Opinión
Tras la fiebre solar, llegó el biometano

El 9 de agosto, los vecinos de Oliva de Plasencia cumplieron cien semanas consecutivas concentrándose, domingo tras domingo, contra una planta de biometanización de alperujo proyectada junto a este pequeño pueblo cacereño. Quince días después de aquella simbólica movilización les llegó desde Mérida un jarro de agua fría: la Junta de Extremadura concluyó que el proyecto no necesitaba someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria porque, de acuerdo con su propia resolución, “no es previsible” que produzca impactos adversos significativos.

No supone todavía la autorización definitiva de la instalación. El propio documento recuerda que quedan pendientes otros trámites y que la actividad necesita, entre ellos, informes sectoriales o la calificación rústica antes de poder obtener la licencia de obras. Pero el procedimiento va avanzando a su favor.

Quienes integran la plataforma Salvemos Oliva de Plasencia, que llegó a movilizar alrededor de 1.500 alegaciones en un municipio de apenas 290 habitantes, tienen claro que esta resolución no va a paralizar sus más de dos años de lucha. El mismo día de su publicación, anunciaron que continuarán con su oposición al proyecto.

Así, este domingo 30 de agosto, más de 150 personas volvieron a encontrarse en la Plaza Mayor de Oliva para apoyar una causa que está trascendiendo su conflicto local y empieza a reconocerse como un ejemplo a seguir en la defensa de todo el territorio extremeño. Tras años de macroplantas solares, intereses mineros y diversos proyectos de fortísimo impacto territorial, los extremeños van acumulando experiencia, y cada vez más capacidad de respuesta ante estas nuevas operaciones ligadas a grandes intereses empresariales y financieros. En esta cita se congregaron vecinos del mismo pueblo, del Valle del Ambroz, Plasencia, Carcaboso, Las Hurdes o Cáceres e incluso plataformas llegadas desde la provincia de Salamanca donde también existe contestación ciudadana frente a este tipo de proyectos.

Así, este domingo 30 de agosto, más de 150 personas volvieron a encontrarse en la Plaza Mayor de Oliva para apoyar una causa que está trascendiendo su conflicto local y empieza a reconocerse como un ejemplo a seguir en la defensa de todo el territorio extremeño

La empresa que se encuentra detrás de la planta de Oliva de Plasencia es Desarrollos Bioenergéticos de Extremadura Alagón, S.L. y pretende tratar hasta 50.000 toneladas anuales de alperujo. Si seguimos el rastro de la sociedad promotora y salimos de la escala local, observamos una de las principales características de este despliegue industrial. La mercantil tiene su domicilio social en Madrid y desde diciembre de 2023 MAPFRE Energías Renovables II FCR figura como su socio único. El fondo forma parte del vehículo de inversión en biometano impulsado por MAPFRE, Abante e IAM Carbonzero, creado con el objetivo de captar hasta 100 millones de euros y desarrollar entre 20 y 25 plantas en España.

El patrón se repite en buena parte de los proyectos de Extremadura y del resto del Estado. Estas instalaciones suelen articularse mediante sociedades vehículo de nueva creación, muchas veces con nombres vinculados al territorio donde pretenden instalarse: Desarrollos Bioenergéticos de Extremadura Alagón, La Serena o Tierra de Barros, Iniciativas Agroambientales de las Vegas Altas o de las Vegas Bajas del Guadiana. Una apariencia empresarial local que conduce en numerosos casos a grandes grupos energéticos, aseguradoras, gestoras de activos o fondos internacionales.

Varias de estas sociedades se constituyen además con capitales sociales muy reducidos –en la mayoría de los casos 3.000 euros–. Cuestión que lleva a las plataformas a preguntarse qué patrimonio, seguros o garantías financieras respaldan realmente cada planta ante un accidente, una posible contaminación o el futuro cierre y desmantelamiento de las instalaciones.

A ello se suma la propia lógica financiera de estos proyectos, las sociedades o los activos pueden cambiar de propietario durante sus décadas de vida útil. Quienes hoy se presentan ante un ayuntamiento como promotores no tienen por qué ser quienes lo exploten dentro de diez o veinte años. La pregunta, entonces, es quién responderá ante el territorio cuando el inversor original lo haya vendido. ¿Serán sus impulsores originales –como las mercantiles de MAPFRE, cuyo presidente, el extremeño Antonio Huertas Mejías, celebra con orgullo la implantación de las primeras plantas del fondo en Extremadura– o lo hará, años después, un nuevo propietario con sede en Pekín o Nueva York? 

Vemos cómo también en Mérida y Villafranca de los Barros aparecen vehículos promovidos por MAPFRE, Abante e IAM Carbonzero. En Los Santos de Maimona, Verdalia Bioenergy, respaldada por fondos gestionados por Goldman Sachs Asset Management. En Villanueva de la Serena, Heygaz, cuyo principal accionista es el fondo europeo de infraestructuras InfraVia Capital Partners. O en Plasencia, Norbiogás Biometano IV, filial del grupo gasista Nortegas, propiedad de un consorcio de inversores institucionales internacionales.

Esta forma de operar no es una peculiaridad de esta industria –la hemos visto también, entre otros ámbitos, en el despliegue de grandes proyectos fotovoltaicos– ni es una particularidad extremeña. A escala europea, el estudio Biogas in the EU: A policy and financial analysis, publicado en 2025 por el centro de investigación neerlandés Profundo, analiza la financiación privada de algunas de las principales empresas del sector. Entre los mayores inversores encontrados en las compañías de biogás estudiadas figuran BlackRock, Lazard, Pictet, Vanguard y Legal & General.

Más allá de quién promueve cada proyecto, la cuestión central está en seguir el recorrido del capital y comprobar a dónde irán los beneficios y quién vivirá los impactos de estas industrias. Ya que son los municipios los que asumirán las posibles externalidades de estas instalaciones: el aumento del tráfico pesado para transportar los sustratos, la ocupación de suelo, los olores y emisiones con posibles efectos sobre la salud, el consumo de agua, el riesgo de afección a los acuíferos o la gestión de miles de toneladas de digestato en sus tierras de cultivo.

Uno de los argumentos recurrentes con los que el sector busca seducir a los ayuntamientos es el empleo. Estas instalaciones generan trabajo durante la construcción y requieren personal especializado durante la explotación, pero funcionan con un elevado grado de automatización. La cifra relevante será cuántos puestos permanentes mantiene realmente cada planta una vez entra en funcionamiento. El propio MAPFRE reconoce en su página web una estimación de 70 puestos de trabajo fijo para su despliegue de 20 a 25 plantas, apenas 3 por instalación.

La cifra relevante será cuántos puestos permanentes mantiene realmente cada planta una vez entra en funcionamiento. El propio MAPFRE reconoce en su página web una estimación de 70 puestos de trabajo fijo para su despliegue de 20 a 25 plantas, apenas 3 por instalación

Las plataformas, además, plantean otra cuestión: cuántos empleos ya existentes puede poner en riesgo una instalación por malos olores o deterioro del entorno y la calidad de vida, especialmente en sectores como la agricultura, el turismo o la restauración, y a qué condiciones de exposición a contaminantes estarán sometidos los trabajadores dentro de las plantas.

Ese tipo de preguntas, que durante meses parecían circunscritas a cada municipio afectado, llevan ya un tiempo repitiéndose de una comarca a otra. Lo que a lo largo de casi dos años se vivía en Cáceres como un conflicto localizado en un par de pueblos ha empezado a extenderse por el norte de la provincia.

Así, a pocos kilómetros de Oliva apareció otro frente. El 22 de junio la Junta sometió a información pública la solicitud de Autorización Ambiental Integrada de una macroplanta promovida por Norbiogás Biometano IV en Plasencia. El proyecto pretende tratar 139.120 toneladas anuales de residuos para producir biometano, casi el triple que la de Oliva.

Las dimensiones ayudan a situarlo, se plantea sobre una finca de más de 16 hectáreas, de las que las instalaciones ocuparían casi 6. Entre las materias previstas aparecen alperujo, lodos agroalimentarios, gallinaza, estiércol vacuno y lactosuero.

Pero allí el proyecto chocó desde el principio con un obstáculo importante. Los servicios técnicos municipales concluyeron en julio que la instalación no es autorizable con el planeamiento vigente porque pretende implantarse sobre suelo no urbanizable de protección natural ecológica. El Ayuntamiento remitió ese informe a la Junta y considera que la incompatibilidad urbanística debería ser determinante. Este caso representa bien la incertidumbre en la que están sumidos los municipios. La Administración autonómica continúa tramitando ambientalmente una instalación cuya ubicación el propio Ayuntamiento considera incompatible con el planeamiento urbanístico vigente.

Mientras avanzaba el expediente surgieron también nuevas plataformas ciudadanas en Carcaboso y Plasencia, dos de los municipios afectados por esta macroplanta. Desde estos colectivos se ha solicitado información a la Junta y al Ayuntamiento de Plasencia y se han impulsado recogidas defirmas y alegaciones colectivas en la comarca.

El próximo 9 de septiembre a las 20:00 horas en la Sala Verdugo, la plataforma placentina ha convocado una nueva charla informativa para explicar el proyecto y sus posibles afecciones sobre los municipios del entorno. Una muestra más de cómo la respuesta vecinal va a ser un factor muy importante en el despliegue de estas macroplantas.

Como ya ha venido ocurriendo en la provincia de Badajoz, el norte extremeño entra también en un suma y sigue de nuevos proyectos. A principios de agosto trascendió una memoria presentada por Exera Energía S.L. en la que se mostraba interés por desarrollar una planta de biometano en Casas del Monte. Aquí, la reacción corrió como la pólvora entre los habitantes del Ambroz. A mediados de mes, tras dos encuentros informativos celebrados en Segura de Toro y en el propio Casas del Monte, vecinas y vecinos de distintos pueblos del Valle del Ambroz comenzaron a organizarse para seguir informando sobre esta nueva instalación proyectada y sus posibles impactos.

La movilización ha puesto en marcha una recogida de firmas en numerosos establecimientos de la comarca y se ha sumado también a las protestas de Oliva de Plasencia. Más al sur, Miajadas se ha convertido en otro de los principales focos de movilización.

Salvemos Miajadas estimó en mayo que se habían registrado entre 8.000 y 9.000 alegaciones contra el proyecto de Biored Vegas Altas. El pleno municipal había aprobado por unanimidad una moción contraria. A finales de julio Salvemos Miajadas y Salvemos Vivares entregaron además al alcalde más de 4.500 firmas y anunciaron nuevas movilizaciones.

Salvemos Miajadas estimó en mayo que se habían registrado entre 8.000 y 9.000 alegaciones contra el proyecto de Biored Vegas Altas. El pleno municipal había aprobado por unanimidad una moción contraria

En La Coronada, la plataforma Salvemos La Coronada lleva años movilizándose contra la macroplanta de biometano proyectada en el término de Villanueva de la Serena y contra el macrovertedero situado en esa misma zona. El pasado 22 de agosto volvió a manifestarse en Villanueva de la Serena para rechazar la planta y reclamar el cierre del vertedero. Un mes antes, su portavoz había comparecido ante la Comisión de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Asamblea de Extremadura para trasladar la posición del colectivo.

También en Granja de Torrehermosa, Stop Biometano Granja de Torrehermosa ha llevado las protestas hasta la N-432, que los vecinos han cortado en varias ocasiones. La plataforma presentó más de 4.000 alegaciones contra otra macroplanta que prevé tratar hasta 145.500 toneladas anuales de residuos agrícolas y ganaderos. El rechazo también llegó al Ayuntamiento, que aprobó una declaración institucional contraria a la instalación.

El conflicto empieza así a desbordar los límites municipales y adquirir una dimensión regional.

En torno al biometano se está tejiendo una gran solidaridad entre pueblos y una estructura cada vez más sólida. Las pequeñas plataformas locales están dejando de actuar de forma aislada, comparten la información, apoyan las movilizaciones de municipios lejanos y van avanzando hacia una coordinación que poco a poco está vertebrando todo el territorio. El mismo gasoducto que recorre la Vía de la Plata y favorece la implantación de estas instalaciones está creando fuertes lazos de unión entre los municipios afectados.

El debate se amplía en todos estos encuentros y empieza a girar en torno a una cuestión de fondo: qué modelo se quiere para estas comarcas y qué transformaciones puede provocar en el territorio la concentración de este tipo de macroplantas, en zonas cuya economía depende también de la agricultura, la dehesa, el paisaje o el turismo rural.

Y por ello hacen un llamamiento común: las plataformas convocan a vecinos de toda Extremadura a acudir el próximo 7 de septiembre, a las 20:00 horas, frente al Teatro Romano de Mérida, coincidiendo con la entrega de las Medallas de Extremadura. Allí, como durante tantos años, confluirán colectivos en lucha procedentes de distintos puntos de la región, entre ellos varias de las plataformas movilizadas contra las macroplantas de biometano. Desde el norte de Cáceres o Miajadas-Vivares ya están organizando incluso autobuses para desplazarse colectivamente.

Se avecinan meses movidos para el biometano en Extremadura.