Feminismos
Varios proyectos clave para las políticas de igualdad decaen con la convocatoria de elecciones

A mediados de julio, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, pasando así el texto al Congreso. La ley era una propuesta de los ministerios de Igualdad, de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; además de Juventud e Infancia y su objetivo era visibilizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria. Para ello, proponía modificar varias normas: la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género (LOVG); el Código Penal; el Código Civil; la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor; la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley de Enjuiciamiento Civil; la Ley del Registro Civil; el Estatuto de la víctima de delito; y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Tras algunos debates sobre la clasificación de la violencia vicaria, finalmente quedaba definida como una circunstancia agravante por razón de género en el artículo 22.4 del Código Penal. En este marco, se incluían medidas sobre la patria potestad, de guarda y custodia y el régimen de visitas. La obligación de escuchar en todo caso a los hijos e hijas menores de edad adaptando la audiencia a su edad, madurez y circunstancias personales, con el auxilio de especialistas cuando sea necesario, eran otras de las medidas que deberían debatirse. 

La ley de trata, que el ministerio de Redondo planteaba como una norma general con diferentes tipos de explotación es una de las que decae con la convocatoria de elecciones

El proyecto decae con la convocatoria de elecciones anticipadas, pues con la disolución de las Cortes Generales, todos los proyectos y proposiciones de ley que se encontraban en tramitación, corren una misma suerte: El fin del mandato de la cámara supone la caducidad automática de todas las iniciativas.

Ley de trata y regulación de las agentes de Igualdad

Decae también el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos que el 8 de marzo de 2024 fue aprobada por el Consejo de Ministros. Se llamó Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos y pretendía abordar, explicó la ministra Ana Redondo, todas las formas de trata, como la laboral, la sexual, los matrimonios concertados o el tráfico de órganos. Además, preveía que las víctimas en situación irregular en España pudiesen disponer de un permiso de residencia y de trabajo provisional hasta que se certifique su condición definitiva de víctima de trata. 

El intento de aprobar una ley de trata se remonta a la legislatura anterior, bajo el mandado de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Los enfoques, sin embargo, son diferentes. Montero llegó a anunciar en 2021 que el ministerio empezaba a trabajar en una ley integral contra la trata, en el marco de la lucha contra la violencia de género y contra la explotación sexual.

La reforma de la Ley de Infancia y la Ley de Familias son otros proyectos con impacto directo en las políticas públicas de igudad que quedan en vía muerta 

Otro proyecto que no verá la luz es el de regular la profesión de agente de igualdad, que pese a existir desde los años 80 adolece de falta de concreción de las funciones y competencias inherentes a esta figura. El ministerio de Redondo quería garantizar por ley un título habilitante o experiencia acreditada para ejercerla.

La falta de perspectiva de género, de especialización o el aterrizaje de empresas no especializadas en este sector ha sido denunciada por entidades como la Asociación Profesional de Consultoría de Género (APCG) o la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Agentes y Promotoras de Igualdad de Oportunidades (FEPAIO).

Reforma de la LOPIVI

Otras dos leyes con implicación de calado en el desarrollo de políticas públicas de Igualdad son la reforma de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y la Ley de Familias.

La primera, la reforma de la LOPIVI, planteaba introducir mecanismos con impacto directo en las políticas de protección contra la violencia de género, por ejemplo mediante medidas para prohibir de forma expresa la aplicación del Síndrome de Alienación Parental, restricciones a la concesión de custodias compartidas o la obligación de escuchar a niños, niñas y adolescente a la hora de establecer regímenes de visita o las condiciones de las custodias. Esta reforma era una propuesta del ministerio de Juventud e Infancia, con el Ministerio de Igualdad como coproponente.

Otra ley que entra en vía muerta con el adelanto electoral es la Ley de Familias. Este texto, que pretendía extender el concepto de familia para reconocer la diversidad familiar, contemplaba también una serie de permisos de cuidados con impacto directo en la corresponsabilidad, una línea estratégica del Ministerio de Igualdad y su Plan Corresponsables.