Frontera sur
El Defensor del Pueblo critica que los antidisturbios gestionen el CIE improvisado de Archidona

Los días 23 y 24 de noviembre, dos técnicos de la oficina del Defensor del Pueblo visitaron el centro penitenciario de Archidona que, sin haber sido estrenado, ha sido el destino de 500 personas originarias de Argelia.

CIE Archidona
Concentración el domingo 26 de noviembre frente al centro penitenciario de Archidona (Málaga). Larissa Saud

publicado
2017-12-01 11:57:00

La oficina del Defensor del Pueblo ha publicado hoy las conclusiones que esta oficina, dirigida por Francisco Fernández Marugán ha obtenido de su visita, los días 23 y 24 de noviembre, al centro penitenciario de Archidona donde, desde hace más de una semana, se encuentran ingresadas medio millar de personas procedentes de Argelia y desembarcadas en las costas de Murcia y Almería.

Entre las principales preocupaciones del Defensor del Pueblo está el hecho de que es la Unidad de Intervención Policial (UIP), conocida como unidad antidisturbios, la encargada de la gestión directa con los ingresados en el centro, con sus uniformes e instrumentos habituales. Ante lo que recomienda “sustituir como agentes de custodia a los miembros de la UIP por funcionarios policiales de las brigadas que habitualmente prestan servicios en los CIE”.

Pese a que en el traslado al penal el Ministerio de Interior ha querido destacar que se trata de un centro nuevo con multitud de comodidades, la oficina del Defensor del Pueblo ha registrado en su visita que muchas de las instalaciones permanecen cerradas a las personas recluidas y constata que no todos los servicios, incluso algunos elementales, están operativos: “los internos permanecen en el patio desde el desayuno hasta la cena (excepto para la comida) sin poder pasar al resto de zonas comunes, incluido los baños. Esta ausencia de horario y actividades favorecen los incidentes entre los internos”, dice la Oficina.

Como estaba previsto, la ficha de la visita del Defensor del Pueblo reseña entre las conclusiones que no existía orden o resolución que habilitase de forma provisional las instalaciones para el uso como centro de internamiento de extranjeros. Y añade que ninguna, salvo una, de las resoluciones judiciales que permitieron el traslado de estas personas autorizaban el ingreso en un centro de tipo penitenciario, “lo que genera dudas al Defensor sobre la información facilitada a los distintos órganos jurisdiccionales”

Otra de las conclusiones de la visita es que no se han observado las reglas mínimas para la custodia de las personas internadas en un CIE, concretamente falta atención sanitaria suficiente, faltan normas mínimas de funcionamiento del centro y no hay horario y actividades previstas. Tampoco se está facilitando la comunicación con familiares y visitas establecida por Ley.

Por último, la oficina del Defensor del Pueblo señala que no se produjo el preceptivo examen médico de las personas ingresadas y que en el traslado de las mismas al centro se unió a unos y otros mediante bridas.

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