Fronteras
Califican el real decreto para agilizar las devoluciones como un “ataque brutal” al derecho de asilo

La iniciativa legislativa venía sonando desde hacía días y los colectivos y organizaciones estaban pendientes. El Gobierno ya había comunicado que presentaría un decreto-ley para “agilizar” las devoluciones en Ceuta a propuesta del ministerio de interior. El contenido del texto, hecho público a principios de semana, dejaba a las organizaciones sumidas en una gran preocupación.

Entidades implicadas en Ceuta como Elín y Coordinadora de Barrios desglosaban los puntos más controvertidos del decreto-ley en sus redes sociales, que incluyen la eliminación del rol de ACNUR en los procedimientos de asilo, la fijación de un plazo de siete días para solicitar protección internacional, la comunicación de la resolución de asilo vía BOE o carpeta digital, la denegación del derecho de no devolución, o la expulsión sin la posibilidad de que un juez la suspenda. “A una crisis humanitaria no se responde con recortes de derechos humanos. Ningún socio de Gobierno puede apoyar una norma así”, alertaban ambas organizaciones el pasado martes. 

Aunque inicialmente se previera votar el documento en el Consejo de Ministros del pasado martes 29 de septiembre, una coyuntura de fuertes movilizaciones sobre la vivienda centró el debate político en los decretos de regulación del alquiler, aplazando la votación del decreto-ley sobre asilo al martes 6 de octubre. Si es que organizaciones y colectivos no logran evitarlo antes: “tenemos que empujar para que ni siquiera llegue al Consejo de Ministros”, se posiciona con contundencia la responsable del área de incidencia de Red Acoge, Natalia Slepoy, quien invoca la movilización y una respuesta social amplia “para rechazar un ataque tan brutal al derecho de asilo”. Por su parte, las organizaciones ya están coordinándose “para hacer toda la presión posible”.

En este sentido, Clara Calderó, integrante de Novact apunta a una amplia articulación entre organizaciones en terreno y a nivel estatal “estamos preparando una carta abierta que queremos que esté firmada por el máximo de entidades posibles y un trabajo de incidencia directa con el Consejo de Ministros para señalar nuestro rechazo”, explica Calderó. Una lucha que, lamenta, cada vez se les hace más cuesta arriba, en medio de “un contexto constante de regresión”.

El integrante de Novact recrea una secuencia desoladora: “Primero nos preocupaba la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA)”. Ahora, como señalan las organizaciones, el gobierno quiere ir más allá: con el PEMA ya implementado, lo que contiene el borrador es aún más grave. “Incluso el mecanismo para situaciones de crisis [comprendido en el PEMA] no ha sido invocado, un marco que, aunque ya reducía garantías, al menos contenía algunas garantías que ahora ni siquiera estamos viendo respetadas”.

En pleno marco de movilizaciones históricas por el derecho a la vivienda, colectivos antirracistas pujan por llamar la atención sobre lo que está sucediendo. “Estamos organizándonos con diferentes colectivos, desde la Articulación Antirracista de Madrid, intentando generar incidencia aprovechando el momento que se está viviendo actualmente en Sol”, explica en este sentido María Bennouna, parte de la articulación e integrante de Sos Racismo Madrid. 

El objetivo es acercarse a espacios no tan conectados con el movimiento antirracista “intentando que que seamos todas las que ponemos esto en agenda, porque esta vulneración de derechos empieza por las personas migrantes, pero solamente es un síntoma más de unas políticas que que vulneran los derechos de todas, todos y todes”, apunta esta activista, recordando que, a pesar de “que la empatía es selectiva en muchas ocasiones”, se mantienen los esfuerzos por generar alianzas.

“Se cercena la posibilidad de solicitar directamente asilo, se niega el principio de no devolución, se impide el acceso a los procedimientos”

Un precedente peligroso

Slepoy sintetiza las medidas que incluye el documento: “se cercena la posibilidad de solicitar directamente asilo, se niega el principio de no devolución, se impide el acceso a los procedimientos”, enumera, enfatizando el gran obstáculo que supone la notificación digital de las resoluciones. “Parece una broma para las personas que están en las situaciones en las que están, ¿cómo pensamos que una persona que en estos momentos está en la playa del Trampolín puede acceder a una notificación del BOE, es algo totalmente ridículo que anula cualquier seguridad jurídica para las personas”. Para Slepoy, lo que se está generando es un “estado de excepción que además implica un precedente gravísimo para la protección de derechos fundamentales como es el derecho de asilo”.  Una vez superados estos límites, la integrante de Red Acoge se pregunta qué viene después.

Desde Border Resistance, Shadi Boukhari apunta a una aceleración de devoluciones por parte del gobierno, amparándose en el nuevo marco europeo. Especialmente llamativa le resulta la exclusión de ACNUR. “Para nosotros, la cuestión fundamental es que una cosa es acelerar los procedimientos y otra reducir las garantías de las personas que están solicitando protección”, Boukhari piensa que los tiempos no son casuales: “esto ocurre precisamente cuando estamos documentando casos de personas que denuncian violencia y que necesitan permanecer en España para poder declarar, ser examinadas y hacer seguimiento de sus denuncias”. El activista relaciona así las denuncias de violencia por parte de las personas migrantes, con la voluntad de acelerar su salida del territorio. 

Acceso cerrado

Para Calderó, como para Slepoy, lo peligroso del nuevo documento es el precedente que se crea en cuanto a lo que implica la excepcionalidad: “de repente, el derecho puede suspenderse para ciertas poblaciones, en ciertos lugares y en ciertos momentos: Esto debilita el Estado de derecho y es algo que nos afecta a toda la ciudadanía”, explica, para después aclarar que, en realidad, la excepcionalidad viene siendo propia de las fronteras, y sin embargo, el descaro que implica plasmar esta excepcionalidad en un decreto, es algo nuevo: “Nosotras hemos puesto el foco en cómo esta excepcionalidad está cruzada por el racismo institucional que es lo que la legitima ante la ciudadanía, generando un consenso social que permite que esto sea posible”.

Desde Novact Calderó resume, de manera rotunda, la situación: “la Europa fortaleza está cerrada”. Más allá de dificultar el asilo hasta el extremo, el activista lamenta todo lo que se queda afuera: las gentes que no reúnen los motivos “concretados en la declaración de Ginebra”, y que sin embargo podían valorar otras opciones una vez entran en España, juntando las condiciones para quedarse, a través por ejemplo del arraigo. Algo que ya no sería posible con el PEMA. 

De este cierre de posibilidades fueron víctimas, la semana pasada, un grupo de solicitantes de asilo, la mayoría sudaneses, que tuvieron que enfrentar un nuevo sistema de triaje destinado a facilitar su expulsión. Una única entrevista con información confusa, sin intérprete, y con la devolución a Marruecos como resultado: “estamos viendo que estas entrevistas no están contando con las garantías necesarias como para determinar si las personas están en una situación de vulnerabilidad, en la práctica lo que vemos es que se lleva a cabo el triaje como un mero trámite para la devolución”.

Según denunciaron las personas devueltas a Marruecos, se les preguntó a dónde querrían dirigirse y cuando contestaron otros países que no eran España —no siendo posible que pidan asilo en estos otros países—, se registró que no querían pedir asilo en el país, y con esa justificación reflejada en su expediente se procedió a su devolución. “Luego había personas que manifestaban querer solicitar asilo en España, pero esto no quedaba registrado, no se sabe si por confusión o por mala fe”, apunta Calderó.

“Lo más grave es que condiciona el principio de no devolución. Esto supone cargarse un principio básico del derecho internacional”

La reducción del plazo para hacer la solicitud de asilo a 7 días, contemplada en el decreto, desprotege aún más a las personas, que se quedan sin margen para acceder a información o a asistencia legal. En el caso de que no se acepte la solicitud, la devolución “hace casi imposible que puedas recurrir por las circunstancias en las que están las personas, los plazos y la forma que se realiza la notificación, que es a través del BOE”. En suma, el panorama muestra muros burocráticos imposibles de salvar cuando no se comparte el idioma, no se cuenta con un certificado digital, o no se tiene acceso a internet.

Pero “lo más grave del decreto es que condiciona el principio de no devolución, apuntando a que habrá casos en los que ese principio no se pueda invocar. Esto supone cargarse un principio básico del derecho internacional, que está relacionado con la prohibición de la tortura y de los malos tratos”, apunta Calderó. Una propuesta que se da casi de manera contemporánea a la aprobación del reglamento de deportación a nivel europeo. “Yo creo que estamos viendo lo que nos viene a nivel de política migratoria a partir de ahora”, apunta.

Entre lo sorprendente y lo previsible

Calderó manifiesta sorpresa ante una propuesta que no solo “se sale completamente del marco legal porque quiere implementar un régimen de excepción,” sino que desborda lo que “se consideraba posible nivel político”. “No podía entrar en la cabeza de nadie, ni en el peor de los escenarios, que desde este gobierno se sacará una propuesta como esta”, redunda en este sentido Slepoy, quien pone de relieve que la iniciativa se da tras una respuesta insuficiente y tardía a la situación que se vive en Ceuta, una falta de atención de la que se ha derivado “una tensión que podría evitarse perfectamente si se habilitaran los recursos necesarios para tener la gente como se merece, con toda la protección de sus derechos”.

La integrante de Red Acoge señala la contradicción de un gobierno que “el día anterior a la aplicación del PEMA manifestó que la implementación del Pacto se iba a hacer con todas las garantías a los derechos humanos” para meses después emprender un “ataque frontal a un derecho fundamental como es el derecho de asilo”. Particularmente grave le parece la exclusión de ACNUR, mientras se esgrime un discurso en pro del multilateralismo: “está eliminando a una agencia de Naciones Unidas que está para vigilar que los procedimientos de los derechos de los solicitantes de asilo se hacen con todas las garantías”. En resumen, lamenta Slepoy, el decreto no considera a las personas migrantes “sujetas de derecho”.

Como Slepoy, Boukhari señala la contradicción entre una retórica que defienden los derechos humanos y prácticas que los ponen en peligro. Sin embargo, manifiesta menos sorpresa. Afirma que desde Border Resistance más que de un gobierno progresista hablan de un “gobierno reformista” que adopta medidas progresistas o reaccionarias en distintos momentos. “ Desde nuestra perspectiva política, esa contradicción no es accidental: sus posibilidades de aplicar plenamente sus propios discursos y programas están condicionadas por el sistema político y económico en el que gobierna”.

Bennouna tampoco está muy sorprendida con el borrador del decreto ley “especialmente viniendo del ministerio del interior y de Fernando Grande Marlaska. Ya sabemos que el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando hablamos de políticas migratorias y cuando hablamos de cuerpos racializados, aplica políticas que se parecen más a cualquier política del PP y de Vox que a una política realmente progresista”, en definitiva, apunta la activista antirracista, todos estos actores comparten un mismo marco de “criminalización y deshumanización de los cuerpos migrantes y racializados”.

 “La empatía vuelve a ser selectiva, y las vidas, en este caso, moras y negras siempre importan menos”

Que este ataque legislativo a los derechos de las personas en movimiento se esté dando sin grandes repercusiones o debates muestra, “que la empatía vuelve a ser selectiva, y las vidas, en este caso moras y negras, siempre importan menos”, prueba de ello, explica Bennouna, es cómo en estos dos meses se habría dado más relevancia a las repercusiones de la situación en las rutinas de la ciudadanía ceutí, que a la pérdida de vidas humanas: “es bastante devastador”. Y sin embargo, el hecho de estar organizándose para contrarrestar esa pulsión deshumanizadora en narrativas y políticas le brinda “una pequeña chispa de esperanza”.

Para Calderó urge plantarse ante estas políticas de deshumanización: “lo que haría falta es decir ‘basta, esto no lo toleramos, no nos lo tragamos, no es la sociedad en la que en la que queremos vivir”, apunta antes de advertir: “al final lo que está arraigando es una visión fascista del mundo”. Y esto lo afirma tras haber estado en Ceuta, “nunca había percibido el odio con tanta claridad, cómo se despoja a las personas de su condición humana. Me ha parecido muy peligroso, desde el gobierno se está alentando esto”.

Devolver para garantizar la impunidad

“Para nosotros, la noticia no es una sorpresa, sino algo muy previsible. Llega en un contexto de grave retroceso del Estado español en materia de derechos humanos”, afirma Boukhari, quien destaca la importancia de tener en cuenta el precedente del 24J en Melilla, y la impunidad de las vulneraciones de derechos humanos que se dio tras la masacre. Junto a lo que está pasando en Ceuta, aquel episodio que pudo ver en primera persona, “nos permite entender, una vez más, cómo los Estados y los Gobiernos intentan borrar las huellas de los crímenes”.

“¿Cómo puede un Estado europeo que afirma defender los derechos humanos expulsar a personas que han sufrido violencia y malos tratos, cuando existen incluso casos de tortura, para finalmente enviarlas a un régimen totalitario?”, el activista enmarca ese movimiento en un contexto en el que “las víctimas empiezan a romper el silencio”, algo a lo que, considera, su organización, que viene registrando testimonios de violencia, ha contribuido. Lamenta que sean muchas las organizaciones en Ceuta “que siguen sin pronunciarse ante las denuncias de tortura y violencia”.

Si las personas acaban siendo devueltas a Marruecos sin margen para reaccionar se perderá la posibilidad de que aquellos que han sufrido violencias, declaren, puedan aportar pruebas de las agresiones sufridas, y señalen a los agresores. “Creemos que existe una preocupación por las denuncias que están presentando las víctimas y que se pretende acelerar su expulsión, exportando sus crímenes de la misma manera que se externalizan las fronteras”, apunta Boukhari.