Algeciras, “el CIE de España”

Apagados los focos que miraban hacia Málaga, el futuro político de los CIE continúa pasando por el Campo de Gibraltar. El alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular José Ignacio Landaluce ha hecho del nuevo “CIE de España”, en palabras de Andrés de la Peña, delegado de la APDHA en la comarca, un proyecto para renovar el modelo a las puertas de la Frontera Sur.

El temor de que la cárcel de Archidona se convirtiera en un CIE permanente se hacía realidad en Algeciras cuando en 2006 se abrían sus puertas. Una opción precaria desde sus inicios. Apenas tres años después, el Gobierno socialista empezó a estudiar su traslado a instalaciones militares de la costa en desuso. El de­senlace: una inversión de apenas 100.000 euros en la vieja prisión. Una situación de insuficiencia que provocó en 2006, en plena “crisis de los cayucos”, que la vecina Tarifa tuviera que albergar un anexo “provisional” en su Isla de las Palomas. Sin embargo, Algeciras Acoge denuncia en un informe de 2016 que “en la práctica diaria funciona como un CIE totalmente independiente, con una estructura organizativa paralela a la del CIE de Algeciras”, algo que justifican las autoridades por razones de operatividad. Para la asociación, se trata de una situación ilegal dado que “los centros se crean, modifican o suprimen mediante orden del Ministro del Interior”, sin que haya constancia de que esta exista.

Sin embargo, ambos centros han cumplido más de una década. La jueza Belén Barranco, en su expediente de inspección de mayo de 2017, plantea 42 medidas de mejora: cuestiones básicas como “que se permita el uso de móviles”, “contar con presencia médica 24 horas” o “habilitar un espacio en el que los internos puedan recibir visitas y se garantice su derecho a la intimidad en las comunicaciones”. Unas mejoras que la APDHA considera que no se han ejecutado, entendiendo que las instalaciones “tienen serios problemas de habitabilidad y hay zonas completamente inutilizadas”.

Un deterioro generalizado que Ministerio y Ayuntamiento han reconocido públicamente.
Por estas mismas razones de “condiciones infracarcelarias”, según la APDHA, en junio de 2012 cerraba el CIE malagueño de Capuchinos. El foco pasaba de inmediato a los centros campogibraltareños. A mitad de 2017, 180 organizaciones volvían a exigir el cierre de ambos. La denuncia de la organización internacional Women’s Link obligó a desalojar a las mujeres internas. Actualmente, según explica Andrés de la Peña, solo hay unos 40 hombres en Algeciras y una cifra similar en Tarifa.

RENOVARSE O MORIR

El cerco social provocó un giro lejos del cierre. Los CIE campogibraltareños se renovaron para no morir. Una renovación que busca ser un referente europeo. En 2012, con el cambio político en La Moncloa y en Algeciras, el alcalde Landaluce ofreció una parcela de terreno municipal de 20.000m2 junto a la cárcel de Botafuegos para un CIE de nueva construcción, con el cierre de Capuchinos aún reciente. “Quien lo materializa es Landaluce. El primero que presta bienes municipales para hacerlo”, explica De la Peña. A pesar del relevo de ministros, el proyecto ha tenido en el regidor popular un firme continuador, bajo el argumento de que es “un compromiso con Europa”.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, consciente de la polémica de Archidona, presentó el 27 de noviembre en Algeciras el nuevo CIE, que “permitirá ampliar la capacidad de acogida y acabar con soluciones transitorias como la de Archidona”. Zoido habló entonces directamente de “nuevo modelo, con edificaciones nuevas y una distribución para ofrecer mejores servicios”. Continuando el giro, son precisamente las deficiencias de los actuales centros el argumento para justificar la construcción. En palabras de Landaluce, el CIE “es un compromiso con la sociedad y que las personas que están irregularmente lo hagan de la forma más digna posible”.

El delegado de la APDHA no comparte esta visión: “Nos presentan un CIE cinco estrellas”, denuncia. Unas comodidades que, para Algeciras Acoge, buscan el indulto social de los centros y “lavar la cara del encarcelamiento ilegítimo de personas migrantes en la prisión de Archidona con el anuncio de la nueva versión de los CIE en España”.

Pero el argumento que le granjea apoyos al macro-CIE —705 plazas, 20 millones de euros de inversión— es el paro. El Ayuntamiento calcula que se crearán 350 empleos. Un argumento que cuesta rebatir ante la ciudadanía local. La tasa de desempleo de Algeciras es del 29%, una de las ciudades con más de 100.000 habitantes con más paro del Estado. Los empleos prometidos se sustentan sobre un plan de externalizaciones de los servicios. “La perspectiva para el nuevo CIE es que todo va a ser privatizado. Un ejemplo de capitalismo del desastre que se aprovecha de las situaciones de pobreza y exclusión y les saca muchos rendimientos”, critica De la Peña. Un modelo que ya funciona en el actual CIE de Algeciras, como atestigua el expediente de control de la jueza, en el que llama a “comprobar el grado de cumplimiento de los contratos que el Ministerio del Interior ha suscrito con empresas externas que prestan servicios en el centro, en concreto con la empresa Albie (alimentación), Clece (limpieza), Clínica Madrid (sanidad) y OHL (mantenimiento)”.

Las obras del nuevo edificio aún no han comenzado, pero el andamiaje institucional y político del nuevo modelo de CIE en España ha puesto su primera piedra en Algeciras.