Extremadura
Extremadura se articula contra el biometano con focos de resistencia rural
La contestación social a los proyectos de gestión masiva de residuos orgánicos crece en Extremadura y dibuja un mapa de protestas de norte a sur de la región. Lo que comenzó como inquietudes aisladas se ha transformado en una respuesta ciudadana organizada que abarca distintas mancomunidades y provincias. Tanto en el norte cacereño, concretamente en el Valle del Ambroz y Trasierra, como en la provincia de Badajoz, en el entorno de Villanueva de la Serena y La Coronada, la población, inspirada en oposiciones similares en distintos puntos de la geografía extremeña, ha decidido dar un paso al frente. El objetivo compartido es frenar la instalación de macroplantas de biometano que amenazan la salud pública, los recursos hídricos y el patrimonio natural.
La Coronada exige el cierre del macrovertedero pacense
En la provincia de Badajoz, la indignación ha cristalizado en una convocatoria masiva. La Plataforma Salvemos La Coronada ha llamado a toda la ciudadanía a participar en una manifestación para el próximo sábado 22 de agosto. La movilización tendrá lugar a las 11h en la vecina localidad de Villanueva de la Serena. El vecindario exige el cese inmediato del proyecto de planta de biometano que se pretende ubicar en el término municipal villanovense, pero cuya cercanía geográfica afectaría de lleno a la población de La Coronada.
Esta nueva amenaza industrial se suma a una reivindicación histórica que mantiene en vilo a la comarca: el sellado definitivo del actual macrovertedero. La asamblea vecinal considera que se trata de una instalación obsoleta y altamente contaminante, a la cual responsabilizan directamente de la baja esperanza de vida registrada en la zona durante los últimos años. Las administraciones competentes se enfrentan ahora al hartazgo de unos habitantes que exigen medidas urgentes bajo una premisa innegociable centrada en que con la salud no se hacen negocios. Para visibilizar este bloqueo, la marcha del sábado incluirá un corte de tráfico simbólico en el Cruce de Fajardo antes de culminar frente al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
Articulación ciudadana en el Valle del Ambroz
A más de cien kilómetros al norte, en la provincia de Cáceres, la preocupación también se ha transformado en organización colectiva. Las localidades de Casas del Monte y Segura de Toro acaban de constituir la Plataforma No a la Macroplanta de Biometano Ambroz y Trasierra. La creación de este colectivo es el resultado directo de unas concurridas jornadas informativas celebradas a mediados de agosto. Ante la opacidad institucional que acompaña a este tipo de proyectos extractivistas, especialistas y activistas compartieron datos técnicos sobre los perjuicios reales que conllevan estas instalaciones.
Durante estas sesiones se desmontó la supuesta inocuidad medioambiental que las empresas promotoras intentan vender. La ciudadanía cacereña pudo conocer la magnitud real de unas plantas industriales diseñadas para importar, almacenar y procesar cantidades ingentes de restos agroindustriales en una zona de alto valor ecológico.
Peligros para el agua y el tejido económico
Aunque ubicadas en realidades geográficas muy distintas, ambas resistencias populares comparten la misma preocupación por el impacto devastador sobre el territorio. En las asambleas del norte cacereño se detalló el alto riesgo de contaminación de acuíferos y arroyos por la filtración de lixiviados. A esto se añade la inminente saturación del suelo mediante la aplicación descontrolada del digestato sobrante. La posible utilización de lodos de depuradora suma además el peligro de la acumulación de metales pesados y microorganismos perjudiciales en las tierras de cultivo tradicionales.
La alteración drástica del modelo de vida es otra amenaza transversal que une a las poblaciones de Cáceres y Badajoz. El incesante tráfico de camiones pesados, el aumento del ruido y la alteración visual del paisaje suponen una estocada para comarcas que sostienen su economía en la agricultura tradicional, la hostelería y un turismo rural que fija población. A nivel de habitabilidad, las emisiones persistentes de amoniaco derivadas del manejo masivo de alperujo y purines condenan a los pueblos a convivir con malos olores intolerables que afectan directamente al bienestar respiratorio.
Frente a la imposición de este modelo que convierte las zonas rurales en el patio trasero de los residuos industriales, la respuesta de las plataformas ha sido clara. Las asambleas insisten en que los pueblos no se venden, sino que se defienden, y apuestan por la unidad vecinal como principal vía de actuación para proteger el futuro de Extremadura.
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