Extremadura
Reforma agraria para redistribuir la PAC en Extremadura

La Política Agraria Común (PAC) surge en los años 50 del siglo pasado con la misión de alimentar a una Europa devastada tras la Segunda Guerra Mundial y elevar la renta de la población agraria europea, la más numerosa y la que más había sufrido las consecuencias de la guerra.

La apuesta fundamental consistió en aumentar la producción agropecuaria subvencionándola en su totalidad y garantizando precios altos a través de diversos mecanismos legislativos.

Se protegía, además, la producción europea mediante el Principio de preferencia comunitaria frente a la competencia externa, al igual que se establecieron mecanismos de compra y almacenamiento público para asegurar la viabilidad del trabajo en el campo y el suministro de alimento en épocas de dificultad.

En 1967, la Comisión Europea concluye que el sistema de precios garantizados a la producción y la protección de los mismos llevará a una aparición masiva de excedentes por lo que decide acabar con ello, reducir la población activa agraria de los 10 millones en 1970 a 5 millones en 1980 y la transformación de las estructuras agrarias hacia un mayor tamaño medio. Esto se traduce en el Mémorandum sur la réforme de l'agriculture dans la CEE, conocido también como el programa “Agricultura 1980” o el Plan Mansholt presentado el 21 de diciembre de 1968,  que no llegó siquiera a ser debatido por los diferentes países miembros del Consejo de Ministros debido a la oposición que suscitó entre sus propias bases demócrata-cristianas, en su mayoría campesinas.

En 1985, se presenta el Libro Verde sobre Perspectivas de la PAC que defendía la necesidad, entre otras cosas, de frenar la producción de determinados alimentos a través de cuotas de producción. A su vez se pretendía rejuvenecer la población agraria incentivando el cese anticipado de actividad y las jubilaciones alertando, además, de la insostenibilidad ambiental del modelo agrario.

En 1992, tiene lugar la llamada Reforma McSharry que acaba con la política de estabilización de precios reduciéndolos para hacerlos “más competitivos” y “estabilizar” los mercados. Era la condición que Europa quiso cumplir para entrar en la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se negociaba en esos momentos. Al mismo tiempo se establecieron ayudas directas en función de la propiedad de hectáreas y cabezas de ganado. Cuantas más tienes, más recibes. Es el grueso del llamado Primer Pilar de la PAC. Aparece también el Segundo Pilar, “el hermano pobre”, dedicado a Desarrollo Rural, que incluye, entre otras, ayudas a prácticas ambientales o para incorporación de jóvenes agricultores.

La figura de “agricultor activo” sigue siendo un coladero por el que se van millones de euros para empresas y actividades muy alejadas del sector agrario

En la reforma de la PAC de 2003, se establece el desacoplamiento entre las ayudas y la producción con la intención de reducir excedentes y se establece la modulación de las ayudas directas a grandes perceptores a partir de una cantidad establecida.

En 2013, se aprueba el contenido de la PAC para el periodo actual 2014-2020. Se incluyen pagos directos a agricultores jóvenes y agricultores en zonas con limitaciones naturales o greening, ayudas condicionadas al fomento de prácticas agrícolas beneficiosas para el medioambiente incluidas en el Primer Pilar. Este gran bloque supone en torno 75% del presupuesto de la PAC, incluyendo algo menos del 5% del presupuesto a medidas obligatorias de regulación de mercados. El Segundo Pilar, dedicado a Desarrollo Rural, no alcanza el 25% del total. 

En el año 2017, se llevó a cabo una reforma parcial de la PAC 2014-2020 a través del llamado Reglamento Omnibus, en el que se introducen modificaciones como las del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos, que corrige errores anteriores que perjudicaron a regiones con gran superficie adehesada, como es el caso de Extremadura. Sin embargo, sigue sin atajar problemas graves como la figura de "agricultor activo", que sigue siendo un coladero por el que se van millones de euros para empresas y actividades muy alejadas del sector agrario. Tampoco se reduce la limitación de techo máximo de ayudas a percibir.

La PAC en Europa y España

Los principales beneficiarios de la PAC en Europa son grandes terratenientes —a menudo de forma hereditaria— y grandes industrias agrícolas, en lugar de los pequeños agricultores y agricultoras a los que pretende ayudar. En los últimos años han aterrizado en el mercado de la tierra empresas y fondos de inversión muy alejados del sector agroalimentario.

Según el estudio Estructura de la propiedad de tierras en Europa. Concentración y acaparamiento (2015), de Fernando Fernández y Carles Soler, en el año 2011 el 1,5% de las fincas europeas acapararon un 76% de las subvenciones de la PAC.

El establecimiento de ayudas por la mera propiedad de la tierra es uno de los principales responsables de la consolidación de latifundismo y del proceso de acaparamiento de tierras que se observa en toda Europa

En el año 2011, Europa Occidental, con un 44% de explotaciones agrarias, recibió el 80% de las ayudas de la PAC, mientras que Europa Oriental, con un 56% de las explotaciones agrarias, recibió sólo el 20%. El establecimiento de ayudas por la mera propiedad de la tierra es uno de los principales responsables de la consolidación de latifundismo y del proceso de acaparamiento de tierras que se observa en toda Europa.

Algunos de los principales perceptores de PAC son empresas como, por ejemplo, Nestlé, que percibió solo en Reino Unido 197 millones de euros de la PAC entre 1999 y 2009. Por su parte, la nobleza es otra de las grandes perceptoras de estas ayudas agrarias: la Reina de Inglaterra y el Príncipe Carlos sumaron 700.000 euros de PAC solo en 2008, y así seguirán cada año si nadie lo impide.

En España, según la parte que el estudio anteriormente mencionado dedica a nuestro país, tenemos 779.329 perceptores, de los cuales solo poco más de una tercera parte están dados de alta en la seguridad social. De esta forma, 520.000 perceptores no tienen la agricultura como fuente fundamental de empleo o renta. El 16,7% de los perceptores de PAC concentran el 78% de las ayudas en nuestro país y el 0,03% recibe más que el 45% de los perceptores que menos cobran.

Es importante señalar el enorme y preocupante sesgo de edad y género que tienen los perceptores, ya que el 40% de ellos tienen más de 65 años, tan solo el 5,72% tienen menos de 35 años y el porcentaje de mujeres perceptoras de estas ayudas públicas solo llega al 31%.

Siguiendo con el mismo caso, Nestlé España S.A. percibió un total de 2.760.388 euros en nuestro país solo en el año 2011 según datos del FEGA. Ese mismo año Complejo Agrícola S.A., que gestionaba por entonces la finca Quintos de San Martín (La Rusal) —propiedad en ese momento de la familia Mora-Figueroa Domecq— percibió 4.195.075 euros por su actividad en todo el país, aparte de los 896.659 euros que percibieron a través de la empresa Domecq Wines España S.A. Por su parte, la Casa de Alba percibió solo en 2011 un total de 2.290.632 euros. Mientras un total de 398.793 perceptores, el 51%, tan solo reciben 1.250 euros de media.

La PAC en Extremadura

En Extremadura, según los últimos datos publicados correspondientes al año 2017, hay un total de 51.258 perceptores que se reparten un total de 568.485.074,34 euros, siendo Extremadura la cuarta región que más recibe de todo el país tras Andalucía, Castilla León y Castilla la Mancha. Un montante que se reparte principalmente, como se ha mencionado a lo largo del texto, en función de la propiedad de la tierra.

Extremadura es la región con una distribución más injusta de la propiedad de la tierra de toda Europa

En el estudio de Fernando Fernández y Carles Soler citado anteriormente, se concluye que Extremadura es la región con una distribución más injusta de la propiedad de la tierra de toda Europa. ¿Se podría deducir, por tanto, que Extremadura es la región de Europa con una distribución más injusta de las ayudas de la PAC?

En un artículo publicado en la prensa regional, se pueden observar las principales empresas que perciben estas ayudas agrarias en Extremadura, sin embargo el texto no entra en las personas físicas que acumulan gran parte del dinero total.

En primer lugar es importante dejar claro la complejidad de manejar archivos con casi 140.000 datos diferentes organizados por comarca, tipo de ayuda, etc.; pero, sin lugar a dudas, la principal dificultad se encuentra en la opacidad y la ingeniería fiscal que han desarrollado los grandes perceptores de PAC para ocultar a través de una amplia red de empresas pantalla y testaferros el dinero que reciben y que hace muy difícil seguir el rastro. Sirvan las líneas siguientes como primer paso sobre el que seguir investigando y sacando a la luz pública el destino de los casi 570 millones de euros de ayudas agrarias públicas que llegan a nuestra región.

Un ejemplo muy ilustrativo sobre esta opacidad es el paradigmático caso del dueño de la finca más grande de España, Valdepuercas, 18.000 hectáreas en el término municipal de Alía (Cáceres). Su propietario, José María Aristraín de la Cruz, con cargos en hasta diez empresas, no aparece entre los perceptores de PAC ni a título particular ni a nombre de ninguna de sus empresas, entre las que se encuentra Valdepuercas S.L., situada en Alía (Cáceres) aunque con domicilio en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Teniendo en cuenta que el importe medio del derecho en Extremadura está en torno a 211,03 euros por hectárea, pueden hacer sus propias cuentas.

La segunda mayor finca de Extremadura, Quintos de San Martín (La Rusal), se encuentra en la misma situación. El actual propietario de estas 8.000 hectáreas en el término municipal de Valencia de la Torre (Badajoz), Mansour bin Zayed Al Nahyan —jeque de Abhu Dhabi— no aparece entre los beneficiarios. Tampoco aparece la empresa que la gestionaba anteriormente, Complejo Agrícola S.A., propiedad de la familia Mora-Figueroa Domecq. El trío de las grandes propiedades se cierra con la finca Azagala, propiedad de Alonso Álvarez de Toledo, Marqués de Valdueza, con 7.000 hectáreas en el término municipal de Alburquerque (Badajoz). Ni rastro aparente de percibir subvenciones de la PAC.

A pesar de todas las dificultades, los archivos publicados permiten establecer sin lugar a dudas una valoración mínima e irrefutable de las cantidades que perciben solo en Extremadura.

Entre las principales empresas perceptoras de la PAC en Extremadura encontramos, por ejemplo, a dos dedicadas a la gestión de sus dehesas. Se trata de Dehesa del Guijo S.A., propiedad de Álvaro Rengifo Calderón —que ocupó diferentes cargos políticos y diplomáticos durante el franquismo y fue ministro de Trabajo con Adolfo Suárez—, que percibió 134.417 euros en 2017. Por su parte, la empresa Dehesa de Solana Extremadura S.L., con Patricia Peyró Jiménez como administradora única, percibió 144.034 euros.

Por encima se sitúan dos empresas que han protagonizado conflictos laborales en los últimos meses por impago de salarios con arreglo a la ley. Por un lado, HaciendasBIO sumó un total de 200.535 euros,  mientras el grupo Sol de Badajoz y El Escobar SCL alcanzó al menos los 343.700 euros. De otro lado, las empresas Baldío de Casatejada S.L., con la familia Baztan al frente, percibió 532.000 de PAC mientras la empresa ganadera Llano de las Veneras S.L., junto a sus propietarios, Mª Irene Rocandio Jiménez y Julián Cepeda Simón, sumaron un total de 547.813 euros.

Cooperativas aparte, las cinco empresas que más ayudas de la PAC perciben en Extremadura son Naturcrex S.L., en concurso de acreedores, que cerró su planta en 2018 despidiendo a 600 personas, percibió 989.239 euros en 2017. El conglomerado formado en torno a Farm Fruit S.L. —con Explotaciones Agrícolas Rosa S.L. en la presidencia y Conservas Jarcha S.L. como consejera delegada— suman 1.031.849 euros de PAC. A continuación, la empresa Tangerina S.L., domiciliada en Sevilla, percibió 1.046.316 euros de PAC. Por su parte, la empresa No Laboreo S.A.T., con domicilio en Madrigalejo (Cáceres), recibió un total de 1.121.483 euros.

Entre las personas físicas que más ayudas de la PAC cobran en Extremadura encontramos a la flor y nata de la nobleza y la aristocracia española

En primer lugar y con 1.195.238,02 euros al año encontramos la empresa Frugalia S.L., presidida por Atanasio Naranjo, quien a su vez es presidente de Tany Nature S.A., empresa que no aparece entre las perceptoras de PAC aunque entre él y su hermano, José María Naranjo —secretario de esta última—, suman a título particular otros 130.000 euros más entre ambos.

Es importante recordar que estas cantidades son una aproximación a lo que se percibe solo en Extremadura. Por ejemplo, el Grupo Cuétara, que recibe subvenciones en Extremadura —aunque la cifra es inferior a las mencionadas anteriormente—, percibe varios millones de euros de PAC en todo el país. Entre las personas físicas que más ayudas de la PAC cobran en Extremadura encontramos a la flor y nata de la nobleza y la aristocracia española.

Los Álvarez de Toledo, entre los se encuentra Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, XIII Marquesa de Casa Fuerte y flamante candidata del PP por Barcelona al Congreso, tienen varias propiedades en Extremadura. Si bien, como se mencionó anteriormente, no aparece el Marqués de Valdueza —Alonso Álvarez de Toledo— sí encontramos que su hermana, María Álvarez de Toledo y Urquijo, esposa del anterior Marqués de Velle —título que ahora ostenta su hijo, Carlos Pérez de Seoane y Álvarez de Toledo— percibe al menos 96.000 euros de PAC. Igualmente encontramos a Mercedes Falcó y Anchorena, duquesa del Arco e hija del V duque de Fernán Núñez -Manuel Falcó y Álvarez de Toledo- que percibió 183.439 euros en 2017.

La familia Domecq, ya sin la finca Quintos de San Martín, percibió al menos 147.015 euros de PAC.
Por su parte Eulalia Carrasco Peral, apoderada de Ganados Dilamb S.L., Finca Magasquilla S.L., Explotaciones ganaderas Eurocarpe S.L. y Promociones Trujillanas Dicar S.L. percibió 235.742,07 euros en 2017.

De otro lado, Antonio Fernández de Mesa Delgado, de familia de rancio abolengo entre los que se encuentra Arsenio Fernández de Mesa —militante falangista en su juventud y diputado en Cortes por el Partido Popular y Director de la Guardia Civil en su madurez—, percibió 239.673 euros de PAC en 2017. Por encima encontramos a la familia García de la Peña que percibió un total de 252.138 euros de estas ayudas públicas. Por su parte, María Eugenia Macías Gajardo percibió 266.808 euros en 2017.

Varias familias emparentadas entre sí se reparten otro buen pellizco de la PAC. La familia López de Ayala, que percibió 121.875 euros en 2017, está emparentada con los Montero de Espinosa —descendientes de Jaime Montero de Espinosa y Giquel, alcalde de Badajoz en el tardofranquismo— que recibieron al menos 160.000 euros de PAC. Luisa Montero de Espinosa y López de Ayala está emparentada a través de su esposo con la familia Jaraquemada que percibieron en 2017 más de 600.000 euros de PAC. Esta familia a su vez es una de las líneas que descienden de los Sánchez-Arjona, como ocurre con los Maesso Sánchez-Arjona que percibieron 510.000 euros de PAC.

La conocida familia Díaz-Ambrona sumó un total de 513.167 euros en 2017. La familia Cevallos-Zúñiga Nogales, por su parte, percibió 706.217 euros mientras que la familia Romero de Tejada alcanzó un total de 708.790 euros. La familia Grano de Oro, por otra parte, percibió 851.284 euros con Julia Grano de Oro González como principal perceptora de pago básico —ligado a la propiedad de la tierra— de Extremadura con 666.220 euros sólo por este concepto.

Los Márquez de Prado, algunos de los cuales ocuparon diferentes puestos de responsabilidad durante el franquismo, se reparten una parte importante del pastel. Manuel Nogales Márquez de Prado, por ejemplo, percibió 355.397 euros en 2017. Sus parientes, los Granda Márquez de Prado y los Granda Losada con los hermanos María Dolores Granda Losada —Marquesa de Torres Cabrera— y Miguel Granda Losada -Conde de Campo Espina- al frente sumaron un total de 1.134.392,38 euros de PAC en 2017. Otras familias reconocidas como los García de Blanes o los García de Paredes percibieron importantes cantidades de dinero aunque inferiores a las mencionadas.

Quien más tiene más recibe

Con estos datos concretos es fácil presuponer la situación global del reparto de la PAC en Extremadura. El 1% de los grandes propietarios, 565 personas, concentra el 20% de las subvenciones agrarias —110 millones de euros— mientras que el 33% de los perceptores —17.144 personas que reciben menos de mil euros— acumulan tan solo el 1,5% del montante total. Subiendo un escalón más encontramos que el 4% de los grandes propietarios acumula el 40% de las subvenciones de la PAC.

El 1% de los grandes propietarios, 565 personas, concentra el 20% de las subvenciones agrarias —110 millones de euros— mientras que el 33% de los perceptores —17.144 personas que reciben menos de mil euros— acumulan tan solo el 1,5% del montante total

Si nos centramos solo en las ayudas más ligadas a la propiedad de la tierra y que supone el grueso de estas subvenciones —el llamado pago básico—, tenemos que el 4,8% de los propietarios percibe más del 71% de estas ayudas. La Junta de Extremadura, por su parte, principal perceptora de PAC en nuestra región, prácticamente no ingresa nada por este concepto, sino que se centra en otras medidas como inversiones en activos físicos, asistencia técnica, inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques y en servicios básicos y renovación de poblaciones en zonas rurales.

Por si esto fuera poco, en la reforma de la PAC 2014-2020 se creó la figura de pequeño agricultor —aquellos que perciben menos de 1.250 euros de pagos directos— según el propio Ministerio: “con objeto de ayudar a preservar la agricultura a tiempo parcial, que tanta importancia tiene en determinadas áreas rurales españolas, y en aras de la simplificación ya que este nuevo régimen reduce las cargas administrativas”.

En el año 2014 más de 30.000 perceptores en Extremadura eran considerados pequeños agricultores, es decir, casi el 50% de los perceptores de PAC en Extremadura cobraban ayudas por importe inferior a 1.250 euros al año. Con aquella reforma se incluyó un umbral mínimo de 300 euros para poder recibir las ayudas de la PAC, es decir, que los que tuvieran derecho a un importe inferior no cobrarían estas ayudas a partir de 2017. Esto se ha llevado a cabo de manera gradual de forma que en el año 2015 se eliminaban a los perceptores de menos de 100 euros, en 2016 a los de menos de 200 euros y en 2017 a los de menos de 300 euros.

De esta forma en el año 2015 se expulsaron en Extremadura a 515 perceptores, en 2016 a 4.862 y en 2017 a 4.450. En total casi 10.000 pequeños agricultores y agricultoras eliminadas de las ayudas de la PAC, lo que supone que dejaron de entrar en nuestros pueblos de forma distribuida cerca de 2 millones de euros. Esta PAC, por tanto, ha perjudicado gravemente a los pequeños perceptores y perceptoras extremeñas que han sido expulsadas del sistema.

Con la reforma de la PAC 2014-2020 se crea, además, la figura de agricultor activo, con unos requisitos imprescindibles para poder cobrar. La realidad es que esta figura se ha flexibilizado tanto que, finalmente, todos los titulares de explotación que incurran en cualquier gasto de mantenimiento de la misma ya son considerados agricultores activos sin necesidad de comprobar si realiza ninguna actividad agrícola o ganadera ni cotización a la Seguridad Social y ni siquiera que tenga ingresos agrarios ni la mano de obra que genera en su explotación ni la residencia del agricultor en la comarca donde radica esa explotación.

Esta PAC, por tanto, premia la titularidad de la tierra, quien más tiene es quien más subvenciones recibe y quien menos las necesita. Atendiendo a la pregunta anterior, ¿podríamos decir con estos datos que Extremadura es, además, la región de Europa con una distribución más injusta de las ayudas de la PAC?  Los datos, sin estudios específicos a nivel estatal, apuntan a lo peor

Pelearemos el futuro. Nos va la vida en ello

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento europeo aprobó durante la primera semana del pasado mes de abril el informe sobre la nueva PAC en el periodo 2021-2027 que no hace presagiar nada bueno. La decisión no es vinculante ya que las propuestas definitivas se votarán probablemente en el mes de junio pero diferentes organizaciones ya se han puesto en marcha para reclamar una PAC que sea realmente para las personas que trabajan la tierra y están en el medio rural.

La PAC afronta retos graves y urgentes como la despoblación de las zonas rurales, la viabilidad de la actividad agropecuaria, el cambio climático —o caos climático— y la producción de alimentos sostenible y segura

En este sentido, la Coordinadora Europea de la Vía Campesina, que agrupa 26 organizaciones campesinas, rurales y de trabajadores/as agrícolas de 17 países europeos, publicó el pasado mes de marzo el documento Más agricultores, mejores alimentos en el que analizan la alarmante situación de las zonas rurales y del sistema alimentario de la Unión Europea. Se ha reducido, afirman, el número de explotaciones agrícolas de menos de 50 hectáreas en un 29,4 % entre 2005 y 2016, es decir, más de 4 millones de explotaciones desaparecieron en sólo 10 años. Así mismo alertan del aumento de la precariedad laboral en el campo, el impacto negativo de los agroquímicos en la salud pública, el aumento de resistencias antimicrobianas derivadas del elevado nivel de uso de antibióticos en la ganadería, el desperdicio de 88 millones de toneladas de residuos de alimentos y cómo la PAC ha hecho que la UE dependa en gran medida de las importaciones baratas procedentes de regiones con normativas medioambientales y sociales menos estrictas.

Piden que se ponga a los pequeños agricultores y agricultoras en el centro de la PAC ya que, aseguran, los sistemas alimentarios que crean proporcionan alimentos sanos, asequibles y locales, respetan la naturaleza y el clima y crean empleo seguro y digno. Reclaman precios justos, un tope para los pagos directos y una redistribución de las ayudas, más dinero para el desarrollo rural y un enfoque colectivo de proyectos donde se promueva la agroecología campesina así como más apoyo en los primeros años de incorporación de jóvenes al campo. Medidas, añaden, que enviarían una señal inequívoca de que la expansión y la concentración de la tierra no son el camino a seguir.

En España, por su parte, la coalición Por Otra PAC, formada por 37 organizaciones de producción ecológica, ganadería extensiva, de nutrición, ambientales, consumo, de cooperación al desarrollo y empresas, presentaron el 2 de abril el Atlas de la PAC donde evalúan las implicaciones de estas políticas agrarias y plantean profundas e imprescindibles reformas de cara al próximo periodo 2021-2027 a través de un documento con 20 Prioridades para una nueva Política Agraria, Alimentaria y Territorial en 2021.

La Fundación Entretantos, que forma parte de esta coalición, asegura que la PAC actual “ni siquiera consigue sus objetivos sociales con un alarmante bajo relevo generacional en el sector agropecuario y un difícil acceso a las tierras. Por ejemplo entre 2003 y 2013 un tercio de los agricultores han cesado su actividad y un 3,1% de las explotaciones agrarias manejan más de la mitad de la superficie agraria de la UE.”

La investigadora y militante de Ecologista en Acción, Mireia Llorente, detalla en el artículo El peligro de las macrogranjas y alternativas para el campo cómo se están desviando fondos de la PAC en todo el país para la instalación de grandes ganaderías en intensivo y asegura que se está multiplicando el número de estas solicitudes en Extremadura, lo cual supone la puntilla final a nuestras pequeñas ganaderías, nuestro medio rural y nuestros pueblos.

La PAC afronta retos graves y urgentes como la despoblación de las zonas rurales, la viabilidad de la actividad agropecuaria, el cambio climático —o caos climático— y la producción de alimentos sostenible y segura. Sin embargo estas políticas agrarias se están convirtiendo en uno de los principales pilares responsables del reforzamiento de la injusta distribución de la propiedad de la tierra en Extremadura que hace que seis personas controlen 46.350 hectáreas en nuestra región.

Es urgente una reforma social y ambiental de la PAC ya que ha quedado demostrado que no cumple los objetivos que se marcaron en su nacimiento tras la Segunda Guerra Mundial. Los niveles de desempleo, riesgo de pobreza y desigualdad social son escandalosos, especialmente en Extremadura.

Los vaivenes que ha seguido a lo largo de la historia han tenido y están teniendo consecuencias catastróficas. La subvención por número de pies de árbol produjo una intensificación que empobreció seriamente los suelos. Un efecto similar se produjo cuando se pasó a financiar la producción, lo que además produjo gran cantidad de excedentes. La financiación por superficie cultivada conllevó la ampliación de la frontera agraria y la deforestación de grandes extensiones de bosque mediterráneo. Actualmente se subvenciona la propiedad, lo que está llevando a la desaparición de miles de pequeñas explotaciones y de miles de puestos de trabajo.

Se han comprobado, además, incongruencias —aparentes— muy graves a lo largo de la historia como la financiación, en su momento, del arranque de viñas para luego subvencionar la plantación de viñedos y actualmente dedicar un presupuesto importante a la “reestructuración” de viñedos, eufemismo tras el cual se esconde la superintensificación de la viticultura en espaldera con máquinas para su cosecha dejando en el paro a miles de jornaleros y jornaleras.

¿Cuándo decidirán distribuir estas ayudas públicas en función del número de empleos generado en el campo y zonas rurales? ¿No sería lógico obligar a devolver estas subvenciones agrarias a las empresas, personas físicas o jurídicas que incumplan la legislación laboral y violen los derechos de trabajadores y trabajadoras?

La mayoría de los nombres —no todos— que han leído aquí son los principales responsables de la Extremadura Vaciada —sus nombres están publicados en la web del FEGA—. Otros similares son los que vacían España así como los que elaboran las políticas que les protegen y nos expulsan de nuestra tierra.
A estos son a los que la derecha andaluza les ha bajado los impuestos.

Estos son a los que la Junta de Extremadura jamás les aplicó el impuesto a Dehesas Calificadas en Deficiente Aprovechamiento —actualmente derogado— como critica la cacereña Elena Manzano Silva, experta en Derecho Financiero y Tributario.

Estos son los que rompen España. Estos son los que destrozan Extremadura.  Es urgente una reforma agraria en Extremadura para redistribuir la PAC para que llegue a quienes viven y trabajan la tierra. Es urgente una reforma agraria porque sin democracia en el campo no hay democracia posible.