Euskal Herria
Un sistema de acogida deficiente y privatizado provoca el desamparo de los menores migrantes en Euskadi

La Diputación de Bizkaia aprobó en noviembre de 2024 la situación de excepcionalidad en la red de acogida de menores migrantes no acompañados y la declaró de nuevo el pasado mes de septiembre. Era el momento en el que el Gobierno de Ceuta recurría a la vía de emergencia y así no publicitaba la licitación de dos contratos para la gestión de la acogida de menores, de 2 y 3 millones de euros respectivamente, adjudicados a dedo al hermano de un asesor personal del presidente Juan José Vivas (PP) y al primo hermano del presidente del Puerto. Sin embargo, el actual sistema de acogida de personas jóvenes migrantes en Euskadi presenta aristas que van mucho más allá de los números.

“Excepcionalidad” y “emergencia” son dos conceptos que, sin contextualizar, pueden encender la alarma entre la ciudadanía. Ahora bien, los datos de la propia Diputación de Bizkaia demuestran que las cifras de llegadas no son, ni de lejos, las más elevadas: a fecha de 8 de septiembre de 2026, los 17 recursos de acogida de Bizkaia atendían a 594 migrantes no acompañados; en la última década, hay varios años en los que esa cifra es superada, especialmente en 2018, cuando se registraron 1148 ingresos.

Según datos aportados por el Gobierno Vasco a principios de agosto de 2026, Euskadi acoge a 841 personas jóvenes migrantes no acompañadas (554 en Bizkaia, 109 en Araba y 180 en Gipuzkoa), remarcando que la cifra “supera en 65 el límite fijado por el Estado español”, es decir, 776. No arrojó datos sobre las plazas disponibles, ni de la evolución del número de ingresos y el número de plazas durante la última década.

Personal insuficiente y falta de atención especializada

El quid de la cuestión no es tanto el número crudo sino la falta de recursos que se destina a las personas que llegan, a las trabajadoras que tratan de garantizarles un futuro mejor y la falta de una acogida integral. Dos educadoras sociales con larga trayectoria de un centro de Bizkaia, Leire González y Marian Jesús Moya, ayudan a entender la situación en una entrevista para Hordago-El Salto.

“El modelo que tenemos está obsoleto”, lamentan. Se refieren al decreto 131/2008, que regula los recursos de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección social. Han pasado casi 20 años y la realidad hoy “es mucho más compleja y diversa”.

Denuncian la falta de “un modelo de acogida integral”. “Necesitamos recursos especializados que den respuesta a menores con problemas de adicciones, problemas de salud mental, dificultades de conducta… hay diferentes necesidades de apoyo, desde situaciones de baja hasta alta intensidad. También hacen falta recursos adaptados a los distintos momentos evolutivos y a las necesidades de desarrollo, autonomía y emancipación de cada menor”, sostiene González.

Por su parte, Moya observa que “cada menor tiene una historia, unas necesidades y unas circunstancias diferentes, y necesita una intervención adaptada a su realidad”: “La protección a la infancia no puede limitarse a disponer de una plaza residencial. Debe garantizar también una atención digna, especializada y de calidad”.

Las condiciones laborales son cada vez peores, lo que repercute en menores con peor servicio de acompañamiento y en más fracaso del sistema de integración

Reclaman equipos multidisciplinares de profesionales —con formación—, que atiendan sus necesidades específicas. En este sentido, el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Euskadi ya alertó de “intrusismo” laboral. Lo confirman estas dos educadoras: admiten que la falta de profesionales especializados (educadores e integradoras sociales, psicólogas y psiquiatras) deriva en una peor atención a los menores, ya que no tienen herramientas para resolver conflictos o para poner límites.

Se trata de un pez que se muerde la cola: las condiciones laborales son cada vez peores, lo que repercute en menores con peor servicio de acompañamiento y en más fracaso del sistema de integración; eso hace que cada vez menos profesionales quieran trabajar en estos centros y se contrate a “personas no preparadas”, “más vulnerables” y con menos iniciativa “a la hora de reivindicar sus derechos laborales”, con lo que el sistema va perdiendo calidad.

En todo caso, matizan que no es solo un problema cuantitativo que se resuelva incorporando más recursos y/o presupuesto. Reclaman un nuevo “enfoque de partida”, un “modelo que parta del reconocimiento y la responsabilidad del cuidado de los menores y del reconocimiento y dignificación de las condiciones de las personas trabajadoras”.

El “desamparo” de los menores al cumplir 18 años

En la actualidad, cuando los menores cumplen 18 años, si acaban con un proceso “positivo”, se les destina a un albergue, donde profesionales les ayudan a tramitar ayudas y a seguir su formación; en caso contrario, pueden acabar en la calle. Aún compartiendo dificultades, una vez fuera del sistema de acogida, hay sensibles diferencias entre el mundo al que se enfrentan los menores autóctonos y los migrantes, ya que “le cuesta mucho más alquilar un piso a tres argelinos que a tres chicos autóctonos”; lo mismo ocurre a la hora de encontrar un trabajo. “Lo tienen más difícil. Y sin Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), están vendidos”, añade González.

Su precariedad acaba afectando a la protección de la comunidad que les rodea y, cuando ocurre algo negativo, es la única noticia que salta en los medios de comunicación generalistas. “El problema no son los menores, sino la administración que les desampara”, subraya la educadora. Su compañera Moya sostiene: “No podemos permitir que el paso a la mayoría de edad suponga, en la práctica, pasar de un sistema de protección a una situación de desprotección.

Cumplir 18 años no significa que una persona haya alcanzado automáticamente la autonomía ni que hayan desaparecido sus necesidades de acompañamiento”. Por ello, defiende que Bizkaia “necesita recursos que den respuesta a la realidad de toda la población migrante” que “forma parte” del territorio y que “contribuye a sostenerlo”: “Necesitamos itinerarios de inclusión, alternativas residenciales, formación, orientación laboral y acompañamiento social adaptados a las distintas situaciones personales”.

La juntera Duque recuerda que el Departamento de Hacienda Social que dirige el PNV es el responsable de los recursos de acogida de personas jóvenes migrantes no acompañadas, pero el Departamento de Inclusión, de quien dependen quienes han cumplido los 18 años, está en manos del PSE. “Hay que hacer una crítica contundente a cómo el Partido Socialista ha gestionado la llamada ‘estrategia joven’.

Algunos niños y niñas que salen de esa red de menores siguen un itinerario social y pueden seguir ese proceso en pisos de semiautonomía o haciendo la formación que hayan iniciado, pero muchos de ellos quedan fuera de esa red de protección y esto les aboca a una exclusión residencial grave, es decir, a vivir en la calle”, lamenta.

“Cuando se les mantiene institucionalmente siempre separados se genera un racismo institucional de diferenciación constante”

Por otro lado, aunque el decreto 131/2008 no especifica una diferenciación por origen, en la práctica Euskadi tiene una red de centros dual: una, para menores autóctonos; otra, para menores migrantes no acompañados. La educadora social y responsable de Intervención Social de LAB en Bizkaia, Izaskun Arotzena, admite que “hay dos realidades diferentes” entre un menor nacido en Euskadi y uno que viene de otro país, aunque matiza que estos tampoco “son un grupo homogéneo” y “el proceso migratorio de cada uno es diferente”.

El problema llega, a su juicio, cuando “se les mantiene institucionalmente siempre separados”: “Eso genera un racismo institucional de diferenciación constante, de señalar la otredad con una visión negativa, y al mismo tiempo obstaculiza su integración”.

Una mirada similar tiene la juntera de EH Bildu en Bizkaia y trabajadora social, Izaskun Duque, que denuncia que esa red paralela “es una medida discriminatoria porque los menores pueden tener muchas necesidades”. “Sí que es cierto que los menores extranjeros comparten unas necesidades concretas, como puede ser la tramitación de sus papeles o la regularización de su situación administrativa.

Pero eso no significa que todos ellos sean un colectivo homogéneo y que no compartan otras características que pueden tener los menores que se acogen en la red ordinaria. Creemos que es un error que haya dos redes de acogida de menores que discriminen por razón de origen”, asevera.

La trabajadora social y juntera en Bizkaia por Elkarrekin-Podemos, Eneritz de Madariaga, manifiesta su “rechazo” a un modelo que “segrega” en función del origen: “Defendemos un sistema de acogida único, inclusivo y no segregador, con recursos suficientes, que atienda a las necesidades individuales de cada persona y con profesionales suficientes y con buenas condiciones laborales que puedan garantizarla.

Un sistema que ofrezca oportunidades reales de inclusión social y de futuro a cada niño, niña y adolescente que atiende, en lugar de limitarse a cubrir el expediente”.

Las consecuencias de la privatización 

Otro aspecto relevante es que el 100% de los centros para personas menores migrantes no acompañadas en Euskadi son de titularidad privada, por lo que la gestión y atención de estas personas está subrogada y su responsabilidad final se desvía a empresas o fundaciones (con o sin ánimo de lucro). “La administración lo que hace es repartir menores, subvenciona o da dinero por medio de convenios de colaboración y acuerda un precio por plaza que incluye sus gastos, como alimentación, profesorado o médicos”, explica Arotzena.

Ahora bien, las educadoras lamentan que las ratios “no se cumplen”: “Somos las mismas personas trabajando para 30 que para 170”. Unas cifras de hacinamiento preocupantes tanto para las trabajadoras como para los niños y niñas que se ven obligados a vivir en condiciones extremadamente precarias.

Los sindicatos llevan varias décadas denunciando las consecuencias de las privatizaciones de estos servicios públicos. Ya en 2008 calificaban de “grave” las situaciones de hacinamiento en algunos centros, poniendo el acento en “la privatización y el negocio” que esto supone para algunas empresas.

Recientemente, el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Euskadi ha denunciado la sobreocupación de los centros de acogida de menores, en especial los de migrantes, y el déficit de herramientas con las que cuentan para ofrecerles una atención integral, poniendo el foco en la privatización ya que implica unas peores condiciones laborales. Por ello, pide que una comisión revise las licitaciones y que haya auditorías.

Leire González considera que en la privatización “reside una parte importante del problema”: “No se nos reconoce en la práctica como trabajadoras de un servicio público y los mecanismos de supervisión no están siendo suficientemente eficaces”. La responsable de la Secretaría Antirracista de LAB, Txefi Roco, denuncia que “el Gobierno Vasco está eludiendo la responsabilidad política que le toca” con estos menores “porque está haciendo negocio”: “El proceso de subcontratación de la red de acogida de personas menores migrantes no acompañadas es parte de la mercantilización de la infraestructura pública de cuidados.

Hay una estrategia deliberada de vaciamiento para seguir haciendo dinero, acompañada de una retórica de deshumanización, odio y amenaza”.

El lehendakari Imanol Pradales exigió en su último mensaje de final de año, el de 2025, que las personas migrantes que llegan a Euskadi emprenden un camino “de doble sentido, de derechos y obligaciones”; estas son, precisamente, las que echan en falta las educadoras sociales respecto al Ejecutivo que preside.