ETA
Agus Hernán: “Queda mucho por hacer para que todas las víctimas sean reparadas”

Agus Hernán es la cara visible del Foro Social. Lleva trabajando constantemente cuestiones como el desarme, la disolución de ETA, la convivencia y la memoria. Ha sido uno de los nombres de la sociedad civil que han hecho posible la disolución de la organización armada, un proceso que, por primera vez que, a nivel mundial, se ha realizado desde la sociedad civil. Después de la declaración de paz de Arnaga, explica los pasos que se han llevado a cabo desde el foro de Aiete, en octubre de 2011, hasta la actualidad y aquellos pasos que aún quedan por venir.

El foro de Aiete marcó un antes y un después en el proceso de paz en Euskal Herria. ¿Qué ocurrió? ¿cuáles fueron los motivos para que tuviera lugar?
Aiete surge en un contexto en el que la propia izquierda abertzale y ETA —en ese orden— llegan a la reflexión de que la lucha armada ya no tenía sentido. También hubo anteriormente un trabajo de agentes internacionales que plantearon a la izquierda abertzale la conveniencia de que ETA dejara su actividad. Y también un movimiento social muy fuerte sobre este terreno. Hubo un gobierno de Zapatero que participó en las conversaciones de Loiola-Ginebra, que terminaron con el atentado de la T4. En 2011, y a través de los observadores internacionales, llegaron a un acuerdo.

En ese contexto nació Aiete, donde personas internacionales de gran prestigio hacen público el 17 de octubre de 2011 una declaración de cinco puntos que planteaba a ETA que dejara su actividad violenta y que, por otra parte, el Gobierno español y francés iniciaran conversaciones para la resolución del conflicto y los partidos vascos desarrollaran un diálogo para buscar soluciones a los orígenes del conflicto.

En estos acuerdos de Aiete, a través de mediadores internacionales, se acordó que se abriera un marco de diálogo. Tres personas de ETA —dos actualmente en prisión— estuvieron [en Noruega, país que intentó mediar en el proceso] hasta febrero de 2013 esperando a que el nuevo gobierno de Rajoy acudiera, lo que nunca se produjo.

En 2016, varias personas que después serían conocidas como los ‘Artesanos de la Paz’ decidieron involucrarse en el proceso de paz ante la pasividad de los Estados, ¿cómo se tomó esta decisión? ¿cuáles fueron los primeros obstáculos que se encontraron?
El 30 de enero de 2016 se organizó el III Foro Social, que trató exclusivamente sobre el tema del desarme. La fundación alemana Berghof, que acompaña el proceso desde bien antes de Aiete, planteó que, ante los bloqueos y la actitud no colaboradora del Gobierno español y francés, ETA debía avanzar en un desarme con la sociedad civil.

Desde ese marco teórico se trabajó posteriormente desde el Foro Social con los gobiernos de Navarra y del País Vasco, con los partidos políticos y con los sindicatos en numerosas reuniones y surgió un elemento de consenso: "Que ETA lo haga como quiera, pero que lo haga".

Pero al mismo tiempo, muchos de los actores con los que nos reunimos entonces nos decían que era imposible desarrollar un desarme sin colaboración de los Estados, pero, en ese contexto, se fue generando una actitud favorable a la búsqueda de mecanismos innovadores para el desarme y surgió la iniciativa de Luhuso, que también los Artesanos de la Paz comenzaron a trabajar en enero de 2016 con un intercambio de cartas con ETA en las que perfilaban tanto la parte técnica como, sobre todo, la parte política. De esa forma se fue acordando que se podía hacer un desarme.


En diciembre de 2016, cinco artesanos fueron detenidos mientras intentaban seguir el proceso de desarme, ¿qué pasó? ¿fue la reacción de la población francesa importante para que Francia cambiara su actitud ante el proceso?
En Luhuso, la policía francesa, acompañada de la Guardia Civil, entró en un caserío en donde detuvieron a varias personas. En contra de lo que les había anunciado la Guardia Civil, se encontraron, no con militantes de ETA, sino con personas con una trayectoria reconocida en derechos humanos clara y que llevaban a cabo una operación de decomiso de armas y preveían grabar un vídeo para entregárselo al gobierno francés.

La cuestión es que todo el trabajo que se había desarrollado anteriormente, desde 2013, cuando miembros electos vasco franceses de múltiples sensibilidades —menos del Frente Nacional— firman el acuerdo de Bayona —una hoja de ruta de resolución para esa parte del País Vasco—, cristaliza en ese momento porque cargos electos de diferentes ideologías, tanto de derechas como de izquierdas, salen a la calle para decir que esas personas no eran de ETA, que estaban haciendo un acto de paz. Al mismo tiempo, la sociedad civil y organizaciones se pronuncian inmediatamente y, en menos de hora y media, cientos de personas se concentraron en la puerta del caserío pidiendo su inmediata puesta en libertad. Al día siguiente en Bayona se juntaron cerca de 10.000 personas con una representación muy plural, tanto política como social, pidiendo que se permitiera llevar a cabo el desarme y la liberación de esas personas.

¿Qué pasos dio el gobierno español al respecto hasta la entrega de armas el 8 de abril de 2017? ¿Y el francés? ¿Y posteriormente?
Posteriormente, el Gobierno de ‘M.Rajoy’ no fue pasivo: se dedicó a incautar y detener todo el proceso de desarme. Poniendo ejemplos: el caso de Toulouse, en lo que iba a ser un acto de decomiso verificable  por la Comisión Internacional de Verificación y en el que Ram Manikkalingam certifica que una serie de armas de ETA son puestas fuera de circulación en 2014 y es convocado a declarar en la Audiencia Nacional. Posteriormente, en Biarritz se encontraron armas en un palacete praparadas para un nuevo acto de entrega. También la detención de varias personas en Ortzaize, en Navarra Behera, Francia, donde fueron detenidas dos personas dedicadas a  hacer el inventario [de armas para su destrucción]. Hay varias secuencias que tienen que ver con una actitud activa del Gobierno español en cuanto a generar dificultades al propio proceso de inventariado que estaba desarrollando ETA previo al desarme.

“Laisser faire, laisser passer” es una expresión francesa que significa “dejar hacer, dejar pasar”. ¿Es lo que hizo el Gobierno español: ni impedir ni facilitar?
Hay dos lecturas en torno al 8 de abril de 2017: una dice que el Gobierno español no colabora y otra que el Gobierno español “laisser faire”. La verdad es que, en la cumbre de Málaga previa al 8 de abril, el Gobierno francés le dijo al español que ellos iban a entrar en el proceso de desarme con la sociedad civil y el Gobierno español respondió: “Pues hacedlo”. En diplomacia, ese “laisser faire” tiene lecturas políticas. A partir del desarme de Aiete, el Gobierno español siguió sin dar no dio ningún paso con respecto al tema de los presos. Y con los huídos siguió con las detenciones. El Gobierno español tiene una lógica clara, y así lo han expresado sus ministros y el Partido Popular. Es una política de vencedores y vencidos en la que ellos creen y así lo dicen: “ETA ha sido exclusivamente derrotada por la polícia y los jueces”. Esa lógica no es bien percibida por la sociedad vasca, por sus instituciones y por sus partidos políticos, que son conscientes de que aquí hay que construir una convivencia democrática sobre bases de cultura de paz y derechos humanos en la que tengan cabida todas las partes.

Es la primera vez que es la sociedad civil la que lidera un proceso de paz, ¿qué ha hecho que sea así? ¿qué puede suponer esto como precedente en conflictos de otras partes del mundo?
Detrás de Aiete se encontraba Lokarri, que era una asociación civil que intentaba buscar soluciones al conflicto, dado que los gobiernos no habían dado ningún paso. Después de Aiete, y ante el bloqueo existente, se celebró el primer Foro Social, en 2013, donde nacen doce recomendaciones que formaron una verdadera hoja de ruta. A partir de ese momento, el Foro Social asume un poco de iniciativa. Celebra un segundo foro en 2014 sobre presos y estos responden a favor de un camino dentro de la legalidad penitenciaria, pero el gobierno español seguía sin tener la actitud de mover nada. En el 2015 desaparece Lokarri y se produce una sensación de orfandad.

En 2016 se realiza al Tercer Foro Social, sobre el desarme, y se crea el Foro Social Permanente. En el norte del País Vasco [País Vasco francés] estaba trabajando Bake Bidea, pero en el sur ya no trabajaba nadie este aspecto, por lo que lo retomamos. Anteriormente nosotros habíamos estado de oyentes en el Foro Social, planteamos un iniciativa que se mostró muy interesante y nos convertirnos todos en actores de ese proceso de paz. En este momento, en el Foro Social permanente estamos 16 organizaciones y 14 personas a título individual de la sociedad civil que han trabajado por la resolución de manera definitiva.

En el conflicto vasco tenemos una agenda civil que está marcando la agenda de los partidos políticos, acordando también con ellos los pasos, pero que ha decidido que no va a resignarse y que quiere llegar a todos los aspectos y consecuencias del conflicto. El modelo de desaparición de ETA, ahora cuando hagamos una valoración de estudio y un libro también al respecto, ha sido un ejemplo modélico. Mucha gente este año nos ha visitado para estudiar el proceso d desarme civil, estudiarlo, a hacer entrevistas. Gente que trabaja en resolución de conflictos y en los foros de resoluciones de conflictos que se realizan todos los años —el año pasado fue en Oslo—.

¿Qué peso han tenido en esta resolución los observadores y facilitadores internacionales en ambos gobiernos para ayudar al diálogo? ¿Qué opinan ellos de que este proceso se esté llevando a cabo desde la sociedad civil?
En los procesos clásicos, los observadores son acordados entre las partes. Pero en este caso no ha sido un proceso clásico, ha sido singular. Los verificadores internacionales fueron acordados entre diferentes partes, pero no necesariamente con el Estado español. Todos ellos creo que se han quedado con un sabor agridulce. ¿Agrio por qué? Estas personas siempre han participado en procesos de resolución y siempre se han encontrado con un Estado que entendía que esa resolución era buena para su sociedad. En este caso, para la sociedad española. Su gran sorpresa ha sido que en todos estos años no se ha conseguido nunca nada después de la participación del gobierno de Zapatero en Aiete. No son procesos de negociación. Son procesos de resolución de las consecuencias, no tanto de negociación de las razones.

Quiero puntualizar que nosotros somos conscientes de que el conflicto vasco es de mucha menor intensidad que otros procesos, pero que todos los procesos de este tipo necesitan una resolución y necesitan que todas las víctimas tengan su verdad, justicia y reparación, y que se vayan resolviendo el resto de temas.

Y el sabor dulce porque, como nos han dicho, se han encontrado con una sociedad civil determinada a llevar adelante este proceso que ha sabido buscar soluciones a cuestiones en este momento, como el desarme, la cuestión de la disolución de ETA, los espacios, los encuentros con las víctimas, así como un acuerdo político amplio sobre la cuestión de las personas presas: acercamiento, presos enfermos, primer grado… Temas muy concretos. Se han encontrado una sociedad civil muy dinámica que ha sido capaz de sacar a 95.000 personas a la calle en enero en torno a la cuestión de los presos. Ellos están gratamente sorprendidos. Para ellos, ha sido una experiencia y un aprendizaje muy importante. 

El Gobierno español ya ha dicho que no va a cambiar de política penitenciaria cuando llevaban años diciendo que, una vez que se diera esa disolución de ETA, la política penitenciaria se iba a adecuar

¿Qué diferencia existe entre el planteamiento español y francés para la resolución del conflicto? ¿Se han notado avances en el tratamiento que el colectivo de presos y presas reciben en cada uno de los dos Estados?
Por ejemplo, si hablamos del desarme, el Gobierno francés finalmente colaboró. Las armas fueron entregadas al Gobierno francés, y un alto cargo, certificó que el desarme se había desarrollado de forma ordenada y que tenían en su poder armas, explosivos y material que habían recibido según el inventario realizado. Al final, aunque tarde, el Gobierno francés entró en la solución. Por eso decimos que el desarme se ha producido de forma ordenada, porque vino con participación de los Gobierno francés, vasco, navarro y de Iparralde, y con verificación internacional.

El proceso fue transparente y con un resultado que da confianza a todas las partes. Por eso decimos que ha sido exitoso en estándares internacionales. Ahora mismo, con el tema de los presos, hay una interlocución con el gobierno francés y una delegación presidida por el lehendakari del Iparralde, en la parte vasco francesa, en la cual también participan otros cargos electos y partes de la sociedad civil. Están hablando de cómo resolver la situación de las 56 personas presas en el Estado francés. Estamos hablando de todos los casos y de forma individual, no solamente de algunos, y se han producido ya los primeros 14 acercamientos; y los 12 primeros presos ya han salido de la categoría de preso de especial peligrosidad —que sería lo que en España se conoce como régimen FIES—. La actitud está ahí.

La diferencia es clara: el Gobierno español, después de la desaparición de ETA, ya ha dicho que no va a cambiar de política penitenciaria cuando llevaban años diciendo que, una vez que se diera esa disolución de ETA, la política penitenciaria se iba a adecuar. Ya han dicho que no se va a dar, veremos.

Nosotros cuando hablamos sobre las personas presas, lo único que pedimos es una aplicación ordinaria de la ley y la situación penitenciaria. Algunos dirigentes políticos españoles están hablando de excepcionalidades, de beneficios, etc., cuando lo que se pide es lo contrario: una aplicación ordinaria, porque decimos eso, que lo que se está aplicando es una disposición excepcional, una política penitenciaria excepcional. ¿En qué nos basamos? Por ejemplo, el 2% de la población carcelaria de España está en primer grado mientras, en el caso de los presos vascos, son el 92%, lo cual supone solo cuatro horas de patio. Con respecto a las prisiones en las cuales están encerrados, nos encontramos con que solo cuatro presos del colectivo están en prisiones vascas, el resto están en prisiones de fuera de Euskal Herria y, la mayoría, de Madrid para abajo. Muchos a más de 800 kilómetros de distancia. Son situaciones realmente excepcionales cuando las comparas con el resto de la comunidad carcelaria.

En la conferencia de paz de Arnaga se vio una escasa participación por parte de partidos, sindicatos y organizaciones españolas de ámbito estatal. ¿Cual crees que es la causa? ¿Cómo valoras la actitud y el discurso de los principales partidos y organizaciones españolas de ámbito estatal? 
No buscábamos eso. Buscábamos que organizaciones vascas asistieran. Sí que es cierto que el PSE [Partido Socialista de Euskadi], PSN [Partido Socialista Navarro], UPN [Unión del Pueblo Navarro] y Partido Popular, entre otros, estaban ausentes, pero no nos parecen relevantes las ausencias si no las presencias, y en las presencias estaban representada la mayoría del Parlamento vasco y el Parlamento Navarro con personalidades políticas de PNV, Bildu, Podemos de ambos territorios. Estaban representados prácticamente todos los sindicatos, a excepción de Comisiones Obreras, y nos parece que eso tiene un valor importante. Nos hubiera gustado que todas las organizaciones y todos los gobiernos hubieran estado ahí, pero entendemos que, si hay una cosa que une a toda la sociedad vasca, es considerar muy positivo que ETA haya desaparecido y ahí cito a todos los partidos y todas las instituciones, estuvieran o no en Arnaga.

Lamentamos las ausencias pero destacamos las presencias. Como Foro Social no hacemos ningún tipo de valoración sobre las declaraciones de los demás. Nuestra función es una función facilitadora y de generar espacios de confianza y buscar acuerdos. Sí que diría que hay algunos partidos en el Estado español que nos gustaría que tuvieran un discurso más constructivo, inclusivo y más transversal sobre las presiones de la sociedad española y vasca, y que nos ayudasen a construir una convivencia sobre bases sólidas de no repetición.

Algunos de los actores que se han alzado contra el proceso de paz han sido asociaciones de víctimas como Covite. ¿Qué peso debería tener la voz de estas asociaciones en el proceso y en la actitud por parte del Gobierno español?
Las víctimas del País Vasco son unas víctimas que no están para nada organizadas. No existen organizaciones de víctimas en sí. Las víctimas del País Vasco no están en un esquema de venganza o revancha. Nosotros entendemos que es importante contrastar las políticas de víctimas y las políticas penitenciarias con las víctimas y con las asociaciones de víctimas, éstas pueden y deben opinar. Es importante escuchar a todas las víctimas y, cuando hablamos de todas, nos referimos a todas. Pensamos que deben opinar, pero nunca ningún tipo de víctima puede condicionar las políticas públicas. La realidad está ahí. El dolor de todas las víctimas es un dolor muy profundo y muy personal, y hay que respetarlo. Solo nos queda respetarlo y escucharlas, pero deben de ser los poderes públicos quienes hagan políticas, para eso les votamos.

Durante la conferencia de paz se insistió en que, pese a la disolución de ETA, queda aún un largo proceso para lograr una paz férrea y duradera en Euskal Herria. ¿Cuales son los próximos pasos? ¿Cuál debiera de ser el papel de las víctimas en ese proceso?
El Foro Social considera que Arnaga es un proceso importante pero que la paz no ha llegado todavía y que quedan todavía tres ejes de trabajo. El primero es el tema de las víctimas: todas las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Se ha hecho un gran avance en los últimos tres años y es que ya nadie habla de víctimas de primera y de segunda. Se ha hecho un gran trabajo para que ninguna víctima se sienta excluida y que todo el mundo se sienta reparado, pero queda mucho trabajo por hacer. En el plano de la reparación se han hecho cosas con los ayuntamientos, con el Gobierno vasco, con la patronal, con la Iglesia… Pero quedan muchas cosas por hacer para que todas las víctimas sean reparadas social, institucional y económicamente. Ese terreno nos parece muy, muy importante. Desde el Foro trabajamos con todas las víctimas, de todo tipo de violencia. Estamos hablando de personas asesinadas por ETA, personas asesinadas por los GAL y el Estado español; las torturas a muchas mujeres, vejadas sexualmente; personas que han vivido con escolta; las que han sufrido extorsión. En tercer lugar está lo que nosotros llamamos la memoria inclusiva. Utilizamos este término frente aquellos que utilizan el término de batalla del relato, que es un término que no compartimos porque es un término bélico.
Creemos que es necesario hacer una memoria inclusiva en la que todos se sientan representados de una manera razonable. En un sentido que nos permitiría avanzar hacia una cultura de paz, basada en los derechos humanos, que es un poquito lo que creemos que nos daría las garantías de no repetición. Creemos que las víctimas tienen que tener un papel nuclear importante en este proceso. Existen procesos en el mundo en los que las víctimas tienen y han tenido un papel secundario. Hay que escuchar a las víctimas, hay que acompañarlas, hay que repararlas, tienen que sentirse arropadas. No ha sido así durante muchos años y estamos trabajando para que no haya víctimas excluidas en este sentido. Eso es importante, pero es importante también que las víctimas aporten a la convivencia saliendo de los marcos de revancha y de venganza. Hace bien poco vimos a personas torturadas en un acto en Irún que decían que no pretendían que su torturador fuera a la cárcel, simplemente querían saber la verdad y ser reconocidas y ser reparadas como víctimas.