Opinión
¿Acuerdo o espejismo? Lo que el Plan Horizonte Más promete… y lo que deja en el aire

El pasado viernes 18 de septiembre se formalizó un acuerdo entre los sindicatos y la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. Todos los sindicatos salvo Comisiones obreras. El acuerdo recoge un plan de actuaciones entre 2027 y 2030, llamado Horizonte Más en el que hay refuerzo transversal para atención a la diversidad, hay medidas que suenan a “más educación” y “mejores condiciones”. Tutorías, sexto sexenio, convivencia, formación, Rayuela, prevención, cátedras… El problema no es que no haya medidas. El problema es que no todas se convierten en derechos.

La propia lógica del texto ya lo dice: su desarrollo requiere trabajo técnico, negociación y herramientas normativas, organizativas y presupuestarias. Es decir, lo que se anuncia como horizonte depende de decisiones posteriores que pueden tardar, diluirse o reconvertirse. Y cuando falta una cláusula que convierta el compromiso en obligación —con fecha, presupuesto, responsables y consecuencias— lo que tienes no es un acuerdo: tienes una intención. O, como mucho, un calendario sin cadena. El gobierno regional podrá modificarlas ya que no está obligado a cumplirlas.

La propia lógica del texto ya lo dice: su desarrollo requiere trabajo técnico, negociación y herramientas normativas, organizativas y presupuestarias. Es decir, lo que se anuncia como horizonte depende de decisiones posteriores que pueden tardar, diluirse o reconvertirse

Y el calendario, además, existe en la superficie. Hay distribución por años, sí. Pero calendarizar no es comprometer. Tutorías que empiezan en 2028 y se completan progresivamente, sexto sexenio también en 2028, infraestructuras por fases, plazas estructurales que aparecen… mientras no exista un mecanismo que transforme cada promesa en un derecho efectivo, el resultado práctico puede ser el mismo de siempre: negociar después, “seguir trabajando”, “continuar el desarrollo”, “consolidar al final del periodo”. El aula no tiene 2030 para esperar.

En ese sentido, incluso donde parece haber garantía -en el apartado de las retribuciones- aparece la letra pequeña. Se anuncian 210 euros de mejora acumulada, pero el cálculo no empieza de cero: incluye cantidades ya cobradas desde 2026. Lo curioso es que tampoco se homologa a la media retributiva nacional. Lo nuevo son 130 euros adicionales entre 2027 y 2030. Y, sobre todo, la corrección salarial no actúa como corrección automática. Si en 2028 no se alcanza el marco previsto, la cláusula no recupera posiciones por sí misma: abre negociación de medidas. Para quien lo vive, la diferencia entre “se estudiará” y “se garantiza” no es semántica: es tiempo, es salario y es carrera profesional.

Y mientras se discute el diseño de cláusulas, el problema de fondo sigue sin entrar en la negociación con la contundencia que merece: las ratios. Hay refuerzos de plantillas para la atención a la diversidad, sí —PT, AL, orientación y similares— pero no aparece un compromiso real de reducción de ratios. Es decir: más especialistas, sin cambios estructurales suficientes en el tamaño de los grupos. Y esto choca frontalmente con la realidad pedagógica: más diversidad no se atiende con buena voluntad. Se atiende con condiciones. Se atiende con ratios razonables, tiempo, apoyos y estabilidad. Los alumnos y alumnas no se ajustan a los papeles; los papeles tienen que ajustarse a la escuela.

Ahí es donde tu argumento legal cobra fuerza: la Ley de Educación de Extremadura no habla en abstracto de “mejora” como consuelo publicitario. Habla de calidad, equidad, igualdad de acceso, atención a la diversidad, escuela rural, eficiencia en el uso de recursos y éxito educativo para todo el alumnado. Y si la ley exige eso, medir un plan solo por euros anunciados o por listados de medidas es quedarse en la superficie. No porque los euros no importen —importan muchísimo— sino porque la vara de medir no puede ser una rueda de prensa.

La ley también es clara cuando exige que la red pública disponga de medios materiales y humanos suficientes, y que reciba recursos complementarios cuando escolariza una proporción especialmente elevada de alumnado con necesidades específicas. De nuevo, la lógica es contundente: si más diversidad recae sobre la pública, la respuesta no puede ser “hagámoslo con lo mismo”, sino “dad más recursos”. Si no, el sistema se limita a repartir el desgaste con distinta corbata.

De nuevo, la lógica es contundente: si más diversidad recae sobre la pública, la respuesta no puede ser “hagámoslo con lo mismo”, sino “dad más recursos”

Y cuando entra el concepto de eficiencia, también conviene afinar. La eficiencia que exige la ley no es “gastar menos”, es planificar desde las necesidades, con evaluación y racionalización de verdad. Por eso la pregunta incómoda vuelve una y otra vez: ¿es eficiente —de verdad— mantener o ampliar oferta concertada si existen necesidades estructurales no cubiertas en la red pública? No vale responder con el tono de “armonización”. La eficiencia legal exige mirar resultados, demanda y composición social del alumnado.

La escuela rural es el ejemplo perfecto de ese mismo desajuste: pagar dietas y kilometraje en 2030 es necesario, pero es insuficiente si no se completa con transporte, estabilidad de plantillas, itinerancias, continuidad de centros, oferta educativa —incluida FP—, orientación, ratios e infraestructuras. Porque lo rural no es un extra: es una dimensión estructural del sistema, y reducirlo a compensaciones económicas es como arreglar el suelo sin mirar los cimientos.

Y mientras todo esto queda sin cerrar, hay huecos que no son pequeños. Temporalidad sin objetivos anuales y reducción cuantificada, precariedad de parciales sin plan para erradicarla, climatización sin calendario verificable centro por centro, ausencia de estrategia específica contra la segregación, poca mención a 0-3 público como prioridad, burocracia sin reducción cuantificada, y una comisión de seguimiento que no equivale a evaluación pública con criterios duros de cumplimiento.

Porque al final —y aquí está la paradoja más dura— hablamos de un acuerdo de cuatro años para problemas que ya están ocurriendo hoy. La escuela lleva tiempo apretando, el profesorado sostiene con la espalda lo que las administraciones negocian en calma. Y si el plan no establece mecanismos automáticos, si no fija consecuencias y presupuestos blindados, el riesgo no es que “no se haga nada”. El riesgo es que se haga “a ritmo administrativo”, lo suficiente para cumplir el titular, pero no lo suficiente para transformar la vida real del aula.

Diez medidas para que el acuerdo deje de ser una declaración de intenciones

Siempre he creído que cuando uno plantea una duda, un problema, siempre hay que plantear alternativas y soluciones. Si tuviera que transformar todo lo anterior en diez exigencias concretas, estas serían mis propuestas:

Cláusula salarial automática. Garantizar que Extremadura se sitúe y permanezca entre las diez comunidades con mejores retribuciones docentes, con actualización automática si cae por debajo, no una nueva negociación. Reducción real de ratios. Establecer un calendario plurianual, con cifras concretas por etapa y centro, priorizando aquellos con mayor complejidad social y educativa.

Plan de estabilidad docente. Fijar objetivos anuales de reducción de temporalidad, convertir necesidades estructurales en plazas orgánicas y reducir progresivamente la dependencia de contratos parciales y precarios. Plantillas adecuadas a la diversidad. Garantizar ratios de PT, AL, orientación y otros profesionales vinculados a las necesidades reales de cada centro, aplicando el principio de más diversidad, más recursos que se desprende de la propia Ley extremeña.

Fijar objetivos anuales de reducción de temporalidad, convertir necesidades estructurales en plazas orgánicas y reducir progresivamente la dependencia de contratos parciales y precarios

Plan de climatización con calendario público. Identificar todos los centros con problemas térmicos, establecer prioridades, presupuestos y fechas de ejecución y publicar anualmente qué centros han sido intervenidos y cuáles quedan pendientes. Transporte escolar como derecho educativo. Blindar la contratación de las rutas antes del inicio del curso, con mecanismos de contingencia y especial protección para el alumnado rural.

Plan contra la segregación escolar. Revisar zonificación, admisión y distribución de plazas para evitar concentraciones de alumnado vulnerable y garantizar una escolarización equilibrada entre todos los centros sostenidos con fondos públicos. Prioridad de la red pública en la planificación. Aplicar de manera efectiva los artículos 136-139 de la Ley 4/2011: la oferta debe responder a las necesidades de escolarización y al uso eficiente de los recursos públicos, preservando especialmente la escuela rural.

Recuperar tiempo para enseñar. Auditar la burocracia docente, eliminar trámites duplicados, simplificar Rayuela y establecer un objetivo cuantificable de reducción de tareas administrativas que no aporten valor pedagógico.

Un verdadero pacto por la educación pública. Convertir el seguimiento del acuerdo en un mecanismo público, transparente y vinculante, con indicadores anuales, presupuesto asociado, responsables, calendario y evaluación pública. Y abrir después una negociación más ambiciosa que incluya lo que este acuerdo ha dejado fuera: 0-3 público, FP, segregación, ratios, carrera profesional, conciliación, estabilidad y fortalecimiento de la red pública.

El Plan Horizonte Más puede ser un punto de partida, pero no debería convertirse en el punto final de las reivindicaciones docentes. Porque la Ley de Educación de Extremadura ofrece un criterio mucho más exigente que cualquier folleto de prensa: calidad, equidad, igualdad de acceso, atención a la diversidad, escuela rural, eficiencia en el uso de los recursos y éxito educativo para todo el alumnado. Y ahí está la pregunta que debería acompañar a este acuerdo durante los próximos cuatro años: ¿Vamos a medir el éxito del plan por los euros anunciados y las medidas enumeradas, o por lo que realmente cambie en las aulas?

Porque una cosa es firmar un horizonte. Y otra muy distinta es llegar hasta él.