Infancia
Escuchar a toda la infancia, reforzar la ‘i’ de integral: así es la propuesta para reformar la Lopivi

Garantizar sin fisuras el derecho a la escucha y el interés superior del menor sin límite de edad y asegurar que la justicia incorpore una perspectiva de infancia son los ejes de la reforma de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. La Lopivi, que se aprobó en 2021 como la ley que tenía que hacer efectiva la escucha a la infancia (y que también ampliaba el plazo de prescripción de los abusos contra la infancia, señalaba el falso Síndrome de Alienación Parental y reforzaba el deber de denuncia, entre otras cosas) enfrenta una gran reforma solo cuatro años después de su aprobación.

El proceso dio comienzo en febrero, cuando empezó el trabajo de un grupo de expertas de ámbitos como la judicatura, la psicología, la sociología, la pediatría o el trabajo social, que se distribuyeron en dos grupos de trabajo, uno social y otro jurídico, y presentaron sus conclusiones al Ministerio de Juventud e Infancia. El ministerio, explican a El Salto dos de las expertas que forman parte del grupo, ha tomado en consideración sus propuestas, que ahora tienen forma de un primer borrador. El borrador enfrenta ahora un camino largo y que no se prevé fácil, ya que varios ministerios deben pronunciarse sobre su contenido. Las expertas aseguran que hay sintonía en términos generales con el Ministerio de Igualdad pero, además, deben pronunciarse Sanidad y Justicia.

La ministra Sira Rego destaca de la reforma la escucha a la infancia sin límite de edad, la asistencia letrada propia, la tipificación de la violencia institucional y la prohibición del falso Síndrome de Alienación Parental

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, destacaba esta semana algunos aspectos de la ley. En primer lugar, “los niños, niñas y adolescentes deben ser escuchados en cualquier proceso administrativo o judicial que le afecte”. Y es que hasta ahora, la obligación de escucha a las personas menores de edad se reducía a las mayores de 12 años, un límite que desaparecería con la reforma de la Lopivi.

Tras la ampliación, además, los niños y niñas tendrían también asistencia letrada propia independiente de la defensa de sus progenitores, decía Rego. Una tercera medida destacada por la ministra es la tipificación, por primera vez en una ley estatal, de la violencia institucional. Rego también subrayaba que se pretende “atajar de forma expresa la utilización de planteamientos sin aval científico, como el Síndrome de Alienación Parental, o cualquiera de sus reformulaciones”.

Una reforma ambiciosa

Isabel Giménez García, jurista y miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Mujeres Juezas de España, es la presidenta de la mesa de expertas del ministerio. Y explica que, a pesar de que la Lopivi se presentó en 2021 como la ley que cambiaba el paradigma y garantizaba la escucha a la infancia, “que los niños no son escuchados es una realidad que se puede ver en las Sentencias del Tribunal Supremo”.

“Con la ampliación de la Lopivi  pretendemos que la protección de las niñas, niños y adolescentes sea una protección realmente efectiva, reforzando la escucha activa del niño, niña o adolescente para que siempre tenga que ser escuchado antes de que se tomen decisiones que afectan a su vida y que sus opiniones sean tenidas en cuenta”, explica a El Salto.

Isabel Giménez, jurista: “Lo más relevante para mí es que es una reforma que avanza en la protección eficaz de los niños, niñas y adolescentes que facilitará el trabajo de los profesionales”

La reforma, dice es “muy ambiciosa en su integridad” y recoge aspectos como un refuerzo del interés superior del menor de edad en todas las leyes procesales y sustantivas, el derecho a una vida libre de violencia o hasta el derecho al lenguaje claro y accesible, enumera. “Lo más relevante para mí es que es una reforma que avanza en la protección eficaz de los niños, niñas y adolescentes que facilitará el trabajo de los profesionales gracias a la gran labor de un equipo multidisciplinar de expertas de las que he aprendido en cada reunión”, valora.

Débora Ávila es antropóloga, investigadora y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, y también integrantes del grupo de expertas que ha trabajado con el ministerio. Ávila confía en que la reforma mejore la ley, pero advierte: el texto aprobado en 2021 permite una serie de acciones de atención y reparación que no se están implementando. Por eso, la primera petición del grupo de expertas es que se implementen medidas que ya están recogidas en la Lopivi.

En ese sentido, el texto actual ya tiene cabida para una reparación de las madres protectoras, dice la investigadora, que es autora del informe Violencia institucional contra las madres. “Con la actual Lopivi tiene cabida esta reparación, y hay que pensar en medidas que sean concretas y permitan su recuperación de las madres y los niños y niñas, no solo en medidas simbólicas”, dice. No se trata solo de reconocer que estas mujeres se enfrentan a graves castigos y marañas judiciales cuando tratan de proteger a sus hijos de la violencia ejercida por sus padres, sino de repararlas.

Prohibir medidas coercitivas que fuercen al niño a mantener un vínculo con el progenitor que rechaza y hacer una investigación exhaustiva para confirmar que no hay violencia detrás de ese rechazo es uno de los objetivos de la reforma 

Entre los cambios que las expertas han propuesta destaca, en este sentido, los que tienen que ver con la situación de las madres protectoras: prohibir medidas coercitivas que fuercen al niño a mantener un vínculo con el progenitor que rechaza y hacer una investigación exhaustiva para confirmar que no hay violencia o control coercitivo detrás de ese rechazo es uno de los objetivos de la reforma. En ese sentido, Ávila también destaca que la nueva Lopivi debería impedir que se pueda considerar la posibilidad de separar a las madres de las niñas/os en un contexto de violencia para hacer un abordaje separado. Un objetivo muy relacionado con la prohibición de falso Síndrome de Alienación Parental, algo que ya intenta la Lopivi actual; esta vez, en cambio, lo que proponen las expertas son sanciones si se aplica.

Pero si hay un eje de la reforma para Ávila, es la propuesta de dar un giro y poner el foco no solo en lo judicial sino en la primera “i” de Lopivi, que es de “integral”. El itinerario judicial dice, no puede ser el único camino, ni el principal, sino que la atención debe ser social, de salud y económica.

Por eso, además, de contener medidas también para hacer efectiva la creación de juzgados especializados en infancia, que ya recoge la Lopivi, con un monitoreo o concretando la coordinación entre estos juzgados y los de familia, una las propuestas más importantes es la Creación de un Plan Director de formación que garantice una formación obligatoria en género, infancia, derechos humanos, perspectiva interseccional y de trauma para todos los operadores en contacto con infancias. “Esta formación debe estar regulada y ser obligatoria para desempeñar cualquier cargo o puesto de trabajo en contacto con infancias, con un monitoreo de resultados”, explica.

Otra propuesta que tiene el ministerio en sus manos es la creación de un sistema de acreditación para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, en un sistema que no dependa del proceso judicial ni sea otorgado en función de si existe o no denuncia, sino que pueda ser concedido por diferentes operadores y que dé acceso a una serie de recursos de atención y reparación.

Lopivi y violencia vicaria

La reforma de la Lopivi se ha presentado en la misma semana en la que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presentado un anteproyecto de ley contra la violencia vicaria. Con el contexto actual y nueve víctimas mortales en 2024 y tres en lo que va de este año fruto de la violencia vicaria se necesita “dar un paso adelante para la protección de la mujeres”, justificaba. El anteproyecto de ley, ha explicado la ministra, se hace por modificación de leyes existentes como el Código Penal o la Ley Integral contra la violencia de género, que justo ha cumplido veinte años, y correrá en paralelo a la reforma de la Lopivi. 

El ministerio de Juventud e Infancia cree que este anteproyecto es perfectamente compatible con la reforma que se ha planteado y que inicia ahora su andadura. Sin embargo, ambas van a abordar asuntos similares. Por ejemplo, garantizar la escucha a niños y niñas en procesos de custodia supone modificar los artículos 92 y 94, algo que van a hacer en paralelo ambas propuestas.

La investigadora Débora Ávila se muestra preocupada por la compatibilidad de la reforma de la Lopivi con el anteproyecto de una ley de violencia vicaria que ha anunciado el Ministerio de Igualdad

Queda por ver también cómo se armoniza el reconocimiento de la violencia vicaria tal y como lo recoge la propuesta del Ministerio de Igualdad, que la entiende como una forma de violencia machista, con la conceptualización de las violencias hacia la infancia que hace la Lopivi.

Según Giménez “hay que evitar que colisionen, confiamos en que las leyes que se aprueben vayan de la mano y, sobre todo, se apoyen en opiniones expertas que enriquezcan el resultado final”. Ávila sí se muestra preocupada por la compatibilidad de ambas propuestas y cree que la de Igualdad resta centralidad a la infancia. Sus preocupaciones, dice, son dos: que se tipifique la violencia vicaria como una forma de violencia desvinculada de la violencia machista y que se limite con la escucha de las infancias estableciendo excepciones.