Exclusión sanitaria
Caos e inseguridad jurídica en el acceso universal a la sanidad en todo el Estado

Moussa Al Jamaat es periodista, solicitante de protección internacional en España. Este refugiado sirio llegó desde Estambul en avión y cuando aterrizó junto a su familia se encontró con un sinfín de barreras burocráticas. La más importante, la sanitaria. Tras dos años y medio consiguió tener su documentación en regla lo que le abrió también la puerta a todas las prestaciones médicas. Pero la lucha aún no ha finalizado; acaba de tener un bebé al que le han bloqueado este derecho. “Tiene dos meses, nació en Madrid, y no tiene tarjeta sanitaria porque no tiene NIE. Conseguir una cita para sacar el NIE es muy difícil, llevo dos meses intentándolo y es imposible”, explica. 

En 2012, el gobierno de Mariano Rajoy acabó con la universalidad en la atención sanitaria. Colectivos como los migrantes en situación irregular, esto es sin NIE, se quedaban fuera de las prestaciones, a excepción de embarazadas, menores y las personas atendidas por urgencias. El PSOE, desde su llegada al poder, se comprometió a retomar el libre acceso, pero aún no lo ha hecho al 100%. Lo intentó con el Real Decreto 7/ 2018, pero lo hizo de manera incompleta, tal y como denuncian desde Yo Sí Sanidad Universal, quienes acaban de publicar el informe El derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas: Un derecho hecho pedazos que constata el “caos”, la “confusión” y la “inseguridad jurídica” existente en la actualidad.  

La actual norma establece que las personas que se encuentran de manera “temporal” en nuestro país necesitan un informe de servicios sociales para recibir atención sanitaria. En unas recomendaciones emitidas a posterioridad, sin rango de ley y, por tanto, no obligatorias, la estancia temporal se traducía en excluir de la atención a aquellas personas que lleven menos de 90 días en el país. Las comunidades compraron esta lectura restrictiva y comenzaron a exigir empadronamientos de más de tres meses para recibir asistencia.

“En la ley se especifica que las personas en estancia temporal necesitan un informe de servicios sociales para acceder a la sanidad. Este requisito se omite en las recomendaciones y muchas comunidades omiten esta vía”, explica Raquel González, portavoz de Yo Sí Sanidad Universal y coordinadora de este informe que constata las diferencias en el acceso en todo el Estado. Para su elaboración se han revisado los procedimientos de las 17 Comunidades Autónomas más la ciudad autónoma de Melilla, y se ha entrevistado a 21 personas pertenecientes a organizaciones sociales y a cinco trabajadores de centros sanitarios entre mayo y septiembre de este año.

“En 2018 el decreto socialista pretendía la restitución de la universalidad y acabar con la heterogeneidad normativa. Ninguna de estas cosas han llegado a conseguirse”

“Tras el decreto de 2012 muchas comunidades autónomas fueron desarrollando normativas propias en las que se ampliaban algunos supuestos, incluyendo mayor garantía en el acceso y una situación de heterogeneidad normativa”, explica Nacho Revuelta, médico de familia y portavoz de Yo Sí Sanidad Universal. “En  2018, el decreto socialista pretendía la restitución de la universalidad y acabar con la heterogeneidad normativa. Ninguna de estas cosas han llegado a conseguirse” añade Revuelta. Lejos de eso se “provocó un aumento aún mayor de normativas, lo que consolida la exclusión sanitaria y genera un caos normativo que genera una inseguridad normativa”, valora.

Sin homogeneidad

La primera diferencia que constata el informe es que las comunidades autónomas han regulado de manera incompleta y heterogénea para transponer la ley de 2018. Según se indica en el informe, hasta nueve territorios (Andalucía, Asturias, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Melilla) lo han desarrollado mediante instrucciones internas para profesionales, sin que vean la luz pública. Solo Aragón y Comunitat Valenciana han publicado instrucciones con membrete oficial en sus páginas web. El resto sigue funcionando con legislación previa a 2018, menos en Baleares, donde no se ha identificado ninguna normativa. 

Como producto de esta situación González destaca un “trato discriminatorio” en la interpretación de la normativa. “Hasta en once comunidades autónomas a las personas migrantes se les da un documento diferente a la tarjeta sanitaria y es un documento que hay que renovarlo cada uno o dos años”, expresa.

Hasta 14 comunidades están exigiendo que las personas demuestren que llevan más de 90 días viviendo en el país para poder acceder a la sanidad, pese a que la recomendación emitida tras la norma no es obligatoria

Además, solo Catalunya, Andalucía, Baleares y Castilla la Mancha están dando cobertura desde el primer día. Hasta 14 comunidades autónomas están exigiendo que las personas demuestren que llevan más de 90 días viviendo en el país para poder acceder a la sanidad, pese a que la recomendación emitida tras la norma no es obligatoria. De estas, solo cinco han regulado la vía de acceso a través de un informe social. Por otro lado “hemos constatado que está habiendo muchas barreras para conseguir este informe”, expresa González quien pone como máximo ejemplo de la exclusión sanitaria a la Comunidad de Madrid donde este informe social no está regulado y no hay ninguna vía de acceso durante esos tres meses.

Es más, las personas recién llegadas deben de pedir una cita para acudir a las Unidades de Tramitación de Extranjeros, creadas hace un año. Con su nacimiento, las personas migrantes pasaban así de tramitar sus altas por el circuito general, que incluye todos los centros de salud de la comunidad, a utilizar solo seis ventanillas que se han convertido en un cuello de botella, con esperas de hasta tres meses, según ha documentado Yo Sí Sanidad Universal. 

“La ley de 2018 garantiza la atención a las personas sin permiso de residencia pero tiene un agujero negro en esos tres primeros meses que afecta a todas las personas, incluidas menores y embarazadas”

“La ley de 2018 garantiza la atención a las personas sin permiso de residencia pero tiene un agujero negro en esos tres primeros meses que afecta a todas las personas, incluidas menores y embarazadas. Y en Madrid estos tres meses se alargan a seis por la espera para la cita”, expresa Nacho Revuelta.

Facturación por urgencias

Hasta que se obtiene un documento acreditativo para acceder a la sanidad, las personas se ven obligadas a acudir a la atención de urgencias. Pero, tal y como constata este informe, y pese a que esta era una de las excepciones previstas en el decreto de 2012 de Rajoy, se está denegando esta atención sanitaria y se está facturando esta asistencia: desde aviso de facturación a facturas sistemáticas. Así lo hacen comunidades como Madrid, Canarias o Galiza.

“Este desarrollo legislativo está fomentando actitudes racistas en los centros sanitarios que se están convirtiendo en centros de control de extranjería”

González habla de un proceso de facturación “arbitrario” con unos procesos de reclamación “muy complicados”. “En mayor o menor grado están facturando todas. En algunas comunidades, como Euskadi, solo se está dando el aviso de pago, pero esto es muy disuasorio. Catalunya sí que tiene una declaración responsable en urgencias que firmas y te pueden atender, pero esto depende de que te la ofrezcan o no. Los centros concertados no lo están ofreciendo, por ejemplo”, explica González.

Además de las barreras en la atención a  las urgencias, también se está bloqueando la atención a menores y a embarazadas, colectivos que aparecían como excepción en la ley de 2012 y que siguen apareciendo puesto que la disposición adicional octava del decreto de Rajoy no está derogada. Por ello, desde Yo Sí Sanidad denuncian que las comunidades están incluso incumpliendo la propia ley en aras de la exclusión. “Este desarrollo legislativo está fomentando actitudes racistas en los centros sanitarios que se están convirtiendo en centros de control de extranjería más que en centros de control de la salud”, valora González.

Panorama para la nueva ley

Esta exclusión sanitaria se traduce en cifras preocupantes. Según un estudio de la Universidad Pompeu i Fabra presentado en 2018, entre 2012 y 2015 la mortalidad entre las personas migrantes en situación irregular se incrementó un 15%.

Desde Yo Sí Sanidad Universal valoran que es muy difícil cuantificar cuantos casos de exclusión ha habido en todo el Estado pero aportan una cifra: en Madrid desde el 10 de noviembre de 2021 hasta abril de este año se han generado 23.000 citas en las Unidades de Tramitación. En cómputo global, y según el análisis realizado por el informe, las comunidades que oponen más obstáculos son Madrid, Canarias, Baleares, Galiza y Melilla. “Las ciudades fronterizas son más restrictivas”, apunta González.

“Estamos preocupados porque la redacción del anteproyecto mantiene estas lógicas. Mantienen la creación de diferentes perfiles poblacionales, no devuelve el acceso a todas las personas”

“No hemos encontrado otro derecho tan caótico y fragmentado en el Estado”, concluye Nacho Revuelta. “Lo que se ha hecho con este derecho a la asistencia sanitaria es incomparable con otros, como la educación”, añade. Hoy en el congreso hay un nuevo anteproyecto de ley ideado, en la teoría, para avanzar en el camino de la universalización. Desde Yo Sí Sanidad Universal, aseguran estar muy preocupados al respecto.

“Estamos preocupados porque la redacción del anteproyecto mantiene estas lógicas. Mantienen la creación de diferentes perfiles poblacionales, no devuelve el acceso a todas las personas. Mantiene el informe, mantiene la regulación de los procedimientos en manos de las comunidades autónomas. No recupera las lógicas previas al 2012 por lo que sigue poniendo remiendos. Nos preocupa que se mantenga este enfoque que señala y estigmatiza a las personas migrantes. Desde Yo Sí Sanidad Universal exigimos al gobierno blindar la universalidad con una ley sencilla y clara”, concluye este médico de familia.