embargo lo que denuncian los colectivos, son procedimientos donde “el derecho de asilo ni siquiera se contempla”,  dejando la falta de acceso a información fuera a personas a las que correspondería acogerse a la protección internacional.  Para Slepoy la situación que se está viviendo marca un punto de inflexión: “nos jugamos los derechos a los que se pueden acoger estas personas hoy, pero también lo que va a ocurrir mañana con la protección de derechos fundamentales”.

Desde la parte jurídica de NNK recuerdan que existen dos posibilidades de retorno voluntario: uno productivo, en el que la persona regresa a su país con ayuda y acompañamiento para encontrar un medio de vida y otro no productivo, cuando la persona obtiene apoyo para costear su viaje de vuelta. “Lo que está pasando en Ceuta no tiene nada que ver con un retorno voluntario jurídicamente hablando”, concluyen. El colectivo ha llegado a un punto en el que ya no valoran tanto si la gente sabe o no sabe qué implican estas políticas. La división sería más bien, entre quienes avalan y justifican estas prácticas, y quienes se niegan a normalizarlas. “Ya lo dijo el Ministro de Exteriores Albares en rueda de prensa. ‘Todo el mundo que entró en Ceuta de manera ilegal será devuelto’. Con las Cortes disueltas, se hallan en un momento increíble para completar el plan”.