Opinión
Escuelas sin conserje, administraciones sin vergüenza

Hay una nostalgia peligrosa en la política educativa. No es la nostalgia por la escuela de pupitres de madera ni por el maestro con tiza en la solapa. Es peor. Es la nostalgia de cuando lo público podía desmantelarse sin que nadie lo notara demasiado. Como si la escuela aguantara sola, como si educar fuera abrir la puerta por la mañana y cerrarla por la tarde. Como si la seguridad de un niño de tres años fuera un detalle logístico.

El reciente episodio del CEIP Mirador del Cerro Gordo, en Badajoz, donde dos niños de dos y tres años salieron del centro y deambularon durante más de cuarenta minutos sin supervisión, no es un accidente. Es un síntoma. Un síntoma de algo más profundo: la degradación deliberada de la escuela pública bajo el discurso amable de la eficiencia.

Porque aquí nadie habla de recortes. Se habla de “optimización de recursos”. Nadie dice abandono. Se dice “reorganización”. Y mientras tanto, desaparecen los conserjes, se diluye la responsabilidad y se externaliza el problema. Hasta que un día, dos niños cruzan la puerta solos.

La ley no habla de conserjes, pero sí de seguridad

Conviene recordar algo incómodo: la Ley Orgánica de Educación (LOE) no obliga expresamente a tener conserjes. Pero sí obliga —y de manera inequívoca— a garantizar la seguridad, el funcionamiento adecuado de los centros y el derecho a la educación en condiciones dignas.

Y la Ley de Bases de Régimen Local tampoco menciona conserjes con nombre y apellidos. Pero atribuye a los ayuntamientos la competencia de conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros de infantil y primaria. La palabra clave es “vigilancia”. Y la vigilancia no se hace con buenas intenciones.

El artículo 109: economía o excusa

El artículo 109 de las últimas leyes educativas, también la LOMLOE, introducen un concepto aparentemente neutral: la programación de la red de centros debe organizarse bajo los principios de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos. La Ley de Educación de Extremadura repite el mantra en sus artículos 5 y 138. Todo parece razonable. ¿Quién podría oponerse a la eficiencia?

Pero aquí aparece el primer truco ideológico: confundir eficiencia con recorte. Porque la eficiencia, en términos jurídicos, implica lograr objetivos públicos con el menor coste posible sin deteriorar el servicio. Lo que ha ocurrido en Badajoz —y en muchos municipios— es exactamente lo contrario: se elimina un recurso (conserjes), se mantiene la obligación (vigilancia) y se traslada la carga a docentes. Eso no es eficiencia. Eso es degradación del servicio público.

La responsabilidad: no es difusa, es concreta

El Ayuntamiento de Badajoz es el primer responsable. No por ideología, sino por ley. Eliminar los conserjes en 2017 sin garantizar un sistema alternativo de control de accesos supone el incumplimiento de su competencia de vigilancia y anticipa un posible funcionamiento anormal del servicio público. Y tras el incidente, la situación cambia de categoría. Ya no hablamos de hipótesis. Hablamos de un fallo real. Y eso abre la puerta a la responsabilidad patrimonial, posibles reclamaciones judiciales y algo más incómodo: la evidencia de que el sistema no funciona.

El Ayuntamiento de Badajoz es el primer responsable. No por ideología, sino por ley. Eliminar los conserjes en 2017 sin garantizar un sistema alternativo de control de accesos supone el incumplimiento de su competencia de vigilancia

La Junta de Extremadura, por su parte, juega a la geometría variable. No es la responsable directa, pero tampoco es inocente. Tiene competencias de inspección, supervisión y garantía del sistema educativo. Cuando la consejera de Educación afirma que “las conversaciones no van por mal camino”, uno no sabe si tranquilizarse o preocuparse más. Porque los niños ya se han ido por el camino equivocado.

El sesgo invisible: convertir derechos en servicios

Aquí es donde entra el verdadero problema, el que no suele aparecer en los titulares. Las políticas neoliberales no atacan frontalmente la escuela pública. Sería demasiado evidente. Lo que hacen es más sofisticado: reducen recursos básicos (como conserjes, mantenimiento, personal de apoyo), deterioran el funcionamiento cotidiano, generan percepción de ineficiencia pública y ya tienen la justificación para aprobar más conciertos (aunque los datos sigan tercamente, contradiciendo la creencia de que la concertada garantiza el éxito escolar).

Es un proceso lento. Silencioso. Eficaz. La escuela pública no se debilita porque falle, sino para que parezca que falla. Y mientras tanto, se invoca el artículo 109 como si fuera un mandamiento económico, cuando en realidad es un equilibrio entre eficiencia y garantía del derecho a la educación.

El agravio comparativo: colegios vs institutos

Hay una escena cotidiana que resume todo esto. En un instituto cualquiera: hay conserje, hay control de accesos y hay autonomía económica para mantenimiento. En muchos colegios de Extremadura: la puerta la abre un docente (maestro o maestra), el teléfono lo atiende quien puede y la vigilancia en las entradas y salidas depende de la buena voluntad y el buen hacer de los docentes. Es decir, el alumnado con menos edad tiene menos protección institucional que los mayores. Una paradoja difícil de justificar. Y aún más difícil de defender.

El abandono estructural: eficiencia energética y dejadez política

Pero la cosa no acaba en los conserjes. Hay otros muchos detalles en esta estrategia global. Otro ejemplo igual de revelador: la conservación y el mantenimiento de los centros. Año tras año, curso tras curso, nuestros centros educativos se convierten entre mayo y noviembre en verdaderos cocederos humanos como ya conté en este artículo. El último episodio de esta dejadez institucional son las ayudas para la eficiencia energética. La Junta de Extremadura, a través de Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX), ha impulsado programas para mejorar las infraestructuras escolares. ¿El problema?

Muchos ayuntamientos —como Mérida, Cáceres y, nuevamente, Badajoz— ni siquiera han solicitado estas ayudas. Ni las solicitan. Ni ejecutan mejoras. Ni mantienen adecuadamente los centros. Resultado: edificios ineficientes, mayor gasto energético y deterioro progresivo. Y lo más irónico: la Junta de Extremadura acaba asumiendo obras mayores, más caras, más tardías. Eso sí que es ineficiencia.

Lo que nadie quiere decir (pero ya es imposible ocultar)

Hay momentos en los que el lenguaje técnico se queda corto. En los que hablar de “competencias”, “eficiencia” o “programación de la red” suena a coartada elegante para no nombrar lo evidente. Porque si analizamos esto como un problema estratégico, las conclusiones no son complejas. Son incómodas.

La primera: el problema no es técnico, es político. Los recursos existen. Las leyes son claras. Las competencias están perfectamente delimitadas en la Ley de Bases de Régimen Local y en la Ley Orgánica de Educación (LOE). Lo que no existe es voluntad sostenida para cumplirlas cuando hacerlo implica priorizar lo público frente a otros intereses más rentables electoral o ideológicamente.

El problema no es técnico, es político. Los recursos existen. Las leyes son claras

La segunda: la fragmentación administrativa no es un fallo del sistema, es su refugio. El Ayuntamiento de Badajoz mira a la Junta. La Junta mira al Ayuntamiento. Y en ese cruce de miradas, la responsabilidad se diluye hasta desaparecer. Pero la puerta sigue abierta. Y los niños, también.

La tercera: la escuela pública no se debilita en lo visible, sino en lo cotidiano. No se toca el currículo. No se eliminan asignaturas. Eso generaría conflicto. Se actúa en lo invisible: en la logística que nadie aplaude, en el mantenimiento que nadie inaugura y en la seguridad que solo se nota cuando falla. Ahí es donde se decide la calidad real de un sistema educativo.

La cuarta: el deterioro cotidiano genera desafección. Las familias no leen el artículo 109 ni los principios de economía y eficiencia. Las familias ven puertas sin control, edificios que envejecen, profesores haciendo de todo menos enseñar en condiciones dignas. Y entonces aparece la duda. Y con la duda, la huida.

Decisiones que no admiten más demora

No hacen falta grandes revoluciones. Hace falta hacer lo que ya está escrito. Restablecer la figura del conserje —o su equivalente funcional— no es una cuestión de nostalgia administrativa. Es una obligación operativa derivada del deber de vigilancia. Auditar el cumplimiento real de las competencias municipales no es una opción política. Es una exigencia democrática. Especialmente cuando hablamos de seguridad infantil.

Activar mecanismos de intervención autonómica cuando un ayuntamiento incumple de forma reiterada no es invadir competencias. Es proteger derechos. Condicionar la financiación al cumplimiento efectivo tampoco es castigar. Es evitar que la ineficiencia se financie con dinero público.

Activar mecanismos de intervención autonómica cuando un ayuntamiento incumple de forma reiterada no es invadir competencias. Es proteger derechos

Y abordar un plan integral de infraestructuras —que incluya mantenimiento, seguridad y eficiencia energética— no es una aspiración técnica. Es una cuestión de dignidad institucional, especialmente cuando municipios como Mérida, Cáceres y Badajoz han dejado pasar incluso oportunidades de financiación disponibles para mejorar sus centros.

Epílogo: la puerta que define un país

Al final, todo se resume en una puerta. Una puerta que debería estar vigilada. Una puerta que no debería abrirse sola. Porque cuando una puerta de un colegio público se abre sin control, no estamos ante un descuido. Estamos ante una declaración política sin palabras. Es la forma más silenciosa de decir que lo público importa menos. Que la eficiencia es recortar, no garantizar. Que los derechos pueden esperar. Pero no. La escuela pública no puede esperar. Porque no se defiende con discursos, ni con declaraciones, ni con esa nostalgia impostada que idealiza el pasado mientras desmantela el presente. La escuela pública se defiende con hechos. Con recursos. Con responsabilidad. Y con algo mucho más sencillo y mucho más difícil a la vez: cumpliendo la ley.

Aunque eso implique, qué cosas, entender que garantizar un derecho básico empieza por algo tan elemental como asegurar que alguien esté allí para abrir y cerrar la puerta.